«¿Cuál es la cola aquí? Otra más, todo sea por la casa», exclama Ángela Rodríguez apenas llega a la Plaza del Panteón de esta capital, donde miles de seguidores del movimiento Sin Techo culminaron una caminata que cruzó el oeste y centro de Caracas, para reclamar atención a sus demandas de vivienda. Siete u ocho […]
«¿Cuál es la cola aquí? Otra más, todo sea por la casa», exclama Ángela Rodríguez apenas llega a la Plaza del Panteón de esta capital, donde miles de seguidores del movimiento Sin Techo culminaron una caminata que cruzó el oeste y centro de Caracas, para reclamar atención a sus demandas de vivienda.
Siete u ocho de cada 10 manifestantes son mujeres que esperan bajo el ardiente sol del mediodía. En medio del desorden en la plaza –no hay altavoces, los dirigentes no logran hacerse oír– Rodríguez, de 38 años, se une a un grupo de vecinas del barrio Las Adjuntas, suroeste caraqueño, con la esperanza de conseguir apoyo del gobierno, pues con los ingresos que obtiene como empleada de una peluquería nunca podría ahorrar para comprar una casa.
«No hacen falta listas, colas ni firmas. Esta es una manifestación del pueblo que se convoca a sí mismo para visibilizar su problema», comenta a IPS Máximo Hernández, coordinador de la Fundación Nacional Comité de los Sin Techo, en medio de manifestantes que le acosan con preguntas sobre créditos, trámites, planillas, plazos, materiales de construcción o terrenos.
Todos se muestran partidarios del presidente Hugo Chávez. Muchos gritan consignas a su favor, lucen camisetas y gorras rojas con el rostro del mandatario o consignas que le auguran millones de votos en la próxima elección. Un anciano se queja: «Qué desorden, ni siquiera tienen altoparlantes. Así la revolución va para abajo».
El movimiento Sin Techo, que surgió dos años atrás, pero cuyo activismo data de 2005, busca con marchas como la realizada el domingo canalizar solicitudes de los habitantes que carecen de una vivienda digna, de los damnificados del invierno, y de aquellos que se han lanzado a la ocupación forzosa de inmuebles en Caracas y ciudades del interior.
«En todo el país recogimos 323.412 solicitudes y logramos que el Ministerio de Vivienda, alcaldías y gobernaciones nos acepten como un vehículo para facilitar los trámites, incluso nos reuniremos con empresarios privados», dice Hernández. «Es un trabajo voluntario, no cobramos ni un centavo», añade.
Venezuela tiene un déficit crónico de vivienda. Faltan entre 560.000 y 1,6 millones de viviendas nuevas, según distintos estimados oficiales y privados, entre éstos los de la empresarial Cámara Venezolana de la Construcción. Este país tiene 26,8 millones de habitantes y 6,2 millones de hogares, indica el Instituto Nacional de Estadística (INE).
A finales del año 2004, el INE señaló que 942.000 hogares, 15,7 por ciento del total, se encontraban en situación de hacinamiento crítico.
Líderes de oposición como Teodoro Petkoff, aspirante a reemplazar a Chávez en las elecciones de diciembre próximo, han puesto de relieve que en siete años del actual gobierno se han construido sólo 120.000 viviendas, «lo que cualquier administración anterior trataba de hacer en un solo año».
Marino Alvarado, de la organización no gubernamental (ONG) Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) dijo a IPS que «este gobierno, como los anteriores, tiene una visión ‘viviendista’, que privilegia hacer casas nuevas y lo cual se traduce en parálisis debido a los recursos y trámites requeridos».
Según Provea, en el país existe un déficit de sólo 600.000 casas nuevas, mientras más de un millón necesitan refacciones, dotaciones o ampliaciones. Provea también tiene cálculos optimistas con relación a las condiciones de las viviendas.
Para esta ONG, que desarrolla un proyecto sobre el derecho a la vivienda, en 2004 sólo nueve por ciento de las viviendas del país eran «ranchos», es decir viviendas precarias, mientras que 92 por ciento de los hogares se abastecía de agua potable mediante acueductos, y apenas cuatro por ciento carece de alguna instalación para la eliminación de excretas.
Pero, de acuerdo con Provea, la situación prácticamente no ha variado desde 1998.
La Organización de las Naciones Unidas fijó, entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la reducción a la mitad de la proporción de personas que no pueden acceder al agua potable, para 2015, y mejorar sustancialmente las condiciones de vida de al menos 100 millones de personas que viven en tugurios en todo el mundo, hacia 2020.
Venezuela ha puesto en marcha varios planes para cumplir esos propósitos.
Cuando un puente de un viaducto que comunica Caracas con su puerto corría el riesgo de sucumbir debido a las lluvias torrenciales de principios de este año, el gobierno ofreció a centenares de familias del barrio Nueva Esparta, ubicadas bajo ese viaducto, indemnizaciones de 23.000 dólares a cada una, para que aceptasen el desalojo.
Este tipo de subsidio consiste en que los beneficiarios reciben un certificado canjeable por ese valor, con el cual pueden buscar una vivienda construida en el llamado «mercado secundario».
La medida se convirtió en el Plan Ocho, es decir el octavo de los planes bajo la batuta del Ministerio de Vivienda, para atender comunidades en riesgo, que «en los últimos cinco meses ha entregado 10.113 viviendas a damnificados en todo el país, a un costo de 174 millones de dólares», dijo el ministro de esta cartera, Luis Figueroa.
Debido a los escasos recursos, «sólo puedo atender con urgencia los casos graves de riesgo, los demás deben hacer su cola, mientras verificamos todos sus recaudos», dijo Figueroa.
A las puertas del Consejo Nacional de la Vivienda, uno de los entes oficiales que atiende a viejos y nuevos damnificados en Caracas, pernoctan permanentemente decenas de afectados con el fin de madrugarle a la cola para presentar o monitorear solicitudes.
Son frecuentes las quejas de mal manejo de las carpetas, extravío de solicitudes o cobro de comisiones por algún funcionario inescrupuloso para agilizar algún trámite. El denominador común es la demanda de algún auxilio oficial para conseguir una casa.
Los otros planes oficiales de vivienda son una combinación de fórmulas para que los habitantes accedan a solares o edificaciones expropiadas por el Estado, impulsen fórmulas de autoconstrucción o cooperativas de construcción, adquieran viviendas mejores que las insalubres donde habitan o reconviertan éstas en lugares saneados y aptos para vivir.
En paralelo, Figueroa espera que 2006 sea el primer año en que se construyan 100.000 casas nuevas, entre las cuales se cuentan las 60.000 que erigirán empresas de China e Irán, sobre una treintena de terrenos públicos, con una inversión de 260 millones de dólares.
También de Uruguay deben llegar 12.000 casas prefabricadas, de las cuales 2.000 arribarán listas para armar, a fin de que el gobierno las destine a damnificados.
Para el mediano y largo plazo, el gobierno quiere desarrollar «pueblos nuevos», es decir espacios urbanizados asociados a proyectos cooperativos en el campo y la ciudad. «Eso me interesa para el futuro, pero de momento prefiero ayuda para ir al mercado secundario», dice a IPS Aracelis Rojas, una de las decenas de mujeres apostadas en la Plaza del Panteón en busca de un techo adecuado para vivir.
«Yo necesito una casa que sea digna para mis tres hijos y para mí, y no debería esperar a ser damnificada y que se me caiga el techo encima», razona Ángela Rodríguez.
«Tampoco quiero que me regalen los 50 millones (la indemnización ofrecida por el gobierno a los damnificados), sino que me los presten y los pago con mi trabajo. Todavía no me he cansado de hacer colas, y aunque cansan, si es por una casa voy a hacer otra».