Pandemia, violencia machista, discriminación, desarrollos tecnológicos que reemplazan personas… los jóvenes tienen mucho de qué preocuparse. Pero hoy la mayor incertidumbre gira en torno a su futuro laboral. En un contexto de emergencia como el actual, es posible construir un futuro con más derechos laborales para los jóvenes o, por el contrario, uno que los hunda más en la precarización y el desempleo.
Vecteezy
La pandemia puso en crisis toda nuestra existencia, desde el modelo de acumulación económica hasta la forma de relacionarse socialmente, pasando por la trama urbana, el vínculo con el ambiente y los hábitos de consumo. Y si hay algo que atraviesa todos esos frentes, eso es el trabajo, el gran ordenador social, motor de la historia y el desarrollo. El sistema de trabajo con seguridad social hoy está fragmentado y marcado por la irrupción de nuevas formas de contratación en los márgenes o fuera de ellos. Por eso está otra vez en el centro del debate. En este contexto, y por sufrir directamente los efectos del “día después”, hay un segmento al cual prestarle especial atención: el de les jóvenes.
En 2014, el reconocido economista Thomas Piketty se preguntaba si el largo camino del crecimiento de la economía mundial llegaría a su fin en el siglo XXI. Hoy ese proceso se ve agravado por la pandemia. En tanto los Parlamentos demoran la imposición de un gravamen extraordinario a las grandes fortunas y su implementación es incierta, una cosa es segura: si los gobiernos no actúan en defensa del trabajo con derechos para revertir la tendencia actual, el futuro será con más desigualdad y exclusión que el presente.
A pocos días de haber sido declarada la pandemia, la central sindical más grande del mundo, la Confederación Sindical Internacional (CSI), difundió un informe en el que destacaba los países que la habían afrontado con mejores medidas de protección del empleo y la seguridad social. Entre las de mayor impacto se encontraban aquellas ligadas al apoyo a los ingresos de trabajadores independientes, autónomos y de la economía informal, muchos de ellos de la población juvenil. Que la Argentina estuviera en ese listado (y en un relevamiento similar y reciente de la revista Time) fue motivo de orgullo para el gobierno nacional. Pero, ¿es es suficiente para que la juventud pueda imaginar una vida con más certezas que incertidumbres?
Modelos en pugna
Según un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de desempleo juvenil mundial se sitúa en el 13,6%, siendo más elevada aún entre las mujeres jóvenes en la mayoría de los países. Al hecho de que una quinta parte de les jóvenes sean “sin-sin” (sin ingresos provenientes de un trabajo ni educación formal) se suma la mala calidad de los empleos de muchos de quienes sí los tienen, en condiciones precarias y sin protección jurídica y social ni oportunidades de crecimiento.
Inédita, imprevista y feroz, la pandemia empeoró este difícil panorama: desde su inicio, más de uno de cada seis jóvenes dejó de trabajar. Algo esperable si se tiene en cuenta que se trata de un segmento sujeto a contratos informales y que suele trabajar en sectores como el comercio minorista, que fueron de los primeros en cerrar. El Director General de la OIT, Guy Ryder, declaró que si no se toman medidas inmediatas y significativas “el legado del virus podría acompañarnos durante décadas”. Y es que ha ocurrido con anterioridad: quienes ingresan al mercado laboral durante una recesión pueden estar años para encontrar un trabajo, y más todavía uno que coincida con su formación académica. En mayo lo había sugerido Christine Lagarde cuando alentó a un grupo de jóvenes a “aceptar el cambio, adquirir nuevas habilidades y estar preparados para realizar todo tipo de trabajos”.
La ahora presidenta del Banco Central Europeo no es la única representante del capital que propone fórmulas para abordar la crisis de empleo en esta población. En efecto, la agenda neoliberal incluye esta problemática, aunque con un enfoque que según la OIT es peligroso: el de reducirla a una cuestión de costos laborales. En Argentina, desde Martínez de Hoz hasta la reciente experiencia de Cambiemos, se han adoptado medidas que giran en torno a la idea de reducir ese “costo”, es decir el salario. En la región y en el mundo sucede lo mismo.
El plan “Primer Empleo” del gobierno de Mauricio Macri, el primer proyecto de ley laboral que introdujo su gobierno, ilustra esta tendencia de manera ejemplar. No sólo proponía una reducción o directamente exención de las contribuciones patronales de nuevos empleos de jóvenes entre 18 y 25 años, sino también un subsidio del Estado que cubriera una parte o la totalidad del salario de esos nuevos trabajadores. Un año después, el gobierno porteño, de la misma fuerza política, ponía en marcha la Expo Empleo Joven, una actividad con una repercusión mediática impresionante que no era otra cosa que el gobierno en rol de LinkedIn.
Según un informe de la OIT titulado “¿Qué sabemos sobre los programas y políticas de Primer Empleo en América Latina?”, el tipo de programas mencionados “son los menos efectivos desde el análisis de las trayectorias posteriores de sus beneficiarios, debido a que las condiciones de los primeros empleos se encuentran, generalmente, condicionadas por situaciones de desigualdad previa tales como los distintos ambientes sociales, productivos y familiares, los dispares niveles de educación y la también desigual exposición a ‘shocks idiosincráticos’ tales como la maternidad”. Los proyectos neoliberales, sin embargo, persisten: en las últimas semanas, un grupo de diputados de Juntos X el Cambio presentó un proyecto casi idéntico a aquel de Primer Empleo adecuado al contexto de pandemia.
Inclusión real y emergencia
Una alternativa muy distinta a la anterior es intentar garantizar una economía con crecimiento e inclusión (política, social y cultural, además de económica) que tenga impacto concreto en les jóvenes. Ana Miranda, Doctora en Ciencias Sociales (FLACSO) e investigadora en temáticas de Juventud, Educación y Trabajo, opina que “sin crecimiento económico no hay creación de nuevos puestos de trabajo” y que “luego, y específicamente asociado a los y las jóvenes, las políticas educativas y de formación para el trabajo son centrales”. Consultada por el Dipló, la socióloga desliza que “las rentas básicas en temas de juventudes son siempre recomendables si se asocian con otro conjunto de servicios en donde la dimensión de futuro se presente como una construcción posible”. Destaca el programa “Jóvenes con Más y Mejor trabajo” (que incorpora la capacitación como pilar) y pondera el apoyo a la economía social y a los emprendimientos comunitarios “sobre todo entre aquellos y aquellas jóvenes que habitan barrios populares, donde las oportunidades son más estrechas”.
En un contexto de crisis como el actual, estas propuestas resultan más complejas, pero al mismo tiempo la situación de emergencia propicia la adopción de medidas más audaces. Por estos días el debate gira en torno a posibilidades tales como esquemas que permitan la sustentabilidad del empleo asalariado o una renta básica universal, alternativa que en Argentina ya tiene el visto bueno del presidente Alberto Fernández y a nivel mundial la aprobación del Papa Francisco. Por otro lado, en una medida que no tiene precedente en la historia local, el Estado se hizo cargo de la mitad del sueldo de más de 2 millones de trabajadoras y trabajadores del sector privado en dos ocasiones, y se encamina a hacerlo por tercera vez. La necesidad de preservar los puestos de trabajo y las empresas para promover el rebote económico una vez que termine el aislamiento social llevó a esta decisión tan necesaria como novedosa.
Otra medida destinada a paliar la emergencia fue la disposición por parte del gobierno del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que consiste en un bono de 10 mil pesos para trabajadores y trabajadoras informales y monotributistas de las primeras categorías. Por su pertenencia al grupo de mayor precariedad, de los 9 millones que hasta ahora lo recibieron, el 24,8% de las personas beneficiarias fueron jóvenes de entre 18 y 25 años. A partir de ese dato, el Ministerio de Economía publicó un informe que revela que “dentro de este grupo de edad se observa que 6 de cada 10 tiene un empleo informal, y dentro de la población potencialmente titular del IFE de esta edad, el porcentaje de informalidad asciende al 98,8%”.
Pese a compartir una alta tasa de precarización, la situación de este segmento no es homogénea. En diálogo con este medio, la Directora Nacional de Economía, Igualdad y Género, Mercedes D’Alessandro, afirma que “ante la pandemia, las mujeres enfrentan mayores desafíos dada la desigualdad estructural en la que se insertan”. Según distintos relevamientos, éstas dedican tres veces más tiempo a las tareas del hogar y cuidados no remunerados, lo que implica que trabajen menos horas en el mercado laboral o lo hagan en empleos con flexibilidad. Por este motivo, D´Alessandro sugirió desde su área que se diera preferencia a la mujer en el caso de que dos o más personas de un mismo grupo familiar pidieran el IFE. Así, el 57% de quienes lo recibieron en el último mes fueron mujeres. Cruzando datos se observa que la ayuda estatal de emergencia priorizó a mujeres jóvenes que, a escala mundial, según la OIT, tienen dos veces más probabilidades que los hombres jóvenes de ser “sin sin”.
Futuro abierto
“En este mundo del trabajo donde las multinacionales te invitan a ser tu propio jefe, las organizaciones sindicales no tienen lugar. Pretenden individualizar al trabajador, que no se piense junto a otros y otras, que no se organice colectivamente y que vea en su compañero un competidor. Es la vieja profecía que sueñan los patrones: un mundo sin sindicatos” dice Matías Zalduendo, trabajador de la educación y Secretario Nacional de Juventud de la CTA. Pese a eso sostiene que “tenemos la oportunidad de salir mejores de lo que entramos a esta pandemia”. Para los próximos meses, propone una mesa integrada por todas las centrales sindicales junto al Poder Ejecutivo para pensar lo que viene.
El escenario actual también está marcado por un proceso de transnacionalización de la economía y externalización de la producción que impacta de lleno en la organización sindical. La misma actividad que antes agrupaba a cientos de personas bajo un mismo régimen laboral y permitía una identificación común y un agrupamiento colectivo, hoy se encuentra fragmentada. A esto se suma la irrupción de novedades tecnológicas que, sin regulación legal específica, son una oportunidad empresarial para aprovechar los resquicios normativos y deslindarse de los presupuestos mínimos de una relación de trabajo.
El Congreso ha comenzado a proponer iniciativas para responder a esta situación. La Cámara de Diputados ya dio media sanción al proyecto de ley que regula la modalidad del teletrabajo, que equipara derechos con las personas que trabajan en forma presencial, garantiza el equipamiento y gastos a cargo del empleador. Asimismo, incorpora nuevos derechos como la desconexión digital (que prohíbe ser contactado fuera del horario laboral) y el derecho a pactar horarios compatibles con las tareas de cuidado, siendo la primera norma laboral que incorporaría una previsión que contemple este aspecto. Resta que el Senado, que ya comenzó a trabajarlo en la Comisión de Trabajo y Previsión Social, apruebe el texto remitido por la Cámara baja para que Argentina vuelva a ser modelo en la región en materia de legislación laboral. En la misma línea, el Congreso está próximo a ratificar el último convenio de la OIT contra la violencia laboral –que al momento solo fue sancionado por dos países en el mundo– y espera la llegada de un anunciado proyecto del Ministerio de Trabajo para dar protección legal a trabajadores de plataformas digitales bajo demanda.
En Precariado, una carta de derechos, el investigador británico Guy Standing escribió que “la incertidumbre es la pesadilla de nuestro tiempo. Es la forma más amenazante de inseguridad para el precariado”. En el contexto de pandemia, esta reflexión resuena más todavía. No se sabe cuánto durará ni las consecuencias que dejará sobre la economía. Lo que sí es seguro es que forzó a tomar decisiones sobre el futuro. Si viene con participación colectiva, con mayor protección legal, con respuestas urgentes para los sectores más postergados y políticas de preservación del empleo asalariado, con formación y capacitación, con distribución de la riqueza, crecimiento sustentable, perspectiva de género y democratización de los espacios laborales, quizás se pueda ganarle a la incertidumbre uno de los partidos más importantes que tocará jugarle: el del futuro de toda una generación.
Julián Hofele. Abogado laboralista, asesor legislativo y docente.
Paula Sabatés .Comunicadora social y periodista (Página/12 y Futurock).
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