Así de contundente lo proclamaba la semana pasada el periódico británico Telegraph: «Presupuesto 2009: Gordon Brown declara la lucha de clases con impuestos sobre los perceptores de rentas más altas». Y es que el Primer Ministro británico, ante la situación de crisis de las finanzas públicas, se ha atrevido a presentar un presupuesto en el […]
Así de contundente lo proclamaba la semana pasada el periódico británico Telegraph: «Presupuesto 2009: Gordon Brown declara la lucha de clases con impuestos sobre los perceptores de rentas más altas».
Y es que el Primer Ministro británico, ante la situación de crisis de las finanzas públicas, se ha atrevido a presentar un presupuesto en el que se aumenta el tipo marginal impositivo hasta el 50% para los ciudadanos que perciban más de 150.000 libras anuales y se reducen los beneficios fiscales sobre las contribuciones que estos realicen a sus fondos de pensiones. Igualmente, se aumentarán los impuestos sobre el combustible, el alcohol y el tabaco.
El argumento para justificar esta medida es de una lógica aplastante: si estas clases fueron las que en mayor medida se beneficiaron de los tiempos de bonanza previos a la crisis pareciera lógico que ahora asuman en mayor medida las consecuencias de la crisis, tanto más cuanto que su posición para hacerle frente es manifiestamente más robusta que la del resto de ciudadanos.
Todo ello tiene la pretensión de conseguir aminorar el deterioro de las cuentas públicas británicas, severamente golpeadas por la crisis financiera internacional, con un déficit público que se sitúa en torno al 5,5% del PIB (el segundo más elevado de la Unión Europea tras el de Irlanda) y que va a exigir de emisiones de deuda pública durante el próximo año por valor de 220 mil millones de libras (un 50% más que el año pasado) para poder enjugarlo. Por su parte, del incremento de los impuestos sobre las rentas altas se esperan recaudar 3.200 millones de libras y 6 mil millones de los restantes impuestos.
Con la elevación del tipo impositivo sobre las rentas altas, el gobierno laborista de Brown rompe un pacto implícito entre la clase política británica mantenido desde los tiempos de Margaret Thatcher, cuando se redujeron los tipos impositivos que superaban el 40% y que, evidentemente, recaían sobre las rentas más altas.
Y es que el Reino Unido constituye, junto a los Estados Unidos, el referente paradigmático de la virulenta ofensiva neoliberal emprendida por las élites económicas para restaurar su poder de clase puesto en peligro durante la crisis de los setenta. Esa ofensiva se articuló básicamente a través de mecanismos regresivos de redistribución de la renta con el consiguiente efecto en términos de incremento de las desigualdades sociales. Así, por ejemplo, nos encontramos con que desde 1982, el 1% superior de los perceptores de renta de ese país ha doblado su porcentaje de la renta nacional desde el 6,5% al 13%.
De esta forma, para principios de este siglo el proyecto de recomposición del poder de clase en el Reino Unido se encontraba ya en su máximo apogeo. De tal suerte, entre los años 2000 a 2001 se alcanzaba el mayor nivel de desigualdad de la renta al menos desde 1961, siendo especialmente intenso el proceso de agravamiento de las desigualdades entre 1979 y 1993, precisamente la mayor parte de los años de gobierno de Margaret Thatcher y su contrarrevolución conservadora.
Durante la misma, como magníficamente ilustra David Harvey en su «Breve Historia del Neoliberalismo», se intensificó el ataque contra la clase trabajadora como claramente resaltó Alan Budd, uno de los principales asesores económicos de la Dama de Hierro, al afirmar sin pudor que «las políticas efectuadas en la década de 1980 consistentes en combatir la inflación restringiendo la economía y el gasto público eran un modo encubierto de golpear a los trabajadores». Y vaya si los golpearon porque mediante la aplicación simultánea de políticas monetarias y fiscales restrictivas y la apertura del Reino Unido a la competencia y a la inversión extranjera, el poder de la clase trabajadora se vio completamente desmantelado al tiempo que caía su participación en la distribución de la renta como consecuencia de la desindustrialización y las disminuciones salariales impuestas por la vía de las políticas librecambistas y las amenazas de deslocalización productiva promovidas desde el gobierno.
Esta situación, al menos en cuanto a la distribución de la renta se refiere, se mantuvo prácticamente inalterada durante los años del gobierno laborista de Tony Blair. De hecho, el cenit en la desigualdad de la renta se produjo, precisamente, durante su gobierno.
Y no es sino ahora, cuando la situación de la economía británica es especialmente grave como consecuencia, no lo olvidemos, de la culposa gestión del riesgo asumida por las instituciones financieras que tienen en la City londinense uno de sus centros neurálgicos cuando ese pacto implícito por fin se rompe y, con él, se anuncia la muerte del Nuevo Laborismo impulsado por Blair.
Evidentemente, la propuesta ha sido rápidamente contestada con argumentos que en ningún caso recurren a cuestiones de justicia o equidad, como hubiera sido de esperar tratándose de materia impositiva, y sí lo hacen aludiendo a aspectos relacionados con la competitividad. Prueba evidente de que las estructuras impositivas de los países son consideradas cada vez más como un factor de competitividad añadido a otros factores estructurales de sus economías y no como estructuras destinadas, entre otras cosas, a una redistribución más equitativa de las rentas.
Y, así, se ha argumentado que la subida del tipo impositivo marginal puede provocar un huída de los cerebros de las finanzas que operan en la City londinense hacia países con unos niveles impositivos inferiores.
Lo cual no deja de ser esperpéntico como argumento: los mismos cerebros privilegiados responsables de la aparición y extensión de esta crisis financiera mundial y, en consecuencia, también de la situación de las finanzas públicas británicas parece que merecen ser, por todo ello, protegidos y mimados, no vaya a ser que se decidan a emigrar. Vivir para ver.
En cualquier caso, creo que de todo lo anterior hay que destacar que al menos esta crisis está sirviendo para poner sobre el tapete propuestas y políticas que hasta hace unos meses se consideraban heréticas -como, por ejemplo, subir los impuesto a los ricos. Lo cual no deja de ser esperanzador habida cuenta de la profunda interiorización de la inexistencia de alternativas que viene rigiendo la política económica de los gobiernos de la mayor parte del planeta. Si, como sensacionalistamente anuncian algunos, éste es el primer paso en el retorno de la lucha de clases, bienvenido sea.
Alberto Montero Soler ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga (España). Puedes leer otros textos suyos en su blog «La otra economía».