Ocho presos murieron y al menos otros 15 fueron heridos tras un motín provocado este martes por bandas rivales en la prisión Puente Ayala, en Barcelona, 260 kilómetros al este de la capital de Venezuela, según información de las autoridades. «Tres grupos querían controlar el penal desde la noche del lunes, lo que trajo como […]
Ocho presos murieron y al menos otros 15 fueron heridos tras un motín provocado este martes por bandas rivales en la prisión Puente Ayala, en Barcelona, 260 kilómetros al este de la capital de Venezuela, según información de las autoridades.
«Tres grupos querían controlar el penal desde la noche del lunes, lo que trajo como consecuencia la riña que se mantuvo hasta que efectivos de la Guardia Nacional ocuparon el penal y controlaron la situación», dijo el general que comanda esa fuerza militar en la zona, Jesús Bermúdez.
El problema «es que desde hace mucho tiempo el Estado se olvidó de los presos, y ellos forman sus autogobiernos, para tener el control de los establecimientos e imponer su propio orden», dijo a IPS Humberto Prado, coordinador del no gubernamental Observatorio Venezolano de Prisiones.
En los enfrentamientos entre reclusos, sean masivos o individuales ajustes de cuentas, suelen emplearse armas de fuego y hasta granadas, junto a los «chuzos» o cuchillos rústicos elaborados por los internos con cualquier trozo de metal.
La cárcel Puente Ayala fue construida para albergar hasta 600 reclusos y actualmente la ocupan 300, pero debido a las malas condiciones del establecimiento, éstos están agrupados en tres pabellones donde, de todas maneras, hay problemas de hacinamiento.
«Allí se nota de manera destacada la falta de clasificación de los presos, al quedar mezclados internos de alta y baja peligrosidad, reincidentes con primerizos, y ese es un componente fundamental en la producción de violencia», dijo Prado.
En su lugar, «una clasificación adecuada ubicaría a cada preso donde debe estar, de acuerdo con su perfil psicológico», argumentó el activista.
En Venezuela hay unos 19.000 reclusos en 30 prisiones, y cerca de la mitad están procesados sin sentencia. Prado destacó que en lo que va del año han muerto al menos 340 en hechos de violencia, «con lo que el Estado resulta incapaz de garantizar el derecho a la vida en las prisiones», dijo Prado.
Hay más de una muerte por día, «pues en 2004 murieron 400 reclusos, por contraste con un vecino como Colombia, que lleva décadas con un fuerte conflicto armado y tiene 80.000 personas tras las rejas, pero en un año apenas perecieron 15», recalcó Prado.
Venezuela se ha ufanado de ser el primer país en abolir la pena de muerte, en 1863.
Mientras, se sostiene el movimiento de reclusos que amenazan con huelgas de hambre, coserse los labios o «huelgas de sangre», es decir, hacerse cortaduras en brazos y piernas, en reclamo de beneficios legales para procesados y penados.
Los presidiarios reclaman celeridad en los trabajos de jueces, fiscales y juntas evaluadoras de sus casos, que pueden acordarles regímenes de libertad condicional si pasan dos años procesados sin sentencia o si han cumplido parte de la pena y han acumulado méritos por buena conducta.
El último año, los presos practicaron el «autosecuestro» de sus familiares en los días de visita, en ocasiones reteniendo hasta una semana en una prisión a más de 200 parientes, mujeres y niños incluidos.
Informes de que en la Penitenciaría General de Venezuela, la principal del país y ubicada en las llanuras centrales, había estallado una huelga de hambre y era secundada por reclusos en otros establecimientos, fueron desmentidos por el gobierno.
El viceministro de Interior y Justicia, Yuri Pimentel, desmintió el estallido de esa huelga aunque admitió que grupos de internos la están organizando, según sus informes, en protesta por la muerte de un recluso de nombre Rafael Rodríguez.
Los detenidos sostienen que el propio subdirector del penal, Luis Aquino, baleó a Rodríguez, un recluso que trepó a la azotea de la Penitenciaría en reclamo de beneficios procesales. Pimentel informó que el funcionario fue destituido.
En las cárceles de Vista Hermosa (sureste) y El Rodeo I y II, cerca de Caracas, avanza un movimiento huelguista, según informes recibidos en radioemisoras.
Pimentel advirtió que «hay actores en esa materia que han tratado de agitar los ánimos en las cárceles y crear situaciones de conflicto, a veces aprovechando quejas muy legítimas de los internos, para difamar al gobierno en vista de los comicios del 3 de diciembre», cuando el país elegirá a un presidente para el sexenio 2007-2013.
Prado recordó que órganos distintos del Estado –el gobierno, el Poder Judicial y la Fiscalía– se declararon en emergencia en julio para tratar de resolver el retardo judicial, «pero los internos pagan con su vida toda lentitud».
También insistió en que para facilitar el trabajo, el gobierno debe descentralizar las prisiones, entregarlas a las gobernaciones regionales, y emplear en la administración y custodia a los profesionales egresados del instituto universitario especializado que funciona junto a una cárcel en Caracas.
Mientras sólo un reducido número de los centenares de licenciados o técnicos superiores en administración penitenciaria tienen empleo, la inmensa mayoría de los guardianes de prisiones, dependientes del Ministerio del Interior y Justicia, carecen de preparación suficiente. Las áreas externas de los penales son custodiadas por la Guardia Nacional.