La recientemente designada Comisión de Investigación de la Crisis Financiera (Financial Crisis Inquiry Commission) establece su agenda para investigar cómo un sistema de más de 200 años de antigüedad y concebido para establecer unos precios justos en el comercio de acciones y bonos se transformó en un turbio y anónimo casino lleno de mesas de […]
La recientemente designada Comisión de Investigación de la Crisis Financiera (Financial Crisis Inquiry Commission) establece su agenda para investigar cómo un sistema de más de 200 años de antigüedad y concebido para establecer unos precios justos en el comercio de acciones y bonos se transformó en un turbio y anónimo casino lleno de mesas de dados e infestado de montones de bonos basura clasificados como triple A y que han hundido la mayor economía del mundo. Y en la medida en que lo haga con probidad, la Comisión se verá obligada a poner al sistema de justicia privada de Wall Street en el primer lugar de su lista de citaciones.
El razonamiento es tan simple como sigue:
(a) hay solamente un sector en EEUU que puede poner al país de rodillas;
(b) hay solamente un sector en EEUU que exige a sus empleados que renuncien contractualmente a su derecho a acudir a los juzgados si quieren un trabajo;
(c) miren bajo la alfombra en busca de esos miles de trabajadores dispuestos a denunciar las prácticas corruptas y que salían de esos tribunales irregulares con órdenes de permanecer en silencio, dejando tras de sí importante documentación puesta a buen recaudo en manos de los abogados compinchados.
Ahí va un ejemplo de lo que encontrará la Comisión cuando investigue cómo la corrupción se mantenía en una caja negra mediante cláusulas obligatorias en los contratos de trabajo de Wall Street:
«Este Contrato hace del arbitraje el único y necesario foro para la resolución de cualquier disputa laboral sobre derechos protegidos legalmente (a saber, derechos derivados de la legislación común o de la contractual) que pueda surgir entre un empleado y el Corporate & Investment Bank o su actual o anteriores empresas matriz, filiales o sucursales, y sus presentes o anteriores directivos, gerentes, empleados y agentes… quién ejerza el arbitraje se encontrará sujeto a la política y los procedimientos de empresa habituales y no tendrá la autoridad de alterar o modificar la relación «convenida» entre las partes o de sustituir con su propia valoración lo dispuesto por las legítimas prácticas legales de gestión empresarial».
En otras palabras, cuando trabajas para Wall Street entras en una nueva dimensión donde la elite financiera fabrica sus propias leyes y ejerce su propia justicia aplicando libremente dichas leyes (a los mediadores, incluso fuera de Wall Street, no se les exige que apliquen las leyes nacionales o los precedentes legales y ni siquiera que pongan por escrito una decisión razonada en base a dichas leyes).
En general, las quejas de los empleados de Wall Street eran arbitradas por la Asociación Nacional de Corredores de Bolsa (NASD, National Association of Securities Dealers), ahora conocida como FINRA, donde personal del sector en activo o retirado se sentaba habitualmente como jueces y jurados (vean el artículo «Judicial Apartheid», en el CounterPunch del 20 de julio de 2009, sobre cómo la NASD fue pillada amañando la selección de mediadores). En el contrato de trabajo de Wall Street que vimos antes, la Asociación Americana de Arbitraje (AAA, American Arbitration Association) era designada como el foro para oír las quejas cuando la NASD declinaba sus funciones.
El 6 de noviembre del 2000, yo misma y otras activistas de la Organización Nacional para las Mujeres en la ciudad de Nueva York (NOW-NYC, National Organization for Women in New York City) nos manifestamos en frente de las oficinas principales de la AAA en Madison Avenue. Distribuíamos un folleto que (en parte) decía:
«La AAA se ha inmiscuido ella misma y mediante un «friend of the court» (o amicus curiae, presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión frente a algún punto de derecho u otro aspecto relacionado, para colaborar con el tribunal en la resolución de la materia objeto del proceso – N. del T.) en un caso fundamental que está actualmente siendo visto por el Tribunal Supremo de los EEUU y que, si se confirma la sentencia, ilegalizaría la posibilidad de que los empleados renuncien voluntariamente y por contrato a su derecho a acudir a los tribunales laborales ordinarios. Mientras la AAA se posiciona a favor de la existencia de tribunales empresariales irregulares, ha olvidado informar de que estaba realizando labores de arbitraje para Circuit City – precisamente la compañía que está siendo acusada en este caso ante el Tribunal Supremo. La AAA tiene una relación incestuosa con la América empresarial. Según su propia memoria de 1999, las siguientes compañías están representadas en su Consejo Directivo: Boeing, PetsMart, Prudential Property & Casualty Insurance, Sprint, AXA Financial, Monsanto, GE, McDonalds, Essex Boat Works, Walt Disney, General Mills, FedEx, Freddie Mac, Pfizer, BellSouth, Pitney Bowes, Waste Management, Goya Foods, Texaco, Kansas City Southern, Cushman & Wakefield, Cooper Industries, DaimlerChrysler, Dow Chemical, Commonwealth Edison, International Dairy Queen, Coors Brewing, Hallmark Cards, Hartford Financial».
Un mes antes de esta manifestación, la NOW-NYC había mandado una carta a la entonces Fiscal General, Janet Reno, pidiendo al Departamento de Justicia que investigase el falso testimonio de la AAA ante el Tribunal Supremo, pues en principio se trata de una «organización de servicio público» que «no favorece a ninguna de las partes» y que en cambio no había revelado que tenía un conflicto de interés económico a favor del apelante, Circuit City, a quienes había prestado servicios de arbitraje durante al menos los dos últimos años.
La NOW-NYC también indicó a la Fiscal General Reno lo siguiente:
«…la neutralidad de este mediador se ha visto seriamente puesta en cuestión por un memorando escrito el 14 de enero del 2000 por Paul L. Van Loon, entonces Vicepresidente Regional de la AAA. En dicho memorando, el Sr. Van Loon dice lo siguiente a las propias personas que se encargan de arbitrar: «parte de nuestro esfuerzo de marketing en el año 2000 va a consistir en establecer contacto comercial con empresas radicadas en el norte de California. Reuniéndonos con los consejos de dirección o sus CEO nos va a dar la oportunidad de desarrollar relaciones personales y explorar la utilización de servicios de ADR en sus empresas. Para lograr este objetivo, os pido vuestra colaboración. Si tenéis un contacto con alguna compañía y podéis presentarnos, por favor anotad vuestro nombre en la lista al lado de la compañía correspondiente… Ayudándonos a dirigirnos a ellos de forma «calurosa» el acercamiento será más provechoso. Si le gustaría participar personalmente en el contacto junto con nosotros, por favor indíquelo en la hoja…».
Se informó además a la Fiscal General Reno que la AAA mantenía una cartera de inversión con 21.894.000 de dólares en acciones de compañías estadounidenses y otros 10.743.000 en bonos empresariales.
Hasta donde yo sé, el Departamento de Justicia no emprendió acción alguna contra la AAA. Sin embargo ocho meses después, el 15 de junio de 2001, en el Florida Bar News se informaba de que «…Janet Reno ha sido elegida miembro del Consejo Directivo de la American Arbitration Association». En los años siguientes, la Sra. Reno pasó a formar parte del Comité Ejecutivo de la AAA donde, hacia el 2006, se sentaba junto a William Webster, anterior director del FBI y la CIA.
Pero la Sra. Reno ya había mostrado un temprano interés por los sistemas privados de justicia. El 30 de abril de 1998, la Fiscal General llevó a cabo una rueda de prensa oficial donde anunció que en motivo de la celebración del «día de la ley» (Law Day), ella misma animaba a los abogados a no hacer un uso excesivo de las leyes.
«Aquí en el Departamento de Justicia, he dado instrucciones a cada fiscal para que se tenga en cuenta el uso de procedimientos de «resolución alternativa de conflictos» (ADR, Alternative Dispute Resolution) como parte de su práctica profesional diaria. Y durante los últimos 3 años hemos cuadruplicado el número de casos en los que se ha utilizado la ADR. Pero debemos hacer más. Y por eso urjo al Congreso a que apruebe la nueva legislación, ahora pendiente de trámite en el Senado, que requerirá que se establezca un programa de ADR en cada tribunal de distrito Federal. Todo demandante merece disponer de una alternativa a los caros, onerosos y muy a menudo insatisfactorios procesos judiciales».
Pero no son solo los fiscales generales y los directores del FBI los que el sector de la justicia privada quiere añadir a su ristra de lumbreras. También se corteja a jueces en ejercicio. En octubre de 2001, Reynolds Holding escribió una devastadora serie de tres artículos para el San Francisco Chronicle sobre el fraude sistemático en este tipo de procedimientos:
«Hoy en día, la American Arbitration Association, la JAMS y otros varios proveedores de servicios de arbitraje compiten para reclutar a los grandes nombres del mundillo… y el interés de los jueces resulta obvio. Un juez de un Tribunal Superior gana 133.055 dólares al año, mientras que los mejores mediadores pueden llevarse 10.000 dólares o más al día, además de una generosa pensión… Nadie ha acusado a los jueces de dictar fallos favorables para llamar la atención de las empresas de arbitraje. Pero los críticos con el sistema sostienen que los jueces socavan la credibilidad de la judicatura al incorporarse a empresas poco después de haber adoptado posiciones favorables a mantener controvertidas cláusulas de arbitraje, especialmente cuando sus argumentos son refutados tras una apelación… El 13 de marzo de 1997, por ejemplo, el juez de distrito Eugene Lynch estableció que la corredora de bolsa Tonyja Duffield debía acudir al arbitraje respecto a su demanda por discriminación sexual y acoso que había puesto contra su empresa. Duffield sostenía que su consentimiento al arbitraje no era «informado», condición que el Tribunal de Apelaciones de EEUU había determinado como necesaria para que se pudiese imponer ese tipo de cláusulas a los empleados. Pero de todos modos Lynch falló en su contra.
Menos de cuatro meses después, JAMS anunció que Lynch iba a formar parte de su junta de mediadores…
En una sentencia de septiembre de 1999, el magistrado de un Tribunal de Apelaciones estatal William Masterson junto con dos de sus colegas decidieron que una asesoría legal podía despedir a Donald Lagatree por negarse a firmar un acuerdo de sometimiento obligado a arbitraje más de tres años después de que se le hubiese contratado.
…Masterson se jubiló para trabajar como juez privado en junio de 2000 – cinco meses antes de que un juez federal impidiese que la anterior asesoría legal de Lagatree impusiese el arbitraje a sus empleados. La empresa ha apelado la sentencia. El pasado mes de agosto Masterson fue fichado por JAMS…
En 1999… el magistrado Christopher Cottle y dos de sus compañeros en el Tribunal de Apelaciones estatal de San José establecieron que la empresa San Diego’s Technology Integration Group podía obligar a la auxiliar administrativa Amanda Lee a arbitrar su demanda por acoso y discriminación sexual – aunque Lee no sabía que hubiese renunciado a su derecho constitucional a acudir a un proceso judicial ordinario.
La sentencia revertía una decisión anterior de un tribunal de primera instancia y entraba en conflicto con la sentencia del Tribunal de Apelaciones federal en el caso Duffield.
El Tribunal Supremo del estado aceptó ver el caso Lee, pero posteriormente se desestimó al llegar las partes a un acuerdo.
A principios de este año, Cottle se retiró de la judicatura y anunció que estaba negociando entrar a trabajar para JAMS. Desde entonces se dedica a la práctica del arbitraje de forma independiente».
Durante la mayor parte de los años 90, la empresa JAMS (anteriormente llamada Judicial Arbitration and Mediation Services) era propiedad de Warburg Pincus, una empresa de capital privado con extensos vínculos de inversión en Wall Street. Los inversores privados que ahora ostentan su propiedad constituyen un agujero negro digno de recibir una citación de la Comisión de Investigación de la Crisis Financiera.
Para perpetuar y expandir la privatización del sistema nacional de justicia, JAMS pide a su elenco de jueces y abogados ya retirados que donen parte de su paga a la JAMS Foundation. Su página web proporciona una lista, actualizada el 1 de junio de 2009, de más de sus 150 «independientes y asociados» que donan al menos un 1% de sus ingresos mensuales.
El pasado 14 de julio, la Fiscal General de Minnesota Lori Swanson acusó a uno de los principales proveedores de justicia privada, el Foro Nacional de Arbitraje (NAF, National Arbitration Forum), de fraude a los consumidores, de prácticas comerciales engañosas y de emitir falsa publicidad, trabajando de hecho «tras el telón y al servicio de los acreedores – en contra de los intereses de los consumidores». Swanson había obtenido documentación que prueba la propiedad cruzada de la NAF y las asesorías legales que representan a las entidades crediticias (vean el artículo «Judicial Apartheid», en el CounterPunch del 20 de julio de 2009, para conocer los cargos exactos de los que se acusa a la NAF). Desde entonces, la hasta entonces impenetrable fortaleza de la justicia de amiguetes ha empezado a derrumbarse más rápidamente que un castillo de naipes.
Hace dos semanas, la NAF anunció que ya no acogería más casos de consumidores; la AAA ha anunciado que ha dejado de aceptar nuevos casos relacionados con la devolución de créditos; JPMorgan Chase & Co. confirmaba en una respuesta por e-mail que: «…A causa de los últimos acontecimientos, hemos tomado las medidas necesarias: Chase no va a arbitrar ninguna otra reclamación de un usuario de tarjetas de crédito. Chase sigue considerando la posibilidad de introducir una cláusula sobre arbitraje en sus pólizas para consumidores».
¿Qué es lo que ha sembrado el pánico entre estos poderosos gigantes? El 25 de abril de 2008, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EEUU puso los pelos de punta a todos y cada uno de los actuales y anteriores consejos de dirección de los mayores bancos e inversores de Wall Street. El tribunal ordenó que el caso Ross contra Bank of America se viese en el Tribunal de Distrito. La demanda acusaba de connivencia a Bank of America, Capital One, JPMorgan Chase, Citigroup (así como a Citibank y a Citicorp Diners Club Inc.), HSBC Finance Corp., MBNA, Providian Financial Corp y todas las filiales correspondientes. La empresa American Express Travel Related Services Company había estado en un juicio anterior relacionado con esta cuestión, y en este aparecía como parte interesada.
Imagínense el panorama: documentos saliendo a la superficie que muestran como el sistema de justicia privada que usan los mayores bancos del país ha sido amañado en cientos de miles de casos. Posteriormente, más evidencia saliendo también a la superficie y mostrando de forma concluyente que los consejos directivos de estos mismos bancos se han sentado todos juntos en una misma sala para redactar una misma cláusula de obligatoriedad del arbitraje en sus contratos de tarjetas de crédito que impidiese las demandas colectivas, y luego coordinando la estrategia para ponerla en funcionamiento, cerrando en la práctica las puertas de los juzgados ordinarios a todos y cada uno de los americanos que tengan una tarjeta de crédito.
Finalmente téngase en cuenta que muchos de ellos eran los mismos bancos de Wall Street que encadenaban a sus corredores de bolsa a cláusulas laborales de arbitraje obligatorio y que luego acudían como mínimo a uno de estos foros de arbitraje ahora comprometidos cuando sus empleados les plantaban cara; que eran los mismos bancos de inversión que forzaban a sus clientes a acudir obligatoriamente a foros de arbitraje como condición previa para abrir una cuenta de inversión; y muchos eran exactamente los mismos bancos que habían recibido cientos de miles de millones de dólares de fondos públicos a través del programa de choque para afrontar el problema de los activos tóxicos (TARP, Troubled Asset Relief Program), con el objetivo de que pudieran sobrevivir a las enormes pérdidas que ellos mismos habían provocado, y que luego pagaron otros tantos miles de millones en pluses a sus altos ejecutivos, incluyendo a aquellos que potencialmente puedan haber participado de la connivencia que se está investigando.
No es difícil darse cuenta de que están al borde de una pesadilla de deterioro de su imagen pública que se aventura de proporciones gigantescas, con la posibilidad además de ser acusados de crimen organizado bajo la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).
En su declaración inicial, los abogados de Robert Ross y el resto de demandantes se dirigieron al tribunal como sigue:
«Los acusados empezaron su confabulación – la autoproclamada «Arbitration Coalition» – a finales de 1998 o principios de 1999, cuando los acusados (y sus co-conspiradores) empezaron a mantener contactos respecto al uso de cláusulas de arbitraje. Un primer encuentro tuvo lugar el 25 de mayo de 1999 en Washington D.C. El orden del día de esta reunión de altos cargos y asesores de bancos emisores de tarjetas de crédito incluía la discusión de las cláusulas de arbitraje y su utilidad. En un inicio, solamente First USA (ahora parte de Chase) y American Express habían actuado para imponer cláusulas de arbitraje que impidiesen las demandas colectivas (Bank of America tenía una cláusula de arbitraje pero no incluía dicha prohibición).
Después de este primer encuentro y tras otros contactos, los acusados establecieron formalmente la «Arbitration Coalition» para animar a todos los acusados a promulgar cláusulas de arbitraje con este tipo de prohibiciones… Durante un periodo de 4 años, la Arbitration Coalition organizó no menos de 19 encuentros o conferencias… A través de la Arbitration Coalition, los acusados crearon y aprovecharon la oportunidad de organizar en connivencia la adopción y el uso de cláusulas de arbitraje, como mecanismo para evitar las demandas colectivas en el conjunto de todo el sector al que pertenecen.
La intensa preocupación de la Arbitration Coalition por impedir las demandas colectivas llevó a la constitución de otros dos grupos. El primero, llamado «Consumer Class Action Working Group», mantuvo que se sepa solamente dos reuniones… Los acusados (y la co-conspiradora American Express) constituyeron sin embargo un tercer grupo más clandestino, formado exclusivamente por cargos y asesores internos (con la exclusión explícita de gente de fuera de la casa). El llamado «In-House Counsel Working Group» fue creado por los emisores de tarjetas de crédito de modo que pudieran reunirse por separado para discutir cuestiones que sólo les concerniesen a ellos. Este grupo de trabajo ofreció a los acusados aún más oportunidades para compartir (y ponerse de acuerdo en) sus prácticas y estrategias empresariales sobre el uso de cláusulas de arbitraje…
La confabulación de los acusados pretendía, y consiguió, inhibir la competencia y crear una ventaja comercial respecto a los usuarios de tarjetas de crédito que no estaba basada en precios, y que permitió a los acusados apropiarse de beneficios extraordinarios no competitivos pertenecientes a los demandantes. La confabulación de los acusados redujo, sino eliminó, la competencia respecto al uso de cláusulas de arbitraje y cláusulas que bloqueaban la participación en demandas colectivas, incluso como miembro no presente en la demanda. Al eliminar las demandas colectivas de los consumidores, los acusados lograron inmunizarse contra la aplicación de la legislación de protección al consumidor y contra las leyes antimonopolio, evitando las consecuencias económicas de sus fechorías, fuesen o no intencionadas…
Además, la confabulación de los acusados echó virtualmente del mercado cualquier tarjeta de crédito no sujeta a arbitraje».
¿De dónde vino la información sobre estos encuentros clandestinos que forjaron la connivencia entre los bancos? De una demanda colectiva, por supuesto. Llama la atención sin embrago que no salió de las miles de quejas que se arbitran contra estas empresas, donde se investiga poco y mal. En realidad, el chivatazo vino de un abogado de JPMorgan Chase quien, queriéndolo o sin querer, reveló la celebración de una de estas reuniones a abogados de los demandantes que estaban investigando abriendo así las puertas para descubrir la existencia del resto de reuniones. Una se imagina que este abogado no es uno de los 1.626 miembros de JPMorgan Chase que recibieron en 2008 pluses de un millón de dólares (o más).
Pero esos tenaces abogados de los demandantes sospechan que los acusados les están burlando. El pasado junio indicaron al tribunal de primera instancia que se trata de una confabulación que sigue en funcionamiento y creen que se han llevado a cabo más reuniones durante este tiempo, ocultándose el contenido de esas reuniones en base a la confidencialidad entre abogado y cliente.
Todo esto sin embargo suena familiar. Hace exactamente una década que la SEC (Securities and Exchange Commission) acusó a JPMorgan (ahora JPMorgan Chase & Co.), Citigroup’s Salomon Smith Barney, Merrill Lynch (ahora parte de Bank of America) y otras 25 firmas de Wall Street de acordar precios en el Nasdaq. Reconociendo que esas firmas habían estafado miles de millones a los inversores, la SEC las dejó en paz a todas a cambio de 26 millones de dólares en multas (eso es aproximadamente un 25% de lo que Citygroup va a pagar este año a una petrolera a pesar de que todavía se le está resucitando con fondos públicos).
Como suele ser habitual, la SEC deja que las empresas prosigan su actividad sin negar o admitir su culpabilidad. Y también típico de la SEC, no investigó las raíces del fraude; dos profesores universitarios hurgaron en ello y publicaron un informe que luego sí obligó a la SEC a actuar.
Wall Street entiende perfectamente que la corrupción y la connivencia son de hecho fuentes importantes de beneficios dentro de sus firmas. Roba miles de millones, devuelve sólo algunos millones y jamás admitas o niegues la culpabilidad. Hay solamente una pega: debes mantener cerradas las puertas de los juzgados a potenciales delatores, a los clientes a los que has estafado, y a las narices de los abogados de demandantes que tiene la osadía de preguntar por las reuniones secretas que tienes con tus competidores.
Una de las estrategias más intrigantes que salió de las mentes de los conspiradores, según la continuación de la demanda que se presentó en Ross contra Bank of America el pasado junio en el Tribunal de Distrito, era un «manifiesto» que incluía tácticas del estilo de «interponer reconvenciones contra los abogados de demandas colectivas o interponer sus propias demandas por errores en los procedimientos».
Aunque al público en general pueda parecerle que nadie movió un dedo para devolver a su botella al genio del sistema de justicia privada antes de que se convirtiese en un monstruo, hay un cierto número de personas que han luchado obstinadamente contra ello durante la última década. Algunos nombres destacados que me vienen a la memoria son: el fiscal de San Francisco Cliff Palefsky; el fiscal Paul Bland con su grupo de abogados, el Public Justice; Jackson Williams y sus colegas que prepararon para Public Citizen el informe «The Costs of Arbitration» de abril de 2002; John O’Donnell y sus colegas de Public Citizen por escribir en septiembre de 2007 el informe «The Arbitration Trap;» el Senador Russ Feingold y los Congresistas Dennis Kucinich y Ed Markey, que trataron sesión tras sesión de impulsar leyes para restringir la inclusión de arbitraje obligado en los contratos de trabajo; Susan Antilla, columnista de Bloomberg News, quien expuso las tripas del arbitraje obligado en innumerables artículos durante la última década; y las valientes mujeres de Wall Street, que se levantaron en contra del arbitraje obligado para descubrir que el Tribunal Federal ubicado en el territorio de Wall Street del distrito sur de Nueva York no estaba por la labor de apretar las tuercas a sus compinches.
Hay dos magníficas noticias en la demanda del pasado 5 de junio interpuesta por los fiscales de Ross contra Bank of America. Primero, «la connivencia de los acusados para imponer y mantener cláusulas de arbitraje, que viola la ley Sherman, deja a dichas cláusulas vacías de contenido y sin efecto. En consecuencia, nunca se formaron acuerdos válidos ni vinculantes».
Segundo, «se requiere a los acusados que informen a todos los tribunales y foros de arbitraje que hicieron cumplir sus respectivas cláusulas de arbitraje durante el transcurso de la connivencia del carácter ilegal de su actuación al implementar dichas cláusulas». Imagínense a toda esa tropa de Wall Street vestida de Armani pidiendo una audiencia con los tribunales para, susurrando, comunicar al juez federal de turno que cuando le dijeron que el arbitraje era rápido y justo, en realidad querían decir que estaba amañando y era producto de su confabulación.
En su conferencia de prensa del «día de la ley» de 1998, Janet Reno mencionó a Abraham Lincoln. Citando unas notas que escribió para un posible discurso legal, Lincoln aconseja: «Desalienta los litigios. El ganador formal suele ser en realidad un perdedor, en honorarios, gastos y pérdida de tiempo».
Pero la cita completa de Lincoln dice en realidad lo siguiente: «Desalienta los litigios. Convence a tus vecinos de que acepten un compromiso siempre que puedan. Muéstrales como el ganador formal suele ser en realidad un perdedor – en honorarios, gastos y pérdida de tiempo. Ejerciendo como alguien que mantiene la paz el abogado tiene una mejor oportunidad de ser un buen hombre. Seguirá habiendo oportunidades de negocio de sobra».
Lincoln claramente estaba sugiriendo que los abogados no debían provocar litigios sin necesidad. Pero no sugería que una persona de a pie deba presentarse ante un tribunal de la inquisición para enfrentarse a un banco internacional que además se ha puesto de acuerdo con otros bancos internacionales para hacer de este tribunal su única opción.
Lo que la Fiscal General tampoco compartió con su audiencia fue que en esas mismas notas el Presidente Lincoln añadía: «…si según tu propio parecer no puedes ser un abogado honrado, trata de ser honrado sin ser abogado. Elige algún otro trabajo, en lugar de uno que, por el mero hecho de elegirlo, ya estarás dando muestras de ser un sinvergüenza».
Pam Martens trabajó en Wall Street durante 21 años; no tiene activos, ni a corto ni a largo plazo, de ninguna de las empresas mencionadas en este artículo. Escribe regularmente sobre cuestiones de interés público desde New Hampshire.
Traducción para www.sinpermiso.info: Xavier Fontcuberta Estrada