Cualquier valoración de las medidas económicas instrumentadas de urgencia este verano por parte del gobierno español necesita de una reflexión previa insoslayable que, a su vez, conduce inevitablemente a una conclusión: esta crisis ha sido y está siendo muy mal gestionada por un gobierno que, acostumbrado durante la anterior legislatura a vivir de las rentas […]
Cualquier valoración de las medidas económicas instrumentadas de urgencia este verano por parte del gobierno español necesita de una reflexión previa insoslayable que, a su vez, conduce inevitablemente a una conclusión: esta crisis ha sido y está siendo muy mal gestionada por un gobierno que, acostumbrado durante la anterior legislatura a vivir de las rentas de una época de alto crecimiento económico y estabilidad macroeconómica, no ha sabido hacer frente a la inversión del ciclo económico y ha pretendido ofrecer la imagen de que se trataba de un fenómeno meramente coyuntural y no de la quiebra de un modelo económico que, en sí mismo, era insostenible y que, más pronto que tarde, estaba llamado a agotarse.
Y afirmamos que la gestión de la crisis por parte del gobierno de Rodríguez Zapatero ha sido pésima por diversas razones.
En primer lugar, porque tardó un tiempo precioso en reconocer que, efectivamente, se estaba entrando en una fase de recesión económica. En este sentido, es difícil olvidar el patético comportamiento del presidente del gobierno y de su vicepresidente económico utilizando toda suerte de eufemismos para tratar de evitar hablar de «crisis» en sus comparecencias públicas cuando, a todas luces, la situación apuntaba en ese sentido como efectivamente posteriormente se ha comprobado y han debido reconocer.
En segundo lugar, tampoco puede olvidarse que los primeros síntomas de la crisis comenzaron a aparecer en un contexto electoral en el que se comprometieron determinadas acciones, como la reducción de 400 euros en el IRPF, que luego no sólo se han demostrado inefectivas para enfrentar a aquélla sino que también han restado márgenes de libertad financiera al gobierno para poder acometer otras medidas.
Y, en tercer lugar, también hay que destacar que la crisis nacional se ha producido en un contexto de crisis internacional que no puede negarse que, en alguna de sus manifestaciones a nivel interno, ha contribuido a agudizarla. Sin embargo, constituye un ejercicio de escapismo político irresponsable acusar a aquélla de una situación que tiene como principal determinante la apuesta decidida y consciente por un modelo de crecimiento basado en el sector de la construcción y la especulación inmobiliaria.
¿Y para esto interrumpió las vacaciones de los ministros?
Ante una coyuntura de esta naturaleza era urgente la aplicación de medidas contracíclicas por parte del gobierno que mitigaran, en lo posible, el rigor de la crisis que se avecinaba y que, además, promovieran cambios estructurales que facilitaran la transición hacia un modelo de crecimiento más equilibrado.
Sin embargo, la negativa a reconocer la crisis, la hipoteca impuesta por medidas comprometidas en la campaña electoral del partido en el gobierno y la insistencia en un análisis excesivamente voluntarista y poco realista de la situación han retardado inadmisiblemente la aplicación de dichas medidas.
Para hacer frente a las acusaciones de inacción, y en un nuevo ejercicio de efectismo político, como si la política necesitara más de fuegos artificiales que de una gestión eficiente, el presidente reunió al Consejo de Ministro en agosto para anunciar un paquete de 24 medidas anticrisis de lo más variopintas.
Dichas medidas estaban centradas en seis sectores fundamentales: la financiación de pequeñas y medianas empresas; el sector inmobiliario; el de transportes; el sector energético; las telecomunicaciones; y el sector servicios.
¿Qué puede apreciarse en las mismas? ¿Cuál es su común denominador?
En primer lugar, un reducido compromiso presupuestario directo en la resolución de la crisis. Mientras que en Estados Unidos comienzan a percibir los beneficios de las inyecciones fiscales instrumentadas para luchar contra la aguda recesión actual, nuestro gobierno entiende que, en gran medida, la mera modificación de normativas legales es suficiente para luchar contra una crisis de la magnitud de la española.
Es, como puede apreciarse, esa forma de hacer política tan querida a esta socialdemocracia descafeinada de Zapatero basada en los meros cambios normativos y no en la utilización de los resortes tradicionales de la política económica y, en especial, de la política fiscal. Vender humo con palabras altisonantes y gestos grandilocuentes. Poco más.
Y, en segundo lugar, son medidas que, en gran medida, se limitan a modificar el marco normativo que envuelve al mercado, asumiendo que éste se encuentra excesivamente encorsetado por regulaciones que lo alejan del ideal neoliberal de un mercado de competencia perfecta y, en consecuencia, promoviendo una progresiva liberalización en determinados sectores.
Es, por lo tanto, más de lo mismo de lo que viene pregonando Solbes desde hace tiempo: mercado, mercado y mercado. ¿Podía extrañarle a alguien a estas alturas? Pues eso.
Alberto Montero ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Puedes ver otros textos suyos en su blog La Otra Economía.