Al comenzar el siglo XX varios procesos tuvieron repercusión en América Latina: la Revolución Mexicana (1910), la Revolución Rusa (1917), el ascenso imperialista de los Estados Unidos, los avances del liberalismo y el radicalismo políticos, el desarrollo del movimiento de los trabajadores y de las primeras organizaciones de la izquierda anarquista, anacosindicalista y socialista. En ese contexto, el 9 de julio de 1925 los militares jóvenes del ejército ecuatoriano dieron un golpe de Estado con el doble propósito de terminar con el “dominio plutocrático” encabezado por los bancos privados y atender al “hombre proletario”. Esta Revolución Juliana fue la primera intervención institucional de las fuerzas armadas en la historia del país. Pero los militares no asumieron directamente el poder, aunque sostuvieron a la primera Junta Provisional (6 meses), a la segunda (3 meses) y luego al gobierno de Isidro Ayora (desde abril, 1926) hasta que la Asamblea Nacional lo nombró presidente (diciembre, 1928), viéndose forzado a renunciar en agosto de 1931.
El ciclo de los tres gobiernos julianos cumplió el proyecto civil-militar que inició el siglo XX-histórico del Ecuador, sentando las primeras bases para una economía de tipo social. Los bancos fueron fiscalizados, se implantó el impuesto a las rentas, se crearon el Banco Central, la Superintendencia de Bancos y la Contraloría con el apoyo de la Misión Kemmerer de los EE.UU., se buscó promover la industrialización y realizar la reforma agraria, y se ejecutó un programa social: fundación de la Caja de Pensiones pionera de la seguridad social, reforma del sistema educativo, creación del sistema nacional de salud y expedición de amplias leyes laborales. Esos avances fueron consagrados en la progresista Constitución de 1929. De este modo comenzó el largo proceso de superación del régimen oligárquico que se extendió hasta el desarrollismo de las décadas de 1960 y 1970.
Pero hay un punto que no suele destacarse: el julianismo inauguró el espectro político de las izquierdas ecuatorianas a tal punto que en 1926 se fundó el Partido Socialista y en 1931 el Partido Comunista, además de que entre los militares de la época hubo afinidad con las ideas socialistas y varios oficiales incluso militaron en los partidos de la naciente izquierda. De otra parte, el reformismo militar de los julianos tuvo continuidad con la dictadura del general Alberto Enríquez Gallo (1937-1938), pero no con la anticomunista Junta Militar (1963-1966) producto de la CIA en la época del despegue de la Guerra Fría, aunque esta dictadura promovió el desarrollismo ecuatoriano. La dictadura presidida por el general Guillermo Rodríguez Lara (1972-1976) recobró el reformismo y realizó una gestión nacionalista inédita en materia petrolera al mismo tiempo que desarrollista y cercana a las orientaciones del “socialismo” del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975) en Perú. En cambio, el Consejo Supremo militar (1976-1979) adquirió la misma fisonomía que la Junta de los sesenta, abandonando el “nacionalismo revolucionario” de Rodríguez Lara y ejerciendo un gobierno autoritario y represivo inspirado en la anti-izquierdista “doctrina de la seguridad nacional”. Sin embargo, en Ecuador no llegó a implantarse el terrorismo militar que impusieron las dictaduras del Cono Sur latinoamericano, juzgadas por la violación sistemática de los derechos humanos.
Desde 1979, cuando se inició la época constitucional-democrática de Ecuador, las fuerzas armadas no han vuelto a los golpes de Estado del pasado y han debido sujetarse a los vaivenes de la política nacional, que incluso provocaron sus deliberantes posiciones frente a la destitución de Abdalá Bucaram (1997), Jamil Mahuad (2000), Lucio Gutiérrez (2005) y las recientes (2025) a favor de Daniel Noboa en la disputa con su vicepresidenta (https://t.ly/EZrEz). Sin embargo, tres procesos históricos definieron el camino de las décadas finales del siglo XX: la globalización capitalista, la hegemonía unipolar de los EE.UU. y la implantación del neoliberalismo en América Latina. En Ecuador esos procesos se tradujeron en crecientes consignas de las élites empresariales para recuperar sus espacios de poder promoviendo el abandono del desarrollismo, el achicamiento de las capacidades del Estado, el impulso de una economía basada en los supuestos del mercado libre y la devaluación de los derechos sociales y laborales. Los gobiernos neoliberales sucedidos hasta inicios del siglo XXI afectaron los avances sociales e institucionales iniciados por la Revolución Juliana, llegando a tal punto que la dolarización (2000) representó el “fin” del Banco Central como emisor monetario.
Resultan paradójicos dos procesos contemporáneos: de una parte, el progresismo impulsado por el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) implicó dar continuidad a las bases institucionales y sociales inauguradas por los julianos hace un siglo, al mismo tiempo que se sentaron las condiciones para el desarrollo de una economía social del buen vivir contrapuesta a la neoliberal; y, de otra parte, los tres gobiernos sucedidos desde 2017 hasta el presente (Lenín Moreno 2017/2021; Guillermo Lasso 2021/2023; y Daniel Noboa 2023/2025) cargaron contra el “correísmo” para restaurar un poder empresarial-oligárquico bajo una economía abiertamente neoliberal, creando así una segunda “época plutocrática” comparable con aquella que la Revolución Juliana superó hace un siglo.
Los procesos del presente histórico van tomando otro giro por el retroceso de la hegemonía norteamericana y de la globalización capitalista ante el avance de un mundo multipolar en el cual las nuevas riendas están encabezadas por China, Rusia y los BRICS. América Latina está involucrada en este cambio de época y por eso se tiende sobre ella un nuevo monroísmo bajo el cual forman parte de la política exterior de los EE.UU. su inclinación favorable a los gobiernos de derecha y neoliberales, la desconfianza frente a los gobiernos de la izquierda progresista en la región y el estrechamiento de lazos “técnicos” con las fuerzas armadas latinoamericanas. En ese contexto se explican los acuerdos militares suscritos por Ecuador desde 2023 (https://t.ly/jaTMk), el inminente uso de las Galápagos para una base militar de los EE.UU. y su “colaboración” para el combate al narcotráfico, aunque, en estricto rigor, lo que más interesa es extender la geoestrategia para ganar la confrontación creciente con China. No ha importado la abierta violación a la Constitución de 2008 que dispone: Art. 5.- El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras. Sin embargo, ya está planteada una posible reforma constitucional contra este artículo. Bajo estos trasfondos, el peligro del uso político de las fuerzas armadas está latente, tanto por los alcances de los acuerdos ya suscritos, como por el interés gubernamental de convertirlas en el instrumento para la “guerra interna” contra el crimen organizado, el “terrorismo” y el narcotráfico. Los académicos que han estudiado estos temas han advertido sobre las implicaciones y experiencias latinoamericanas. De hecho, los primeros síntomas de esas previsiones han aparecido y alcanzaron un nivel de indignación nacional e internacional con la reciente desaparición y asesinato de cuatro niños en Guayaquil, en un horroroso acontecimiento que involucra a militares (https://t.ly/ViX7m ; https://t.ly/porBJ) y que desde esferas oficiales se trató de negar, justificar o encubrir (https://t.ly/G90gL).
Vale señalar, finalmente, que a partir del primer libro que publiqué sobre el tema (2002), mis estudios sobre el ciclo juliano resultaron pioneros en la historiografía contemporánea (https://t.ly/xz1SO ; https://t.ly/rmP42) y, además, motivaron la apertura de un espacio renovador para que otros investigadores desarrollaran sus propios temas, incluyendo la versión regionalista de aquellos intelectuales que, por defender a la plutocracia bancaria y a los empresarios locales de aquella época, han considerado a la Juliana como una revolución “ignominiosa” para Guayaquil. Pero al conmemorarse en 2025 el centenario de aquella Revolución, hay una nueva oportunidad para discutir y analizar estos y otros temas desde el campo de las ciencias sociales. Y no solo tiene interés para Ecuador, sino para América Latina, porque en aquellos años igualmente se produjeron movimientos militares y civiles de carácter popular (Chile y Brasil, por ejemplo) que antecedieron al progresismo de la región, que hoy libra una confrontación histórica contra el neoliberalismo y el libertarianismo.
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