Introducción: YASunidos es un colectivo de colectivos y personas organizados en defensa de los derechos humanos y la naturaleza, la protección y conservación del Yasuní es nuestra bandera de lucha. YASunidos quiere que el Ecuador esté preparado para enfrentar la crisis de la civilización petrolera y exige una solución efectiva, coherente y optimista. Buscamos contribuir […]
Introducción:
YASunidos es un colectivo de colectivos y personas organizados en defensa de los derechos humanos y la naturaleza, la protección y conservación del Yasuní es nuestra bandera de lucha.
YASunidos quiere que el Ecuador esté preparado para enfrentar la crisis de la civilización petrolera y exige una solución efectiva, coherente y optimista. Buscamos contribuir a un Ecuador primordialmente ecológico para alcanzar una sociedad intercultural, diversa, equitativa, participativa, democrática, comunitaria, sustentable y post extractiva.
Nuestra lucha ha sido conocida por la sociedad ecuatoriana e internacional debido a la preocupación creciente sobre los efectos devastadores de la explotación petrolera, y en general del extractivismo sobre la naturaleza y sobre las personas en los territorios donde estas actividades se desarrollan.
Actualmente, el Ecuador empieza un proceso electoral para elegir presidente y asambleístas a inicios del año 2017. Por esta razón, hemos decidido aportar al debate nacional los siguientes temas ambientales a través de siete puntos sobre los que creemos que los candidatos/as deben pronunciarse claramente, independientemente de su tendencia política. Con este ejercicio no pretendemos excluir otros temas, ni tampoco pretender que el tema ambiental se reduzca a nuestro documento. Lo que pretendemos es abrir el debate y expresar lo que para el Colectivo YASunidos son temas de principal importancia. (Para un debate ambiental más amplio se puede considerar la Agenda Nacional Ambiental 2015 elaborada por la Asamblea Nacional Ambiental http://anaecuador.blogspot.com/p/blog-page.html)
El extractivismo de recursos naturales no renovables, petróleo y minería, así como de la madera; la agrícola industrial, que está acompañada del uso intensivo de agrotóxicos; la urbanización salvaje, que destruye bosques, arrasa con manglares (provocando la pérdida de biodiversidad); la sobreexplotación y contaminación de los oceános; son parte de los problemas ambientales más graves que vivimos a nivel nacional, sin olvidar los inminentes problemas que trae, a nivel mundial, el cambio climático.
Los problemas de movilidad en las urbes, acompañados de la contaminación del aire y la reducción y contaminación del caudal hídrico y la falta de tratamiento para los desechos sólidos y basura en general constituyen graves problemas en las ciudades.
Frente a estos problemas que aquejan al país, proponemos el desarrollo de un «modelo económico alternativo» que promueva el consumo equilibrado y responsable de productos, bienes y recursos, que impulse y facilite la producción agroecológica, la transición al uso de energías alternativas de bajo impacto y a escala humana, acompañada de una verdadera reparación y restauración integral de las zonas afectadas hasta ahora por el extractivismo.
Los siete puntos que proponemos ayudarán a que los ciudadanos podamos elegir informadamente a los y las candidatos de acuerdo a su posición en estos temas ambientales, y como los pretenden abordar en sus planes de gobierno ya que preocupan a una gran parte la sociedad ecuatoriana.
Aportamos con este documento para que los/as electores puedan saber qué opinan sus candidatos, y así podamos tomar la mejor decisión que aporte a la defensa de la naturaleza y de las personas que habitan en los territorios biodiversos del país.
A continuación explicamos brevemente cada uno de los siete puntos propuestos,
1. Un acuerdo para iniciar la transición a un Ecuador post petrolero y no minero, empezando por el Yasuní
Desde el inicio de la revolución industrial y la masificación del uso del petróleo como fuente primaria de energía, éste se convirtió en una de las bases fundamentales del desarrollo del capitalismo. No es casual que en la actualidad la venta de armas; el tráfico de drogas; y la industria petrolera, sean tres de los «negocios» con la mayor generación de utilidades en el planeta.
Es lamentable ver cómo en tiempos en donde se dice que hemos alcanzado el mayor desarrollo de la humanidad, existan pueblos enteros que sufren violencia, hambrunas, destierro, en definitiva guerras provocadas principalmente por el control de los recursos hidrocarburíferos.
El ansia de control de los recursos mineros y petroleros, se extiende hacia lugares que hace tres o cuatro décadas eran impensables, se amenazan los bosques y selvas tropicales, el lecho marino, los glaciares, las nieves infinitas de los polos, todo con el afán de conseguir cada vez más petróleo, cada vez más dinero, cada vez mayor concentración de riqueza en pocas manos y como consecuencia, cada vez mayor destrucción ambiental y social para el resto de la población y el planeta.
En este contexto, el proceso de construcción de la Constitución política vigente fue un hecho inédito en el país. La movilización social, la presentación de críticas, alternativas, propuestas e incluso dudas, para la redacción del documento, dan cuenta del punto de madurez política en la que se encontraba la sociedad ecuatoriana hace aproximadamente 8 años. El texto conseguido (con un altísimo grado de participación), en su gran mayoría, refleja el espíritu progresista y la voluntad del pueblo ecuatoriano.
«Decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay;» (Preámbulo de la Constitución Política del Ecuador).
Así lo demuestra el capítulo séptimo de la Constitución, dedicado íntegramente a los derechos de la naturaleza.
En definitiva, fuimos el primer país en el mundo en reconocer a la naturaleza como un sujeto de derechos, y en esa misma perspectiva, el primer país del planeta en proponer la revolucionaria idea de dejar el petróleo en el subsuelo.
Aún tres años después de su eliminación (como una opción de apoyo económico que no se consiguió debido al incoherente manejo político), el mundo entero continúa reconociendo la pertinencia y validez de esta propuesta. La Iniciativa Yasuní-ITT ha sido la única alternativa clara y definitiva para la lucha en contra de la mayor amenaza para la permanencia de la especie humana en el planeta. El cambio climático está aquí y viene por nosotros, no podemos hacer caso omiso de su presencia, el mismo Panel Intergubernamental para el Cambio Climático IPCC (por sus siglas en inglés), organismo científico encargado del estudio y seguimiento de este fenómeno, ha dictaminado que de no dejar en el subsuelo al menos el 50% de la reservas conocidas de petróleo y el 80% de las reservas conocidas de carbón del planeta, el clima mundial avanza hacia una catástrofe sin retorno.
Por otro lado, Ecuador era hasta hace un par de años, el único país andino libre de minería a gran escala. En la actualidad, sin embargo, las cifras hablan por sí solas, de acuerdo a datos de la Agencia de Regulación y Control Minera, ARCOM, 15 de las 24 provincias del país están afectadas por los «bloque mineros»; 432.251 ha. se han concesionado y están en trámite de concesión otras 1’378.069 ha., lo que daría un total de 1’810.320 ha., que en el futuro cercano se dedicarán a la actividad minera.
Ya que no hay ningún ejemplo real en toda América de los tan promocionados beneficios de esta actividad, por el contrario la lista de afectaciones (en toda escala), es innumerable, es una necesidad impostergable que el país recupere su condición anterior, aprovechando incluso el momento para normar de manera efectiva la pequeña minería, minería artesanal y de subsistencia, tal como lo dictaminó el Mandato Minero (18 de abril 2008).
El primer paso ya ha sido dado en 2008 con la expedición del Mandato Constituyente No.6 o mejor conocido como «Mandato Minero», mandato que por cierto, fue dejado ilegalmente en el olvido. Urge entonces garantizar el respeto a los derechos de los pueblos y de la naturaleza y poner en práctica la eliminación sin compensación económica de las concesiones mineras en fuentes de agua, áreas protegidas, zonas de amortiguamiento y demás condiciones no cumplidas a la fecha de expedición de este mandato. Este se puede descargar en el siguiente link: http://bit.ly/2cEsgF8)
Insistimos, no nos cansaremos de decirlo, no existe en el planeta tierra, ni un solo país que haya alcanzado un desarrollo del nivel de vida de su población, ni mucho menos convertirse en una potencia económica (como se nos ha pretendido convencer) gracias a la explotación de sus recursos naturales, el Ecuador no será la excepción.
2. Promover consultas populares, respetando sus resultados y resolver la consulta popular por el Yasuní.
El Ecuador es un estado de justicia y de derechos, esto significa que el objetivo principal de nuestro país es el efectivo goce y ejercicio de los derechos de sus ciudadanos (Art. 1 Constitución de la República del Ecuador (CRE)). Por esta razón, uno de los deberes primordiales del Estado es: «garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales…» (Art. 3 CRE).
El Ecuador reconoce como titulares de derechos a las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades, colectivos y a la naturaleza (Art. 10 CRE). Existen por lo tanto derechos de las personas, derechos colectivos y derechos de la naturaleza.
Todas las personas tienen el derecho a un ambiente sano y se les debe garantizar el derecho al agua (Art. 12 y 14 CRE). Las comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos tienen como derechos colectivos, entre otros, el derecho a conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias; el derecho a mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales; a participar en el uso usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que hay en sus tierras; el derecho a la consulta previa sobre la prospección, explotación y comercialización de los recursos naturales no renovables que se encuentren en sus tierras; tienen derecho a conservar y promover sus prácticas de manejo de conservación de la biodiversidad; tienen el derecho a no ser desplazados de sus tierras ancestrales. Adicionalmente, los pueblos indígenas en aislamiento voluntario tienen derecho a que sus territorios no se practique ningún tipo de actividad extractiva (Art. 57 CRE).
El territorio es uno de los bienes jurídicos más importantes de los derechos colectivos, razón por la cual los derechos colectivos se ocupan ampliamente de su protección. El territorio tiene esta importancia porque es un elemento esencial dentro de la cosmovisión de los pueblos, comunidades y nacionalidades del Ecuador. La consulta previa, libre e informada, es un derecho colectivo que pretende ser una herramienta de protección al territorio y de manera más general a la cosmovisión de las comunidades y nacionalidades que existen en el país. Hasta el momento, la consulta previa sirve para aparentar una supuesta socilización de los proyectos a las personas, pueblos y comunidades que viven en los territorios que serán afectados, no para generar una decisión democrática sobre la realización o no del proyecto.
La naturaleza por su parte tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos (Art. 71 CRE).
De la misma manera los convenios internacionales que el Ecuador es parte, como el Convenio No. 169 de la OIT, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención Interamericana de Derechos Humanos, Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros, reconocen uno o más de los derechos enunciados hasta el momento, por ejemplo, el derecho a participar en las decisiones que los afectan, a la participación política, el derecho de las personas a ser consultadas, el derecho de los pueblos y nacionalidades a ser consultadas previa la explotación de los recursos naturales que albergan sus territorios, entre otros.
El colectivo YASunidos, considera que es urgente profundizar la democracia en el Ecuador y trabajar como Estado en la protección de los derechos reconocidos en la Constitución e Instrumentos Internacionales, por eso es necesario que se multipliquen las consultas populares en el país, que se respete la decisión de la gente sobre la explotación o no de sus recursos, sobre las condiciones de su explotación y el uso de los recursos obtenidos de una explotación. No podemos seguir viviendo en un Estado cuyo gobierno le tenga miedo a los pronunciamientos populares, a las decisiones de sus mandantes. La consulta popular es un mecanismo eficiente para culminar en un proceso de consulta previa y tiene como consecuencia el respeto a la decisión de los principales afectados.
Ante la experiencia vivida en el autoritarismo debemos gritar democracia y participación ciudadana, debemos volcarnos al respeto de nuestra diversidad. Debemos saciarnos de transparencia, por esto exigimos una investigación transparente sobre el proceso de consulta popular impulsado por nuestro colectivo y que contaba con el apoyo de más de 750.000 ciudadanos que dieron su nombre y firma para que se consulte a la gente sobre la explotación del Yasuní y que se hagan públicos sus resultados.
El Ecuador debe tener una democracia participativa, pluralista, transparente y comunitaria. Una de las mejores herramientas para lograr estos objetivos es promover el uso de las consultas populares para democratizar la toma de decisiones en el territorio.
3. Parar la criminalización hacia activistas, dirigentes campesinos e indígenas y defensores de derechos y dar amnistía para los judicializados.
Considerando que uno de los principales deberes del Estado es garantizar el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales, no podemos permitir que en el Ecuador quienes defienden los derechos y los promuevan, sean perseguidos por parte de los gobiernos.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció que «las defensoras y defensores de derechos humanos son personas que promueven o procuran de cualquier forma la realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos a nivel nacional o internacional.» (CIDH. Informe Criminalización de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. 2015. Pág. 20. El cual se puede descargar en el siguiente link:
http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf
Según Naciones Unidas, los defensores de derechos humanos «se esfuerzan en conseguir una transformación democrática que suponga una mayor participación de la población en la adopción de las decisiones que conforman sus vidas y una mejor gestión de los asuntos públicos. También contribuyen a mejorar las condiciones sociales, políticas y económicas, a reducir las tensiones sociales y políticas, a consolidar la paz a nivel nacional e internacional y a promover la toma de conciencia con respecto a los derechos humanos en el plano nacional e internacional.» (ONU, Los Defensores de los Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender los Derechos Humanos, Folleto Informativo No. 29, pág. 7. El cual se puede descargar en el siguiente link:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29sp.pdf
El gobierno ecuatoriano debe comprometerse a garantizar el trabajo de los defensores de derechos y de abstenerse de dificultarlo. El gobierno debe comprometerse a no perseguir a defensores de derechos, defensores de la tierra, tan solo por defender causas que no sean del agrado o de la simpatía del gobierno de turno.
Todos los defensores procesados por acciones relacionadas a la defensa de sus derechos deben ser indultados o amnistiados, según el caso. La Asamblea Nacional y el Gobierno de turno deben comprometerse a eliminar o reformar los tipos legales utilizados por el presente gobierno para perseguir y criminalizar a los defensores de derechos humanos.
Es necesario que un nuevo gobierno repare el daño causado a los defensores de derechos por parte del Estado. Se debe garantizar que la honra y buen nombre de los perseguidos sea reparada luego de las campañas de desprestigio pagadas con recursos públicos.
4. Detener el avance de las actividades petroleras en el Yasuní y el resto del territorio de Pueblos Indígenas Aislados para evitar su genocidio.
Es necesario entender cuál ha sido la ocupación y cómo ha sido la movilidad de los pueblos de origen Waorani en los territorios que dominaban entre los ríos Napo y Curaray, para poder entender que las actividades de nuestra sociedad, han venido invadiendo y presionando a estos pueblos hacia su exterminio. Son varias las consideraciones que debemos tener:
– Los pueblos indígenas en situación de aislamiento, de origen Waorani, denominados comúnmente como Tagaeri y Taromenani nunca fueron conquistados, libran una resistencia desde siempre, pero su territorio se ha visto recortado por el avance de nuestra sociedad. – El territorio entre los dos ríos mencionados, no tiene mayores límites naturales, por lo tanto se presta para la libre movilidad de estos pueblos. De esta manera, estos pueblos consideran como propio toda esta extensión de territorio, y lo defienden como tal, de la invasión de otros pueblos. – Los Tagaeri y Taromenani, son principalmente cazadores y recolectores, practicando una agricultura muy incipiente, que sirve de manera primordial para complementar la dieta. Existe evidencia científica de que no solo la ocupación física del territorio, construcción de carreteras y desbroce de bosque, ocasionan fuertes impactos en las poblaciones animales (de las cuales estos cazadores dependen), sino que también lo hacen los ruidos estruendosos de las actividades diarias de nuestra sociedad (maquinaria pesada, avionetas, helicópteros, motosierras, motores fuera de borda, generadores de electricidad, bombas, armas de fuego, entre otras). – Los ciclos de movilidad de estos pueblos, tienen dos formas, unos ciclos cortos, ligados a la estacionalidad y la fructificación de varias plantas de interés para la recolección, y otra movilidad de ciclo largo, ligada a la disminución de los recursos naturales en los lugares colindantes al lugar de asentamiento. Este segundo tipo de movilidad se da después de varios meses de asentamiento en un punto y va siguiendo los lugares de asentamiento de los ancestros y de las mujeres del grupo. Por esta razón es muy difícil definir la territorialidad de cada clan, ya que las mujeres pueden cambiar de grupo, ya sea por intercambios matrimoniales o por ser asimiladas a un nuevo grupo, después de una pelea entre dos clanes. Se calcula que un ciclo largo de movilidad, se cierra después de 30-40 años, por lo que ningún estudio de movilidad-territorialidad, hecho en pocos meses o años, podría acercarse a definir un territorio. Con base en estas consideraciones, exigimos implementar las siguientes acciones:
– -Reconocer un solo territorio global Waorani-Tagaeri-Taromenani, definiendo únicamente los límites con el pueblo ancestral Kichwa del Napo y generando zonas de amortiguamiento con otras poblaciones de posterior asentamiento. – Implementar una moratoria de nuevas adjudicaciones petroleras en toda la región del Yasuní, limitar el avance en las actividades de territorios ya concesionados y generar un plan de retirada paulatina de las actividades extractivas. Dicho plan debe incluir acciones para la transición de las poblaciones Waorani, dependientes de la economía petrolera, a otras actividades que las sustenten. – Implementar un plan de Sumak Kawsay con las poblaciones vecinas (Campesinas, Colonas, Kichwas, Shuar y Waorani) de los indígenas aislados, la misma que debe incluir la sensibilización de estas poblaciones hacia la vulnerabilidad de estos indígenas y su capacitación para evitar el desarrollo de actividades que impliquen riesgo para ambas poblaciones. – -Implementar campañas de sensibilización local y nacional sobre la existencia y los derechos humanos de estos pueblos en situación de aislamiento en contacto inicial y las condiciones de protección en el largo plazo, incluyendo a los miembros de estos pueblos que en el futuro, libre y voluntariamente decidan tener contacto. – -Reformar el orden jurídico, para que sea posible establecer sanciones reales a quienes pongan en riesgo a los indígenas aislados, en el espíritu de lo establecido en el artículo 57 de la Constitución. – -Se debe auditar y fiscalizar todo tipo de actividades que se han desarrollado en los últimos años y prosiguen en la actualidad, en el territorio de los indígenas aislados, sobre todo de los actores que ya estuvieron involucrados en acciones que pusieron en gran riesgo la supervivencia de estos pueblos, las cuales ameritan acciones de reparación y no repetición. – -Crear una «Comisión de la Verdad» que investigue las violaciones de derechos humanos de las que han sido víctimas estos pueblos, e iniciar acciones legales contra los actores involucrados en las mismas. – Es necesaria la protección de los territorios colindantes, hacia el sur del Yasuní, ya que existen indicios de que las presiones dadas en el norte por la actividad petrolera, han causado la salida de algunos clanes de estos pueblos hacia esos territorios. – -Finalmente, es necesaria una reestructuración del Plan de Medidas Cautelares, dotándolo de mecanismos para la participación de la sociedad civil organizada, evitando así que se convierta en un instrumento que sirva para validar las pretensiones extractivistas de los gobiernos de turno.
5. Firma de un pacto por la paz con la naturaleza y eliminación de toda forma de crueldad animal.
La consagración de la naturaleza como sujeto de derechos nos faculta y obliga a generar mecanismos claros de protección a los ecosistemas y seres que la constituyen, adecuando las medidas a las necesidades de las especies y sus habitats, con miras a promover una relación respetuosa entre los seres humanos y su entorno, garantizando el Sumak Kawsay, sensible y justo con los animales.
Si pretendemos inculcar en las nuevas generaciones el respeto por el aire o el agua como forma de garantizar la supervivencia en el planeta, no podemos sino asumir el debate sobre los Derechos de los Animales, seres con los que compartimos el planeta, la capacidad de sentir, sufrir y disfrutar.
Las leyes y códigos nacionales por tanto, deben integrar en sus normativas los aspectos inherentes a su relación con los otros seres vivos y naturaleza. En este sentido, Ecuador goza de un gran prestigio internacional por haber otorgado, en el año 2008 y de forma vanguardista, los derechos de la naturaleza y el fomento del «Buen Vivir». Y como todo prestigio que pretende ser mantenido está estrechamente ligado a las responsabilidades.
En ese sentido creemos que el Estado debe poner un alto a toda política pública que empeora el problema, a través de políticas que normalizan y legalizan la crueldad animal.
La legislación nacional, por tanto, debe integrar en sus códigos y normativas los aspectos inherentes a la relación con los miembros de las otras especies con las que comparten la tierra.Y como todo prestigio que pretende ser mantenido está estrechamente ligado a las responsabilidades.
Creemos de suma importancia que un país como Ecuador, pionero en la materia y con una Constitución que reconoce los Derechos de la Naturaleza , disponga del mejor estatuto de protección animal del continente, a través de la elaboración y aprobación de leyes de protección animal y de proteccion de sus ecosistemas. Si pretendemos una sociedad libre de violencia, contaminación, injusticia y odio destinada al presente y el futuro de nuestra generación, no podemos sino asumir que debemos empezar por la eliminación de la crueldad en todas sus manifestaciones ya que somos seres vivos que compartimos un mismo planeta, capacidad de sentir, sufrir, amar y disfrutar.
En el plano ambiental, los índices de dióxido de carbono que produce la actividad ganadera es uno de los responsables del calentamiento global. Según un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el sector ganadero genera más gases de efecto invernadero -el 18 %, medidos en su equivalente en dióxido de carbono (CO2)- que el sector del transporte. También es una de las principales causas de la degradación del suelo y de los recursos hídricos. «El ganado es uno de los principales responsables de los graves problemas medioambientales de hoy en día. Se requiere una acción urgente para hacer frente a esta situación», asegura Henning Steinfeld, Jefe de la Subdirección de Información Ganadera y de Análisis y Política del Sector de la FAO, y uno de los autores del estudio.
Cada año, más de 27.000 millones de animales son sacrificados para alimento. Los animales en granjas industriales son tratados como máquinas para producir carne, leche y huevos. Los cerdos, pavos y pollos de estas granjas viven sus cortas vidas en oscuros y abarrotados galpones sin ventanas. Es frecuente que muchos de ellos se encuentren tan apretados que no puedan voltearse ni extender una sola de sus alas. Estas formas de crueldad animal tambien deben ser controladas y sancionadas por el Estado y sus instituciones.
6. Garantizar una producción de alimentos sana, sin transgénicos y cada vez menos dependiente del petróleo para la población ecuatoriana».
El sistema alimentario agroindustrial es responsable directo de más del 50% de las emisiones totales de carbono que contribuyen a la actual crisis climática (Grain y Vía Campesina, 2015). Muchas de estas emisiones provienen del intensivo uso de derivados de petróleo que se utilizan para poder mantener los ciclos agrícolas de este tipo; uso que va desde la siembra y transporte, hasta la comercialización y los desechos. El documento de soporte se puede descargar en el siguiente link: https://www.grain.org/article/entries/5161-como-contribuye-el-sistema-alimentario-agroindustrial-a-la-crisis-climatica))
Desde la llamada «revolución verde», se impuso un modelo de acumulación y despojo que provocó un cambio en las realidades rurales, colocándolas en situación de precariedad. Como consecuencia de ello, hubo un desplazamiento de las comunidades de sus territorios y una forzosa migración hacia los anillos de pobreza de las áreas urbanas.
Este modelo pretendió justificarse como la «receta» para eliminar el hambre en el mundo, pero al contrario de sus promesas no sólo persiste el problema y sino que se ha profundizado la inequidad.
El modelo agroindustrial hegemónico es aquel relacionado con el uso de fertilizantes y agrotóxicos, maquinaria pesada, plástico de los invernaderos y otras tecnologías agrícolas dependientes del petróleo. Esto pone en riesgo la vida y la salud de todos y todas. A esto debemos sumarle la destrucción de bosques y otros ecosistemas para producir forrajes para animales o extender la frontera agroindustrial; así como el exceso de empaques, procesados, refrigeración y el combustible del transporte de los alimentos a grandes distancias.
Tecnologías como la transgénica, embanderan la profundización del modelo. De elevado peligro para la salud ambiental y humana, así como de dependencia absoluta a plaguicidas como el glifosato, los transgénicos vienen subordinando los campos de la región sur del continente a la producción de materias primas relacionadas con agro combustibles y alimentos para animales. La amenaza de su ingreso sigue latente para nuestro país, aun cuando fue declarado constitucionalmente a Ecuador libre de cultivos y semillas transgénicas.
El cambio empieza por reconocer el modelo de la agricultura campesina como una ruta viable hacia la alimentación sana. En Ecuador casi el 56% de los agricultores son pequeños y tienen menos del 3% de la tierra, pero producen: más de la mitad de las hortalizas; 46% del maíz; más de un tercio de los cereales; más de un tercio de las legumbres; 30% de las papas y, 8% del arroz (Censo Agrario-INEC, 2000). Son los campesinos e indígenas quienes siguen alimentando a las ciudades. Lo que se requiere es un cambio en condiciones en la producción y consumo.
Lo primero es garantizar el manejo comunitario del agua, tierra y semilla campesina: una verdadera reforma agraria. Promover modelos agroecológicos y de chacra con cultivos asociados y heterogéneos. Este esfuerzo también es un trabajo para la ciudad, donde es necesario promover mercados locales en control de los productores garantizando circuitos cortos en la distribución de los alimentos.
Debemos alejarnos de prácticas que destruyen la fertilidad de la tierra y acercarnos a aquellas alineadas con la Soberanía Alimentaria.
7. Reducir las actividades que generen cambio climático y proteger los bosques
El cambio climático es el peligro compartido y el problema geopolítico más grande de la humanidad en la actualidad.
Éste es el resultado de una era industrial cuyos patrones de reproducción se encuentran estrechamente anclados a la explotación y sobre explotación de los así llamados «recursos naturales», agua, minerales y combustibles fósiles los cuales se encuentran en los bosques del planeta, especialmente del sur global, hogar de millones de personas. Los bosques de América Latina representan alrededor del 22% del total de los bosques existentes y albergan un 75% de la diversidad biológica planetaria.
La mayor parte de ello se encuentran en el sur de América Latina en la Cuenca Amazónica. Dichos bosques son fundamentales para hacer frente al cambio climático cuyo aumento de temperature conduce a consecuencias muy graves para toda la humanidad, desregulando los fenómenos climáticos y sus patrones históricos de comportamiento provocando sequias, inundaciones, aumento de fenómenos climáticos, deshielos, aumento del nivel del mar, entre otros de manera simultánea y de manera diferente en todo el planeta.
La única forma de frenar el cambio climático es comprender que su principal causa es la emisión de gases de efecto invernadero y estos provienen principalmente de la quema de combustibles fósiles. Por tanto, mantener estos combustibles (gas, carbón, petróleo), bajo tierra, es la mejor estrategia de mitigación del cambio climático. Adicionalmente, y especialmente los países más biodiversos debemos conservar e incrementar las superficies boscosas, pues los bosques cumplen dos funciones importantes:
Metabolizan los gases que produce la industria. Los bosques secuestran el CO2 producto de la industria global. Los bosques remanentes secuestran alrededor del 20% de los gases efecto invernadero. Es decir que la deforestación implica que dichos gases sean liberados a la atmosfera. Adicionalmente, los bosques tropicales que son representan solo el 3% de la superficie de la Tierra, albergan el 50% de las especies del planeta. En la actualidad el Ecuador es el país amazónico con mayor tasa de deforestación de América del sur. Presenciamos un momento en el que el patrón histórico del Ecuador como proveedor de materias primas se reafirma en el escenario internacional a través de la ampliación de todas las fronteras extractivas que implican un ciclo de devastación generalizada de dichos bosques en la vertiente amazónica del país así como en páramos, bosques andinos, bosques de costa y manglares. El Ecuador debe reducir a 0 la tasa de deforestación en su territorio.
El problema de la deforestación se debe entre otras causas al tráfico ilegal de madera, a la expansión de la agroindustria y de las plantaciones forestales, a los proyectos extractivos como la minería a gran escala y a la extracción hidrocarburífera, dichos proyectos a su vez vienen acompañados de la construcción de infraestructura: hidroeléctricas, carreteras, puertos aéreos y marítimos, etc. Todo ello genera grandes áreas de deforestación y empeoran el cambio climático.
Lo anterior sucede pese a la existencia de los Derechos de la Naturaleza estipulados en la Constitución del 2008, y pese a reconocer el carácter plurinacional del estado y los derechos a los pueblos indígenas habitantes de estas zonas, amenazados al sacrificar estos bosques.
La extracción y destrucción de bosques en el Ecuador se justifica desde una perspectiva económica. Se habla de combatir la pobreza, sin embrago, las condiciones en las cuales se establece la ampliación de las fronteras extractivas con concesiones desventajosas para el país y la «soberanía nacional» como la política de entrega de reservas mineras y petroleras al gobierno chino como prenda para obtener préstamos, ello combinado con los bajos precios del petróleo, que vuelven urgente la necesidad de cuestionar los intereses reales en dichos proyectos, su viabilidad económica y su real beneficio a largo plazo para el país.
El Ecuador, al ser un país megadiverso, sus ecosistemas y poblaciones están muy amenazadas por el cambio climático. Por ende, se tienen que preveer proyectos de adaptación para las poblaciones más amenazadas. No obstante, siendo Ecuador pionero en soluciones reales para combatir este fenómeno, como fue la propuesta de la Iniciativa Yasuní-ITT, el país debe liderar un proceso mundial de transitar hacia sociedades post petroleras, incentivando y aprovechando de manera sostenible y responsable el potencial energético renovable de nuestro país y eliminando paulatinamente el consumo de energías fósiles de nuestra sociedad.
La consulta popular impulsada durante el 2013- 2014 por el colectivo YASunidos fue un intento por ampliar la posibilidad de diálogo y debate en torno a los bosques y los derechos humanos. Un debate que incluya a la sociedad ecuatoriana.
Unas elecciones presidenciales simbolizan un momento de transición y un nuevo pacto social nacional en el cual los ciudadanos somos actores activos que empoderados del devenir de nuestros bosques y nuestra naturaleza. El ecologismo ecuatoriano ha contribuido al mundo con propuestas claras para hacer frente al cambio climático como la Iniciativa Yasuní y la moratoria petrolera y minera. Es momento que los candidatos y futuros líderes retomen las propuestas de la sociedad civil y continuén este importante camino hacia una sociedad post extractivista.
¡Yasuní, por ti seguimos aquí!