Nuestro entrevistado se refiere a la situación actual del campesinado ecuatoriano; advierte sobre los problemas que conlleva la reforma normativa neoliberal puesta en marcha por el gobierno de Ecuador. Sin embargo, señala que a pesar de la situación crítica, en determinados territorios campesinos emerge la propuesta de la agroecología, como camino social alternativo frente al extractivismo. Les invitamos a leer esta entrevista, una colaboración entre OCARU y Rebelión.
Esteban Daza es sociólogo, master en Filosofía y Pensamiento Social, cursa su doctorado en Estudios sobre Desarrollo en la Universidad del País Vasco. Es miembro del Grupo de Trabajo Estudios Críticos del Desarrollo Rural de CLACSO; participa del Colectivo de Investigación Participativa en Agroecología de Latinoamérica y el Caribe IPA-LAC. Sus líneas de investigación y publicación incluyen los siguientes temas: Cuestión Agraria y Agroalimentaria, Políticas Públicas y Soberanía Alimentaria, Agroecología Política, Movimiento Campesino, Subjetividades, Historia del Pensamiento Agrario.
¿Cuál es la situación de las agriculturas campesinas en el Ecuador en la actualidad?
Me atrevería a decir que es un momento histórico particularmente difícil para el campesinado: en los últimos 30 años las prácticas y los ritmos con los que organizan su subsistencia han cambiado, las condiciones que enfrentan para su reproducción cada vez son más violentas, sin embargo, esto no quiere decir que no lo estén logrando.
Sin el afán de desconocer sus múltiples problemáticas o reducirlas arbitrariamente, me parece que podríamos anotar al menos tres dificultades que reflejan la situación de campesinos y campesinas en el sistema agroalimentario nacional: primero, están viviendo una segunda desregulación agraria neoliberal que no solo ha desplazado al Estado de ciertas políticas regulatorias que intentaron, por un muy corto tiempo, brindar mejores condiciones para la negociación entre las agriculturas campesinas y el mercado. Esta fase del capitalismo en el agro se caracteriza porque ya no busca la inclusión de la agricultura de menor escala al sistema agroalimentario neoliberal, volviéndola viable y subordinada al régimen del agronegocio, sino que ahora su propósito es convertir a este tipo de agricultura y a su población en territorios sacrificables y sin derechos. Las agriculturas familiares no solo deben enfrentarse a la expansión de la lógica del agronegocio sino también a las distintas variantes extractivas, como la minería a gran escala. Diría que el campesinado vive un repliegue.
El segundo problema está relacionado con la cuestión de la tierra, que emerge nuevamente como centralidad de los procesos de organización social en el campo, la tierra aparece como eje central de las agendas de lucha. La particularidad de esta emergencia es que en los reclamos campesinos no está exclusivamente la consigna de la redistribución –ahora pasó a segundo plano, sino que la fuerza y centralidad está en la defensa de la poca tierra que tienen, aquella a la que accedieron de múltiples formas en los últimos 60 años, y la que les ha permitido consolidar territorios de pequeñas agriculturas campesinas donde han generado prácticas productivas y reproductivas. Las luchas campesinas son por la tierra y los territorios ante un capitalismo violento que les arrebata lo poco que tienen. Actualmente uno de los casos más sonados de robo de tierras ha sido el de un ex asambleísta (congresista) que a través de los aparatos de justicia expropio tierras a las familias campesinas. Una modalidad de robo sistemático de tierras que utiliza la vía legal para expropiar y amedrentar los reclamos y la resistencia[1].
Y tercero, el hambre. Los informes de los últimos cinco años de la Organización de las Nacionales Unidas para la Alimentación y Agricultura sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición mencionan que, en países del Sur Global, como es el caso ecuatoriano, están los mayores porcentajes de desnutrición, malnutrición, prevalencia alimentaria moderada y grave, y que sus impactos los padecen en mayor proporción las poblaciones que viven en la ruralidad, muchas de estas dedicadas a las actividades agrícolas. Podríamos decir que los sectores campesinos viven una suerte de catástrofe agroalimentaria, no solo porque tienen problemas en el acceso a la comida o porque acceden a alimentos de bajos índices nutritivos, sino porque están perdiendo la autonomía en el uso del suelo, y en los casos más extremos son despojados de sus medios de vida con los que producen su autoalimentación. Y si a esto le sumamos la crisis climática que afecta directamente a su actividad productiva, el panorama es aún más complicado.
Hay otra serie de problemas que los aquejan, como la deuda, la falta de agua, y las violencias en sus territorios. Pero me gustaría mencionar que a pesar de estas condiciones y el repliegue que vemos del campesinado, emergen también posiciones que configuran una suerte de posibilidad de transformación, aquí vemos como construyen plataformas temáticas y coyunturales en el marco de la defensa de sus derechos como un mecanismo para resistir. Pero también podemos constatar cómo la agroecología se convierte para muchos de ellos y ellas en una opción a largo plazo, que les permitiría transitar de la resistencia hacia transformaciones más profundas.
Ante estos problemas, ¿qué nos puedes decir del rol de las políticas públicas agrarias? ¿Qué efecto tienen en este contexto?
Justamente lo que hacen las políticas públicas agrarias es formar parte de la que consideramos como segunda desregulación agraria neoliberal en el Ecuador. Esto no solo con la implementación de políticas exclusivas para impulsar el agronegocio y la exclusión campesina de las cadenas de producción, sino que hay otro conjunto de políticas públicas no solo agrarias, sino ambientales, productivas o de comercio que terminan afectando al campesinado, a las y los agricultores familiares, como son los tratados de libre comercio, o la permisividad ambiental para la expansión de la gran minería, incluso aquellas políticas como la captura de carbono.
Vemos también con preocupación el panorama político actual y el que se vendrá después de las próximas elecciones de autoridades nacionales. Es evidente que el ministerio de Agricultura está tomado por los actores corporativos para quienes el agro nacional solo es el banano y ahora parece que la pitahaya, quedando en segundo plano otros rubros de la exportación y la agroindustria como el cacao, la misma palma africana o el maíz, y, totalmente desplazada vemos a la producción local de alimentos que en su mayoría está en manos campesinas. Y en el caso del parlamento nacional, la correlación de fuerzas políticas a favor de la Soberanía Alimentaria y los derechos campesinos es negativa, tal es así que se han aprobado leyes y se busca aprobar otras que generarían un retroceso para la transformación de los sistemas agroalimentarios.
Finalmente, estamos próximos a las elecciones para presidente y vicepresidente de la república, al igual que de asambleístas (congresistas), enero febrero de 2025, pero de momento el panorama tampoco emociona a los sectores del campo con los que hemos dialogado. De las más de 10 candidaturas a presidente de la república no se escuchan, ni se conocen qué propuestas tienen para el sector agroalimentario, lo que domina – por la situación de violencia e incidencia del crimen organizado que vive Ecuador, son las propuestas de seguridad y las económicas, estas últimas generalmente están apuntando a aumentar la extracción y exportación de recursos primarios. Si bien se habla de una alianza de las izquierdas y de un plan de gobierno progresista y de izquierda que incluya propuestas para una transición productiva y energética, aún no conocemos qué se está pensando en materia de soberanía alimentaria.
A propósito de las fuerzas políticas en la Asamblea Nacional y su legislación en materia agropecuaria, conocemos que hace más de un año fue aprobada la Ley Orgánica para la Defensa y el Desarrollo de la Economía Familiar Campesina ¿Qué me dices de eso?
Sí, es una ley que según los sectores sociales de la agricultura familiar campesina y comunitaria no fue consultada o construida con su participación. Este es un primer punto a tener en cuenta con respecto a la ley. Un segundo punto, esta es un ley declarativa y poco resolutiva. Si bien recoge las demandas más comunes sobre las necesidades de la agricultura campesina, no da ningún indicio de cómo hacerlo o qué camino seguir. Pero claro, esto en lugar de ser inofensivo es peligroso, porque deja tantos elementos abiertos que cualquier punto de esta ley podría volverse perjudicial para la economía campesina y familiar. Y esta es la historia de muchas de las normativas en este país.
Pongo un ejemplo: esta ley en su artículo 19 habla sobre los incentivos que debe emprender el Ministerio de Agricultura, y en su literal b) encontramos una parte que trata de la “implementación de la producción orgánica y agroecológica identificando a través de la producción a los productores y generando procesos de comercialización”. Lo que aparece en esta ley como incentivo, en el reglamento de aplicación de esta normativa –promulgado el 3 de julio de 2024 por el presidente Noboa, se convierte en un mecanismo de control sobre quién debe regular y normar los procesos agroecológicos. En el artículo 26 de este reglamento se menciona que, el ente rector (Ministerio de Agricultura) “elaborará un plan para reconocer, homologar, acompañar y fortalecer la implementación de los Sistemas Participativos de Garantía SPG”, esto desde mi punto de vista es regulación estatal, control.
El artículo 26 del reglamento logra lo que personeros técnicos de gobiernos anteriores no consiguieron: que el Estado participe como el ente regulador de la actividad agroecológica. Para el movimiento agroecológico ecuatoriano los SPG son una bandera de lucha, es parte de su identidad y de su capacidad de transformación de los sistemas agroalimentarios, que actualmente dicho mecanismo vaya a estar regulado por el Estado puede significar una pérdida de autonomía de los sectores campesinos dedicados a la agroecología.
¿Qué está haciendo el movimiento agroecológico?
No sé si el movimiento agroecológico actualmente esté al tanto de esto, o tienen otra interpretación del artículo 26 del reglamento o de toda esta ley, habrá que preguntarles cómo están analizando todo este cuerpo normativo. Recuerdo que hace un par de años el solo hecho de que una organización no gubernamental aliada históricamente de los procesos agroecológicos, organice un conversatorio virtual sobre el rol del Estado en los SPG en determinados países de Latinoamérica, causó un remesón y encendió las alarmas en el movimiento agroecológico, en esa ocasión se llegó a un acuerdo general de oponerse totalmente a que algo así suceda.
Pero quiero aprovechar para mencionar un par de aspectos de esta ley que también son importantes tomarlos en cuenta, uno tiene relación con los temas de representación de las economías campesinas para la ejecución de las políticas públicas. Por ejemplo, se establecen organismos complejos como aquel que se dedicará a la defensa, restauración y promoción de la economía campesina, el artículo 7 sostiene que en este sistema participarán varios actores estatales y privados, entre ellos las cámaras de agricultura que históricamente no representan a las agriculturas campesinas, sino a las oligarquías, a los terratenientes y actualmente a las élites empresariales. Otro punto a considerar es el registro nacional de la agricultura familiar, que pasa de convertirse en una necesidad para generar data y tener elementos para la toma de decisiones sobre la política pública, a un mecanismo de control y exclusión, pues el registro determina quiénes son de la economía familiar campesina, y además quiénes pueden tener acceso o no a las políticas públicas agrarias para este sector.
Entiendo que hay otra propuesta de ley que afecta a la agricultura del Ecuador, dicha propuesta está en debate en la Asamblea Nacional, se llama “Proyecto de Código Orgánico Integral para la Reactivación del Sector Agropecuario y Pesca”, ¿qué efectos traería al sector de la agricultura campesinas?
Es un proyecto de ley aún en debate, podemos decir que hay una oportunidad para que las organizaciones campesinas logren cambiar el contenido de este proyecto ahí donde se vean afectadas o pedir incluso su archivo total, esta segunda idea es el sentir de un número importante de organizaciones campesinas.
De aprobarse este proyecto de ley –y esto lo dicen más de 200 actores sociales vinculados con la soberanía alimentaria en este país- sería un retroceso en derechos, sería un salto hacia atrás en materia regulatoria, pero un salto hacia adelante para una agricultura sin campesinado. Y esto es algo que no es menor, porque son los sectores de la agricultura campesina quienes están vinculados tanto en la producción alimentaria como en la producción para la exportación y la agroindustria. Por lo tanto, una agricultura sin campesinos y campesinas no solo que afecta a un sector en particular, sino que termina incidiendo de manera negativa en la economía nacional, ya que es en la ruralidad donde se generan al menos 2,5 millones de empleos, y de esos la gran mayoría están en la agricultura de menor escala. Este proyecto es un despropósito por donde se lo mire.
Solo por enumerar algunos de los temas más perjudiciales que tiene este proyecto de ley: remplaza la soberanía alimentaria por la seguridad alimentaria, invisibiliza al sector campesino y reconoce a las cámaras de agricultura como legítimos representantes del sector agrario, generan concesiones tributarias a las elites empresariales a través de la creación de zonas francas, y se proponen arbitrajes internacionales para mediar sobre conflictos en torno a las inversiones.
¿Y el proyecto de Ley Orgánica Animal? ¿Qué dicen los campesinos y campesinas sobre esta otra posible normativa?
Es un tema importante. En materia jurídica sin duda representa un avance para la legislación ecuatoriana por su carácter ético y su atención a los derechos de los animales no humanos. Además, señalaría algo adicional, esta propuesta de ley plantea mecanismos para controlar y sancionar la industria alimentaria en materia de producción animal, lo equivale a proponer una transformación en los sistemas agroalimentarios en este país. El proyecto de ley ha provocado que la industria alimentaria y los representantes de las cámaras de agricultura utilicen todos sus medios de comunicación para descreditar la propuesta normativa, han levantado una oposición sin argumentos sólidos y en su lugar, manejan un discurso que ridiculiza aspectos centrales de la propuesta. Algo que me llama la atención y preocupa es que este discurso empieza a llegar a sectores campesinos y a otros de la sociedad civil, las élites empresariales están instalando en el imaginario popular un falso dilema sobre qué realmente debe ser prioridad, o el derecho de los animales no humanos o el de las personas a alimentarse con proteína animal. Han llegado a decir, que todos los controles a la industria alimentaria subirían los precios de los alimentos.
Si bien estamos de acuerdo con el propósito de esta normativa, con su fondo, sus principios y los fines que persigue, hay que mencionar que roza temas sensibles en el caso de la producción, crianza y faenamiento de animales que están a cargo de las economías campesinas. Sobre este punto lo primero que hay que destacar es que son los mismos campesinos y campesinas quienes reconocen tener una relación especial con sus animales, es decir, si bien no tienen una práctica de carácter industrial si tienen una multiplicidad de relaciones que están cruzadas por el mercado, los intercambios, las expresiones culturales, y su necesidad de autoabastecimiento alimentario para la subsistencia. Un segundo punto, es que las familias campesinas con las que hemos dialogado, señalan que algunas de esas relaciones no siempre tienen las mejores prácticas de producción, crianza o faenamiento, por lo que sostienen que sería importante que hayan políticas públicas o asistencia y formación técnica para cambiar y mejorar estas habilidades, no creen que una ley deba sancionar o controlar sus formas de crianza, sino brindar la oportunidad de cambiar y transitar hacia otras más sostenibles y que respeten el derecho de los animales no humanos.
Podríamos ubicar el debate de esta propuesta de ley al menos en dos esferas, una que se da dentro la Asamblea Nacional (Parlamento) donde la correlación de fuerzas determinará el futuro de los derechos de los animales no humanos en el Ecuador. Pero por lo que vemos, las fuerzas políticas y empresariales presionan para que se apruebe una normativa con mínimos derechos y sin afectaciones a la industria. Por otro lado, existe un debate en la misma sociedad civil que intenta aclarar y exigir que la propuesta normativa diferencie claramente los sistemas de crianza campesinos de los de la industria alimentaria. Varias organizaciones campesinas y militantes por la soberanía alimentaria sostienen que este proyecto de ley animal no hace esta diferencia y aplica las mismas sanciones y controles a la producción de animales menores que se dan en una finca de cualquier familia campesina, esto no solo que volvería ilegal sus prácticas de subsistencia, sino que causaría efectos negativos a los campesinos y campesinas.
Me parece que se puede mejorar esta propuesta de ley en tanto se haga diferenciaciones entre sistemas de crianza y producción animal (industrial y campesino). Así posiblemente podríamos constatar una alianza entre el sector del campesinado y los actores que defienden los derechos de los animales no humanos, esto ya ha pasado en otros procesos de ampliación de derechos, vemos ahora la alianza entre quienes defienden los derechos de la naturaleza y las agriculturas familiares.
Frente a todo esto, ¿cuáles son los caminos posibles para las agriculturas campesinas en este tiempo?
Estamos frente a un repliegue de estos actores de la producción alimentaria, sin embargo, no dejan de aprovechan momentos coyunturales para emerger con sus demandas e intentar incidir en las políticas, aunque de manera muy limitada debido a la correlación de fuerzas sociales y políticas por ahora poco favorables, pero también se debe a sus debilidades internas por efectos de ausencia de un programa agroalimentario campesino y popular, o por la drástica transformación que ha sufrido la economía campesina los últimos 30 años. Por ahora el campesinado está en resistencia.
Pero, por otro lado, vemos con mucho interés –y en algunos casos acompañamos, el proceso de transición agroecológica, que debido a las circunstancias que vive el Ecuador y particularmente los sectores campesinos, emerge como una salida para superar múltiples crisis, se convierte en una propuesta emancipatoria. Podríamos decir que la agroecología va por buen camino, se ha dado el salto de pensarla como una práctica exclusiva de una finca familiar hacia convertirse en la posibilidad de consolidar territorios agroecológicos. No solo que cada día hay más fincas y familias agroecológicas, sino que se expanden las escuelas campesinas, los circuitos cortos y, sobre todo, la agroecología da sentido a las alternativas ecológicas y económicas frente a los extractivismos en tierras campesinas.
Pero el movimiento agroecológico tiene
también sus contradicciones internas, no hay un acuerdo claro sobre la
incidencia política, sobre las relaciones con el Estado y la cooperación al
desarrollo, hay dentro de este movimiento diferencias de clase muy marcadas que
en determinados momentos genera fricciones, y también hay diferencias
ideológicas, pero a pesar de esto, se teje un acuerdo común de considerar a la
agroecología como una posibilidad de transformación.
[1] https://www.primicias.ec/noticias/guayaquil/caso-purga-pablo-muentes-red-despojo-sistematico-tierras/
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