En el caso ecuatoriano, y como ocurre en buena parte de América Latina, el lawfare se ha convertido en una estrategia eficaz porque quienes se creen dueños históricos del poder han sabido identificar una debilidad recurrente de las fuerzas progresistas. Cuando estas llegan al gobierno, en su legítimo afán por mostrar resultados y ejecutar obras en beneficio del pueblo, suelen concentrar el hacer político en líderes individuales y en una élite de progresistas burgueses.
En ese camino, se olvida una verdad esencial: el verdadero dueño del poder es el pueblo organizado, y su fortalecimiento cotidiano no es opcional, es una obligación política.
Esa desconexión entre gobierno y poder popular abre el camino para que el imperio y sus lacayos locales activen un formato ya conocido: usar la justicia como arma de combate político. Se judicializa la política, se persigue a los liderazgos, se destruye su imagen pública y, con ello, se golpea la fuerza colectiva y la confianza del pueblo. No se trata solo de encarcelar o inhabilitar a una persona; el objetivo real es sembrar miedo, desmovilización y resignación, debilitando la esperanza y la capacidad de lucha.
A esta realidad se suma un problema aún más profundo: la idea de que cada espacio de poder ganado con el voto popular queda sujeto a la voluntad personal de quien lo ocupa. Nada más alejado del principio democrático real. Los cargos públicos no son cheques en blanco ni botines políticos; las decisiones deben responder a las aspiraciones, necesidades y mandatos del pueblo que otorgó su confianza. Cuando eso no ocurre, el poder deja de ser popular y se convierte en una forma más de dominación.
Por ello, es fundamental reivindicar y activar herramientas democráticas como la revocatoria del mandato. No como un castigo, sino como un mecanismo legítimo de control popular, que recuerda a los gobernantes que su función es obedecer al pueblo y no gobernar de espaldas a él. La revocatoria debe entenderse como parte viva de la democracia participativa y no como una amenaza.
Asimismo, desde los diferentes niveles de gobierno ganados por el pueblo, locales, provinciales y nacionales, en todos se debe aplicar la solidaridad como principio político. Solidaridad con los compañeros perseguidos, con las comunidades abandonadas y con los procesos populares atacados. Sin solidaridad no hay proyecto colectivo posible.
La transformación social no puede sostenerse en caudillos ni en dirigentes que sueñan con convertirse algún día en burguesía explotadora. El accionar político debe fundamentarse en las mejores mujeres y hombres del pueblo, en las comunidades organizadas, en los barrios, en los trabajadores y en una juventud consciente y crítica.
Hoy, más que nunca, debemos reafirmar una verdad sencilla y contundente: solo el pueblo salva al pueblo. En esa convicción está la clave para resistir el lawfare, ejercer el control democrático, fortalecer la solidaridad y construir un proyecto político verdaderamente emancipador, nacido desde abajo y sostenido por la conciencia colectiva y organizada del pueblo.
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