El desprecio del derecho y del aparato judicial de que hacen gala muchos sectores de la izquierda española, en particular entre «podemistas» y «comunes», es una de los rasgos más enervantes de la misma. Ciertamente, el derecho y el aparato judicial propios de nuestra sociedad resultan en buena medida odiosos porque son el derecho y […]
El desprecio del derecho y del aparato judicial de que hacen gala muchos sectores de la izquierda española, en particular entre «podemistas» y «comunes», es una de los rasgos más enervantes de la misma. Ciertamente, el derecho y el aparato judicial propios de nuestra sociedad resultan en buena medida odiosos porque son el derecho y el aparato judicial de una sociedad capitalista «asilvestrada», como diría Juan-Ramón Capella, cada vez menos domesticada en su capitalismo por las ideas socialistas (socialdemócratas) que influyeron en la conformación del denominado estado social. Nuestro derecho es injusto -aunque todavía lo puede ser muchísimo más: piénsese en EEUU, en China, en Arabia Saudí, en Rusia…- y el aparato judicial muestra de tanto en tanto la cara menos amable de ese derecho, pues los jueces están obligados a aplicarlo, lo que, en una sociedad como la nuestra, suele equivaler a cosas como enviar a los marginados sociales a la cárcel, desahuciar a la gente que se ha quedado sin blanca para pagar el alquiler o confirmar un despido a cambio de una mísera indemnización. Si la posición de los políticos e intelectuales en quienes estoy pensando fuera una crítica al derecho de una economía de mercado capitalista «asilvestrada», yo no tendría nada que decir y la compartiría en mayor o menor medida. El problema es otro. El problema es que esos sectores parecen despreciar toda forma de derecho, entendido como sistema normativo institucionalizado, y la necesidad misma de operadores jurídicos profesionalizados como los jueces. Como mucho, todo lo que se necesitaría es elaborar una bonita constitución para contar con un buen documento propagandístico nada más iniciar el nuevo régimen.
Detrás de este planteamiento parece anidar la idea de que nuestras sociedades podrían ser gestionadas sin contar con un derecho -en el sentido antes indicado- y sin encomendar su aplicación a profesionales jurídicos. El buen e infalible criterio del «pueblo», siempre justo y bueno, de la «gente social y políticamente decente», y de sus representantes políticos más autorizados serían más que suficientes para bregar con las necesidades y dificultades de la vida social. Sobre todo, si a estos últimos se les deja conformar la mentalidad de los ciudadanos mediante la adecuada labor «educativa» que conduzca a una «revolución cultural» que convierta a quienes no lo sean en ciudadanos modélicos -en el fondo, esto es una propuesta del siempre odioso adoctrinamiento-. Sin embargo, nuestras sociedades son demasiado grandes, complejas y conflictivas para poder prescindir de sistemas normativos institucionalizados y de jueces profesionales (otra cuestión es su designación: en EEUU los jueces son, en general, profesionales del derecho, pero no son seleccionados por otros jueces mediante una oposición, sino elegidos por los ciudadanos o nombrados por el poder ejecutivo de forma vitalicia; no obstante, no parece que el sistema jurídico-judicial norteamericano sea un modelo a seguir: baste para llegar a esta conclusión echar un vistazo a la justicia penal de ese país). Nuestras sociedades no funcionan, ni pueden funcionar, como una «gran familia», ni como una «comunidad primitiva» o sociedad organizada en bandas o aldeas de cazadores-recolectores. No son, ni serán, una «comuna». Aunque por obra de un milagro volvamos a domesticar el capitalismo crecientemente salvaje que destroza la vida de tanta gente y hasta se logre sustituirlo por algún otro modelo de sociedad mucho más justo, no se podrá prescindir ni del derecho ni de un aparato judicial. Así que, en cualquier caso, nuestras sociedades seguirán siendo sociedades «juridificadas» (a no ser que la IA y la manipulación genética acabe por regular toda nuestra vida y resolver todos nuestros conflictos, perspectiva, a mi juicio, poco reconfortante).
Pero hay un lado oscuro que podría estar anidando detrás de ese desprecio al derecho y a los jueces. Ese lado oscuro es la tentación del poder ilimitado, del poder fuera de control, del abuso de poder sin tener que responder por ello. Una de las cosas positivas de la historia de las sociedades occidentales de la edad contemporánea ha sido la idea del estado de derecho (état de droit, Rechtsstaat) o Rule of Law: la idea de utilizar el sistema normativo institucionalizado para controlar al poder político, para limitar su capacidad para abusar del poder, para hacer responder a los abusadores del poder de sus abusos (e, incluso, ya en el siglo XX y de un modo mucho menos efectivo, para controlar al poder empresarial en sus relaciones con los trabajadores: esa fue la labor del derecho del trabajo del pasado siglo). Por supuesto, la idea de estado de derecho está llena de trampas y su alcance práctico en la historia de los siglos XIX y XX ha dejado mucho que desear: ha sido empleada como propaganda política por los regímenes constitucionales para bloquear el cambio social progresivo; jueces conservadores la han utilizado para defender los intereses del mundo de los negocios; los políticos y dirigentes estatales han encontrado subterfugios para obstruir la penetración de esta idea en ciertos ámbitos de la actuación estatal… ¿Pero significa eso que se deba prescindir de esta idea, «tirarla a la basura»? En modo alguno: todo lo contrario. Precisamente es eso -«tirar a la basura» la idea de estado de derecho- lo que han propugnado y llevado a la práctica los regímenes totalitarios y dictatoriales del siglo XX, tanto de izquierdas (estalinismo, maoísmo, jemeres rojos) como de derechas (nazismo, fascismo, franquismo, juntas chilena y argentina). Y es, desde luego, lo que desean los grandes poderes económicos globalizadores del siglo XXI en todo lo que se refiera a ellos y a sus relaciones con los estados, unos poderes económicos tanto o más poderosos que los estatales que buscan permanecer en la sombra para que el derecho no les reconozca como tales poderes y a nadie se le ocurra extender la idea de estado de derecho con el objeto de hacer frente a los abusos y el carácter despótico de esos poderes.
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