Estos embarazos se han incrementado entre 2002 y 2010 en 78%, lo que significa 3.864 menores embarazadas producto de violencia sexual; 2,51 mujeres de cada mil están en este rango.
La Fundación Desafío acaba de publicar el documento ‘Vidas robadas: entre la omisión y la premeditación’, de las autoras Virginia Gómez de la Torre, Paula Castello y Ma. Rosa Cevallos. La obra aborda de forma impactante la problemática de los embarazos infantiles, de niñas entre 9 a 14 años. Estos embarazos se han incrementado entre 2002 y 2010 en 78%, lo que significa 3.864 menores embarazadas producto de violencia sexual; 2,51 mujeres de cada mil están en este rango.
El embarazo en una niña por sí mismo es complicado (82% no deseados y 71% con complicaciones), más aún si ellos, en todos los casos, son resultado de violencia sexual, incluso los que se presentan por supuesto consentimiento, que están penados por la ley; 6 de cada 10 violaciones son en niñas. Un embarazo a esa edad, al decir de las autoras, se produce siempre en una condición forzada y violenta, en la que son anuladas como niñas y son obligadas a asumir abruptamente el rol materno. Tal atentado a sus derechos humanos conlleva un daño triple: físico, mental y social.
La investigación que respalda esta obra la convierte en un documento de denuncia, según el cual, el Estado omite e invisibiliza el problema, culpabiliza y castiga a la víctima. La situación de indefensión de estas niñas constituye una acción premeditada del Estado que mutila sus vidas.
Tanto la invisibilización del problema, como la premeditación y la maternización, son resultado de una inadecuada estrategia de protección integral de la salud, situación agravada por la imposibilidad de una interrupción del embarazo no deseado en un niña violada. A una niña se le obliga a ser «buena, abnegada y responsable madre», debiendo buscar trabajo y sobrevivir, la mayoría de veces fuera de su familia y estigmatizada por la sociedad, a lo sumo integrada en un plan de anticoncepción prolongada, pero en el mismo ambiente de violencia sexual en que se desenvuelve, y adicionalmente privada de oportunidades, de estudios y marginada en la pobreza.
Pocos hablan de esta problemática. Las acciones de prevención y disuasión de violaciones no son suficientes. El embarazo infantil simplemente no debería existir. Educación sexual abierta, opción de anticoncepción, aborto, protección integral de salud y de derechos, deben contemplarse en estos casos. Con los conceptos tradicionales de salud, moralismos o religiosidad frente a esta problemática, no llegaremos a solucionarla. Necesitamos un código de salud realista y acciones desprejuiciadas para evitar los embarazos de niñas y que el Estado y la sociedad las condene al sufrimiento.
Fuente: http://www.telegrafo.com.ec/opinion/columnistas/item/embarazo-infantil.html