Organizaciones sindicales, movimientos indígenas y sociales de Ecuador protagonizaron el 17 de marzo en varias ciudades marchas de protesta contra medidas económicas y laborales impulsadas por el Gobierno, que defiende las reformas y asegura que van en beneficio del conjunto de la población. Con gritos de «Fuera Correa, fuera» y pancartas en contra del presidente, […]
Organizaciones sindicales, movimientos indígenas y sociales de Ecuador protagonizaron el 17 de marzo en varias ciudades marchas de protesta contra medidas económicas y laborales impulsadas por el Gobierno, que defiende las reformas y asegura que van en beneficio del conjunto de la población.
Con gritos de «Fuera Correa, fuera» y pancartas en contra del presidente, en Quito los manifestantes recorrieron calles del centro histórico, si bien también hubo marchas en otras ciudades importantes, como la costera Guayaquil y la andina Cuenca.
Las reivindicaciones se centraron en lo económico y laboral y a ellas se sumaron, además de sindicatos y organizaciones indígenas, estudiantes, jubilados y militares en servicio pasivo con diferentes reclamos y otros sectores de la sociedad.
Sin embargo, a diferencia de protestas anteriores, esta vez el oficialismo no respondió con sus acostumbradas concentraciones de simpatizantes ante la plaza de Carondelet, sede de La Presidencia, atendiendo un mensaje del presidente del país, Rafael Correa.
El gobernante expresó ayer la conveniencia de no salir a las calles ante la situación de duelo nacional que vive el país por la muerte de 22 militares en un accidente aéreo ocurrido el martes en la provincia amazónica de Pastaza.
La protesta coincidió con la aprobación, ayer, de la Ley de Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, criticada por sindicatos opositores, que advierten de precarización del empleo con la entrada en vigor de esta norma.
La mayoría oficialista del Legislativo ecuatoriano aprobó la nueva ley impulsada por el Gobierno que, entre otras cosas, garantiza un seguro de desempleo, una licencia sin sueldo por nueve meses para madres y padres por maternidad, incentivos para el empleo juvenil y regulación para las pasantías.
Asimismo, permite la prolongación y reducción de las jornadas laborales bajo acuerdo mutuo entre trabajadores y empleadores y tras la autorización del Ministerio de Trabajo, en condiciones especiales y por tiempos limitados.
El Diario
Asamblea Nacional aprobó proyecto de reformas laborales
La Asamblea aprobó ayer el proyecto de Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo, que prevé el aporte del Estado para cubrir el porcentaje patronal de la seguridad social para el primer empleo de personas de 18 a 26 años de edad y el seguro de desempleo para las personas desempleadas desde enero.
Según Fausto Cayambe (AP), integrante de la Comisión de los Trabajadores, el aporte patronal para el empleo juvenil le representaría al Estado cerca de $ 70 millones por alrededor de 65 mil jóvenes y, entre $ 30 y $ 40 millones por la cobertura del seguro para más de 58 mil personas que han quedado en el desempleo en este año.
La suma de las dos cantidades arroja cerca de $ 110 millones que saldrían del Presupuesto General del Estado.
El seguro de desempleo retroactivo es parte de los últimos cambios a la ley que acordaron los legisladores de AP entre miércoles y jueves y que no fueron anunciados en la rueda de prensa que ofrecieron.
En este caso también están dos artículos de la Ley del Banco Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) que ordenan que los recursos de las administradoras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), así como aquellos saldos disponibles en cuentas podrán ser invertidos, siempre que se cuente con recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones.
Los rendimientos de las inversiones deberán ser capitalizados en cada uno de los fondos a los que pertenecen los recursos. En el caso de la administradora general se distribuirá a cada uno de los seguros especializados en proporción a las tasas de aportación vigentes.
Luis Fernando Torres (PSC-Cambio) señaló que con estos cambios se quiere alimentar al Biess y que este a su vez invierta en la compra de bonos «y por esta vía entregar mayores recursos, fundamentalmente, a un Gobierno ilíquido».
«En esta situación (económica) todo es riesgoso, inclusive esa garantía poética que incorporaron a última hora para que el Estado garantice el seguro solidario para aquellos que perdieron el empleo en 2016; si plata le falta al Estado, de dónde va a obtener los recursos para esa garantía, así como también de dónde va a obtener los recursos para aportar, en el caso de los jóvenes, al IESS», dijo Torres.
Pero en el pleno, la ponente Marllely Vásconez (AP) sostuvo que existen recursos del IESS que no están generando interés y para eso se necesitan las reformas al Biess.
En las condiciones para que las empresas reduzcan la jornada laboral de forma excepcional se eliminaron los porcentajes para medir la baja de ingresos o el porcentaje de pérdidas, entre otros cambios, las condiciones ya no son «concurrentes».
El proyecto fue aprobado, inicialmente, con 85 votos de AP y sus aliados a favor y 32 de la oposición.
Fue una de las más bajas votaciones del oficialismo en este periodo, luego de el allanamiento al veto parcial a la Ley de Régimen Especial de Galápagos que obtuvo 88 votos a favor y, por primera vez, 35 en contra, el más alto número logrado por la oposición.
En la siguiente sesión (realizada en la mañana de ayer mismo), Vásconez pidió reconsiderar lo resuelto, obtuvo 97 votos de respaldo, dijo que se debía incluir en el texto la palabra «Orgánica» y, con ese cambio, finalmente el proyecto fue aprobado con 80 votos a favor y 20 negativos (varios asambleístas salieron del pleno).
El Universo