«Por dos veces vi de cerca la muerte: cuando fui torturada por días seguidos, sometida a vejaciones que nos hacen dudar de la humanidad y del propio sentido de la vida; y cuando una enfermedad grave y dolorosa podría haber abreviado mi existencia. Hoy sólo temo la muerte de la democracia…«Dilma Rousseff Después de […]
Dilma Rousseff
Después de un largo, complejo y traumático proceso de nueve meses, finalmente fue consumado el golpe parlamentario contra la presidenta Dilma Rousseff. Ella se encuentra destituida definitivamente, pero probablemente por razones de «mala conciencia» fue rechazada la inhabilitación para ejercer cualquier cargo público por un periodo de ocho años. Los extenuantes y acalorados debates de los últimos días sólo dejan transparentar que independientemente de la razón, el ardor y la pasión con que eran pronunciados los discursos de cada senador, la decisión de los «honorables» ya estaba tomada.
Quienes eran a favor de la acusación de que la Jefa de Estado había cometido un crimen de responsabilidad contemplado en el ordenamiento jurídico, solamente reforzaron su posición de siempre, no encontrando en la defensa de la presidenta ningún argumento que les permitiera cambiar de opinión. Y aquellos que estaban en contra del proceso, reforzaron aún más la convicción de que la mandataria no cometió ningún delito, pues simplemente utilizó las herramientas administrativas que otorgaba la propia Constitución y las normativas de la política presupuestaria del país. Los decretos de recursos suplementarios y las llamadas «pedaladas» fiscales no representarían en hipótesis alguna una trasgresión susceptible de ser sancionada con la cesación en el cargo de la gobernante.
Pero esta constatación en realidad no explica nada, porque parece apuntar una obviedad que esconde precisamente el embrollo más problemático de la cuestión: la génesis del Golpe. Todos los indicios existentes permiten sostener que este golpe venía siendo urdido desde el mismo día en que Dilma Rousseff venció las elecciones de 2014. Faltaba encontrar la brecha que permitiera dar un envoltorio «jurídico» a la acusación constitucional. Otras tentativas habían fracasado, como por ejemplo, la pretensión de impugnar el resultado de las elecciones que daban como victoriosa a la candidata del Partido de los Trabajadores o la instauración de un proceso en el Tribunal Superior Electoral (TSE) para rechazar las cuentas de la campaña electoral de 2014.
Al final de cuentas es evidente que el juicio es político. La presidenta Dilma podrá haber cometido muchos errores durante su mandato, pero ninguno que justifique su destitución por medio de un recurso tan dudoso como este proceso impulsado y sentenciado por los parlamentarios. Son ellos quienes ciertamente serán juzgados por la historia y por la comunidad internacional, por el desprecio demostrado en la defensa de los valores y las reglas del juego democrático, que en una de sus cláusulas pétreas señala que aquellos partidos o conglomerados que son derrotados en una contienda electoral deberán esperar otra oportunidad en las próximas elecciones.
Ahora que se encuentra confirmado el alejamiento definitivo de la presidenta, el hasta ahora interino Michel Temer prepara con su equipo ministerial las medidas que aplicará hasta el final de su mandato. La mayoría de dichas medidas son orientadas por el principio de austeridad, como los cambios propuestos en el sistema previsional o los cortes que se aplicarán a las políticas sociales. La idea es «reconfigurar» hacia abajo por los menos cinco de los programas considerados emblemáticos de las administraciones petistas, tales como Bolsa Familia, Minha Casa Minha Vida , Ciencia sin Fronteras, Programa Nacional de Acceso a la Enseñanza Técnica y el Empleo (Pronatec) y la Transposición del Rio San Francisco.
Junto con ello el gobierno instalado deberá lanzar otros programas visiblemente impopulares, como la eliminación del Programa Nacional de Alfabetización, la disminución sustantiva de recursos para la educación media y universitaria (especialmente de becas para la enseñanza superior), la reducción del programas Más Médicos (fin de la contratación de médicos cubanos) o el recorte de recursos para la Reforma Agraria y las acciones de apoyo a la agricultura familiar. Lo anterior es una consecuencia inevitable del hecho de tener actualmente un presidente que no fue electo y que, por lo tanto, no propuso ninguna agenda para ser aprobada por los ciudadanos.
En este momento trágico para la historia del país en que la democracia ha sido herida de muerte, solo cabe esperar que los brasileños se rebelarán ante la displicencia mostrada por el congreso para proteger las conquistas y avances democráticos mantenidos con mucho esfuerzo a lo largo de las tres últimas décadas de vida republicana.
Fernando de la Cuadra es doctor en Ciencias Sociales y editor del blog Socialismo y Democracia.
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