En el Ecuador, por temor a represalias legales muchos médicos, enfermeros y otros miembros del sistema de salud optaron por denunciar a las mujeres que llegaban a hospitales y centros de salud con procesos de abortos no provocados. La Ministra de Salud envió un memorando en agosto de 2017 aclarando que su deber era asistir a estas mujeres, no denunciarlas.
En el Ecuador, la Ministra de Salud ha tenido que recordarle a los médicos que es su obligación salvar la vida de las mujeres que presentan un aborto y no juzgarlas moralmente. El 4 de agosto, mediante un memorando, la ministra Verónica Espinosa, recalcó que el trabajo de los especialistas de la Salud no era denunciar a estas mujeres ni someterlas a un interrogatorio, ni dejarlas morir. En un país donde cada año 45 de cada 100 mil mujeres mueren por aborto y cada cuatro minutos una mujer interrumpe su embarazo en condiciones de clandestinidad, la declaración de la Ministra es una buena noticia. Más aún si en el Ecuador el aborto solo es legal cuando la vida de la mujer está en riesgo o cuando se trata de una violación a una mujer con discapacidad mental.
El recordatorio de la ministra, que parecería una obviedad, tiene un antecedente claro: durante
el gobierno de Rafael Correa, la presión política y mediática que él ejerció hizo que no sea posible abortar legalmente en casos de violación. Cuando en 2013 Gina Godoy, Paola Pabón y Soledad Buendía, asambleístas de Alianza País, el partido de gobierno, plantearon que esa excepción se incluya en el Código Integral Penal, Correa se opuso en términos dramáticos: amenazó con renunciar y las legisladoras fueron suspendidas por un mes como sanción por salirse de la línea partidista.
El cambio que propone la declaración de Espinosa supone un mejor trato para las mujeres que
presentan interrupción en el embarazo y su derecho a la vida. Su alcance va más allá de la atención obligatoria: le recuerda al médico que existe el secreto profesional entre su paciente y él. Otra condición que podría parecer obvia, pero que desde que se aprobó el Código Integral Penal en diciembre del 2013, en algunos casos evidenciados por colectivos de mujeres, no ha sido respetada.
Antes de la aclaración pública de la Ministra, algunas mujeres que llegaban con abortos en curso, no terminados, hemorragias u otras secuelas en busca de ayuda, no eran atendidas de inmediato. La abogada y defensora de derechos humanos, Silvia Buendía dice que el desconocimiento jurídico de los médicos sumado a la presión por las declaraciones de Correa provocaron que se denunciara a cualquier mujer que llegara con signos de haber iniciado aborto. Según Buendía, hubo casos en los que las esposaron mientras ellas sufrían dolores, similares a los de un parto.
Las denuncias por aborto, en su mayoría, son presentadas desde el sistema de salud. Es decir, por médicos, enfermeros u otros funcionarios de hospitales, centros de salud, dispensarios, clínicas, consultorios. Esta práctica violaba el secreto profesional, entendido como una obligación jurídica, moral, y ética de los profesionales de la salud (médicos, enfermeras, paramédicos, etc.), la atención digna y la confidencialidad establecidos en la Ley de Derechos y Amparo al Paciente. Todas son formas de violencia obstétrica, una forma de maltrato que sufren mujeres embarazadas o a las que no se respeta en sus decisiones, y son juzgadas, vejadas, y lastimadas física y emocionalmente. Según el centro de apoyo y protección de los Derechos Humanos Surkuna existen casos en que enfermeras y doctores, sin respetar a la mujer -que presentaba sangrado vaginal, estrés o estado de shock- fueron interrogadas sin presencia de un abogado. Incluso les fue condicionada la atención si el aborto era voluntario o no, y hasta fueron tratadas como las peores delincuentes hasta ser judicializadas.
Uno de estos casos fue el de Margarita*, de 18 años, quien hace unas semanas se hizo un aborto clandestino. Ella vive en Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. Cuatro días después de haberse practicado el aborto, llegó a un centro de salud de su ciudad pidiendo auxilio: presentaba sangrado. Como si estuviera ante policías y fiscales y no ante médicos y enfermeros, fue interrogada. No tuvo un abogado presente. Al final, fue denunciada y fue procesada por delito flagrante -es decir, como si hubiese sido encontrada en el momento del delito o máximo 24 horas después, cuando en realidad fue al centro de salud varios días después de la interrupción del embarazo. Margarita fue sentenciada a ocho meses de cárcel, y además le ordenaron que hiciera trabajo comunitario en un orfelinato. Margarita era una consecuencia más de la forma en que se trató el aborto en la década pasada: criminalizando a las mujeres.
Sin embargo, hay quienes dicen que la situación no era tal. Fausto Padilla, presidente de la Federación Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y Obstetricia, explica que -desde el aspecto científico- un aborto espontáneo no se puede distinguir de uno provocado a menos que se encuentre objetos introducidos en la vagina, como armadores, palos, pastillas abortivas o daños graves como perforación en el útero. Por eso, dice, la aclaración del Ministerio no le preocupa a él ni a su gremio: asegura que los médicos que atienden estos casos actúan con celeridad para salvar la vida de las mujeres y que no se han reportado casos en los que otros colegas hayan negado la atención. El problema podría estar en que, ante la imposibilidad de distinguir si era espontáneo o provocado, muchos profesionales de la salud hayan preferido -vaya paradoja- curarse en salud y reportar todos como si fuesen presuntos delitos.
Otra especialista, María*, trabajó hace un año en el área de ginecología en el Hospital Pablo Arturo Suárez, en el norte de Quito. Ella atendía de tres a siete casos de aborto espontáneo en promedio en una guardia de 24 horas. La médica afirma que, en todos los casos, salvar la vida de la mujer es la prioridad. Y solo si la paciente es menor de edad, víctima de abuso o violencia -pero con el consentimiento previo de la paciente y tutores- los médicos deben presentar la denuncia y el fiscal aprobar la atención, lo que puede tomar algunas horas porque también se notifica a la Policía y demás autoridades para que se pueda corroborar si se cometió un delito contra la mujer.
Pero Surkuna muestra cifras preocupantes: desde enero de 2013 a mayo de 2017, 241 mujeres fueron criminalizadas por aborto. Solo en los primeros cinco meses de este año se presentaron 55 denuncias, es decir más de una por mes. Sin embargo, estos datos contrastan con lo que dice la Fiscalía. Según la entidad, de enero de 2015 a julio de 2017 se presentaron 77 denuncias en 18 provincias del país, es decir, tres casos mensuales. La diferencia en los datos, explica el organismo, se debe a que el sistema registra denuncias desde el 2015.
Preguntada sobre cuántos centros de salud o médicos, y familiares han presentado denuncias sobre aborto, la Fiscalía prefiere no hablar del tema. Cuando pedí información, la respuesta fue burocrática e impersonal, como si de un trámite se tratara: el detalle está en cada expediente. Ahí se resume la vida de una mujer: en un expediente. Mientras tanto, el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Judicatura prefirieron ignorar el pedido de cuántas mujeres han sido procesadas por aborto hasta la fecha.
Pero algunos datos sobre abortos en el sistema de salud sí existen. En el 2014, luego de aprobarse el COIP, cerca de 42 mil mujeres salieron de un hospital luego de ser atendidas por aborto. En el 2015 fueron 38 mil mujeres, y al año pasado se incrementó ese egreso en un 2% según el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC). En tanto, el Ministerio de Salud, luego de que solicité información hace más de tres semanas y en reiteradas ocasiones, siguen procesando los datos sobre el aborto.
Es decir, en los dos últimos años, se evidencia que, por temor a ser criminalizadas y juzgadas por profesionales de la salud, las mujeres optaron por practicarse un aborto clandestino, poniendo su vida en riesgo. Además, quedan claros los errores del sistema de salud actual.
Este escenario es el que vuelve al anuncio de la Ministra en relevante. La medida optada por el Ministerio de Salud abre la posibilidad para que tengamos un panorama claro, con datos precisos, sobre la criminalización de las mujeres por aborto. Sin embargo, aún falta sensibilización social sobre el tema. Lo esencial es alcanzar que las leyes se adapten a las necesidades de las mujeres. Según Sarahí Maldonado, integrante de la red de acompañamiento e información de aborto seguro Las Comadres, hay medidas que se deben tomar: «la aplicación de las rutas y protocolos del aborto terapéutico con una perspectiva de género, encontrar una alternativa de asistencia médica que las oriente y no las juzgue, y lograr la despenalización del aborto». Las Comadres, que desde el 2014 maneja 10 casos de maltrato, acoso e incluso violación a mujeres que llegaron a centros de salud por aborto.
Por ahora este nuevo avance protegerá a las mujeres de las complicaciones a su salud e incluso de la muerte, como consecuencia de un aborto clandestino. El camino hacia la despenalización del aborto podrá ser una realidad en Ecuador, cuando se entienda el contexto y los derechos de las mujeres. Además de dar información oportuna sobre interrupción de embarazos no planificados y reconocer experiencias internacionales como la última ocurrida en Chile, que, 28 años después de que el dictador Augusto Pinochet prohibiera el aborto en todas sus formas, el 21 de agosto de 2017, dio un paso histórico: se aprobó la interrupción del embarazo en tres causales, inviabilidad del feto, peligro de la vida de la mujer y violación.