Los derechos ciudadanos, que quedaron definidos como un avance de las masas al amparo de la revolución burguesa -lo que no es de todo exacto, por cuanto a quien beneficiaban era a los propios burgueses y sólo de rebote al resto del llamado tercer estado- continúan siendo a estas alturas un filón para los ejercen […]
Los derechos ciudadanos, que quedaron definidos como un avance de las masas al amparo de la revolución burguesa -lo que no es de todo exacto, por cuanto a quien beneficiaban era a los propios burgueses y sólo de rebote al resto del llamado tercer estado- continúan siendo a estas alturas un filón para los ejercen el poder formal. En este punto, frente a los primeros gestores de tales derechos, hoy buena parte del papel político de aquella burguesía revolucionaria lo ha asumido la burocracia. Tanto la burocracia política -entiéndase la clase política, es decir, los que en términos «weberianos» serían los que viven de la política- como la burocracia técnica -o sea los que viven de la administración del Estado– han pasado a ser patrocinadoras y garantes de los intereses de las masas que, una vez debidamente formalizados, se postulan como derechos.
En cuanto resulta que los verdaderos derechos no se otorgan graciosamente por quienes detentan el poder, sino que los presuntos beneficiarios tienen que conquistarlos, parece que tales concesiones deben ser vistas con cautela. Pudiera ser que los capitalistas modernos, sucesores de aquellos burgueses revolucionarios, y los burócratas actuales se mostraran tan predispuestos a promover derechos de la ciudadanía porque han oteado con la vista larga el negocio. Los capitalistas de hoy, para consolidar su poder económico y los otros para ampliar su poder político. La base del negocio del capitalismo está en asegurarse el dominio del mercado, de manera que, desde el monopolio por él establecido, las masas acaten las reglas del juego que ha fijado. Pero como el mercado depende de las masas, a través de los consumidores, hay que seducirles con derechos, en definitiva, garantías de bienestar, que en realidad sirven de infraestructura que permite dar solidez al sistema capitalista. Vistos desde la otra realidad, los derechos que se otorgan a los ciudadanos son garantías de seguridad para el funcionamiento del empresariado capitalista.
Desde que la burocracia política ha pasado a depender teóricamente de las masas -en forma alguna en la práctica- en virtud de la democracia representativa, tiene que complacer a los electores no solo con ideologías populistas -de derechas, de izquierdas y de centro del espectro político-, sino con derechos. De ahí que a medida que marchan los tiempos otorgue nuevas oleadas de derechos, porque ahí está la base del negocio político. Como la ampliación de los derechos ciudadanos siempre es bien recibida, de esta manera las masas se sienten satisfechas y la burocracia mucho más, porque se amplían sus niveles de poder. Cada derecho otorgado conlleva fiscalización y nuevas obligaciones para casi todos, pero pocas veces para ella.
Con la burocracia técnica sucede algo similar. La creación de nuevos derechos ciudadanos y las garantías con que deben acompañarse suponen incremento de las facultades de intromisión en los espacios de la vida de los individuos; en definitiva, ampliar las esferas del poder que ejerce en virtud de la legalidad sin que, por contra, ella misma esté sujeta a fiscalización más allá de la establecida por la jerarquía de la organización. Asimismo, para garantizar esos derechos hay que incrementar la plantilla del colectivo, para crecer como organización a cuenta de los propios contribuyentes. El resultado es una administración estatal mastodóntica con poderes desmesurados, dedicada a arrasar con la libertad, la intimidad y los derechos consolidados del individuo, en cuanto todo se burocratiza. Este proceso de burocratización tiene lugar teóricamente en interés de esos nuevos derechos ciudadanos que dice procurar.
El control de la carrera de los derechos, que permitió al primer capitalismo moderno acceder al poder político colocando como pantalla a la clase de los políticos profesionales, se le ha escapado de las manos o cuanto menos se ha quedado rezagado en la explotación del producto. Parece conformarse con promocionar la democracia representativa y publicitar términos como Derecho, derechos y libertades para procurar la seguridad jurídica del mercado, al objeto de mantener a salvo sus intereses y no espantar al consumo.
Tal situación ha sido aprovechada por la burocracia para avanzar y tomar la delantera en la carrera por el control de masas, convirtiéndose en mecenas de los derechos ciudadanos, con el beneplácito de los numerosos grupos de intereses que surgen y se enquistan en el cuerpo social, abusando de la tolerancia del colectivo. La burocracia quiere tomar protagonismo en el poder liberándose de tutelas capitalistas, o sea, caminar por libre para colocarse sobre la fuerza real que domina la sociedad, basada en la realidad económica, acudiendo al soporte institucional del Estado y a la supuesta legitimación que le otorga el electorado. El propósito es que tanto la política como la administración puedan consolidarse definitivamente como auténtico poder autónomo, sustentado en una fuerza artificial que no emana de la sociedad, para operar al margen de las determinaciones del empresariado capitalista y de la voluntad general.
Siguiendo la estrategia tomada del mercado capitalista, centrada en las masas consumidoras, la moneda de cambio en la política de la burocracia no es otra que las masas. A las que se encandila con derechos y libertades de papel, que luego se dejan a voluntad de quien asume la función de garante. Pero la jugada tiene una doble dimensión.
Ante el capitalismo, la burocracia utiliza a las masas como aval de su gestión, invocando su condición de patrocinadora de la democracia representativa, dada su función de maquinaria formalizadora de derechos ciudadanos. La consecuencia es que la burocracia no solamente se vende al gran patrón como imprescindible en el marco político, sino en su papel de conductora de las masas. Reclamando así la exclusividad para establecer el orden en la sociedad capitalista, reservándose esta función en régimen de monopolio a la clase política.
Del otro lado, se juega con las masas ofertando derechos calificados de modernos, como expresivos de un supuesto progreso. Su promoción ideológica no es cosa de todos, sino que lo asumen grupos minoritarios que aspiran a ser dominantes sobre la sociedad para imponer sus particulares conveniencias, a cambio de la pérdida real de derechos y libertades de la generalidad. En cuanto al canon a pagar en el plano colectivo no es otro que mayor control de las actividades ciudadanas e incremento del poder de la burocracia. Ahora en disposición de arrasar incluso con la intimidad de las personas invocando modernos derechos ciudadanos de nombre, que solo formaliza cuando interesa por razones electorales.
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