La «Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal» presentada por el Ejecutivo para la aprobación de la Asamblea Nacional, que ha contentado sobre todo a las cámaras de la producción y a la prensa aliada con sus intereses, terminó por definir la orientación económica del […]
La «Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo, y Estabilidad y Equilibrio Fiscal» presentada por el Ejecutivo para la aprobación de la Asamblea Nacional, que ha contentado sobre todo a las cámaras de la producción y a la prensa aliada con sus intereses, terminó por definir la orientación económica del gobierno de Lenín Moreno.
De acuerdo con el Observatorio de la Dolarización (https://bit.ly/2LBC2at) y sobre la base de cifras del Servicio de Rentas Internas (SRI), las 500 mayores deudas al fisco suman U$ 1.363,5 millones y las 500 mayores deudas impugnadas U$ 2.937,6 millones. Además, solo en deudas por impuestos (sin considerar intereses) el sector privado debe al Estado U$ 4.291,1 millones. El Observatorio llama «Trole 3» a la ley antes referida, aludiendo a las leyes «trole» 1 y 2 del año 2000, dictadas para profundizar el neoliberalismo en Ecuador durante el gobierno de Gustavo Noboa (2000-2003). Según los cálculos del mismo Observatorio, Bananera Noboa debe U$ 70.9 millones, pero la «trole 3» le perdonaría U$ 41 millones por intereses y multas; Banco Pichincha debe U$ 39.4 millones y se le perdonarían U$ 18.1 millones; Banco Guayaquil debe U$ 6.1 millones y se le perdonarían U$ 3.5 millones; Odebrecht debe US 11.8 millones y se le perdonarían U$ 4.5 millones… y así otros ejemplos.
Como puede comprenderse, la Ley afecta al Estado, que premia a los deudores privados y perdona su irresponsabilidad frente a la nación. Reproduce un comportamiento tradicional de gobiernos que en la historia económica del Ecuador se subordinaron a los intereses privados bajo el supuesto de querer fomentar un desarrollo empresarial que nunca avanzó en la promoción del bienestar social del país, aunque sí en los buenos negocios. Es un mito histórico creer que el perdón y olvido sobre impuestos y deudas al Estado ha logrado el desarrollo del país. La propuesta de Ley no parece basarse en estudios serios que la justifiquen y contradice las investigaciones que en materia de Estado e impuestos han desarrollado instituciones internacionales como la Cepal.
En un año, la estrategia hacia otra economía se ha cumplido en forma progresiva: primero el diálogo, enseguida distintas declaraciones para limpiar el camino con las ideas de fomento empresarial y aliento a los mercados, en distintos momentos medidas aisladas para preparar igual terreno y finalmente la Ley «trole 3».
Toca el turno a las reformas laborales. Para ello aparecen los voceros en distintos medios de comunicación que hablan sobre la necesidad de revisar las relaciones laborales, a fin de «actualizarlas». También se cuenta con posiciones abiertamente difundidas: en 2016, con miras a la campaña electoral de 2017, la Cámara de Comercio de Quito, con el apoyo de otros sectores colegas, lanzó su documento «Consenso Ecuador» en el que se anticiparon las propuestas sobre el trabajo que incluyen el cuestionamiento al principio pro-operario, es decir, aquel que defiende a los trabajadores y sus derechos como intangibles. Han continuado esos planteamientos, renovándose en distintos momentos. Y en enero de 2018, los 20 economistas del «Foro de Economía y Finanzas Públicas» volvieron a la carga con 11 propuestas, entre las que estuvo una en materia laboral, que afirma que el actual régimen no funciona, «conspira contra el bienestar del propio trabajador, reduce el desarrollo empresarial y dificulta la creación de empleo formal», y, por tanto, es necesario introducir nuevas y mejores normativas para un marco legal «moderno», «eficiente» y «justo».
Si se atiende a los voceros «modernizantes» en los distintos medios de comunicación que exclusivamente les brindan sus espacios, hay criterios que ya se adelantan, como la posibilidad de revivir la jornada mayor a las 40 horas semanales, para lo cual se compara a Ecuador con los países vecinos, en donde la jornada de trabajo es mayor.
Cabe recordar que antes del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) las propuestas fueron agresivas: suprimir el pago de utilidades, privatizar la seguridad social, disminuir o suprimir el pago por horas extras, suprimir el pago de los décimos sueldos (lograron la «unificación salarial» que suprimió la 15ª. y 16ª remuneraciones – precisamente las «Troles» 1 y 2), aliviar las indemnizaciones por despido y facilitarlos, introducir el trabajo por horas y el tercerizado (lo lograron, pero la Asamblea Constituyente de 2008 abolió esas formas laborales precarias), regular el sindicalismo y el contrato colectivo, incrementar la jornada a 44 o 48 horas semanales, crear la categoría de trabajador plurifuncional (múltiples tareas con el mismo salario), ligar la remuneración a la eficiencia productiva, introducir el criterio de libre contratación, etc. Como he sostenido tantas veces, solo faltaba pedir que se reviva la esclavitud.
Esos conceptos no han sido abandonados. No pudieron introducirse en la década pasada, porque no existió un gobierno neoliberal, como suponen sus detractores de la izquierda tradicional, a tal punto que la resistencia tenaz al «correísmo» siempre fue encabezada por las derechas económicas y políticas nacionales e internacionales. Y algunos dirigentes de las centrales de trabajadores, tan activos para la oposición en el pasado inmediato, hoy incluso han tenido sonados momentos de acercamiento y coincidencia con los dirigentes de las cámaras de la producción.
De modo que en la actualidad el camino hacia la flexibilización laboral está preparado. Es lo único que falta para completar el modelo empresarial del siglo XXI, que el gobierno ha decidido tomar como luz y guía de su propia historia económica.
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