El sistema de prestación por desempleo francés acumula una enorme deuda que no deja de crecer como una bola de nieve colina abajo. Entrevistamos a Pascal Franchet, miembro del GACDAC, un grupo ciudadano que ha auditado las cuentas de la prestación por desempleo y ha publicado un informe provisional.
Unión Nacional Interprofesional para el Empleo en el Industria y el Comercio francés. Foto: Unédic
El Grupo de Auditoría Ciudadana de la Deuda del Seguro de Desempleo, GACDAC (por sus siglas en francés), ha auditado las cuentas de la prestación por desempleo del Estado francés y el fondo de seguro de desempleo, el UNÉDIC (Unión Nacional Interprofesional para el Empleo en el Industria y el Comercio). Hablamos con uno de sus integrantes, Pascal Franchet, sobre los resultados del informe que han publicado.
¿Cómo surgió la idea de auditar las cuentas de Unédic y qué es GACDAC?
Durante la campaña electoral, el candidato Macron había expresado claramente su intención de reformar en profundidad el seguro de desempleo. El tratamiento del paro es por sí mismo insatisfactorio, ya sea desde el punto de vista del personal de Pôle emploi (agencia para el empleo), sujeto a condiciones laborales muy malas, ya del de las pocas personas desempleadas que reciben una prestación (bastante escasa), y son objeto de escarnio mediático y populista (gente parada «de vacaciones en las Bahamas», por poner solo un ejemplo).
Entre finales de octubre y principios de noviembre de 2017, después de la decisión de modificar parte de la contribución a CSG (impuesto indirecto basado principalmente en salarios y pensiones), activistas del sector sindical y asociativo, así como personas comprometidas individualmente en diversas luchas relacionadas con el desempleo decidieron unirse y trabajar en un análisis lo más completo posible de las cuentas de Unédic.
En 2015 se elaboró un primer anteproyecto con la Coordination des intermittents et précaires (Coordinación de trabajadores discontinuos y Precarios), Recours Radiation , CADTM y Matermitentes . Así, se establecieron contactos con sindicalistas sobre la cuestión de la deuda. De este modo se creó el GACDAC, compuesto por personas que unen sus experiencias y conocimientos para hacer de esta auditoría provisional una herramienta bien argumentada al servicio de las luchas contra el cuestionamiento de los derechos de la gente desempleada.
¿Cuáles son las conclusiones principales que se extraerán de vuestro informe provisional?
Al examinar la información disponible en sitios oficiales y después de múltiples búsquedas, cuyos resultados son siempre constatables, pudimos hacer varias observaciones:
Los tipos de cotización no han cambiado desde 2003, cuando solo el 43% de las personas desempleadas inscritas en Pôle Emploi reciben una compensación media de 900 euros al mes, cerca del umbral de pobreza oficial. Peor aún, desde enero de 2018, una parte significativa de esta contribución, aproximadamente un tercio, está libre de cargas fiscales.
El total asignado a la prestación por desempleo es menor o igual a las contribuciones recaudadas. Sin embargo, Unédic lleva años en déficit crónico. ¿Por qué? En 2009 se produjo una fusión entre ANPE y Assedic (deseada ya por Sarkozy y puesta en marcha por Hollande) que dio origen a Pôle emploi. Al mismo tiempo, se orquestó la externalización (muy costosa) de los servicios de Pôle Emploi. Unédic también remunera a Deloitte, Ernst & Young, las tres agencias de calificación Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, la totalidad de cuyos gastos solicitó GACDAC.
Unédic también remunera a Deloitte, Ernst & Young, las tres agencias de calificación Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings
El recurso al préstamo compensa este déficit pero no mejora la situación de las cuentas de la Unédic, una verdadera fuente de ingresos para las empresas que comparten el pastel de la externalización de los servicios de Pôle Emploi y Unédic subcontratándolos a empresas privadas.
Este uso sistemático y transferido de deuda constituye, por un lado, una carga adicional para Unédic (alrededor de 400 millones de euros anuales solo en intereses) y una considerable fuente de beneficios para inversores, muchos de los cuales escapan a los impuestos a través de paraísos fiscales.
¿Cuál es el impacto de esta política de endeudamiento en el sistema de seguridad social?
El falso equilibrado presupuestario de las cuentas de la Seguridad Social solo ha sido posible gracias al uso de préstamos y a las medidas de austeridad votadas anualmente por los sucesivos gobiernos desde comienzos de la década de 1980. La deuda de los organismos de protección social era de 226.100 millones de euros en el cuarto trimestre de 2017, de los cuales alrededor de 35.000 millones de euros estaban destinados al seguro de desempleo, que es a la vez pequeño, grande y considerable.
Pequeño en comparación con el presupuesto total de protección social en Francia, que era del orden de 750.000 millones de euros en 2016. Grande con respecto a las necesidades no satisfechas y la dependencia de los diferentes regímenes de protección social con esta deuda. Y considerable si se tiene en cuenta el peso político de la deuda utilizada para justificar las políticas de austeridad y el cuestionamiento de las conquistas sociales.
En su opinión, ¿qué se debería hacer con la deuda de Unédic y, en cambio, cuál es el plan del gobierno?
Lo primero que se debería hacer es decir la verdad al conjunto de la población, en primer lugar a las personas trabajadoras porque, a través del dinero de la cotización, una parte de su salario se gasta así en lugar de estar dedicado al seguro de desempleo. Decir la verdad implica, ante todo, elaborar un registro público de títulos de deuda: ¿a quién pertenece qué? ¿Cuánto les beneficia? ¿Pagan o no impuestos sobre los ingresos obtenidos de estos títulos de deuda?
Es imperativo declarar también una suspensión del pago de esta deuda, capital e intereses, una moratoria del tiempo necesario para realizar una auditoría ciudadana completa. A la luz de esta auditoría, un referéndum popular debería decidir si esta deuda se suscribió por interés general o si, por el contrario, solo ha beneficiado a una parte ínfima y privilegiada de la población. En este último caso, la consulta debería servir para decidir sobre su cancelación.
Es imperativo declarar también una suspensión del pago dela deuda de Unidec y una moratoria del tiempo necesario para realizar una auditoría ciudadana completa
Deben debatirse las respuestas alternativas a esta deuda, aquellas relativas a una mejor gestión, esta vez transparente, de un seguro por desempleo gestionado únicamente por personas ocupadas, con un financiamiento que permita una compensación al menos igual al salario mínimo para toda persona desempleada. Finalmente, y al mismo tiempo, es importante plantear e implementar medidas que creen empleos social y ecológicamente útiles, lo que, entre otras cosas, aumentaría los ingresos del seguro de desempleo y reduciría su gasto.
Este conjunto de medidas alternativas es radicalmente opuesto a lo que está haciendo el gobierno actual, que quiere sustituir el seguro de desempleo basado en la mutualidad colectiva de una parte de los salarios por una mecánica que de preferencia a un sistema de seguro individual y privado que, en última instancia, aumente las ganancias de las compañías capitalistas de seguros.
La deuda de Unédic funciona como herramienta de culpabilización, justificando fortalecer controles y sanciones contra personas desempleadas, y ocultando las responsabilidades políticas reales de esta situación. ¿No es el mismo mecanismo de «sistema de deuda» que opera para justificar la austeridad impuesta a la población en tiempos de rescate bancario? ¿No es incluso el que permite cuestionar el servicio público de SNCF, también muy endeudado?
La publicidad ideológica está en los hechos. Este es el caso particular de la deuda social originada, supuestamente, por las personas beneficiarias de la protección social. Los ataques más violentos contra las conquistas sociales se remontan al invierno de 1995/1996. El gobierno en el poder introdujo la contribución al pago de la deuda social (CRDS), más explícita políticamente que la Contribución Social Generalizada (CSG), pero que formaba parte de la misma estrategia: hacer que personas empleadas y jubiladas paguen las deudas generadas por el empresariado.
Esto ilustra hasta qué punto se desposee a las personas asalariadas del fruto del trabajo que producen. La batalla que debemos combatir no se ganará si no invertimos este razonamiento dominante. Incluso cuando el endeudamiento no es importante, sigue siendo un mecanismo eficaz para justificar políticas de austeridad y rigor presupuestario, e incluso para llevar a cabo reformas estructurales que alteran y destruyen las conquistas sociales.
Es cierto que hay similitudes entre la deuda de la SNCF, la del Estado y la del seguro de desempleo: cada vez, del lado de los acreedores, encontramos el mismo trío: bancos, fondos de inversión y buscando un poco: paraísos fiscales y judiciales.
Para la SNCF, el informe de la consultora CHSCT «DEGEST» muestra que el coste de esta deuda se debe tanto a decisiones políticas como a una financiarización extrema (por cada 100 euros prestados, solo 41 se utilizan para inversión, los otros 59 se destinan al pago de intereses). Ya no es un «efecto bola de nieve», ¡es una verdadera avalancha!
Para el Estado, el informe del Colectivo de Auditoría Ciudadana señala dos causas principales del endeudamiento: la caída de los ingresos tributarios en beneficio de las clases dominantes / de los más ricos y un «efecto bola de nieve» con las tasas de interés cuyo pago aumenta el stock de la deuda. A estas dos causas, agregamos una tercera: la pérdida de ingresos para el presupuesto estatal que supone la evasión fiscal.
Con estos tres ejemplos (estado, SNCF y seguro de desempleo) tenemos la medida del reto de clase que supone este tipo de luchas.
¿Qué evolución pensáis dar a vuestro trabajo?
GACDAC se ha centrado en lo que se oculta al público respecto a las cuentas de Unédic con preguntas muy específicas en una carta abierta a la Ministra de Trabajo, el director y el consejo de administración de la Unédic.
Estamos esperando y exigimos sus respuestas para completar el informe provisional que hemos elaborado. Enviamos una copia del informe y la carta abierta a las y los parlamentarios, que abordarán un proyecto de ley de reforma de la formación profesional, el aprendizaje y el seguro de desempleo. Deseamos que nos escuche la Comisión de Asuntos Sociales y, si es posible, que nos permitan participar en la redacción de las preguntas parlamentarias.
Además de estas instancias importantes, queremos hablar con la ciudadanía a través de intercambios y conferencias. Se debe establecer un debate sobre qué protección social queremos, por quién queremos que esté gestionada, cómo queremos que se financie, para qué gastos queremos que se emplee, etc.
Más allá, esperamos que los movimientos sociales en sentido amplio (sindicatos, asociaciones y partidos políticos) entiendan el tema de la deuda del seguro de desempleo como una cuestión central de la máquina de guerra lanzada contra la población y las personas asalariadas.
¿QUÉ ES UNÉDIC?
La protección social francesa está compuesta principalmente por la Seguridad Social que tiene, en tanto que nació en octubre de 1945, cuatro cajas nacionales, en su mayoría gestionadas por representantes del personal: la Caja Nacional de Salud (CNAM); el fondo nacional de asignaciones familiares (Cnaf); el fondo de seguro nacional (Cnav) y el fondo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales (AT / MP). El número de personas paradas era muy bajo en el momento de la Liberación (del orden de 183.000, a razón del 1% de la población activa) así que no hubo fondo de seguro de desempleo hasta la creación de la Seguridad Social. En 1958, el general de Gaulle inició conversaciones con el sindicato Force Ouvrière (FO) para crear, fuera de la Seguridad Social, el fondo de seguro de desempleo (UNÉDIC = Unión Nacional Interprofesional para el Empleo en el Industria y el Comercio). Este fondo, que verá la luz el 1 de enero 1959, es en realidad una asociación del tipo ley 1901 (sin animo de lucro) administrada conjuntamente por sindicatos y representantes de la patronal. Establece tasas de contribución y condiciones de indemnización por medio de convenios cada dos o tres años. Pero el estado puede reemplazarse (generalmente en casos de desacuerdo) por interlocutores sociales para determinar los términos del sistema de compensación.