En este segundo artículo, Eduardo Garzón analiza las causas de la hiperinflación que actualmente se produce en Venezuela.
Cambio de dinero en la frontera entre Colombia y Venezuela. Foto: REUTERS/Jaime Saldarriaga
¿Qué es lo que explica que Venezuela esté sufriendo un caso de hiperinflación? Las preguntas complejas tienen también respuestas complejas. Para poder entender adecuadamente el proceso de inflación galopante en Venezuela es necesario conocer cómo funciona la economía venezolana, cuál es su estructura productiva, su inserción en el mercado exterior, su régimen político, institucional y social, su sistema monetario y financiero, etc. Sin conocer todo eso es imposible ofrecer una respuesta adecuada y realista. Por eso hay que desconfiar de quienes analizan la economía venezolana como si fuera cualquier otra, y muchos menos si utilizan de comparación una economía desarrollada y europea. Esos analistas ignoran que cada país tiene su propio modelo económico y sus propias características, y que cualquier comparación con otro país será siempre una simplificación burda y normalmente poco útil. A falta de más espacio para profundizar, cabría hacer cuatro apuntes sobre la economía venezolana con el objetivo de conocer sus características básicas y contextualizar así el análisis.
Para empezar, Venezuela siempre ha tenido tasas de inflación muy elevadas. De hecho, en los años 80 los precios crecían muchísimo más rápido que durante los años del gobierno bolivariano, exceptuando el último año. Esto es importante para entender que no se trata simplemente de un caso reciente que pueda ser achacado íntegramente a los últimos acontecimientos, sino que viene de largo. Los grandes grupos oligopólicos con poder de mercado en determinados sectores, la incapacidad del Estado para regular y controlar la competencia empresarial, la corrupción, la delincuencia, la asimetría de poder en las negociaciones en los centros de trabajo, etc, explican en buena medida que la inflación haya sido tradicionalmente alta e irregular.
En segundo lugar, no se puede olvidar que el régimen bolivariano que comenzó con la presidencia de Chávez y que continúa con la de Maduro ha sido siempre una amenaza para los privilegios de la élite del país. La nacionalización y toma de control de buena parte de los sectores productivos estratégicos (especialmente el de los hidrocarburos) así como una mayor distribución de la renta (acorde a la CEPAL Venezuela es ahora el país menos desigual de Latinoamérica) provocó un duro golpe al poder y a la riqueza del stablishment venezolano, que desde entonces se moviliza de muy diversas formas para tratar de derribar al gobierno para recuperar sus privilegios. Ejemplos paradigmáticos lo conformaron el golpe de Estado fallido de 2002, el paro petrolero entre 2002 y 2003, las protestas armadas, el desabastecimiento selectivo y programado de determinados productos justo antes de tener lugar comicios electorales, y la mala imagen que difunden a través de los poderes mediáticos en el interior y en el exterior del país (es llamativo que el gobierno estadounidense aún continúe tildando de «dictadura» al gobierno venezolano a pesar de que la ONU ha reconocido una y otra vez que todas las elecciones fueron limpias y respetuosas con los estándares internacionales). Todo esto no es nada nuevo ni singular: los grupos de poder utilizaron estrategias parecidas en el Chile de Allende entre el año 70 y 73 del siglo pasado y en Nicaragua a finales de los años 80, por poner sólo dos ejemplos.
En tercer lugar, es importante entender que la estructura productiva venezolana dista mucho de parecerse a la de una economía avanzada. No existe un tejido productivo diversificado que arroje productos de todo tipo y color sino que está concentrado en ramas del sector primario y en ramas industriales y de servicio de bajo y medio valor añadido. Esto provoca que los venezolanos tengan que comprar en el extranjero casi la mitad de todos los productos que necesitan. El sector de los hidrocarburos es el enorme gigante de la economía, consiguiendo el 95% de todos los dólares que recibe el país, siendo el 4% restante gracias a la exportación de otras materias primas. Es decir, que para que la población pueda obtener todo lo que necesitan para sus vidas es necesario la utilización de moneda extranjera, fundamentalmente dólares, que la economía obtiene gracias a las exportaciones de petróleo. Es una economía absolutamente dependiente de un único sector, con la enorme debilidad que eso conlleva. De hecho, el hundimiento de los precios del petróleo en 2014 provocó un agujero en los ingresos de dólares que ha tenido su impacto en las importaciones y en el desabastecimiento y encarecimiento de productos en los mercados internos.
En cuarto lugar, el gobierno venezolano controla los precios de muchos productos básicos para asegurar el abastecimiento de la población más vulnerable, lo que provoca que se generen mercados ilegales alternativos en los que rigen otros precios. Esto ocurre también, y de forma importante, en el mercado de las divisas: para evitar que cualquier venezolano pueda cambiar la moneda nacional por dólares y luego se los lleve fuera del país (como ocurría tradicionalmente con las fugas de capitales) el gobierno impuso en 2003 un control cambiario, de forma que sólo se pueden cambiar bolívares por dólares a un tipo de cambio determinado. Esta medida también provocó que se generara un mercado negro alternativo en el que se cambian los bolívares por dólares a otro precio.
Con esas cuatro consideraciones en mente se puede entender mejor en qué han consistido los cinco factores que, siguiendo a analistas como Pasqualina Curcio y Mark Weisbrot, nos ayudarían a explicar la espiral inflacionista.
1) El desabastecimiento programado y selectivo de productos. Los grandes grupos empresariales contrarios al gobierno venezolano y que tienen suficiente poder de mercado en su sector (el grupo empresarial de productos de higiene controla el 99% del sector; el de harina de pasta el 80%, etc) apartan buena parte de sus productos del mercado oficial para venderlos en el mercado negro, lo que inexorablemente produce un incremento de precios tanto por desabastecimiento como por un abuso de los precios al utilizar canales ilegales de distribución.
2) Inflación por importaciones. Los grupos empresariales que importan productos del exterior lo deben hacer obligatoriamente al tipo de cambio oficial, pero luego venden ese producto en el interior de su país al tipo de cambio extraoficial, obteniendo jugosas ganancias simplemente gracias al diferencial, y elevando con ello los precios de forma completamente artificial. Un ejemplo sencillo: si el tipo de cambio oficial es de 3.000 bolívares por cada dólar, la importación de un producto que cueste 1 dólar le costará 3.000 bolívares al empresario venezolano. Pero si en vez de vender en el interior del país ese producto de 1 dólar al tipo de cambio oficial lo hace al tipo de cambio ilegal, que es de 10.000 bolívares por cada dólar, acabará obteniendo ingresos de 10.000 bolívares por la venta en el interior cuando sólo le costó 3.000 comprarlo en el exterior. Estamos hablando de un incremento del precio (y de las ganancias del importador) astronómica. Ésta ha sido el principal factor que ha explicado el vertiginoso aumento de los precios en Venezuela, especialmente a finales de 2017 debido a que el tipo de cambio ilegal se disparó salvajemente (pasó en sólo dos meses de 3.000 bolívares por dólar a 52.000 bolívares por dólar). Las autoridades venezolanas aseguran no encontrarle sentido a tal evolución y culpan a las empresas que calculan ese tipo de cambio de manipularlo para generar beneficios y causar inestabilidad económica y social.
3) Embargo financiero de Estados Unidos. El pasado 25 de agosto de 2017 el presidente estadounidense Donald Trump, para «combatir la dictadura y restablecer la democracia» dio un paso más en sus medidas de bloqueo económico, comercial y financiero sobre Venezuela. El comunicado de la Casa Blanca rezaba: «La nueva medida del presidente prohíbe realizar transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal. También prohíbe las transacciones con ciertos bonos existentes que pertenecen al sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al gobierno de Venezuela». En román paladino: más dificultades para endeudarse en dólares y más dificultades para que Venezuela pueda obtener los dólares que necesita (en el mercado oficial) para importar los productos que no tiene, de forma que fuerza acudir más al mercado ilegal para obtener dólares más caros. Las consecuencias son evidentes: mayor desabastecimiento, mayor devaluación del bolívar con respecto al dólar en el mercado ilegal, mayor aumento de los precios.
4) Desconfianza generalizada en el bolívar. La moneda venezolana nunca ha sido muy codiciada, ni internacionalmente ni internamente, ya que ha experimentado tradicionalmente importantes pérdidas de valor, pero ese escaso atractivo se vuelve aún menor si su valor no deja de caer con respecto a la moneda tradicional de referencia: el dólar. Esto provoca que los venezolanos se deshagan de sus activos nominados en bolívares y los conviertan en activos expresados en dólares, lo que retroalimenta la depreciación de la moneda venezolana. La incapacidad institucional para imponer la utilización de su moneda se traduce en una mayor dolarización de su economía, y en un mayor incremento de los precios vía importaciones.
En definitiva, la hiperinflación en Venezuela se debe a la interacción de numerosos y diversos factores que tienen que ver con la débil estructura productiva y exportadora de su economía, con el enorme poder de grupos económicos contrarios al gobierno, y con la singular posición política e institucional del ejecutivo venezolano. La creación masiva de dinero no tiene nada que ver con la hiperinflación que está sufriendo el país, no es su causa sino su consecuencia: para poder hacer pagos y comprar productos cada vez más caros por culpa de la hiperinflación es necesario tener cada vez más dinero, y por eso la masa monetaria no deja de crecer. Sin embargo, proliferan análisis de muy baja calidad y rigor -pero desgraciadamente de exitosa difusión- que simplemente se apoyan en la incompetente teoría económica convencional para arremeter interesadamente contra el gasto público y la creación estatal del dinero. Ideología disfrazada de ciencia que urge combatir con análisis serios y rigurosos.