El 11 de junio de 2005, los ministros de Finanzas de los países del G8, el grupo de los ocho países más industrializados del mundo[1], anunciaron de forma estruendosa un acuerdo que ellos calificaron de histórico: la anulación de la deuda de 18 países pobres con el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) […]
El 11 de junio de 2005, los ministros de Finanzas de los países del G8, el grupo de los ocho países más industrializados del mundo[1], anunciaron de forma estruendosa un acuerdo que ellos calificaron de histórico: la anulación de la deuda de 18 países pobres con el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que alcanza la cifra de 40.000 millones de dólares. Más adelante, otros 20 países también podrían beneficiarse con medidas similares, llevando el total de lo anulado a 55.000 millones de dólares.
Puede parecer muy extraño que los dirigentes del G8, ardientes defensores de la «buena gobernanza» y de la «transparencia» en los demás, hayan tomado la iniciativa de anular las deudas contraídas con el Banco Mundial, el BAfD y el FMI sin que ninguna de las tres instituciones haya dado su parecer. No era más que cuestión de tiempo: acabamos de enterarnos que a los pocos días, varios países del Norte, que no son miembros del G8, manifestaron su preocupación en el FMI y cuestionaron esta medida.
En primer lugar el representante de Bélgica en el FMI, Willy Kiekens, afirmó el 22 de junio: «Dado que el Consejo no ha ratificado la propuesta del G8 sobre la anulación de la deuda, el Fondo deberá continuar según las reglas y políticas actuales. Y, evidentemente, los países deberán seguir satisfaciendo sus deudas con el Fondo, en su totalidad y en los plazos previstos». A continuación, lanzó la idea de crear un mecanismo que impida anular de manera irrevocable la totalidad de la deuda de los 18 países con el FMI. Esta propuesta, que puede resumirse como «refinanciamiento por donación», es la siguiente: el FMI continuará exigiendo los reembolsos, y si el país en cuestión aplica políticas económicas «adecuadas», es decir aprobadas por los expertos ultraliberales del FMI, devolverá las sumas reembolsadas al país deudor.
Una semana más tarde, Bélgica recibió el refuerzo de tres países ricos: Suiza, Noruega y los Países Bajos. Sus representantes han presentado un memorándum en ese sentido. Esos cuatro países pretenden así modificar los términos de la anulación de la deuda anunciada por el G8. En efecto, solicitan el mantenimiento de las condicionalidades a cambio de la anulación de la deuda, pues, según ellos, «la condicionalidad es un rasgo esencial para el uso efectivo de los recursos liberados por la reducción de la deuda». Sin embargo, los 18 países seleccionados han alcanzado el punto de cumplimiento de la iniciativa PPAE (Países Pobres Altamente Endeudados), que ya impone largos años de reformas económicas en el sentido neoliberal: aumento para el usuario de los costes escolares, de los costes sanitarios, aumento del IVA, y supresión de las subvenciones a los productos básicos, cuatro medidas que afectan sobre todo a los pobres; privatizaciones; liberalización de la economía y competencia desleal de las transnacionales a los productores locales… El control de la economía de esos países por parte de los acreedores es muy fuerte, el G8 se contentaba con aliviar la deuda comprometiéndose a reforzar las condicionalidades con ocasión de nuevos préstamos. Para Willy Kiekens y sus colegas holandeses, suizos y noruegos, ya era demasiado.
Recordemos de pasada que el modo de funcionamiento del FMI es simplemente antidemocrático. En realidad podemos hablar del despotismo de los países ricos. A diferencia de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde cada país posee un voto y sólo uno (con la excepción muy importante en el Consejo de Seguridad, en el que cinco países detentan cada uno el derecho de veto), el FMI, así como el Banco Mundial, concede a cada país una determinada cantidad de derechos de voto en función de su influencia política y su supuesta influencia económica. Es así como Estados Unidos posee más del 17 % de los derechos de voto, seguido por Japón y Alemania (alrededor del 6 % cada uno), Francia y Reino Unido (alrededor del 5 % cada uno). A título de comparación, China sólo posee el 2,94 % de los derechos de voto y el grupo liderado por Guinea Ecuatorial, que agrupa 24 países de África negra (francófonos y lusófonos), posee apenas el 1,41 %.
En esas condiciones, la rebelión de Bélgica, Suiza, Noruega y los Países Bajos no es un combate perdido de entrada. El peso de estos cuatro países en el Consejo de Administración del FMI está lejos de ser despreciable: cada uno de ellos representa en el Consejo un grupo de una decena de países. Entre los cuatro poseen el 16,32 % de los derechos de voto lo que es suficiente para bloquear el FMI. En efecto, las decisiones importantes que comprometen el futuro del FMI necesitan al menos el 85 % de derechos de voto. Habitualmente, eso permite a Estados Unidos impedir todo cambio que no cuente con su aprobación. Esta vez, los «pequeños países» se agrupan. Pero es lamentable que lo hagan para bloquear la anulación de la deuda, aunque sea insuficiente e inadaptada. ¿Por qué, por ejemplo, esos países no se tomaron el trabajo de unirse para bloquear la nominación de Paul Wolfowitz a la cabeza del Banco Mundial en marzo de 2005?
Por nuestra parte afirmamos que el FMI y el Banco Mundial pueden asumir una anulación total de las deudas contraídas por los países pobres. De hecho, las reservas de oro del FMI[2] y los fondos propios del Banco Mundial son superiores a los 75.000 millones de dólares. En los libros contables de las instituciones financieras internacionales, la deuda de los 18 PPAE se eleva a 40.000 millones, pero su valor real en el mercado es de 3.200 millones de dólares, si consideramos la reducción del 92 % que Estados Unidos aplica a todos los PPAE[3]. En lugar de anular la deuda a lo largo de decenas de años, estas dos instituciones están en condiciones de resolver este tema desde este año, aplicando a la deuda el mismo descuento del 92 % y pasándola a la cuenta de «pérdidas y ganancias». Esas instituciones podrían incluso anular definitivamente este mismo año la totalidad de la deuda que ellos reclaman al conjunto de países de bajos ingresos[4] (entre los cuales se encuentran Haití y Bangladesh, por ejemplo, que no son PPAE). Al mismo tiempo, esas instituciones deben evidentemente renunciar a seguir imponiéndoles políticas neoliberales. Sólo las poblaciones de los países afectados y sus representantes están habilitados para controlar la utilización de las sumas ahorradas. Las campañas internacionales por la anulación de la deuda y los movimientos sociales que presionan en ese sentido son un primer paso hacia una anulación masiva de la deuda de los países en desarrollo.
[1] Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia, Japón, más Rusia.
2 Evaluados al precio del oro en el mercado.
3 Fuente: CNUCED, Le développement économique en Afrique. Endettement viable: Oasis ou mirage?, 2004.
4 La deuda de esta sesentena de países con el FMI y el Banco Mundial, no es sino de 113.000 millones de dólares, a saber, 9.000 millones de dólares después del descuento del 92 %.
Damien Millet es presidente del Comité para la anulación de la deuda del Tercer Mundo (CADTM) Francia, autor de L’Afrique sans dette (CADTM/Syllepse, 2005). Eric Toussaint es presidente del CADTM Bélgica, autor de La Bolsa o la Vida. Las finanzas contra los pueblos (CLACSO, Buenos Aires, 2004). De ambos autores: 50 Preguntas / 50 Respuestas sobre la deuda, el FMI y el Banco Mundial (Editorial Icaria / Intermon Oxfam, Barcelona, 2004; Editorial Aby Yala, Quito, 2005; Editorial del Oriente, Santiago de Cuba, 2005)