La desigualdad de la distribución del ingreso es la madre de la pobreza en América Latina, donde se registran profundas diferencias entre países en el avance hacia los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio.
Chile ya cumplió la primera meta, de reducir la pobreza a la mitad, al bajarla de 38,5 por ciento de la población en 1990 a 18,8 este año, informó el presidente Ricardo Lagos en un balance ofrecido en mayo a la nación. La indigencia bajó de 12,9 a 4,7 por ciento en el mismo período.
Por otra parte, Argentina enfrentará graves dificultades para alcanzar esa meta antes de 2015, tomando como base 1990, cuando presentaba indicadores sociales envidiables en América Latina. Pero sufrió graves retrocesos en la década actual, producto de la crisis económica iniciada en 2001.
En países como Brasil, el más desigual del mundo, la transferencia de sólo cinco por ciento de los ingresos del 20 por ciento más rico de la población a los más pobres reduciría la pobreza de 22 a siete por ciento, según el Informe sobre Desarrollo Humano 2005, publicado el pasado miércoles por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Eso significaría sacar de la pobreza a 26 millones de personas.
Los primeros Objetivos del Milenio, fijados por los 191 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2000, consisten en reducir a la mitad la pobreza extrema y el hambre, lograr la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer, reducir la mortalidad infantil y mejorar la salud materna.
Otros objetivos son combatir el VIH/sida, el paludismo y otras enfermedades, garantizar la sustentabilidad del medio ambiente y fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
Los ocho objetivos se concretan en 18 metas específicas a ser cumplidas hasta 2015 en la mayoría de los casos y medidas por 48 indicadores. Las metas tienen como referencia los niveles de 1990.
Los países sudamericanos en general intensificaron sus políticas sociales desde la década pasada, pero no en respuesta al lanzamiento de las metas del milenio, sino al agravamiento de la miseria y a una mayor conciencia del problema, reflejada en la elección de gobiernos progresistas.
En Argentina, por ejemplo, los índices de pobreza e indigencia subieron de 22,6 y 4,5 por ciento en 1992, respectivamente, a 54 y 27,7 por ciento en 2002, en el pico de la crisis, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.
Esa realidad forzó la adopción de programas paliativos como la distribución de alimentos y los planes que entregan 150 pesos (52 dólares) mensuales a jefas y jefes de hogar sin empleo.
En el gobierno del presidente Néstor Kirchner, iniciado en 2003, los planes se extendieron a 2,2 millones de beneficiarios, reducidos ahora a 1,5 millones. Además, se agregaron otros programas, como el de desarrollo, que brinda créditos y herramientas a 425.000 emprendedores, y el de familias, que ayuda a 250.000 mujeres con hijos mantenidos en la escuela.
Los planes de ingreso son «un parche que hace mucha falta, pero no la solución», que depende de «abrir fuentes de trabajo genuinas», evaluó para IPS Marcelo Cresta, coordinador de un comedor infantil en la Iglesia Nuestra Señora de Luján de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires.
En Chile, las políticas sociales fueron constantes desde 1990, cuando se restauró la democracia en el país y se buscó combatir la pobreza heredada de la dictadura militar. Las demandas populares y críticas de la oposición impulsaron programas como Chile Solidario, iniciado en 2002 y que beneficia a 180.000 familias, brindando oportunidades de trabajo más que asistencia.
Sin embargo, como en el resto de la región, persiste la desigualdad en la distribución del ingreso.
Un joven chileno del estrato más rico, aunque esté entre los de peor rendimiento escolar en un instituto de enseñanza privado, obtendrá mejores ingresos en la vida laboral que otro joven pobre que estuvo entre los mejores alumnos de un instituto público, señaló a IPS Dante Contreras, economista de la Universidad de Chile. No hay «meritocracia», sino que la desigualdad tiende a persistir, concluyó.
En Brasil, los años 90 vieron nacer muchos programas, como la beca-escuela, una ayuda monetaria a las familias que mantengan a sus hijos en la enseñanza primaria, y otros mecanismos de transferencia de ingresos a los más pobres.
Los programas sociales se ampliaron con el plan Hambre Cero, lanzado por Luiz Inácio Lula da Silva inmediatamente después de asumir la presidencia, en enero de 2003.
La «beca-familia», de hasta 95 reales (40 dólares), ya beneficia a más de siete millones de familias y la meta es alcanzar al final de 2006 a 11,2 millones, es decir el total de familias consideradas vulnerables en Brasil.
Hambre Cero comprende además la distribución de alimentos, la alfabetización de jóvenes adultos, estímulos a la agricultura familiar y la construcción de cisternas para recoger agua de lluvia en zonas de sequías, entre otras medidas para combatir las causas de la miseria.
Como resultado, todos los indicadores sociales de Brasil han mejorado gradualmente desde la década pasada, y algunas metas del milenio, como la igualdad de género en la enseñanza, ya fueron alcanzadas, destacó Luis Fernando Rezende, del gubernamental Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA).
El mayor rezago se nota en el saneamiento básico, el más fuerte escollo para la reducción de la mortalidad de los niños de hasta cinco años, dijo Rezende a IPS.
En Venezuela, el presidente Hugo Chávez lanzó una batería de programas en 2003, favorecido por los altos precios del petróleo, después de casi ser derrocado y de una larga huelga petrolera.
El mercado de alimentos subsidiados beneficia a 15 de los 26 millones de venezolanos. Además, se incorporaron a la enseñanza cuatro millones de nuevos estudiantes, entre ellos medio millón de becarios.
Asimismo, 15.000 médicos cubanos ayudaron a llevar asistencia a millones de pobres, según datos del gobierno venezolano.
Los Objetivos del Milenio no orientaron en general las políticas sociales en los países sudamericanos, pero sirven de referencia parcial en el acompañamiento y para destacar los avances obtenidos.
Una excepción es Uruguay, cuyo gobierno presidido por Tabaré Vázquez, del izquierdista Frente Amplio, puso en marcha desde marzo el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social (PANES), con la pretensión explícita de cumplir algunos de los Objetivos del Milenio.
Ese país rioplatense, antes conocido como «la Suiza de América», sufrió un grave deterioro socioeconómico desde la redemocratización en 1985, en una evolución similar a la de Argentina. Su tasa de desempleo alcanzó 17 por ciento en 2002, junto con la caída de los salarios, de las exportaciones y las reservas internacionales.
En consecuencia, 33 por ciento de la población nacional vive en la pobreza y ocho por ciento, o 276.000 personas, en la indigencia. En Montevideo, donde reside más de mitad de los uruguayos, la pobreza aumentó de 18 a 31 por ciento entre 1998 y 2003.
El PANES entrega un «ingreso solidario» equivalente a 50 dólares mensuales a jefas y jefes de hogares e incluye el programa Trabajo por Uruguay, que ofrece capacitación laboral y trabajo transitorio por cuatro meses por medio de sorteo público, duplicando el ingreso de sus beneficiarios.
La Cumbre Mundial a celebrarse del 14 al 16 de este mes en la sede de la ONU, en Nueva York, evaluará el progreso de los países hacia las metas del milenio. América Latina no tiene un lugar de privilegio en esa carrera.
*Con aportes de Marcela Valente (Argentina), Gustavo González (Chile), Raúl Pierri (Uruguay) y Humberto Márquez (Venezuela). (FIN)