El pasado viernes el diario español El País publicaba un editorial con el significativo y claramente malintencionado título de «El banco de Chávez». En él se hacía referencia a la decisión del Banco Central de Venezuela de transferir unos 20.000 millones de dólares, hasta ahora depositados en bancos de Estados Unidos, al Banco Internacional de […]
El pasado viernes el diario español El País publicaba un editorial con el significativo y claramente malintencionado título de «El banco de Chávez».
En él se hacía referencia a la decisión del Banco Central de Venezuela de transferir unos 20.000 millones de dólares, hasta ahora depositados en bancos de Estados Unidos, al Banco Internacional de Pagos de Basilea.
La propia editorial afirmaba que «muchos países están diversificando sus reservas para reducir el riesgo ante la inestabilidad monetaria» y que ese era el argumento también esgrimido en este caso. Pero, además, El País decía que «con esta decisión Chávez intenta protegerse ante la eventualidad de que su creciente antagonismo con Washington -que las dos partes cultivan con determinación- pueda desembocar en una confiscación o congelación de sus cuentas en Estados Unidos. Por ello, prefiere tenerlas en Suiza, en el Banco Internacional de Pagos de Basilea».
El editorial no mencionaba que diversificar las reservas o tratar de protegerse ante una eventualidad de embargo fuesen acciones inconvenientes o perjudiciales. No podía hacerlo pues cualquier observador normal las valoraría como medidas elementales de precaución que debe tomar cualquier responsable de la economía y las finanzas estatales que mantuviera un conflicto, aunque sólo sea dialéctico, con los Estados Unidos.
Lo sorprendente es que, sin considerar que la medida fuese negativa, se interprete la decisión como una muestra de que el gobierno domina al banco y no respeta la autonomía que le concede la Constitución venezolana.
Lo que hace el diario madrileño es constatar que fue el gobierno quien anunció la medida antes que el banco central y de ahí deduce «que el poco atisbo de autonomía que le quedaba a la entidad emisora ha desaparecido, pese a estar protegida por la Constitución bolivariana». Y eso es lo que permite a El País decir, como en el título del editorial, que Hugo Chávez utiliza al banco central como si fuera propio.
Las personas informadas saben que los propietarios de El País tienen intereses económicos en Venezuela de la mano de personas muy influyentes de la oposición, lo que explica el tratamiento tan poco objetivo que se da a la información sobre Venezuela. En este sentido, el editorial del viernes era igual de demagógico que en otras ocasiones y responde a la estrategia de descrédito permanente del presidente Chávez a la que este periódico nos tiene acostumbrado, sólo que ahora, además, carece de rigor y argumenta sobre errores impropios de un periódico de su categoría.
La medida no atenta contra la autonomía del Banco Central
En primer lugar, para decir que el presidente venezolano ataca la autonomía del Banco Central de Venezuela, lo menos que debería haber hecho el editorialista es haberse leído la ley que regula el funcionamiento de dicho banco y su relación con el gobierno.
Si antes de atacar a Hugo Chávez hubiera tenido esa elemental precaución se hubiera dado cuenta de que el artículo 7.5 de la Ley del Banco Central de Venezuela indica que a éste tan sólo le corresponde «centralizar y administrar las reservas monetarias internacionales de la República». Pero de ahí no puede deducirse, en ningún caso, que se le atribuya un poder de decisión sobre la ubicación última de dichas reservas.
Es más, en el artículo 110 de la citada Ley se establece que «el Banco Central de Venezuela regulará, en los términos que convenga con el Ejecutivo Nacional, la negociación y el comercio de divisas en el país; las transferencias o traslados de fondos, tanto en moneda nacional como en divisas, del país hacia el exterior o desde el exterior hacia el país, así como los convenios internacionales de pago» (la cursiva en nuestra).
Esta es una fórmula de división de funciones aceptada casi unánimemente en las legislaciones de los bancos centrales más independientes del mundo y, por lo tanto, ningún defensor de la independencia de estas instituciones podría argumentar en contra de que dicha decisión haya vulnerado la autonomía del Banco Central de Venezuela.
La razón no es otra que las decisiones sobre la política cambiaria distintas a la mera gestión administrativa de las reservas no tienen por qué obedecer siempre a lógicas estrictamente económicas sino que responden, las más de las veces, a motivaciones de naturaleza política. Es por ello que el poder político suele establecer una reserva sobre esta materia cuando le confiere independencia al correspondiente banco central.
De todo lo anterior se deduce, consiguientemente, que la decisión del traslado de los fondos debía ser conocida y consensuada entre el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo nacional y que, por lo tanto, quién realizara primero la declaración de la medida que iba a tomarse era, en consecuencia, indiferente.
De ahí, que la interpretación de que el Banco Central de Venezuela ha perdido su autonomía como consecuencia de que el gobierno venezolano ha tomado la medida de trasladar sus reservas internacionales constituye un argumento peregrino.
El uso de las reservas
Sin embargo, El País no sólo mantiene que Chávez ha atacado ahora esa autonomía sino que, en su opinión, ya lo había hecho antes.
Dice el editorial: «no es una novedad. A finales de 2004, Chávez hizo aprobar una ley para que el Ejecutivo pudiera hacer uso directo y discrecional de las reservas del Banco Central, para invertirlas en política social y obras públicas, según prometió».
Se refiere El País a la última reforma de la Ley de dicha institución (alusión que, por cierto, está mal fechada en el editorial por cuanto se indica que fue aprobada a finales de 2004 cuando, de hecho, lo fue el 20 de julio de 2005).
Lo que se perseguía con esta última reforma, también relacionada con las reservas internacionales, es que el Banco Central trasladara a un fondo de nueva creación y por una única vez 6.000 millones de dólares de esas reservas que estarían a disposición del gobierno para proyectos de inversión en la economía real, en educación y sanidad, la mejora del perfil de la deuda externa y la atención a situaciones especiales y estratégicas. Tras ese desembolso inicial, el fondo se irá nutriendo con el remanente de los ingresos que la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA) obtenga tras deducir los gastos necesarios para su mantenimiento operativo y el desarrollo de sus planes de inversión.
En la medida en que se establece que esas reservas serán gastadas en divisas -se entiende, por lo tanto, que fuera de Venezuela- no serán nuevamente monetizadas en el país, es decir, convertidas en sumas adicionales de bolívares y, por tanto, la medida no debe tener efectos inflacionistas. Además, al obligar a que se destinen a gastos de inversión, lo que se está promoviendo es la mejora de la dotación de capital del país y la de los servicios sociales básicos que mayor incidencia tienen en la mejora de las condiciones de vida de la población: la salud y la educación.
Cualquier persona sensata vería con simpatía esta medida… salvo los neoliberales que defienden la ortodoxia monetarista de la que se benefician los propietarios de grandes sumas de dinero y activos financieros.
¿Qué de malo tiene que un gobierno representativo trate de utilizar las reservas para promover desarrollo social y bienestar cuando, además, lo hace de acuerdo con el propio banco central? ¿No es eso mucho más sensato y democrático que dejar que los tecnócratas del banco decidan por su cuenta?
Los neoliberales conciben a la política monetaria como un fin en sí mismo y por eso no aceptan que un gobierno como el de Venezuela reclame que esa política debe ser, por el contrario, un instrumento más al servicio de las políticas de bienestar.
¿Por qué ha de ser obligado financiar los déficits de Estados Unidos?
A pesar de que la decisión de retirar las reservas de los bancos estadounidenses se sustenta sobre argumentos económicos de suficiente peso, no puede ocultarse que tras dicha decisión subyacen también razones políticas de suficiente calado como para justificar la medida.
Dada la cuantiosa posición en reservas que mantiene Venezuela como consecuencia de los elevados precios del petróleo, optar por seguir manteniendo un monto de reservas tan alto en los bancos estadounidenses no es sino contribuir a que Estados Unidos pueda mantener sus niveles de déficit presupuestario y comercial y, consiguientemente, un gasto que supera la capacidad de producción de su economía.
Es curioso que medios como El País critiquen a Venezuela por una medida elemental de prevención y que, sin embargo, no denuncien el uso que los Estados Unidos hacen de su posición dominante en la economía mundial, que es mucho más desestabilizador y perjudicial para todos. Estados Unidos puede seguir profundizando en su nivel de desarrollo y mantener su agresiva actividad bélica gracias a la financiación que le ofrece el resto del mundo como consecuencia de las políticas de austeridad fiscal que los organismos internacionales imponen a los países en desarrollo. Estados Unidos gasta y los demás -especialmente los países más empobrecidos- le financian a costa de disponer de menos recursos para su propio desarrollo.
Los gurús de las finanzas neoliberales se callan cuando se está financiando un comportamiento financiero de los Estados Unidos que es claramente peligroso y dañino para el conjunto de la economía mundial, nada dicen ante los gigantescos déficit de ese país, ni reclaman la disciplina presupuestaria y comercial de la principal potencia del mundo que, por el contrario, imponen a los países empobrecidos.
Sin embargo, basta con que un país en vías de desarrollo como Venezuela quiera utilizar una parte de sus reservas internacionales para promover el bienestar de sus ciudadanos para que esos mismos guardianes de la ortodoxia monetarista levanten sus voces y denuncien por doquier que se está violando la autonomía de su banco central o que se está llevando al país hacia el cataclismo financiero.
También desde este punto de vista, la crítica a la medida que adopta el gobierno venezolano es peregrina. ¿Por qué no puede negarse un país soberano e inteligente a seguir financiando un comportamiento como el de Estados Unidos que es lesivo para sus intereses y peligroso para el conjunto de la economía mundial?, ¿en qué tablas de la ley está escrito que los pobres sean los que hayan de financiar el despilfarro de los ricos?
Lo que viene planteando el presidente Hugo Chávez es mucho más inteligente y positivo, sobre todo, para los países empobrecidos por las políticas neoliberales: que las reservas de los países del sur sirvan para financiar a los países del sur y, principalmente, a sus ciudadanos más desfavorecidos. Para ello ha propuesto en diferentes foros internacionales la creación de un Banco del Sur que centralice, con fines de desarrollo, las reservas de esos países. Una propuesta que, hasta el momento y al menos en América Latina, ha caído en saco roto (seguramente por las presiones que deben realizar los grandes poderes financieros del Norte) pero que en Asia está siendo evaluada y tiene visos de materialización a medio plazo.
No nos engañemos: Estados Unidos es un peligro cierto
Finalmente, hay que tener en cuenta que el temor del gobierno venezolano a una posible confiscación de sus reservas en dólares depositadas en Estados Unidos por parte de las autoridades de este país no es, en ningún caso, infundado. De hecho, ni siquiera el editorial de El País se atreve a señalar que el gobierno venezolano haga mal adoptando estas prevenciones.
Estados Unidos viene poniendo sobre la mesa un principio de soberanía en materia monetaria que los demás países deberían empezar a considerar como una auténtica amenaza financiera y como algo democráticamente inaceptable: allí donde haya un dólar allí llega la soberanía estadounidense.
Se trata de un principio imperial e inmoral que Estados Unidos materializó hace unos meses cuando decidió sancionar a la Unión de Bancos Suizos (UBS) por haber realizado con Cuba una operación financiera perfectamente aceptada en los estándares internacionales -la reposición de efectivo cuando se trata de billetes deteriorados- argumentando que dicho país, en tanto que patrocinador del terrorismo internacional, no tiene derecho a acceder a ese tipo de operación.
Con esta medida, Estados Unidos extendía la soberanía sobre su moneda más allá de sus fronteras, imponiéndola, no ya sobre sus ciudadanos, sino sobre todos aquellos que utilicen el dólar.
¿Quién garantiza que con la misma excusa y con tanta ligereza el siguiente paso de Estados Unidos contra Venezuela no sea la confiscación de sus cuentas? ¿No es más lógico, entonces, considerar que la medida que acaba de proponer el gobierno venezolano y que tanto critica El País es, sobre todo, una muestra de responsabilidad, de cordura y buen gobierno?
Lo que realmente les molesta
En definitivas cuentas, resulta que la medida que se ha adoptado en Venezuela respeta la ley y la autonomía del banco central, dará seguridad a las reservas internacionales, una parte de las cuales irán conformando un fondo para financiar inversión social, y señala al mundo que es mejor no ayudar a que Estados Unidos siga usando su moneda para financiarse a sí misma y empobrecer a los demás.
Nada hay de criticable en eso, pero se critica con extraordinaria dureza, lo que evidencia que son otras cuestiones las que realmente enervan a los poderes financieros: que un país se sienta soberano y ejerza como tal, que los recursos se pongan a disposición del desarrollo social y que no se renuncie a gobernar la moneda porque de esta depende el bienestar de las personas y no sólo el beneficio de los poderosos.
Venezuela ha dado un magnífico ejemplo de cordura financiera al mundo y El País, una vez más, otra lamentable muestra de manipulación mediática.
Juan Torres López (www.juantorreslopez.com) es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga.
Alberto Montero Soler ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Málaga.