Primero fue la orden «disparen y averigüen después» formulada por Rómulo Betancourt en 1961, la que inauguró la cadena de asesinatos selectivos de dirigentes populares e izquierdistas que caracterizarán por siempre al régimen puntofijista hasta 1998. En esta etapa de la vida republicana venezolana, agitada por sentimientos de liberación nacional y mayores demandas reivindicativas en favor de los sectores populares, comienza a ser parte de la realidad cotidiana la represión sistemática contra quienes se atrevieron a exigir la instauración de una sociedad realmente democrática y soberana. Para entonces, la actividad política desarrollada encubiertamente bajo la dictadura del General Marcos Pérez Jiménez permitió que un grueso segmento de la población venezolana adquiriera conciencia de su papel en los hechos de trascendencia que comenzaban a tener lugar en el país. Pero, el hecho que la dirigencia de Acción Democrática (AD) y del Partido Comunista de Venezuela (PCV) que había combatido activamente en la clandestinidad a la dictadura perezjimenista, incluso armas en mano, fuera desplazada por la dirigencia política venida del exilio, más las condiciones impuestas por el Pacto de Punto Fijo; hizo que esta agitación de las masas populares tuviera un tinte claramente insurreccional, como quedó plasmado en Caracas al desconocerse los resultados electorales que dieron la Presidencia a Rómulo Betancourt y cuando grupos de estudiantes atacaron la caravana del Vice-presidente Richard Nixon.
El segundo gobierno de AD, con Raúl Leoni de Presidente (1964-1969), vino a desarrollar nuevos mecanismos de represión contra el movimiento popular. A la par de los ataques perpetrados por las bandas armadas adecas, el Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (SIFA) y la Dirección General de Policía (DIGEPOL) se encargaron de torturar, asesinar y desaparecer a una gran cantidad de personas por causas políticas, aun cuando se hablaba de la instauración de un régimen aparentemente democrático y se suscribieran tres tratados internacionales que prohíben la desaparición forzosa de personas, así como la tortura y tratos crueles e inhumanos a los prisioneros. Durante este período se hicieron públicas las primeras denuncias de desapariciones de dirigentes políticos de oposición, sin que hubiera ningún poder que diera cuenta de ello. Campesinos, estudiantes, trabajadores, amas de familia y guerrilleros fueron pasto de la doctrina de Seguridad Nacional inculcada por Estados Unidos en la Escuela de las Américas, ubicada en Panamá, a los efectivos militares y policiales venezolanos. Era la época de los Teatros de Operaciones (TO), bases militares bajo asesoramiento del Pentágono estadounidense para luchar contra las guerrillas de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), buscando impedir la reedición de una Cuba revolucionaria en nuestro Continente.
Durante las décadas siguientes, los cuerpos represivos continuarán aplicando los mismos métodos, arropados por un silencio cómplice, extensivo -incluso- a los diferentes medios de comunicación que apenas reseñaron los hechos. A los asesinatos cometidos durante la década de los sesenta, una vez finalizada la guerra de guerrillas, se sumaron las masacres de Yumare, Cantaura, El Amparo y el Caracazo. A éstas podríamos agregarles también los cometidos entre el 11 y el 13 de abril de 2002 al ocurrir el golpe de Estado contra el gobierno de Hugo Chávez, lo cual pone en evidencia una vieja práctica heredada de aquellos años. Hoy, se impone que la labor investigativa de la Comisión Especial nombrada por la Asamblea Nacional hace ya un tiempo para seguir la pista de todos estos asesinatos y desapariciones impunes arroje resultados positivos, de manera que se castigue a los culpables materiales e intelectuales de los mismos. Esto es especialmente necesario, ya que muchos de ellos siguen falseando la verdad y aparentan ser unos verdaderos demócratas y defensores de los Derechos Humanos, incluso, ubicados del lado del proceso revolucionario bolivariano, seguros de que la justicia humana no los alcanzará nunca. Sin embargo, las fuerzas revolucionarias tienen un deber ineludible que cumplir, más que nadie, en memoria de aquellos caídos de la revolución venezolana, por lo que deberían exigirles a las actuales autoridades venezolanas el total esclarecimiento de estos casos, como su debido enjuiciamiento y condena.