La globalización de la economía mundial ha significado también la globalización de la pobreza, como consecuencia de la reestructuración de las economías de los países pobres mediante el reordenamiento de su papel en la economía mundial.
Este reordenamiento se caracteriza, por un lado, por el traslado de gran parte de la base industrial de los países avanzados a los países pobres, donde están las fuentes de mano de obra barata. Por el otro, las mismas exportaciones «no tradicionales» son simultáneamente promovidas en un gran número de países en desarrollo que, de esa manera, son lanzados a una feroz competencia entre sí. Todo el mundo quiere exportar a los mismos mercados de Europa y Estados Unidos.
Los países desarrollados trasladan su base industrial a los países pobres mediante el procedimiento de extender sus fronteras dentro de los territorios de los países pobres estableciendo enclaves en régimen de zonas francas, comúnmente conocidas como maquilas. El objetivo es producir pagando salarios de un dólar o menos la hora, frente a los 16 o 24 dólares la hora que deberían abonar en su propio territorio. Estas empresas obtienen enormes privilegios concedidos por el Estado, ya que están totalmente exoneradas de impuestos.
En Nicaragua existen aproximadamente 70 empresas de zona franca, empleando unos 70 mil trabajadores, en su mayoría mujeres. La casi totalidad de estas empresas son de capital oriental (Corea del Sur y Taiwán) y estadounidense.
En un estudio presentado en 2005 por el licenciado Tránsito Gómez (Salario y poder adquisitivo en las maquilas) aparecen claramente las diferencias salariales entre los sectores más desarrollados de los trabajadores en Europa y los menos desarrollados en Centroamérica, apara los cuales el salario oscila entre 0,27 dólares en Nicaragua hasta un máximo de 1,30 dólar en Costa Rica y El Salvador.
La diputada Alba Palacios explica cómo «en el estudio se percibe claramente que las metas productivas que se establecen en muchas empresas obligan a los trabajadores a jornadas extenuantes bajo pena de despido, lo cual constituye una violación a los Convenios 29 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre el trabajo forzoso».
En las zonas francas de Nicaragua la mayoría del personal contratado son mujeres, muchas de las cuales son la única fuente de ingreso de la familia. No existe regulación sobre la duración de la jornada de trabajo, que se extiende desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche.
En algunas de ellas, incluso, se trabaja el sábado hasta el mediodía, y al final de cada ciclo productivo, cuando se produce la mayor presión por parte de los propietarios de la maquila para cumplir con los pedidos, se trabaja los días sábado y domingo de siete de la mañana hasta las cinco de la tarde.
A menudo se contrata mano de obra no calificada, la cual pasa años repitiendo siempre la misma operación, sin recibir ningún tipo de capacitación para poder realizar un producto terminado desde la primera hasta la última operación. Esto genera frustración y mantiene a los trabajadores en la condición de no poder encontrar otro trabajo que no sea en la maquila.
«También -continuó Palacios- tenemos claro que muchas empresas no cumplen con los procedimientos técnicos para la seguridad en el trabajo y la fijación de los estándares de producción, lo cual es de obligatorio cumplimiento para países como Nicaragua que ya tienen ratificado Convenios con la OIT. Las empresas maquiladoras llegan al país con un modelo de organización de trabajo y estándares de producción establecidos que no corresponden a nuestra realidad socioeconómica sino a la de otros países donde los estándares de producción se cumplen sobre la base de salarios superiores.
Aquí se implementan los mismos modelos de productividad pero sin el aspecto salarial, y eso implica una sobreexplotación de nuestra fuerza de trabajo que, en Centro América, es la más explotada.
Además, el aumento del salario mínimo establecido por ley (1.137 córdobas equivalentes a 65 dólares) se establece a través de una negociación entre los sindicatos, las empresas y el gobierno (Comisión de Salario Mínimo), pero no representa un verdadero incremento porque en nuestro país la devaluación del córdoba respecto al dólar absorbe cualquier aumento, y la capacidad adquisitiva del trabajador de la maquila -y de cualquier trabajador nicaragüense promedio- oscila apenas entre el 30 y el 70 por ciento de la canasta básica.
Mientras tanto, estas empresas tienen utilidades brutas de 200 a 300 por ciento, lo que significa que por cada millón de dólares que invierten ganan tres millones, y si esto lo multiplicamos por los ciclos productivos de cada dos meses, las ganancias son bastante fuertes, lo que explica el auge que tiene la zona franca».
Además de la sobreexplotación del trabajo, los/las trabajadores/as de la maquila son objeto de diferentes tipos de vejaciones y violaciones a sus derechos humanos, laborales y sindicales.
La licenciada Irela Alemán, del Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (Cenidh) afirmó que «Hoy en día las maquilas son presentadas por los gobiernos de los países subdesarrollados como la mejor forma de combatir el desempleo, sin embargo, a medida que pasa el tiempo y vemos cómo se desarrollan y se comportan estas empresas, nos damos cuenta de que es una idea equivocada, puesto que violan gravemente los derechos humanos de los trabajadores, lo que se expresa a través de salarios bajos, la violación a la integridad física y psíquica de los trabajadores y largas jornadas de trabajo, en lugares donde su dignidad y derechos humanos no son respetados».
Según Pedro Ortega, miembro de la Mesa Laboral Sindical de la Maquila (MLSM), «Los ejemplos de violaciones son continuos. Los/as trabajadores/as tienen miedo de perder ese trabajo porque es la única oportunidad que hay en Nicaragua. Hay ejemplos de mujeres que fueron despedidas porque estaban embarazadas o que abortaron porque no le permitieron acudir a una consulta médica. Muchas veces las empresas no pagan las cotizaciones al Seguro Social (INSS) y las mujeres no pueden acceder a la atención sanitaria gratuita, comprometiendo su embarazo. No se respeta el pago del salario mínimo y de las horas extras, y obligan a turnos de trabajo agotadores.
Existe una violación total a las leyes del país y a los convenios internacionales en el aspecto sindical. Cuando se forma un sindicato, despiden de inmediato a toda su Junta Directiva para crear miedo en los demás trabajadores y evitar que se afilien.
La empresa sabe perfectamente que el Ministerio del Trabajo (MITRAB) no tiene poder coercitivo en su contra y no atiende sus resoluciones. Sabe, además, que una demanda en los tribunales normalmente se extiende hasta más de dos años y la gente no tiene posibilidades de aguantar todo esto tiempo, por lo que muchas veces abandona la lucha y se busca otro trabajo para alimentar a sus hijos».
La instancia encargada de tutelar los derechos de los trabajadores es el Ministerio del Trabajo (MITRAB), y nunca ha sido beligerante en controlar de cerca la sobreexplotación de la que son victimas los trabajadores de la zona franca.
Que un trabajador haga horas extras no es algo realmente voluntario, sino que su ingreso es tan bajo que está casi obligado a trabajar horas extras para ganar un poco más, y muchas veces ni siquiera se las pagan.
Se sabe también que si un trabajador intenta reclamar por sus derechos laborales o salariales, la única respuesta que recibe es el despido.
Existen también las tristemente célebres ‘Listas Negras’. Cuando un trabajador es despedido por ser sindacalista o afiliado a un sindicato, o simplemente por haber exigido el respeto a sus derechos, los dueños de la empresa colocan su nombre en una lista que circula entre la diferentes compañías de zona franca. Para esta persona será casi imposible encontrar nuevamente trabajo en este sector, porque está fichado como persona problemática».