Ambientalistas recibieron con cierto alivio la ausencia de grandes novedades en el Programa de Aceleración del Crecimiento anunciado por el gobierno de Brasil. Los proyectos más preocupantes ya están definidos y son objeto de cuestionamiento hace muchos años. Discursos gubernamentales anteriores al anuncio del lunes, según los cuales las exigencias ambientales obstaculizan el crecimiento económico, […]
Ambientalistas recibieron con cierto alivio la ausencia de grandes novedades en el Programa de Aceleración del Crecimiento anunciado por el gobierno de Brasil. Los proyectos más preocupantes ya están definidos y son objeto de cuestionamiento hace muchos años.
Discursos gubernamentales anteriores al anuncio del lunes, según los cuales las exigencias ambientales obstaculizan el crecimiento económico, «hicieron temer flexibilizaciones» y «algún mecanismo de vía rápida» en la aprobación de obras de infraestructura, dijo a IPS André Lima, coordinador de Política y Derechos del Instituto Socioambiental (ISA).
Pero, finalmente, no hubo tales medidas en el programa, agregó Lima.
Las «amenazas» al ambiente, como la construcción de grandes centrales eléctricas y la pavimentación de carreteras en la Amazonia, son viejas conocidas y, más que problemas ecológicos, afrontan dificultades de viabilidad económica, señaló Roberto Smeraldi, director de Amigos de la Tierra-Amazonia Brasileña.
Es el caso de las tres mayores centrales hidroeléctricas incluidas en el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), que representan 30 por ciento del total de la capacidad generadora de las 79 anunciadas.
La de Belo Monte, en la Amazonia oriental, es una nueva versión de proyectos del inicio de los años 80 para aprovechar el rio Xingú, anulados ante la resistencia de pueblos indígenas y ambientalistas.
Además de afectar aún territorios indígenas cercanos y estar bloqueada por un fallo judicial, la central afronta el problema del bajo caudal del rio Xingú en el estación seca, durante la cual puede perder dos tercios de su capacidad de producción eléctrica, según un estudio universitario.
Su viabilidad dependería de embalses complementarios río arriba para controlar el flujo hídrico, pero que inundarían tierras indígenas, según Smeraldi.
Otras dos centrales en el río Madeira, en el sur de la Amazonia, también fueron rediseñadas para reducir la inundación de bosques y poblados, usando turbinas de bulbo. Es una vieja tecnología cuya eficiencia no está comprobada en esa escala, que permitirá la producción de 3.150 megavatios en la central de Santo Antonio y 3.300 megavatios en la de Jirau, observó el ambientalista.
Además los costos son elevados –cerca de 10.000 millones de dólares–, a los que se añaden inversiones por unos 2.500 kilómetros de líneas de transmisión, para llevar la energía a los grandes mercados consumidores el sureste de Brasil.
Todos estos son obstáculos al plan gubernamental de poner en marcha las obras para que estas centrales comiencen a generar electricidad al inicio de la próxima década, con el fin de evitar restricciones como las de 2001 y asegurar energía para el crecimiento económico esperado de cinco por ciento al año.
De esa forma, el PAC no agrega nuevas preocupaciones ambientales, sino que sólo reafirma, en conjunto y «empaquetados», muchos proyectos de energía, transporte, saneamiento y construcción de viviendas que ya están en marcha o proceso preparatorio, según Smeraldi.
En total el plan promueve inversiones por 503.900 millones de reales (235.000 millones de dólares) en inversiones hasta 2010, además de «destrabar» la economía con estímulos fiscales y eliminación de obstáculos burocráticos y financieros.
Pero preocupa al activista André Lima la anunciada reglamentación del artículo 23 de la Constitución que establece competencias para licenciar e inspeccionar obras de impacto ambiental.
El proyecto de ley complementaria enviado al Congreso distribuye la jurisdicción entre los órganos ambientales nacionales, estaduales y municipales.
El objetivo es evitar los conflictos que provocan acciones judiciales, retardando procesos de licenciamiento y la ejecución de proyectos.
La mayoría de las disputas de ese tipo ocurre por intervención de la Fiscalía, según el Ministerio de Medio Ambiente, que hace tiempo propone la reglamentación del artículo 23.
Lo que preocupa es que el proyecto enviado al Congreso Nacional legislativo tiene omisiones, como no establecer condiciones básicas para que las autoridades municipales puedan autorizar iniciativas cuyo impacto ambiental se limita al municipio, apuntó Lima.
En la práctica se descentraliza ese poder, pero sin exigir «estructuras sólidas para el ejercicio de esa responsabilidad», con la creación de Consejos Municipales de Ambiente, con participación de la sociedad, y de órganos técnicos capacitados, ejemplificó.
Otra fuente de problemas es que la propuesta fija que cada órgano ambiental responde por el control e inspección de los proyectos que licenció.
La disposición puede inhibir la acción del Instituto Brasileño de Medio Ambiente, autoridad nacional, contra la deforestación, ya que es el órgano estadual el que autoriza la tala de bosques por hacendados.
Pero son cuestiones que se puede corregir en el trámite parlamentario, reconoció Lima, recordando, sin embargo, que el ambientalismo tiene escaso apoyo en el Congreso Nacional.
El PAC no agregó grandes amenazas al ambiente, pero tampoco representa un cambio en el modelo de desarrollo pretendido, se lamentó Lima.
El desarrollo sustentable no está incluido entre las premisas que orientaron las medidas con que se procura duplicar el ritmo de expansión del producto interno bruto desde 2003, cuando se inició el gobierno del presidente Luiz Inacio Lula da Silva.
El programa no debilita el sistema ambiental, pero tampoco lo fortalece, ni contempla aumento alguno del presupuesto ni de la capacidad de operación y gestión de los órganos a cargo del control en la materia, apuntó el dirigente del Instituto Socioambiental.
El PAC fue «una oportunidad perdida», en la opinión de Smeraldi. El gobierno brasileño dispuso, desde los años 80, de escasas ocasiones en que las condiciones presupuestarias le permitieron practicar la reducción de impuestos para estimular algunas actividades económicas.
Ahora concedió exención de algunos tributos a algunos sectores, como informática y construcción, pero sin establecer distinciones, cuando debería beneficiar sólo actividades y empresas que generan más empleos o innovaciones tecnológicas, que capacitan su personal e impulsen de alguna forma la sustentabilidad.
Ésa seria la forma de promover efectivamente el desarrollo, opinó el director de Amigos de la Tierra.