En días recientes,los bancos centrales de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá, Suiza y Australia inyectaron más de 300 mil millones de dólares a sus sistemas financieros, a fin de darles liquidez, tranquilizar a los mercados y evitar una fuga masiva de inversiones. Tales reacciones se dieron en respuesta a la difícil semana que […]
En días recientes,los bancos centrales de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá, Suiza y Australia inyectaron más de 300 mil millones de dólares a sus sistemas financieros, a fin de darles liquidez, tranquilizar a los mercados y evitar una fuga masiva de inversiones. Tales reacciones se dieron en respuesta a la difícil semana que vivieron las principales bolsas de valores del mundo, como consecuencia de la apremiante situación que padece el sector inmobiliario de Estados Unidos. Lo inusual de esta medida pone de manifiesto el temor ante el eventual inicio de una crisis económica global de consecuencias lamentables.
Para poner las cosas en perspectiva, habría que señalar que la cantidad de dinero que los bancos centrales sacrificaron para contrarrestar la falta de liquidez del sistema financiero equivale a 35 por ciento del producto interno bruto de México, y que las ocasiones anteriores en que habían tenido que recurrir a medidas similares fueron en contextos de alarma mundial. La última vez que la Reserva Federal de Estados Unidos tuvo que lanzar mensajes tranquilizadores a los mercados fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, y anteriormente sólo lo había hecho en octubre de 1987 -después del llamado «lunes negro», cuando la bolsa de valores de Wall Street sufrió la peor caída de su historia-, así como en 1929, al inicio de la Gran Depresión estadunidense. La gravedad y relevancia histórica de los tres sucesos mencionados hace suponer que la reciente reacción de las autoridades financieras mundiales podría ser uno de los primeros atisbos de una crisis global.
La crisis del sector inmobiliario estadunidense se dio inicialmente por la dificultad de las familias de ese país que contrajeron créditos hipotecarios de alto riesgo para pagar sus préstamos ante el incremento de las tasas de interés. De acuerdo con cifras de The Wall Street Journal, 80 por ciento de la deuda de los consumidores estadunidenses -más de 12 billones de dólares- corresponde a créditos hipotecarios. Como consecuencia, muchas de las instituciones crediticias que financiaron durante años el boom inmobiliario en Estados Unidos se han visto afectadas: decenas de empresas de créditos hipotecarios han cerrado y muchas otras han suspendido totalmente los préstamos, lo cual ha comenzado a afectar a los demás sectores económicos del país. Es alarmante la aseveración del presidente financiero del banco de inversión estadunidense Bear Stearns, Sam Molinaro, en el sentido de que la actual situación de los mercados «ha sido de lo más malo que ha visto en 22 años». Estas declaraciones, en añadidura a la inusual preocupación de las autoridades financieras, parecen obedecer a comportamientos típicos de los grandes capitales en el preámbulo de una grave crisis económica mundial.
Por su parte, no deja de ser preocupante que las autoridades mexicanas desestimen los riesgos que la actual situación de los mercados financieros plantea a la economía nacional. Según el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Werner, «este fenómeno no ha afectado a los mercados domésticos» debido a la «solidez de la economía mexicana». Sin embargo, ante la baja sostenida en las expectativas de crecimiento económico y la caída en los precios del petróleo y en las remesas, es dable suponer que el impacto de una eventual crisis mundial en el país sería mucho más grave de lo que las autoridades afirman. Por tanto, es imprescindible que el gobierno de nuestro país comience a actuar con sentido económico serio, deje de desatender los signos de la vulnerabilidad de la economía mexicana ante un eventual escenario de crisis e inicie medidas como la reactivación del mercado interno y el fin de la contención salarial, a fin de prevenir la redición de escenarios tan lamentables como la crisis bancaria de la década pasada que concluyó con el desfalco nacional del Fobaproa. De lo contrario, las consecuencias podrían resultar catastróficas para la población.