Ahora que el gobierno de Rodríguez Zapatero se esfuerza en aumentar el gasto social y en tomar medidas que favorezcan especialmente a los sectores más desfavorecidos, arrecian también las críticas. Los conservadores de derechas dicen que dilapida los recursos públicos. Y lo dicen los mismos que callan como estatuas cuando las ayudas del Estado son […]
Ahora que el gobierno de Rodríguez Zapatero se esfuerza en aumentar el gasto social y en tomar medidas que favorezcan especialmente a los sectores más desfavorecidos, arrecian también las críticas. Los conservadores de derechas dicen que dilapida los recursos públicos. Y lo dicen los mismos que callan como estatuas cuando las ayudas del Estado son para los ricos, como sucede ahora, cuando los bancos centrales se gastan mucho más dinero en ayudar a los especuladores.
Los conservadores de derechas (utilizo esta expresión porque es evidente que también los hay en la izquierda y por supuesto hasta en la extrema izquierda) suelen ser muy dados a utilizar varas de medir muy diferentes según cuáles sean los temas de los que están hablando.
En estas últimas semanas no he oído a ningún dirigente o personalidad de esa adscripción ideológica preguntarse sobre la necesidad, la legitimidad o el destino de los cientos de miles de millones de euros y dólares que los bancos centrales han puesto generosamente a disposición de los bancos, es decir, de los ya más ricos del planeta. Una cantidad ingente de recursos que han debido movilizar para hacer frente a la irresponsabilidad bancaria, a las inversiones super arriesgadas pero muy rentables y a su voracidad a la hora de buscar cada vez más beneficios. Y recursos que serán destinados a seguir haciendo lo mismo, esto es, a realizar nuevas operaciones especulativas que volverán a aumentar la volatilidad y el riesgo global en la economía.
Pues bien, esos mismos que ahora callan son los que continuamente rechazan las políticas sociales que comportan gastos mucho menos elevados aunque destinados a proporcionar recursos a los más necesitados.
El gobierno español se ha empeñado felizmente en los últimos meses en realizar una serie de ofertas sociales que están siendo criticadas por los conservadores de derechas porque dicen que, como siempre, significan un despilfarro electoralista. Así lo leo hoy mismo en un conocido diario digital que se hace eco de las propuestas de reforma del Estado de Bienestar que hace en Francia el presidente Sarkozy: «Para Nicolás Sarkozy el Estado de Bienestar no es un botín a repartir en tiempos electoralistas como piensa Zapatero sino un agujero negro en las finanzas públicas que hay que sanear con urgencia».
Es verdad que no todas las medidas del gobierno de Zapatero se pueden considerar igual de efectivas para aumentar realmente el bienestar social y que yo mismo he criticado alguna de ellas por considerarla, precisamente, más bien cercanas a los principios liberales que terminan por favorecer a las rentas más altas. Pero, en cualquier caso, es igualmente evidente que al fin y cabo suponen una innegable transferencia de recursos hacia los sectores de población de menor renta. Y eso es lo que no les gusta a los conservadores de derechas.
En estos casos, cuando de repartir la renta y la riqueza se refiere, los argumentos son siempre los mismos: que se dilapidan recursos, que el Estado decide por los individuos y se cercena la libertad, que las administraciones públicas gastan peor que cuando lo hacen los intereses privados, que se incentivan la pereza y la desidia o que se trata de políticas populistas que se llevan a cabo con el único propósito de ganar elecciones.
Pero, curiosamente, cuando se hacen este tipo de críticas, cuando se argumenta de este modo, no se tiene en cuenta que el Estado se gasta quizá mucho mas dinero en subsidiar a los ricos, bien por activa mediante ayudas y privilegios o por pasiva renunciando a que contribuyan fiscalmente en la medida en que les debiera corresponder según sus ingresos; ni se tiene en cuenta, por ejemplo, lo que está costando en estos momentos la irresponsabilidad bancaria o los costes sociales (por ejemplo ambientales) que no se registran con el actual modo de contabilizar los costes y beneficios privados; como tampoco se tiene en cuenta que la injusticia fiscal de nuestros días o la desregulación de las actividades económicas y financieras lo que está incentivando es sencillamente el robo y la delincuencia de altos vuelos. Y, por supuesto, no se dan cuenta de la barbaridad que supone criticar a un partido o gobierno por tratar de favorecer los intereses ciudadanos con tal de ganar elecciones: ¿qué se supone que deben hacer entonces?, ¿no habíamos quedado en que las elecciones eran el procedimiento para que los ciudadanos expresemos nuestras preferencias hacia uno u otro partido?, ¿qué de malo tiene que un gobierno trate de favorecer a quienes le han votado o a los que quienes atraer para que lo voten? Si las elecciones son la expresión máxima de la democracia, ¿por qué les parece siempre mal que a las medidas sociales sean electoralistas?
Siempre pasa lo mismo. Ahora en España y en los últimos años en Venezuela. Allí critican que el gobierno de Hugo Chávez «dilapide» los ingresos petroleros repartiendo dólares a los pobres con el único propósito, según dicen, de mantenerse en el poder. Lo mismo que dicen ahora de Zapatero las mismas corrientes de opinión
¿Qué se supone que deben hacer entonces? ¿Debe seguir Chávez dándole el dinero a los ricos, como se había hecho siempre en Venezuela, para que no le vote nadie y puedan poner otra vez a los políticos corruptos de siempre? ¿Debe volver Zapatero a los tiempos del franquismo que añoran los ricos de derechas, cuando no pagaban impuestos y el Estado les regalaba miles y miles de millones de pesetas en subvenciones y ayudas?
La verdad es que los discursos de los más favorecidos criticando este tipo de medias son comprensibles. Al fin y al cabo están defendiendo la porción privilegiada de tarta que se han garantizado gracias a su poder. Lo que resulta más lamentable es que el mismo discurso lo defiendan también millones de ciudadanos que casi no tienen ni donde caerse muertos.
Esto último fenómeno es la consecuencia de la gran capacidad de convicción que tienen y despliegan los poderosos a través de sus medios de comunicación, de las escuelas, de la mayoría de las iglesias y de los líderes de opinión a quienes alimentan con inusitada generosidad.
Y esto es lo que indica que para defender las conquistas sociales no solo hace falta dedicar recursos económicos a las infraestructuras sociales sino también un gran esfuerzo a la formación, al fomento de la información plural y del debate libre.
Juan Torrez López es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga (España). Su web personal es www.juantorreslopez.com