Repensar el desarrollo de América Latina y el Caribe para el siglo XXI

Introducción

América Latina y el Caribe atravesaron un profundo proceso de involución durante el último cuarto del siglo XX. Ambos han experimentado una restauración de formas prenacionales de propiedad y la inversión de las relaciones sociales de producción (capital – mano de obra). Se han reintroducido formas primitivas de acumulación de capital, caracterizadas por la apropiación por la fuerza de tierras urbanas y rurales, por un desplazamiento masivo de la población inducido por el estado y, en algunos casos, por las élites paramilitares.

Los sistemas de información modernos, unos mercados mundiales en expansión, adquisiciones y fusiones a largo plazo que dan lugar a niveles nunca vistos de centralización y concentración de capital se combinan y articulan, y facilitan la restauración de las formas y estructuras políticas prenacionales.

Como consecuencias socioeconómicas y políticas de lo anterior, así como de un desarrollo desigual, se intensifican las desigualdades de clase, aparece una masa creciente de campesinos y trabajadores desarraigados, semiurbanizados, y la nueva burguesía superrica de América Latina y el Caribe se integra en los circuitos de EEUU-UE-Asia. La emergencia de un capitalismo prenacional y controlado desde el exterior en toda América Latina ha dado lugar a un tremendo aumento de los conflictos nacionales y de clase, en una variedad de emplazamientos socioeconómicos, en los que intervienen una amplia gama de estratos sociales, que emplean estrategias poco ortodoxas.

Las luchas sociales reflejan los esfuerzos por contrarrestar los reveses socioeconómicos y las formas prenacionales, primitivas, de explotación, así como las formas modernas de explotación tecnológica. Unas vagas exhortaciones por parte de la derecha y la izquierda en el sentido de resistir o de defender la «globalización» o el «neoliberalismo» pasan por alto la fusión histórica de las formas pasadas, presentes y emergentes de las organizaciones capitalistas. «Repensar el desarrollo» de América Latina y el Caribe para el siglo XX requiere que comprendamos el proceso y las estructuras que configuran la región.

Restauración y retrocesos

Los últimos 25 años han sido testigos del desmantelamiento de toda la estructura económica que caracterizó la construcción de los estados nacionales de América Latina y el Caribe, y del retorno a formas económicas prenacionales. Desde finales del siglo XIX, pero sobre todo entre los años 1930 y 1975, América Latina y el Caribe habían creado un estado y una economía nacionales: unas inversiones a gran escala, en su mayoría públicas, en industrias nacionales, infraestructuras, enseñanza superior, alfabetización, salud pública, mercados locales e instituciones financieras y de crédito, habían logrado sentar las bases materiales para el estado-nación moderno. En diferentes momentos y lugares, el estado nacionalizó sectores estratégicos, como los recursos naturales, el petróleo, el hierro, el cobre, el estaño, el transporte terrestre y marítimo y los servicios públicos (telecomunicaciones, agua, electricidad). El capital extranjero estaba presente compartiendo la explotación con el capital nacional y público (pero en la mayoría de los casos su función, de acuerdo con la normativa, era servir de complemento al capital nacional en vez de sustituirlo). En muchos sectores, al capital extranjero a gran escala se le negó la propiedad mayoritaria de acciones; las fábricas estaban obligadas a cumplir normas de «contenido nacional»; la propiedad de tierras se restringía o se negaba en algunos países. Las remesas de ganancias a los países de origen estaban reguladas, al igual que la cuantía de los créditos de los bancos locales. En otras palabras, América Latina pasó de ser un estado pretoriano «prenacional«, vinculado a enclaves de exportación dominados desde el exterior, a convertirse en un estado nación capaz de financiar y desarrollar las infraestructuras sociales de una sociedad moderna.

Una serie de derrotas políticas que comenzaron a mediados de los años 70 y que continuaron hasta la actualidad (2007), derribaron esa arquitectura socioeconómica de la economía y del estado nacional moderno y se restauraron las formas económicas y políticas prenacionales.

Bajo los lemas de la privatización, el mercado libre y la desregulación, los regímenes neoliberales que abogan por la restauración reconvirtieron sus economías en enclaves orientados hacia la exportación en manos de extranjeros. El proceso de involución normalmente se componía de dos fases: en la primera las empresas estatales privatizadas eran vendidas a las élites privadas locales que mantenían lazos con el régimen dominante, las cuales, luego, o bien revendían a inversores extranjeros o bien se convertían en socios menores (fusiones con corporaciones multinacionales).

Las privatizaciones fueron acompañadas del saqueo de los recursos naturales y de la apropiación por la fuerza de tierras rurales y urbanas, bien a través de políticas de estado, de falsas reivindicaciones territoriales, mediante la utilización de «mecanismos del mercado» puestos en práctica por el ejército, bien con escuadrones de la muerte paramilitares y de contrainsurgencia que desposeyeron a millones de pequeños campesinos (como en Colombia). Los programas de contrainsurgencia, supuestamente sólo motivados por objetivos políticos de destrucción de los movimientos guerrilleros, sirvieron para concentrar la propiedad de la tierra en manos de las grandes élites de exportación agraria relacionadas con el modelo y el régimen prenacional.

La reintroducción de las estructuras y formas políticas prenacionales tuvo lugar en el contexto de una estructura de clase urbana industrial relativamente definida, con programas sociales financiados públicamente (a diferencia de la versión del siglo XIX). La reintroducción de las formas de gestión características del modelo colonial hizo un daño tremendo a todo el tejido de la sociedad, convirtiendo a obreros modernos en obreros dependientes, obligando a los trabajadores especializados a huir del país hacia naciones modernas o estados imperiales de ultramar. La migración del entorno rural al urbano no fue acompañada de industrialización sino de desindustrialización. En otras palabras, lo que se ha dado en llamar «neoliberalismo» es la restauración política, por la fuerza, de formas anteriores de explotación capitalista (desarraigar las redes económicas locales, minar los mercados nacionales y la formación de los obreros especializados y la clase profesional).

La expresión más clara de la naturaleza de la restauración de las formas de gestión política y económica prenacionales de las que venimos hablando es la expansión de los servicios privados de educación y salud que crean enclaves de privilegio, lo cual asegura que se reproduzca una rígida estructura de clases característica de las anteriores sociedades de exportación agromineral.

Además, el asalto general a los empleados del sector público, sus salarios, empleo y jubilaciones es una parte esencial de la sustitución de unos servicios públicos profesionales por la «caridad» y el «voluntariado» privado, paternalista, realmente propio de una época anterior a los estados nacionales.

El regreso a los servicios privados que dependen de la «buena voluntad» de benefactores adinerados y que suplantan a las obligaciones públicas de cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos, va acompañado de la usurpación pública del espacio privado para un nuevo sector depredador del capitalismo.

El sector más lucrativo y dinámico del capital se encuentra entre los capitalistas inmobiliarios, muy vinculados con las instituciones financieras, las empresas de construcción y el estado. La inversión en inmuebles es el sector más rentable a escala mundial; se beneficia del apoyo del estado a través de créditos fáciles, intereses bajos, una alta liquidez y normativas favorables de utilización del suelo. Un estudio de los nuevos ricos billonarios en América Latina, Rusia, China e India demuestra que los beneficios inmobiliarios fueron un factor clave para convertir a los millonarios en billonarios.

El papel del estado en la restauración de las formas económicas prenacionales

Al igual que ocurría con el anterior capitalismo prenacional, el capitalismo inmobiliario contemporáneo está basado en la propiedad y las rentas de la tierra y las valoraciones especulativas, y no en beneficios derivados de la producción de bienes y servicios. El estado desempeña un papel clave en la expansión del capital inmobiliario, mediante la apropiación de propiedades rurales y urbanas de gran valor que pertenecen a habitantes pobres de la ciudad y del campo, y su transferencia a las élites adineradas. En otras palabras, la fuerza política, los métodos del capitalismo de los comienzos («acumulación primitiva») desplaza las masas y permite que los inmuebles y otras formas de capital, como la agroindustria, exploten la tierra.

El estado rentista proporciona subsidios a la exportación y rebajas impositivas, así como inversiones a gran escala en infraestructuras que conectan los nuevos complejos empresariales, comerciales y residenciales con los mercados nacionales y extranjeros y con el empleo.

El estado rentista prenacional ni «desregula», ni «encoge», ni se «retira». Estableció normas nuevas dando primacía a los inversores extranjeros, y elimina las normativas promocionando empresas públicas nacionales y programas sociales. El estado expande su policía y su aparato represor y su intervención en la sociedad civil y reduce el número y la calidad de servicios sociales. El estado interviene de forma activa para captar asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales (sic), a la vez que elimina las agencias que protegen el medio ambiente, la salud y la seguridad laboral, la población indígena y los niños.

Nueva estructura de clases: los cuatro niveles

La entrada masiva, a gran escala, del capital extranjero en los sectores estratégicos de la economía nacional es típica de la involución hacia una economía prenacional o, más exactamente, hacia una entidad colonial, si bien con unas instituciones y organizaciones económicas, de clase y políticas, bien diferentes. A diferencia de lo que ocurría en el anterior período colonial, basado exclusivamente en la exportación agromineral, la actual recolonización penetra en todos los sectores, primarios, secundarios y terciarios. Las empresas multinacionales a gran escala hacen uso de una tecnología de la información avanzada y de una variedad de nuevos instrumentos financieros para extraer rentas, beneficios, regalías y ganancias especulativas imprevistas y para transferir la riqueza a varios miles de billonarios en los centros imperiales y las capitales colonizadas del mundo.

El sistema imperial tiene cuatro niveles de explotación interrelacionados. En el nivel de base, la nueva arquitectura imperial se fundamenta sobre los cimientos del poder del trabajo , los recursos productivos que se explotan y se extraen de América Latina, Asia y África. Al nivel siguiente, los fabricantes y los capitalistas agro minerales extraen beneficios de la explotación de la mano de obra y los recursos naturales. En el tercer nivel, los capitalistas de bienes inmuebles, del comercio, la banca y la IT extraen intereses, rentas y regalías. En la cumbre de la pirámide imperial están los fondos de inversión, de jubilaciones y de alto riesgo, los cuales se benefician de las compraventas, las fusiones y las adquisiciones de corporaciones multinacionales y especulan con los papeles de valor de los especuladores. La jerarquía de cuatro niveles define la arquitectura del desarrollo contemporáneo de América Latina en el siglo XX.

En cada nivel, el valor producido en los niveles inferiores se transfiere a un nivel superior, lo cual da lugar a una pirámide invertida de riqueza: el 0,01% de los superricos que están en la cumbre poseen más valores que el 50% de la base. Hablar de una «clase capitalista» sin aclarar su posición en la arquitectura imperial significa confundir la nueva configuración del poder imperial. Los vínculos entre los diferentes niveles de la estructura de clases son poderosos por las relaciones entre los sectores y sus intereses comunes en la explotación de la mano de obra y los recursos naturales. No hay burgueses progresistas, si bien hay conflictos entre estos últimos y los sectores más poderosos de los capitalistas que están por encima de ellos.

América Latina, en su actual etapa de involución hacia las referidas formas prenacionales se basa en prácticas políticas y económicas extremadamente depredadoras de acumulación de capital. Las nuevas relaciones entre estado y economía comenzaron con las destrucciones de las formas más o menos clásicas del estado nacional y la restauración de las estructuras coloniales, injertados sobre la fuerza laboral moderna, las instituciones nacionales y la conciencia social. La construcción y expansión de la nueva economía centrada en las finanzas, los bienes inmuebles y la extracción depende en gran medida del control político. Las nuevas economías no se autosustentan mediante mecanismos puramente de mercado. Se enfrentan a un gran número de poderosos adversarios de clase que han sufrido una profunda alienación.

Contradicciones y transformación del estado prenacional

El regreso y la restauración de un régimen y una estructura económica de formas prenacionales ha creado multitud de enemigos y puntos débiles que pueden conducir a profundas transformaciones.

Los cambios son recientes, brutales y veloces, la ideología que los justifica no ha conseguido la hegemonía entre la gran mayoría, y la mayoría de los regímenes electos no han logrado lanzar un nuevo proyecto político. En segundo lugar, las desigualdades, que se están acrecentando, la concentración y centralización de capital que se manifiesta a través del crecimiento masivo de fusiones y adquisiciones (mergers and acquisitions, M&A) y los ingresos multibillonarios de los superricos han creado unas sociedades fuertemente polarizadas. En tercer lugar, las M&A han integrado las economías y han socializado la producción, aún con beneficios privados en aumento, exacerbando las contradicciones entre la propiedad privada y la producción social. En cuarto lugar, la concentración de riqueza en el sector financiero, de seguros e inmobiliario (sectores especulativos) hace que todo el edificio imperial sea más vulnerable. El sector financiero y el inmobiliario, que acumulan rentas sin producir valor, es el sector más parásito (especulación sobre especulación), es un sector que está divorciado de la producción directa y sujeto a la máxima volatilidad y a un mayor riesgo de crisis económica. En quinto lugar, el boom a largo plazo y a gran escala de las manufacturas en China, Asia Oriental y el Sudeste Asiático ha dado lugar a unos precios internacionales que han batido récords en el caso de los metales básicos (cobre, plomo, estaño, níquel y zinc), los productos agrarios (soja, trigo y azúcar) y la energía (gas, petróleo y etanol). Esto ha supuesto ganancias enormes para las élites de la exportación, y un gran incremento de los ingresos para los gobiernos en América Latina.

La «crisis» social en la América Latina de hoy no representa el «estancamiento» del capitalismo, sino un crecimiento basado en una mayor explotación de la mano de obra y la concentración de los ingresos en la élite gobernante y su clase dominante. Nunca en el pasado reciente se había acumulado tanta riqueza en América Latina, y la clase gobernante nunca había destinado tanta riqueza al consumo conspicuo, a las inversiones en ultramar y a la especulación inmobiliaria. Jamás había visto América Latina encumbrarse a tantos multimillonarios, ni la transformación de millonarios en billonarios que ha tenido lugar a lo largo de la década pasada, a pesar de la «crisis» de finales de los 90.

La combinación de privatización, saqueo y fusiones de los años 90, más los precios mundiales astronómicos de los commodities agromineros de los últimos siete años, han creado inmensos superávits en las balanzas comerciales, en el presupuesto y fortunas privadas ingentes.

Están presentes todos los ingredientes básicos para una transformación estructural, como nunca antes había ocurrido. Varios cambios estratégicos son necesarios y factibles. La clave está en la renacionalización de los sectores de exportación agromineral lucrativos más dinámicos, los cuales permitirán financiar un sector manufacturero vasto y diversificado, la producción de alimentos a gran escala, en granjas altamente mecanizadas e importantes inversiones públicas para reconstruir los servicios sociales.

La segunda reforma es la adquisición pública del sector dinámico del comercio exterior, que genera los beneficios más elevados, y constituye la mayor fuente de ingresos públicos para las inversiones a largo plazo. Obviamente, el desarrollo orientado hacia la exportación es un motor de crecimiento para el desarrollo social, especialmente en un período de alza de los precios internacionales, si lo dirigen las clases populares. La pregunta decisiva es qué clases sociales dirigen y controlan los beneficios, y cómo se invierten en el mercado local. Los ingresos de la exportación, si se distribuyen equitativamente entre los productores locales, si se invierten racionalmente entre los sectores del mercado doméstico y la exportación, así como los controles de capital, pueden convertirse en el vehículo que financie una transformación social.

El re-desarrollo urbano y rural popular obliga a revertir la propiedad de la tierra, pasando de las élites de los negocios agrarios y la industria inmobiliaria a los agrónomos del sector público, aliados con campesinos, jornaleros sin tierra y habitantes urbanos de bajos ingresos. Revertir las tierras confiscadas ilegalmente requiere unos cambios fundamentales en el estado, la ley de propiedad y especialmente el sistema jurídico. Las oficinas y apartamentos de lujo pueden reconvertirse en instalaciones públicas para servicios sociales, actividades culturales y viviendas populares. Las plantaciones a gran escala originadas por el desplazamiento violento, ilegal o arbitrario de granjeros y campesinos pueden convertirse en empresas de trabajadores públicas, de campesinos, rurales, que generen beneficios.

La paradoja del actual sistema económico injusto es que ha creado todas las condiciones necesarias para una transformación social, bien entendida. Las fusiones y compras de empresas han limitado las bases económicas de la clase gobernante. El crecimiento del capital especulativo ha minado todas las formas paternalistas y hegemónicas de la explotación mediante la cual los capitalistas históricamente manipularon la conciencia de los trabajadores y los campesinos. El crecimiento de grandes fortunas ha distanciado aún más a los superricos de las grandes masas de personas, acabando con las ilusiones de las masas de «alcanzar a los ricos» del cuento de la Cenicienta. La racionalización de la economía basada en la introducción de nuevas tecnologías facilita el flujo de información para la planificación pública. El crecimiento de una multitud de nuevos mercados (como los asiáticos), con sus demandas de bienes estratégicos, debilita los boicots y bloqueos imperiales.

Desde una perspectiva histórica, los estrategas de los movimientos populares se benefician de las lecciones negativas procedentes de las experiencias con el capitalismo neoliberal y el colectivismo burocrático. La privatización concentra los beneficios, financia la especulación inmobiliaria y la fuga de capital al extranjero. Los rendimientos desiguales de las inversiones deja en paro a una enorme cantidad de fuerza laboral y hace que millones de profesionales y trabajadores especializados abandonen el país.

El colectivismo burocrático no consiguió gestionar adecuadamente el equilibrio entre la producción de bienes del capital y el consumo privado, la disciplina del trabajo colectivo y la productividad. Unas estructuras políticas arbitrarias fomentaron la pasividad y desanimaron la innovación.

La promesa y las contradicciones de la experiencia bolivariana venezolana brinda experiencias y lecciones adicionales para repensar el desarrollo en América Latina y el Caribe, a pesar de las diferencias en cuanto al legado de recursos y las idiosincrasias históricas y culturales.

Repensar el desarrollo de América Latina a la luz de la experiencia bolivariana

Estas características también sugieren que andemos con cautela porque, si bien se han producido profundos cambios, éstos no se han consolidado aún del todo. Sin embargo, podemos destacar varias características importantes que contribuyen a que repensemos los dogmas recientes.

Hagamos un resumen de la contribución del proceso bolivariano a la inauguración del debate sobre el desarrollo.

En primer lugar, el proceso bolivariano ha demostrado que la propiedad privatizada se puede renacionalizar con éxito. La privatización no es «irreversible», no es la «única dirección» del desarrollo económico. En segundo lugar, la inserción a gran escala en la economía internacional no es incompatible con la creación de programas avanzados de asistencia social y empresas públicas. En otras palabras, la «globalización» no «requiere» toda la parafernalia de una economía neoliberal. La inserción y una participación más profunda en la economía internacional es compatible con una variedad de mezclas de propiedad privada y pública, unas pautas más equitativas de distribución de los ingresos, así como un incremento en el consumo público y privado.

El proceso bolivariano pudo demostrar que las ganancias imprevistas debidas a los altos precios de los commodities no conducen necesariamente a unos enclaves de riqueza en un mar de pobreza si, como ocurre en Venezuela, el gobierno controla los ingresos del comercio y reasigna fondos en beneficio de las clases populares en forma de programas masivos de educación, salud y alimentos subvencionados.

Por último, el proceso bolivariano demuestra que un presidente que impulsa un nacionalismo consecuente y el bienestar público puede llegar al poder en unas elecciones, pero sólo puede seguir en el poder con la ayuda de movilizaciones populares masivas y el apoyo de sectores del ejército. La victoria electoral del Presidente Chávez ha estado sometida a pruebas difíciles: un golpe militar apoyado por el gobierno de EEUU (abril de 2002), un cierre patronal (diciembre de 2002 – febrero de 2003) que paralizó y saboteó la industria del petróleo, y un referéndum financiado por EEUU. En cada uno de los casos, el proceso electoral sobrevivió debido a la intervención masiva en la acción extraparlamentaria: un millón de residentes de las barriadas urbanas hicieron una marcha contra los golpistas, un sector mayoritario de trabajadores del petróleo y una minoría de técnicos volvieron a poner en marcha la industria del petróleo; la inmensa mayoría de las clases populares se movilizó y organizó y derrotó al referéndum. El proceso bolivariano demuestra que, en determinadas circunstancias, la política electoral puede abrir brechas importantes para el cambio político, pero necesita una acción directa masiva, independiente, que defienda el proceso, apoye el régimen y defienda las industrias nacionalizadas estratégicas.

Asimismo, el proceso bolivariano demuestra la necesidad de que se den unos cambios estructurales profundos en la naturaleza del aparato estatal. Importantes sectores del ejército y la judicatura intervinieron en contra de procesos de cambio estructural. La burocracia civil y diplomática, que en gran medida había sido instalada por los anteriores regímenes neocoloniales, no pone en práctica programas sociales, sabotea la tramitación de asignaciones presupuestarias, retrasa hasta el infinito la reforma agraria, los planes de viviendas, mientras continúa con prácticas corruptas y sobornos.

La nueva realidad de América Latina, con sus florecientes economías de exportación y una estructura de clases muy polarizada, sus regímenes prenacionales y unos sistemas de información modernos, sugiere que los movimientos sociales y los partidos políticos cuentan con todas las ventajas a la hora de desafiar la política regresiva de los regímenes y politizar cada una de las demandas económicas, ya que el Estado desempeña un papel decisivo a la hora de maximizar los beneficios del sector de la exportación y de denegar la asignación de recursos a los trabajadores de los servicios sociales en el sector público.

Hoy, más que en cualquier otro momento del pasado, los regímenes de exportación prenacionales que viven de rentas, regalías e ingresos de actividades económicas coloniales son políticamente vulnerables. El masivo desplazamiento de los ingresos públicos procedente de la inversión pública y los servicios sociales va acompañado de importantes recortes en los salarios y jubilaciones de los empleados públicos, lo cual crea un sector urbano concentrado militante que se enfrenta al descenso social. La expansión de las multinacionales hacia el comercio minorista (centros comerciales) ha llevado a la bancarrota a los minoristas urbanos. La expansión de las «zonas de libre comercio» y de personal contratado ha minado la legislación social y la seguridad para la clase trabajadora industrial urbana. No se trata de meros problemas económicos pasajeros, «sectoriales», sino de problemas políticos nacionales, relacionados con la centralidad del estado y el poder del estado.

En la medida en que los procesos electorales varían la composición del aparato del estado y su orientación, pueden ser útiles. Si lo único que se hace es «injertar» en el estado los funcionarios electos, de ello resulta la continuidad del orden antiguo. Ningún régimen electoral progresista puede llegar al poder a menos que sea el producto de unas luchas intensas de clase y nacionales, que aumenten la concienciación y creen organizaciones de masas extraparlamentarias capaces de apoyar el régimen protegiéndolo de los inevitables golpes postelectorales y del sabotaje. En la mayoría de los casos, la clave del poder político no está en cuestiones electorales, sino en organizar el poder social y político fuera de los canales institucionales establecidos para garantizar un proceso continuo de transformación.

El poder social organizado es necesario, pues incluso la propiedad pública puede ocultar nuevas desigualdades de clase que perpetúen la injusticia y la alienación. Además, las decisiones en materia de inversión pública, asignación de superávit comercial y equilibrio entre consumo de capital y consumo público/privado requiere de la participación de los productores directos y de los consumidores.

Como punto de referencia, Venezuela proporciona algunas lecciones útiles, pero nadie debería construir un modelo copiando mecánicamente el proceso bolivariano. En primer lugar, Venezuela ha sido y sigue siendo una economía rentista a pesar de los esfuerzos del Presidente Chávez por transformarla. En segundo lugar, ninguno de los regímenes autodenominados de «centro-izquierda» (Lula en Brasil, la familia Kirschner en Argentina, Evo Morales en Bolivia y Vázquez-Astori en Uruguay) ha roto con el modelo elitista de exportación agromineral, ni ha revertido los sectores económicos estratégicos privatizados. De hecho, Kirschner ha renovado una de las leyes de minería más regresivas en todo el hemisferio, con pagos de regalía que no superan el 2%, y Evo Morales ha entregado el Complejo Mutun de hierro-magnesio al cártel multinacional indio Jindel, en condiciones desfavorables (antinacionales) para Bolivia.

La lección que se extrae de los cinco años de experiencia con la economía política de los regímenes de «centro-izquierda» es que no son de «izquierdas» ni de «centro», sino que forman parte inequívocamente de la «tercera ola» de regímenes neoliberales que llegaron al poder tras el colapso y la crisis de la segunda ola (Menem-De la Rua, Sánchez de Lozada-Mesa, etc.) y han sido favorecidos y apoyados por los precios mundiales y la demanda excepcionales. El ejemplo del fracaso de la reforma estructural progresista bajo los nuevos neoliberales nos muestra que las etiquetas ideológicas pasadas, los orígenes sociales populares y la retórica antineoliberal no constituyen un buen indicador de la práctica política económica actual y las alianzas sociales en el poder político. Toda la clase política que se define a sí misma como de «centro-izquierda» está compuesta por profesionales que ascienden de clase social, funcionarios sociales y políticos de clase media baja y líderes de movimientos orientados hacia las elecciones. Usan sus vínculos antiguos con la lucha social para conseguir poder político, riqueza económica y aceptación social por parte de las clases dominantes y homólogos extranjeros. Para evitar el círculo vicioso repetido de comenzar a la izquierda con el pueblo, pasar al «centro-izquierda» con la clase media y abrazar luego la derecha y las grandes empresas, los movimientos de masas deben ejercer un control democrático directo sobre sus líderes, vigilar de cerca sus programas sociales y las tácticas y estrategias de sus líderes.

La transformación estructural (reforma agraria, nacionalización, etc.) debe contar con la mediación de las circunstancias políticas, el grado de apoyo popular político y la capacidad de administrar las finanzas y ejecutarlas. Para conseguir que el pueblo se adhiera al proceso, son importantes los programas que mejoran las vidas directamente; pero delinear claramente las «reglas del juego» para los diferentes aliados estratégicos entre quienes ostentan pequeñas y medianas propiedades en servicios, manufactura y agricultura es esencial para aislar a las élites financieras, inmobiliarias y agromineras. Es fundamental el fomento estatal de los medios de comunicación de masas, la cultura y el entretenimiento popular como alternativa a la propaganda de los medios de comunicación neocoloniales. La seguridad nacional debería excluir a los medios que promueven el derrocamiento violento del régimen democrático popular.

Son obvias las lecciones que se derivan del golpe de estado de Venezuela apoyado por los medios de comunicación. Los paquetes específicos de medidas de transformación y tiempo deberían reflejar las particularidades de cada país. Pero el objetivo inmediato es acelerar la transición de una economía prenacional a una nacional; de un mercado inmobiliario especulativo a un programa de viviendas sociales; de una economía de rentas, intereses, regalías y envíos de beneficios, basada en pagos del extranjero, a un mercado nacional que se autofinancie y que enlace los recursos locales y las regiones. Las ganancias imprevistas del sector de la exportación deberían dar lugar a un fortalecimiento de la producción doméstica y a intercambios que expandan los sectores productivos y el consumo local, basados en normas igualitarias que logren una participación política popular uniforme.

Anahí Seri, Horacio Garetto y Ferran Muiños Ballester son miembros de Cubadebate y Rebelión.