El número dos del Partido Popular por Madrid no es nuevo en política, como se quiere hacer creer. Es uno de los grandes empresarios, que llegó a donde llegó gracias a sus amistades y su cercanía al poder. Y su querencia por la lucha política se comprobó claramente cuando hizo frente a diversas ofertas de […]
El número dos del Partido Popular por Madrid no es nuevo en política, como se quiere hacer creer. Es uno de los grandes empresarios, que llegó a donde llegó gracias a sus amistades y su cercanía al poder. Y su querencia por la lucha política se comprobó claramente cuando hizo frente a diversas ofertas de adquisiciones de acciones de su empresa en los últimos tiempos. Pero, como a tantos grandes empresarios que andan siempre enredando y tratando de influir en las decisiones políticas, le gusta decir que, hasta ahora, no estaba en política.
Como expresión de su ideología de derechas y liberal-intervencionista acaba de proponer una vez más como primera expresión de su ideario político que debe disminuirse la presión fiscal porque según él «donde mejor está el dinero es en el bolsillo de la gente».
A bote pronto, cabría decirle que, en todo caso, el dinero que está bien en el bolsillo de la gente es el que puede permanecer en él. Porque debería saber que casi el 60% de las familias españolas tiene ingresos que no le permiten llegar a final de mes. Luego, no cabe pensar que su dinero permanezca mucho tiempo en sus bolsillos, ni para bien, ni para mal.
Pero lo que más en serio reflejan estas declaraciones del político de la derecha es una idea perversa y falsa, que les interesa mantener y difundir para lograr que el dinero fluya sin dificultades a … ¡sus propios bolsillos! y no a los de la gente en general.
En opinión de Manuel Pizarro el dinero que se mantiene en manos del Estado se dilapida y, para no tener que devolvérselo a los ciudadanos -en alusión a la medida propuesta por los socialistas-, lo mejor que se puede es no habérselo quitado con anterioridad a través de los impuestos.
Lo primero que conscientemente oculta una persona tan bien informada como Pizarro es que quien dilapida en realidad el dinero no es el Estado, en general o en abstracto, sino quienes en un momento dado lo controlan y, sobre todo, los procesos de acumulación basados en una contribución constante del estado al beneficio privado.
Un ejemplo palmario lo hemos vivido en los últimos años, cuando el estado ha tenido que venir en ayuda de varios bancos (Banca Catalana, Rumasa, Banesto, Banco de Santander…) que habían incurrido en pérdidas o fallos gravísimos o simplemente dolosos de gestión, y que tuvieron que ser tapados con dinero público. O cuando prácticamente todo el sistema financiero español sin excepción especuló contra la peseta en la última crisis del sistema monetario europeo. O cuando ahora son los bancos centrales los que dedican cientos de millones de euros y dólares a salvarles la cara a los bancos por sus operaciones temerarias con el dinero de la gente (algo, por cierto, que no parece llamarle la atención a Pizarro). O cuando sociedades de inversión como Gescartera se llevaron millones de euros de los inversionistas (no se sabe bien si con su propia complicidad).
Por no hablar del dinero que le cuesta a los estados la existencia de paraísos fiscales, las leyes que facilitan la relocalización de las empresas sólo para que ganen cada vez más dinero, la evasión fiscal de las grandes empresas, su ingeniería financiera…
Pizarro, y tantos como él, podrá decir lo que quiera, pero lo que de verdad cuesta dinero al estado y representa una bruta dilapidación no es la imposición ni el gasto social que quieren reducir al mínimo, sino el hecho hoy día innegable de que el capitalismo se haya hecho corrupto y que los capitalistas estén cada vez menos dispuestos a contribuir con su riqueza al bienestar colectivo.
Es verdad que hay políticos corruptos que aprovechan la opacidad del sistema y desvían los legítimos recursos del Estado hacia actividades y beneficios privados. Es verdad que en España, como en tantos otros países, hay administraciones públicas esquilmadas, mientras que muchos de sus responsables son millonarios a base de concursos públicos adjudicados a empresarios amigos o de decisiones políticas que se toman solo para satisfacer a las elites empresarial y política. Pero eso, en realidad, es pecata minuta. El robo grande está en otro sitio: en el comportamiento de las grandes corporaciones y de los bancos, verdaderas sanguijuelas del dinero de los ciudadanos.
Lo que no dice Pizarro es que él mismo, un ex-presidente de una multinacional ya de por sí involucrada en corrupción, en maniobras políticas de todo tipo, en prácticas oligopólicas de dominio del mercado, en atentados medioambientales… es la expresión simple y paradigmática de la corrupción y la dilapidación de recursos que tanto critica.
Lo que debería explicar el candidato Pizarro es si él es partidario de mantener las estrategias que prácticamente garantizan el fraude fiscal generalizado entre las clases altas. Si le parece correcto que España esté condenada a ir en la cola de Europa en cuanto a gasto social. Si cree que los que menos ingreso tienen deben estar condenados a no gozar de los bienes que le resultan inalcanzables cuando los proporciona el mercado (educación, salud, infraestructuras, ayudas a la dependencia…).
El fraude fiscal, precariamente perseguido por las instituciones y al que recurren, delictivamente, los más ricos para conservar su patrimonio, y sobre lo que no dice nada Pizarro, es la dilapidación del estado. O el tipo único que propone y que afecta mortalmente a la concepción progresiva del sistema fiscal.
Y lo que no dice tampoco Pizarro es que, en realidad, lo que propone cuando dice que el dinero debe estar en el bolsillo de la gente es que el estado no tenga dinero para financiar hospitales, escuelas, universidades… y que entonces sean los capitales los que las construyan para hacer negocio con ello, aunque eso signifique que sólo los podrán disfrutar los que tienen dinero para adquirirlos a elevados precios de mercado.
Lo que busca Pizarro y su partido, sin tener la valentía de decirlo públicamente, es abrir la puerta a la privatización de los servicios públicos.
Siguiendo su lógica, y si se aplicaran sus propuestas, la mayoría de los ciudadanos se encontrarían con más dinero en sus bolsillos, pero con una cantidad en cualquier caso insuficiente para poder hacer frente a mayores gastos a la hora de acceder a los servicios ahora públicos pero luego privados.
Si ya están aumentando increíblemente las desigualdades en España, ¿cuánto no crecerían con las medidas que propone Pizarro y su partido?
Se presentan como portadores de propuestas «modernas» pero en realidad lo que buscan es encerrarnos de nuevo en la caverna para disfrutar ellos solos de todo. No les hagamos caso. No nos conviene.
Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa son los coordinadores de altereconomia.org