Todo en función de los acreedores. La impune renegociación de los Bonos Global

«Por desgracia, hasta hoy, la impunidad ha sido la piedra angular que ha sostenido en pie la famosa escuela de vicios y depravación que dejó establecida el General Flores. Sus vástagos aprovechan el tiempo y sin ruborizarse hacen su agosto sin detenerse ante el día de la fiscalización inexorable que se aproxima. Con tal de […]

Eloy Alfaro, La deuda Gordiana, 1896

Con la soga al cuello camino de los Bonos Global

El gobierno demócrata cristiano de Jamil Mahuad esquilmó a la sociedad ecuatoriana con el «salvataje bancario», tratando de proteger los intereses de los banqueros corruptos. Incluso, para no poner en riesgo a la banca privada, en marzo de 1999, dio paso al congelamiento de los depósitos bancarios. En ese año, el mismo gobierno postergó, por largos períodos, el pago de sueldos y salarios a maestros, enfermeras, médicos, policías y militares tratando de sostener el servicio de la deuda externa. Este esfuerzo colapsó en septiembre del año 1999 cuando el gobierno tuvo que suspender el servicio de la deuda externa.

Esa moratoria no causó la crisis. Al país, como ha sucedido una y otra vez a lo largo de la historia, se le puso la soga al cuello para sostener el servicio de la deuda. Pero fue imposible. Es más, ese descomunal esfuerzo precipitó la crisis. En esas condiciones, cuando la economía estaba agotada, el propio FMI alentó la moratoria (default).

Como consecuencia del peso del servicio de la deuda externa y de las políticas de ajuste estructural del Washington Consensus (WC), que de ella se derivaron, Ecuador concluyó el siglo XX con una crisis sin precedentes. Luego de un prolongado período de estancamiento económico desde 1982, cuando se empezó a sentir los efectos de la grave crisis de deuda externa en todo el continente, al año 1999 se le recordará por registrar la mayor caída del PIB. Este declinó en 30,1%, de 19.710 millones pasó a 13.769 millones de dólares. El PIB por habitante se redujo en casi 32%, al desplomarse de 1.619 a 1.109 dólares.

El país, afectado también por una serie de factores exógenos, como las inundaciones provocadas por el fenómeno de «El Niño» y la caída de los precios del petróleo, experimentó uno de los empobrecimientos más acelerados en la historia de América Latina: entre el año 1995 y el año 2000, el número de pobres subió significativamente, en términos porcentuales de 39,3% a 52,18%; la pobreza extrema casi dobló su número, el salto relativo fue del 13,60% al 20,12%. El ingreso por habitante del Ecuador alcanzó apenas un 43% del promedio latinoamericano. Lo anterior vino acompañado de una mayor concentración de la riqueza. Así, mientras en 1990 el 20% más pobre recibía el 4,6% de los ingresos, en el 2000 captaba menos de 2,5%; entre tanto el 20% más rico incrementaba su participación del 52% a más del 61%. Esta inequidad es, sin duda alguna, una de las principales explicaciones de la pobreza.

La consecuencia lógica de esta evolución económica fue el masivo desempleo y subempleo; la caída de los ingresos; la reducción de las inversiones sociales: salud, educación, desarrollo comunitario, vivienda; la creciente inseguridad ciudadana; el deterioro de la calidad de vida; y, la reducción vertiginosa de la confianza en el país… En tales circunstancias, al entrar el país en el mayor colapso económico de su historia e incluso como consecuencia de los mecanismos adoptados para enfrentarla, se inició un proceso sostenido de emigración, cuya magnitud y velocidad no tienen precedentes.

En ese escenario, buscando reencontrarse a como de lugar con el mercado financiero internacional, se inició casi de inmediato el proceso de conversaciones con los acreedores. Cabe insistir que todo el proceso de renegociaciones, desde la moratoria, contó con el apoyo y la asesoría del mismo FMI: la urgencia de concretar aceleradamente las conversaciones con los acreedores se contempló en la Carta de Intención suscrita el 4 de abril del 2000 y de la cual se deriva una receta básica para el ajuste estructural e incluso para las ansiadas privatizaciones. Así mismo, el acuerdo que se buscó con el Club de París, después de canjear los Bonos Brady, debía funcionar únicamente si el FMI certificaba que el país continuaba aplicando su receta.

Pero aquí asoma un dato interesante. La Comisión para la Auditoría Integral del Crédito público, creada por el presidente Rafael Correa, obtuvo la evidencia de que el Canje de Brady y Eurobonos a Bonos Global fue planeado a través del llamado «Proyecto ADAM», enviado a Ecuador en mayo de 1999. Esto revela que dicho canje fue previsto mucho antes de la fecha en la que se decidió suspender el pago de intereses en 1999. En esta etapa intervino la ministra de Finanzas y Crédito Público, Ana Lucia Armijos, una de las principales promotoras de las políticas neoliberales en el Ecuador y quien luego pasó a ocupar un elevado cargo en el Banco Mundial. ¹

Con esta moratoria sumisa y planificada con los acreedores, luego de resuelta la renegociación y canjeados los Bonos Brady en Bonos Global, se pudo mantener la soga al cuello de la economía ecuatoriana para atender las demandas de los acreedores. Lo que estos consiguieron habla por sí sólo…

Todo a favor de los tenedores de los Bonos Global

En términos de la mecánica financiera, se cambió los Bonos Brady por los Bonos Global. De conformidad con la propaganda oficial se habría obtenido una reducción en el servicio de la deuda de unos 1.500 millones en los primeros 5 años: 300 millones de dólares anuales, en promedio. Esto habría significado una importante reducción del monto endeudado. Todo alcanzado en menos de un mes desde que se formuló públicamente la propuesta; un tiempo récord, que fue presentado como un logro del gobierno de Gustavo Noboa Bejarano, quien fuera vicepresidente del demócrata cristiano Jamil Mahuad Witt. ²

Tanta maravilla no resiste un análisis serio.

Los objetivos de la renegociación para canjear los Bonos Brady por Bonos Global, demuestran a quién se estaba sirviendo. El gobierno de Noboa Bejarano los expresó en la «oferta de canje», coordinada por la firma Salomón Smith Barney (27 de julio del 2000):

– «Aliviar las presiones sobre el flujo de caja del Estado por servicio de la deuda con acreedores privados y con el Club de París.

– Definir un perfil del servicio de deuda acorde con la capacidad del Fisco ecuatoriano de cumplir con sus obligaciones.

– Disminuir las presiones fiscales por concepto de servicio de deuda sobre el presupuesto de gastos de la Nación, liberando recursos para otros programas prioritarios.

– Reducir significativamente el monto nominal de la deuda externa con tenedores de bonos privados.

– Maximizar pagos por adelantado y flujo a los inversionistas durante la vida de los bonos (Deuda amortizable).

– Encaminar al Ecuador hacia la reapertura del acceso a los mercados internacionales (manteniéndose al día con el pago de obligaciones internacionales)

– Promover la disminución de la prima de riesgo país».

El gobierno se acogió a una estrategia de la deuda enmarcado en la lógica del ajuste estructural, es decir del WC. Para dar paso a esta renegociación, el presidente Gustavo Noboa el 5 de junio del 2000, con Decreto Ejecutivo No 465, creó la Comisión Negociadora de la deuda externa ecuatoriana, es decir, una comisión dependiente del Ejecutivo y cuyos integrantes los nombró el mismo Gustavo Noboa mediante decretos ejecutivos, entre ellos a Jorge Gallardo Zavala como presidente de la Comisión Negociadora.

Conviene describir rápidamente los detalles de esta operación, en la que se canjearon por 1.250 millones de dólares en Bonos Global a 12 años y 2.700 millones en Bonos Global a 30 años. Los Bonos Global, con vencimientos semestrales, ofrecían una serie de ventajas y alicientes para sus tenedores (extranjeros y nacionales), mientras el país, como lo señalamos al inicio, atravesaba una de las peores crisis de su historia. Los puntos más destacados son:

1.- A los acreedores se les entregó antes de su vencimiento los bonos cupón cero del Tesoro norteamericano, por un valor de 722 millones de dólares, que debían recibirlos recién en el año 2025. Así, los tenedores de papeles de la deuda ecuatoriana obtuvieron anticipadamente los bonos norteamericanos que colateralizaban (garantizaban) los Bonos Brady (par y discount); esto tenía que cubrir el pago de parte del capital. Hay que señalar que los Bonos Cupón Cero del Tesoro de los EEUU fueron adquiridos con deuda contratada por el gobierno ecuatoriano con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y el Eximbank del Japón.

2.- Las obligaciones vencidas por aproximadamente 161,1 millones de dólares fueron canceladas de inmediato, restando los recursos para esta operación de las escuálidas arcas fiscales. Es decir que al contado se les entregó a los acreedores 883,1 millones de dólares, monto que pudo haberse empleado en la recompra de los deprimidos Bonos Brady, cuyo valor de mercado era muy bajo, si realmente se quería abordar una reducción de la deuda priorizando el interés nacional.³

Se calcula que con esos recursos, luego de deducir los 503 millones de dólares que estaban vencidos por concepto de capital e intereses, lo que dejaba un saldo neto de 380 millones, se pudo haber retirado del mercado unos 1.086 millones, considerando una cotización del 35%. En realidad el monto que se podía haber recomprado era mayor. ⁴

3.- El gobierno, para convencerles a los acreedores, se autoimpuso sanciones para el caso de que no se cumplan las obligaciones adquiridas. Así, si se producía un atraso en el servicio de los nuevos bonos en los primeros tres años se debían haber emitido más bonos por una cantidad igual a 1,3 veces su valor, castigo 30%; a partir del cuarto año el castigo baja al 20%, y, desde el séptimo año es del 10%.

4.- La compra de papeles en el mercado secundario se programó; «manejo activo de deuda», la llamaron. Ecuador se comprometió a adquirir su deuda a valores de mercado por lo menos en un equivalente al 3% anual de la cifra original, desde el año 13 de la emisión de los nuevos papeles: Global A (30 años). Para los Global B (12 años) la compra era igualmente obligatoria en un 10% a partir del sexto año. Sin embargo, una vez concluido el intercambio de bonos se dejó abierta la puerta para comprar dichos papeles, los mismos que debía ser compensados a futuro de acuerdo a lo que dispone el «manejo activo de la deuda». Así, al desactivar la posibilidad de incidir con creatividad en el mercado, lo que se consiguió es mantener alta la cotización de los Bonos Global para beneficio de sus tenedores. En términos oficiales, el manejo activo de deuda «garantiza una Demanda Constante en el Mercado Secundario por Bonos del Gobierno Ecuatoriano: La presencia constante del Ecuador en los mercados financieros garantiza una mayor profundidad y liquidez en la compra-venta de los instrumentos en el mercado secundario.»

5.- Se aceptó que los intereses de los Bonos Global a 30 años pasarán del 4% al 10%, con un ritmo anual de crecimiento de un punto porcentual (en el 2005 el interés de estos Bonos es del 8%). Los intereses de los Bonos Global a 12 años se los pactó en el 12%. No hay duda que estas tasas de interés, totalmente superiores a las existentes en el mercado, representan uno de los mayores regalos para los acreedores. Para justificarlo dijeron que de lo contrario los acreedores no habrían aceptado el arreglo (De esta manera se cumplió con uno de los objetivos centrales de los Bonos Global: «Maximizar pagos por adelantado y flujo a los inversionistas durante la vida de los bonos»).

Estas elevadas tasas de interés explican la creciente presión del servicio en los años subsiguientes a esta negociación. Si calculamos el valor del servicio estimado de los Bonos Brady y Eurobonos versus el servicio real de los Bonos Global más los pagos efectivos realizados desde el año 2000 al 2004, constatamos que el servicio de los segundos era superior en 1.432,45 millones de dólares a lo que se habría tenido que realizar con los Bonos Brady: por concepto de Bonos Brady y Eurobonos se habría cancelado 903,53 millones de dólares, cuando en realidad se habría entregado a los tenedores de los nuevos bonos 2.335,98 millones, y esto justamente en el período en que se habría conseguido una reducción del servicio.⁵

6.- Los plazos para el servicio de los nuevos papeles son similares a los del Plan Brady; no hay ningún período de gracia que habría aliviado la crítica situación de la economía nacional, ni tampoco cláusulas de contingencia.

La lista de las irregularidades en la instrumentación de la emisión de Bonos Global 2012 y 2030 es contundente, tal como lo presentó la Comisión de Auditoría:

La oferta de emisión de Bonos Globales 2030 y 2012 no estaba autorizada por las leyes ecuatorianas debido a que el Decreto Ejecutivo no se encontraba aún publicado a la fecha de la suscripción.
El «Dictamen de la Procuraduría General del Estado» no analiza los términos de la operación y condiciona su dictamen a la autorización otorgada mediante Decreto.
Salomón Smith Barney Inc. y J. P. Morgan actúan en la negociación del 27 de julio de 2000 sin la autorización formal de Ecuador.
La competencia para que el Cónsul de Ecuador en Nueva York proceda a la reestructuración de la deuda externa del país se delega después de la fecha de la negociación.
Delegación de competencia a una «Comisión» para negociar la deuda externa, pese a ser ésta una atribución exclusiva del Ministro de Finanzas.
Contratación de Agentes Fiduciario y de Intercambio sin autorización, pues los Decretos Ejecutivos 605 A y 605 B fueron publicados el 1 de septiembre de 2000, es decir con posterioridad a la fecha de la mencionada contratación.
Liquidación de garantías colaterales en forma arbitraria e ilegal.
Negociación de Bonos Brady, Par y Descuento, que no debían haber ingresado a ninguna reestructura pues se encontraban prepagados, toda vez que tenían garantía constituida.
El Procurador General del Estado no analiza el contrato denominado «Indenture», que constituye requisito esencial para la realización de la negociación.

Siguiendo con la información de la misma Comisión, se produjo un «fraude incalculable para Ecuador»:

El valor de mercado de los bonos reestructurados estaba por debajo de 30% de su valor nominal, lo que determina que el monto sujeto a negociación, en el mercado secundario, valía US$ 1.005,7 millones.
Se determina que la nueva emisión de Bonos «Global 2012 y 2030» ascendió al monto de US$ 3.950 millones, es decir casi cuatro veces el valor de mercado de la parte «negociable» de los «Bonos Existentes». Los intereses pagados hasta agosto de 2008 suman US$ 2.450 millones.
Hubo una reestructura de deuda, bajo la figura de canje, que no se encontraba aún vencida, según tablas de amortización. Por ende, fue un prepago obligado.
La operación fue realizada por una sola institución, Salomón Smith Barney (Citicorp), la misma que propuso la reestructura, administró el canje y la efectivización de la garantía colateral, conjuntamente con la Comisión Negociadora de la Deuda.
La operación tuvo el carácter de «secreta», por lo que no hubo información pormenorizada de respaldo en las entidades responsables del proceso: Ministerio de Finanzas y Banco Central del Ecuador.
No hubo transparencia en la negociación para demostrar claramente sus resultados. La única información de la transacción fue emitida por la Comisión Negociadora de la Deuda, ente que propuso el canje y lo administró, conjuntamente con Salomón Smith Barney (Citicorp).

El «perjuicio moral para Ecuador» también es inocultable:

Se suscribieron convenios cuyas cláusulas obligan al país a renunciar a su soberanía, es decir a acogerse a las Leyes de Nueva York, aspecto no estipulado expresamente en el Decreto No 618, que autoriza la emisión.
Se suscribieron convenios cuyas cláusulas obligan a Ecuador a someterse a las acciones colectivas de los tenedores de los bonos, lo que supone ponerse en manos de terceros.
Se suscribieron convenios en idioma inglés y en formas preestablecidas, con lo que el país pierde su autonomía y se vulneran sus derechos constitucionales.

Y por cierto se registró un «abuso de la banca internacional contra Ecuador»:

La operación de reestructuración de la deuda mediante el canje a Bonos Global constituye la misma modalidad de «reestructuración» de los créditos efectuada por la banca internacional (Chase Manhattan Bank, J. P. Morgan, Citybank, Salomón Smith Barney, Lloyds Bank) desde el «origen» de la deuda, a través de prepagos de operaciones de créditos aún no exigibles.
Tasas de interés establecidas por la misma banca internacional, cobro de comisiones y prepagos exigidos según nuevas tablas de amortización, contratación de nuevos créditos en el exterior (FLAR) para cancelar los compromisos, haciendo más oneroso el costo de la emisión de los Bonos «Global 2012 y 2030».
Emisión de Bonos «Global 2015» para cubrir un prepago exigido por los Bonos «Global 2012», cuya compra realiza la misma banca internacional, con «descuento», y los aplica a la deuda existente representada en Bonos Global a valor «nominal».
La modalidad de «reestructura» hace que la deuda mantenga el capital casi intacto, obligando al pago de intereses en forma semestral, lo que supone obtener recursos financieros de Ecuador en forma permanente.
En opinión de la Comisión de Auditoría estos títulos no representan una «deuda», de modo que, en un posible «juicio», los tenedores de bonos no podrían demostrar su derecho de cobro a Ecuador. Se trata de la instrumentación de intereses normales y de mora; de la aplicación irregular de garantías colaterales y de abusos practicados contra el pueblo ecuatoriano, precedidos de recurrentes «reestructuraciones» de la deuda, por más de 30 años, en condiciones que sólo beneficiaron a un reducido grupo de bancos privados.
Adicionalmente, es importante mencionar que el monto del capital de la deuda original ya ha sido pagado a través de intereses normales y de mora, cuantificados en el presente informe. Por tanto, la Comisión de Auditoría recomienda que se suspenda el pago de la deuda pública externa con la banca internacional.

Con estos antecedentes, es fácil identificar varios argumentos para establecer la ilegalidad y la ilegitimidad de este tramo de la deuda externa ecuatoriana. Razones que justifican la decisión histórica del presidente Correa de suspender el servicio de los Bonos Global.

– ¿Qué más se hizo con el beneplácito del presidente Gustavo Noboa?

Pero lo descrito no fue todo. Con Bonos Global y con dinero fresco -en medio de la crisis- se cancelaron las comisiones de la compañía Salomon Smith Barney y otras empresas que asesoraron al gobierno en la renegociación de los Bonos Global⁶; el monto de estas operaciones significaron 42,6 millones de dólares en Bonos Global y 5,7 millones de dólares en efectivo por diversos honorarios.

Adicionalmente, entre las «travesuras» que se cometieron en esta negociación, parte de estos Bonos, en contra de las disposiciones legales (¿peculado?), se destinaron para financiar nuevos problemas surgidos en la banca privada.

Hay que tener presente en este punto, que con el Decreto Ejecutivo Nº 618 del 28 de julio del 2000 se autorizó una emisión de 5.750 millones de dólares, a ser destinados «exclusivamente a la reestructuración de la deuda externa». Sin embargo, en julio del 2001, el ministro de Economía y Finanzas, Jorge Gallardo Zavala instruyó a la firma Salomón Smith Barney, que tenía bajo su custodia los Bonos Global restantes, que los negocie en el mercado secundario, obteniendo el monto en efectivo de 52,7 millones de dólares, adicionalmente solicitó a la misma firma un giro en el Banco Central por 59,03 millones. Los 52,7 millones obtenidos de la venta de los bonos y los 6,33 millones con cargo a los depósitos que la Comisión Negociadora había ordenado realizar en la cuenta de Salomón Smith Barney fueron entregados por el Ministerio de Economía y Finanzas a los Bancos del Pacifico y Filanbanco en un monto de 37,71 millones y 21,32 respectivamente.⁷

Estos bancos si bien estaban intervenidos por el Estado, arrastraban las consecuencias de los malos manejos de administradores que respondían a intereses privados. A esta operación se la justificó afirmando que «la inversión del Estado en esas entidades financieras» servía para prevenirlas de una crisis. Lo cierto e indiscutible es que legalmente esos recursos debían ser destinados únicamente a la reestructuración de la deuda externa.

La Contraloría General del Estado, en su Informe a la Nación del 2003 (p. 8), fue categórica frente esta utilización indebida de los bonos Global:

«El examen especial al proceso de emisión de bonos globales y renegociación de la deuda externa, por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, a través del canje de Bonos Brady y euro bonos por bonos globales, por el período de 1 de abril de 1999 al 31 de diciembre del 2002, determinó entre otros hallazgos que la suscripción de la Carta de Conformidad de Compromiso de 19 de octubre de 1999 con la firma Salomón Smith Barney Inc, se realizó sin observar los procedimientos previstos en la Ley de Contratación Pública, pues no se evidenció que se haya realizado invitación o concurso alguno. Determinó también que el ex ministro y el ex subsecretario de Crédito Público y miembro de la Comisión, autorizaron vender bonos Globales 2030 y 2012 cuyos recursos por la cantidad de 59’517.000 dólares fueron destinados a los bancos Filanbanco y Pacífico, operaciones que realizaron incumpliendo lo dispuesto en el Decreto N. 618 de 26 de julio de 2000. De estos valores, se recuperaron tan solo US$17’600.000 encontrándose pendiente la suma de US$41’917.000. Estos, y otros hechos, fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público.»

Para completar este breve análisis cabe mencionar que la negociación fue aprobada a un ritmo nunca visto en la burocracia estatal. En la sesión del 26 de julio del 2000 se resolvió toda la negociación. En esa fecha se realizaron 32 trámites públicos.

Detrás de esta eficiencia aflora otro dato preocupante: la falta de transparencia en un proceso en el que la empresa que coordinó la operación de canje fue seleccionada a dedo. Incluso en la Junta Monetaria, máxima instancia monetaria e incluso económica del país a la época, prácticamente no se conoció y discutió sobre el tema, tal como se desprende de las actas de dicha entidad.

La rápida aceptación de la propuesta ecuatoriana por parte de los acreedores privados era obvia. Era una operación asegurada de antemano. A los acreedores les representaba un gran negocio. Además, contaba con la bendición del FMI y con el respaldo de importantes firmas consultoras encargadas de precautelar los intereses de los acreedores (¿sus propios intereses?). No estuvo en la agenda de la Comisión Negociadora el interés nacional. Se hizo «todo en función de los acreedores», tal como lo demostró en julio del 2004 el ahora presidente Rafael Correa.

La conclusión de Correa es demoledora:

«dado los altos precios de los Bonos Global 12 que hacen perjudicial su recompra en operaciones de mercado, lo máximo a lo que puede aspirar el país es a una pequeña o nula reducción del valor presente de la deuda, pero con un mejor perfil de servicio que alivie la presión sobre la caja fiscal. Es decir, un paupérrimo premio para tanto servilismo y sacrificio al que se sometió al país, sometimiento que como denominador común tuvo y tiene la maximización del beneficio de los acreedores, lo cual se dio en la renegociación del 2000, durante estos últimos 5 años de «política económica», y se dará en cualquier canje de deuda que empiece con bonos a más del 100% de su valor nominal. ¡Qué viva la fiesta!»

¿No habría delito por los malos antecedentes del denunciante?

El hecho de que la denuncia haya sido oficializada ante la Fiscalía General del Estado por parte del ex-presidente, León Febres Cordero _⁸, quien no ocultaba su enemistad política con Noboa Bejarano, ha sido uno de los argumentos más reiterados para minimizar lo pernicioso de la renegociación de los Bonos Global. Este argumento volvió a aflorar en la Asamblea Constituyente para impulsar la amnistía que se otorgó a Noboa Bejarano, por solicitud del presidente Rafael Correa…

Impugnar una denuncia simplemente por las características personales o políticas del acusador es una aberración jurídica. Sería utilizar el argumento ad hominen, que significaría invalidar la afirmación de alguien por sus antecedentes o sus características personales, lo que por supuesto no solo no corresponde, sino que la ley penal y el derecho constitucional no contempla.

Es posible que Noboa Bejarano no haya tenido beneficio patrimonial alguno, pero sus decisiones permitieron el desvío de dinero público. Estas beneficiaron a los acreedores de la deuda y a bancos intervenidos por el «salvataje bancarios» que arrastraban los problemas ocasionados por administradores que respondía a intereses privados (los dueños de estos bancos). Además, la renegociación de los Bonos Globales está plagada de irregularidades, de diversas ilegalidades y de una discrecionalidad que le trajo graves perjuicios a la República. Por lo tanto, no debía ser objeto de un perdón por parte de la Asamblea Constituyente, que quebrantó el Estado de Derecho. Esto significó otorgar privilegios a un ciudadano (quizás) por el solo hecho de haber ocupado la primera magistratura, afectando así el elemental concepto de la igualdad ante la ley, el orden jurídico y la responsabilidad de todos los ciudadanos y ciudadanas.

Por todo lo expuesto, borrar este capítulo de la deuda con una amnistía resultó inconveniente a todas luces, teniendo en cuenta que la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público⁹ antes de la mentada amnistía, en comunicación que se distribuyó en la Asamblea Constituyente, ya aseveró, documentadamente, que la negociación de los Bonos Global estaba plagada de una serie de irregularidades e incluso de nulidad absoluta. Lamentablemente, la amnistía, a la que el autor de estas líneas se opuso decididamente, benefició a los implicados en una acción dolosa, ya que no se refiere a personas en particular sino a los hechos. ¡Qué viva la fiesta! para los miembros de la comisión renegociadora…

Realmente esta amnistía pasará como otro lamentable capítulo de la increíble y triste historia del Ecuador y su perversa deuda eterna.-