Los acontecimientos políticos entorno al golpe de Estado en Honduras, nos han dejado considerables lecciones para el análisis de los peligros que enfrentan la democracia y las instituciones encargadas de velar por el buen funcionamiento del Estado de Derecho en los países latinoamericanos. Dentro de estas lecciones, una cobra vital importancia en la debacle del orden institucional, los enemigos del desarrollo y del bienestar colectivo de nuestros países continúan pasando sobre las reglas del juego establecidas en la arena política democrática, resulta evidente que las derechas latinoamericanas continúan legalizando lo ilegal y convirtiendo en ilegal lo legal. Por ello, insisten en presentar el proceder militar hondureño como algo apegado al Estado de Derecho, cuando la comunidad internacional ve un rompimiento del orden institucional democrático.
Insistamos en algo, cuando la derecha mundial se enteró del inevitable derrumbe de la Cortina de Hierro y el descalabro de los regímenes políticos socialistas, intelectuales vinculados al Departamento de Estado de los Estados Unidos como Francis Fukuyama se dispusieron a diseminar con escritos y ensayos que el fin de la historia iniciaba en 1989, lo que Hegel había predicho para la modernidad 200 años atrás. Veinte años han pasado desde aquellos acontecimientos que lanzaron por el suelo el Muro de Berlín y, se convirtieran en los gritos triunfalistas de las sociedades capitalistas occidentales desarrolladas y subdesarrolladas, al observar como los regímenes comunistas del este europeo fenecían por sus propias contradicciones internas.
En el contexto en que se desploma el Muro de Berlín, funcionarios como Fukuyama y sus seguidores periféricos argumentaban que la economía de mercado y la democracia liberal se imponían sobre cualquier forma de gobierno y de régimen económico. Los países subdesarrollados y aquellos que en ese momento se estaban distanciando del comunismo, debían implementar «los doce pasos» macroeconómicos establecidos como resultado del Consenso de Washington. No había salida: la liberación del tipo de cambio y las tasas de interés, la desregulación de la economía, la privatización, abrir las puertas a la inversión extranjera, crear las condiciones jurídicas básicas para la inversión, así como la desregulación de la economía se planteaban como los pilares que ayudarían a superar las trincheras que impedían el desarrollo.
Pero, ¿Y la democracia? ¿Y las instituciones políticas para construir sociedades diferentes? ¿Y qué del Estado de Derecho para que capitalistas y no capitalistas se acogieran al imperio de la ley? Las instituciones no importan aseguraban los liberales que insistían en llevar a la práctica los lineamientos del Consenso de Washington, siempre y cuando se obtuvieran los resultados que se habían previsto al implementar ese tipo de políticas macroeconómicas. Cuando de privatizar se trataba, había que pasar por normas legales y el estatuto constitucional que impedían la satisfacción de esos intereses perversos, el Estado de Derecho entonces era adverso a las propuestas delineadas en aquellos momentos.
Muchos países de la periferia, como sucedió en el caso de América Latina, iniciaron aperturas políticas hacia regímenes democráticos casi de forma paralela con la implantación de las políticas económicas que exaltaban la economía de mercado y debilitaban el papel del Estado en la regulación económica. En los discursos de liberales, tanto la democracia como la economía de mercado habrían un paraíso para superar las desigualdades económicas y sociales que afectaban a estos países que habían apostado por regímenes democráticos y economías más abiertas sin trabas estatales. Pero la injusticia social y la injusticia jurídica no fueron alteradas de la vida cotidiana con la implantación de los nuevos regímenes democráticos y la economía de mercado. El ciudadano común no ha logrado diferenciar entre democracia y regímenes militares autoritarios, su seguridad y oportunidades de bienestar han sido las mismas bajo la dictadura y la democracia.
De acuerdo como plantea el problema Fukuyama en su libro La construcción del Estado …(2004), desde Washington nadie previó la importancia de las instituciones para alcanzar resultados diferentes. Pero en sus viajes hacia los países de América Latina ha insistido en el fracaso del Consenso de Washington y la importancia de construir instituciones políticas sólidas y un Estado de Derecho que permita una certeza jurídica en las inversiones. Por ello no resulta extraño que algunos miembros de la derecha en América Latina insistan en plantear el fortalecimiento del Estado de Derecho como condición jurídica para el establecimiento de reglas claras del juego que permitan el funcionamiento de la economía de mercado y la libertad en los negocios. En tanto que la desigualdad y la injusticia siguen siendo considerados temas tabúes apegados a criterios revolucionarios del pasado.
Estos intelectuales «liberales» han insistido en que el liberalismo y la democracia siempre han corrido de la mano, como si se encarnaran uno en la otra, esto puede ser una verdad a medias o puede ser una mentira total. En el ideario de los liberales occidentales, la democracia era buena si permitía la protección de la propiedad y dejaba libertad para los negocios, hubo de pasar cientos de años para que entendieran que la democracia no era simplemente un recursos electoral para elegir el buen gobierno, sino la misma se fundamenta con el Estado de Derecho. Los principios democráticos de igualdad ante la ley y la defensa de los derechos humanos no constituyen una dadiva del liberalismo a las sociedades, la democracia es una construcción histórica y como tal ha derivado de las luchas sociales en el alcance de espacios políticos y mejoras en las condiciones socioeconómicas de los ciudadanos. Los obreros ganaron el derecho al voto y la reducción de la jornada laboral, así como los afroamericanos ganaron los derechos civiles con que hoy cuentan en los Estados Unidos.
Después de las visitas que realizara Francis Fukuyama a los países de América Latina, algunos miembros de la derecha han comenzado a insistir en la construcción de un Estado de Derecho que responda a las necesidades de la inversión y que se atienda en él el debido proceso dentro de las instituciones encargadas de velar por el orden jurídico de estos países. Pero debemos insistir en que en una sociedad democrática en la que prevalece el imperio de la ley, las corporaciones privadas deben atender y entender que el bienestar común está sobre el interés privado, las instituciones jurídicas deben velar por ello, una democracia sin atención social se encamina hacia el criterio shumpeteriano de la democracia elitista. Un Estado de Derecho no funciona solamente para brindar certeza jurídica en las inversiones sino debe brindar certeza en la distribución de los bienes. El funcionamiento de las instituciones políticas no debe depender de los intereses corporativos privados, sino deben mantener un funcionamiento de acuerdo a los intereses nacionales.
En una democracia las instituciones no deben velar únicamente por el funcionamiento de las leyes en provecho del gran capital, de igual forma los asalariados agrícolas o urbanos deben contar con las mismas posibilidades de atención dentro de las instituciones estatales encargadas de brindar seguridad. El Estado de Derecho exige transparencia no solo a los funcionarios públicos sino a las corporaciones privadas y a toda la ciudadanía, la justicia no funciona solamente cuando uno de nuestros clientes o amigos se ven afectados por las contradicciones sociales que el sistema engendra. Las mayoría de democracias latinoamericanas no han llevado hacia niveles de bienestar económico y social, solamente se han quedado en el plano de los procesos electorales convirtiendo la condición ciudadana en simple ente electoral. Que se entienda, la ciudadanía es la dotación de derechos económicos, sociales y políticos al individuo que adquiere plena conciencia de su condición ciudadana frente al Estado y frente a los otros. Y la participación ciudadana no se reduce solamente a la emisión de un voto en procesos electorales.
Ha sido una práctica común en el imaginario político latinoamericano por parte de las oligarquías, hacer retorcer la ley cuando la misma se opone a sus privados intereses. Por eso no extraña el financiamiento o la ejecución de golpes de estado en contra de gobiernos que se salen de los lineamientos del «buen gobierno». Pasar sobre la ley ha sido la regla y no la excepción para las derechas latinoamericanas, pero su cultura política ha ido en esa dirección: la crítica y la oposición se consideran como elementos de desestabilización y, nunca como la posibilidad de ampliar los espacios democráticos orientados hacia la disminución de la injusticia social. Se han cerrado al debate y continúan en una burbuja que por donde se vea reproduce la injusticia social.
Pero la ofensiva de la derecha se manifiesta en la orientación de los medios de comunicación, la prensa ha servido de canal para orientar y exponer las ideas y los planteamientos por alcanzar el Estado de Derecho, mientras llenan sus páginas de amarillismo con la exacerbación de la violencia. Desde Atlanta hasta el cabo de hornos en el sur del continente, existe un entramado de medios de información que juegan el papel de divulgadores de los intereses de la derecha latinoamericana. La prensa debilita el Estado de Derecho porque imponen agendas y pretenden determinar el accionar de la justicia de acuerdo a los intereses de sus mecenas. Los litigios ya no son resueltos en la jurisdicción judicial correspondiente cuando afectan los intereses corporativos privados. La descalificación de jueces y funcionarios se han convertido en su modus operandi cuando los mismos accionan en la dirección contraria a sus criterios.
El Estado de Derecho es consustancial a la democracia, pensar en un régimen político democrático sin la existencia de la aplicación de la ley, sería como continuar bajo el dominio de los regímenes militares que se encargaron de destruir cualquier institución política que implicara el establecimiento de reglas claras del juego para el ejercicio del poder. La promoción de golpes de estado desde las cúpulas militares con sus socios de siempre, el irrespeto a los derechos humanos así como la conversión de la impunidad como instrumento de premio a la ilegalidad, continúan siendo los sentimientos atávicos de los regímenes oligárquico-dictatoriales a las democracias latinoamericanas.
