A lo largo de la semana anterior se dieron los primeros diálogos formales entre el Ecuador y la Unión Europea, luego de la suspensión de los mismos hace casi un año. Se trató de un primer acercamiento para intentar llegar a un Acuerdo Comercial para el Desarrollo, tal como lo ha propuesto el Gobierno ecuatoriano. […]
A lo largo de la semana anterior se dieron los primeros diálogos formales entre el Ecuador y la Unión Europea, luego de la suspensión de los mismos hace casi un año. Se trató de un primer acercamiento para intentar llegar a un Acuerdo Comercial para el Desarrollo, tal como lo ha propuesto el Gobierno ecuatoriano.
Esa definición exige trazar la cancha. Este acuerdo no podrá inspirarse en la lógica de los tratados firmados por Perú y Colombia con la Unión Europea. Es decir, no hay cómo propiciar un tratado de libre comercio, que de libre tiene muy poco y que, además, cercena la soberanía económica de los países más débiles en beneficio de los más grandes.
El punto de partida para este acuerdo radica en el apego irrestricto a la Constitución de Montecristi. Por lo tanto, los negociadores nacionales deben tener siempre presente los mandatos constituyentes sin escaparse de su cumplimiento a través de interpretaciones tramposas.
Segundo, este nuevo tratado debe ampliar las posibilidades de cooperación para que el Ecuador logre su desarrollo. El beneficio mutuo se conseguirá facilitando el fortalecimiento del aparato productivo del Ecuador, sin establecer ningún tipo de barrera que impida su desenvolvimiento. Esto exige conseguir un adecuado esquema de desgravaciones arancelarias que abran el mercado europeo a los productos ecuatorianos sin establecer normativas que nos condenen irremediablemente a nuestra triste condición de país productor y exportador de materias primas. En esta línea de reflexión habrá que considerar todos aquellos temas sensibles relacionados con los sectores estratégicos, compras públicas, servicios, propiedad intelectual. Particular prioridad reviste la protección a la producción nacional de pequeña y mediana escala.
Como complemento de lo anterior, es preciso que el Ecuador cuente con una hoja de ruta clara y coherente. Por un lado no puede haber posiciones discordantes en el seno del Gobierno y, por otro, es indispensable contar con una concepción estratégica que permita posicionar al país en el contexto internacional. Lo económico, siendo importante, no es lo determinante. Lugar preferente en estas negociaciones corresponde al tema de la migración, del medio ambiente, de la arquitectura financiera internacional, del combate a la corrupción, entre otros puntos clave. El país requiere, pues, un claro posicionamiento político para este tipo de negociaciones. Por lo tanto, se precisa ratificar categóricamente la rectoría en este tipo de negociaciones en el Ministerio de Relaciones Exteriores, sin permitir interferencias o cortapisas por parte de otros entes gubernamentales que, incluso, parecería están remando en dirección contraria a los principios básicos que inspiraron la Revolución Ciudadana.
Por último, en estas negociaciones, en las que podría participar Bolivia, hay que asegurar la transparencia. No se puede, de manera alguna, tolerar situaciones como las vividas durante las negociaciones del TLC con los EE.UU., cuando la información fluía por cuentagotas a través de un mal llamado «cuarto de al lado». Hoy la sociedad espera información completa y espacios de participación activa.