Alberto Acosta está desvinculado del proyecto que llevó a Rafael Correa al Poder. Quien fuera declarado como el hombre más poderoso del país, mientras era presidente de la Asamblea Contituyente de Montecristi, actualmente se dedica a la academia, como catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). En ese papel, en una entrevista con […]
Alberto Acosta está desvinculado del proyecto que llevó a Rafael Correa al Poder. Quien fuera declarado como el hombre más poderoso del país, mientras era presidente de la Asamblea Contituyente de Montecristi, actualmente se dedica a la academia, como catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso). En ese papel, en una entrevista con HOY, analiza los cuatro años de Gobierno de Correa y dice el desempleo sigue siendo una tarea pendiente y el extractivismo el eje de acumulación.
¿Cómo cambió la estructura del Estado en estos cuatro años de Gobierno de Rafael Correa?
El mayor cambio -en gran medida todavía potencial- se sustenta en la Constitución de Montecristi. Allí se establecen los cimientos de lo que debería ser un Estado constitucional de derechos, que entre otros puntos vitales se propone ser un Estado plurinacional. Es decir, se asumió como reto construir un Estado que supere las estructuras oligárquicas y coloniales existentes. Lo preocupante es que cuando ese proceso empieza ya tiene muchos tropiezos propiciados por quienes deberían impulsarlo.
¿A quiénes se refiere expresamente?
Basta con recordar cómo el Tribunal Constitucional, atropellando la Constitución que debería defender y por cierto respetar, se metamorfoseó en Corte Constitucional. Las leyes de minería y de soberanía alimentaria, para apenas mencionar dos, también atropellan la Constitución. A esto, por ejemplo, a través de la vía de los reglamentos, se suman intentos para permitir la importación de transgénicos, algo prohibido en Montecristi.
¿La nueva Constitución sentó las bases jurídicas para la refundación del país?
Lo que se planteó en Montecristi es un proyecto de vida en común, que sirva de marco de referencia para construir democráticamente una nueva forma de convivencia ciudadana sobre bases de libertad, igualdad y equidades, en armonía con la Naturaleza, para así hacer realidad el Buen Vivir.
¿Se cumple ese objetivo?
Mientras no se empiece a cambiar la modalidad de acumulación concentradora, excluyente, y depredadora, no se fortalezcan todos los espacios de participación ciudadana y no se respeten todos los derechos fundamentales de la Constitución, no estaremos en el camino hacia el Buen Vivir.
¿La riqueza se redistribuyó de mejor manera, cómo, o sigue en las mismas manos?
En estos cuatro años no ha habido una mejora sustantiva en términos de redistribución de la riqueza. Tampoco la pobreza ha disminuido al ritmo esperado en un proceso revolucionario que más que duplicó la inversión social. Mientras tanto, los grupos más acomodados se han enriquecido mucho más. El propio presidente Correa reconoce, en entrevista a Le Monde Diplomatique, publicada el 3 de enero de este año, que la «tenencia de la tierra en Ecuador no ha cambiado sustancialmente y es una de las distribuciones más inequitativas del mundo; el coeficiente de Gini supera el 0.9 en cuanto a tenencia de tierra.»
¿Cómo está el círculo de poder, caracterizado por el constante reciclaje de funcionarios, con pocas excepciones como la suya?
El reciclaje de funcionarios depende del presidente. Él sabrá por qué lo hace. Lo que interesa son los mecanismos para la toma de decisiones, sobre todo en la cúpula gubernamental, en donde, me parece, falta mucho más debate, participación, transparencia e incluso respeto. Y esa limitación en término de prácticas democráticas resulta grave en tanto ese estilo de gobernar permea a otras estructuras del gobierno.
El presidente Correa, cuando usted dirigía la Constituyente, le criticó por debatir demasiado y tomarse más tiempo del que él consideraba necesario para aprobar la nueva Constitución en el plazo fijado. Ahora, el tiempo le da la razón pues, el propio jefe de Estado impulsa una tercera consulta para enmendar los errores cometidos en Montecristi. ¿Cuál es su reflexión?
No veo que se propone enmendar errores, si es que los hubiera. Veo que se plantean cambios que representan rupturas constitucionales, como puede ser el retroceso en el ámbito de los derechos humanos al restringir los derechos de protección de las personas.
¿Qué ejes de la revolución ciudadana están en rojo y cuáles se han cumplido?
Difícil responder en tan corto espacio. Se ha avanzado mucho en lo social, pero aún falta por hacer y mejorar. La política macroeconómica contracíclica permitió enfrentar la peor crisis económica internacional de las últimas ocho décadas. La obra pública, en particular la vialidad, para citar un caso, es digna de ser resaltada. Se han recuperado espacios de soberanía nacional. Sin embargo, a pesar de ser el gobierno con los mayores ingresos fiscales y petroleros al menos de la historia reciente, en lo productivo los resultados son muy deficientes, no hay cambios estructurales en la producción, en las exportaciones, en la tenencia de la propiedad, en la reducción de la dependencia y la vulnerabilidad externa… el desempleo sigue siendo una tarea pendiente y el extractivismo el eje de acumulación. El principal logro político de este período, la Constitución de Montecristi, ha sido violentado desde el inicio y este tema puede volverse crítico si se cristaliza la intromisión por parte del Ejecutivo en el poder judicial, avasallando, además, al poder ciudadano.
¿Cuáles serían las consecuencias si eso se concreta?
Se habría afectado la institucionalización de una nueva estructura estatal, indispensable para hacer realidad el proyecto de vida en común que propone la Constitución de Montecristi.
¿Cuál es su balance sobre la revolución ética, cuyo eje central es combatir la corrupción?
En este punto, sin lugar a duda, hay un gran déficit, empezando por la falta de información sobre las investigaciones de los posibles negociados en los que estaría envuelto el hermano del presidente de la República.
Hace pocos días, el presidente dijo que su programa de Gobierno requeriría unos 30 años para ser ejecutado. ¿Apoyaría usted la inclusión en la consulta popular de una pregunta sobre la reelección indefinida?
De ninguna manera, soy partidario de la alternancia democrática.
¿Qué opina de la pregunta para explotar el ITT, es la estocada final a la Iniciativa verde?
El solo anuncio ya representó un nuevo golpe que el presidente propina a la Iniciativa Yasuní-ITT, a la que él mismo ha promocionado tanto en el exterior y a la que él, incluso, hace un año, cuando injustamente disolvió a la anterior comisión negociadora, la presentó como el «proyecto emblemático» de la Revolución Ciudadana. Además, sería una pregunta inconstitucional, pues la vía de la consulta popular, en el caso de la explotación de recursos naturales no renovables en un área protegida, pasa por la Asamblea Nacional, tal como manda el artículo 407 de la Constitución. Es deseable que el gobierno potencie efectivamente esta Iniciativa, para lo que será indispensable revertir todas aquellas acciones orientadas a alentar la actividad petrolera en los márgenes del ITT, por ejemplo.
¿Qué opina de la pregunta para eliminar las comisiones ciudadanas de la selección de las nuevas autoridades de control? Eso confirma su afirmación de que la mayor falencia de la revolución ciudadana es el déficit de ciudadanía.
Esa posibilidad mina las bases de la Comisión de Participación Ciudadana y Control Social, y con eso debilita uno de los ejes rectores de la Constitución: la participación ciudadana. Y esto, a su vez, profundiza el déficit de ciudadanía en la llamada «revolución ciudadana». En lugar de más democracia y participación ciudadana se consolida cada vez más un estilo de gobernar intolerante, vertical y personalista.
¿La revocatoria del mandato es una opción, tomando en cuenta que es un derecho ciudadano fijado en la Constitución de Montecristi, que al parecer se convirtió en un bumerán para el gobierno?
La posibilidad de llevar a cabo la revocatoria del mandato es una gran conquista de Montecristi. Por eso lamento que ahora desde los gobiernos seccionales, en contubernio con algunos grupos en el gobierno de Alianza País, se pretenda escamotearnos este derecho ciudadano.
Hágale una propuesta al país para superar este complicado panorama.
Antes de lanzar la consulta popular se debería dar paso a un gran debate ciudadano sobre lo que significa la consulta popular y sobre los posibles temas que se abordarán en ella. La consulta debe ser una herramienta democrática de profunda participación ciudadana orientada a profundizar el proceso revolucionario que se propuso hace ya más de cuatro años. Esto se logrará siempre con más democracia, nunca menos.
Y si se escamotea a la sociedad este debate, habrá que conformar un gran frente para defender la Constitución de Montecristi, en donde se sintetizan muchas de las grandes aspiraciones acumuladas a los largo de largas décadas de lucha de amplios segmentos del pueblo ecuatoriano, como parte de un proceso histórico que empezó antes que la llegada al gobierno de Rafael Correa y que, sin lugar a dudas, continuará posteriormente.
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