La declaratoria del Ecuador de persona non grata a la embajadora de Estados Unidos en el Ecuador, Heather Hodges, trae cola: en respuesta, el primer país ordenó la expulsión del embajador ecuatoriano en Washington, Luis Gallegos. El presidente Correa llama a solidarizarse con Ecuador. Este último incidente deja al descubierto la larga cadena de intervenciones […]
La declaratoria del Ecuador de persona non grata a la embajadora de Estados Unidos en el Ecuador, Heather Hodges, trae cola: en respuesta, el primer país ordenó la expulsión del embajador ecuatoriano en Washington, Luis Gallegos. El presidente Correa llama a solidarizarse con Ecuador.
Este último incidente deja al descubierto la larga cadena de intervenciones estadounidenses en los asuntos internos de país que aún no terminan.
La decisión del Ecuador de «echar» a la embajadora de Estados Unidos afecta las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos. En el cable de wikileaks (con fecha 10 de julio de 2009) difundido por el diario El País de España, la embajadora de Estados Unidos en Quito, informa de supuestos actos de corrupción en la Policía Nacional liderados por el ex comandante general, Gral. Jaime Hurtado, pero también señala que el Presidente Correa lo nombró en ese alto cargo conociendo de que estaba involucrado en actividades de corrupción con el fin de manipularlo fácilmente. (1)
Enterado de la publicación, el canciller ecuatoriano, Ricardo Patino, pidió explicaciones a la embajadora Hodges, recibiendo como respuesta que «son documentos robados» y que no tenía otra aclaración que hacer». En términos parecidos se pronunció Arturo Valenzuela, quien le dijo a Patiño, «lo siento pero son millones de cables que vienen al Departamento de Estado y es imposible saber cuáles han sido filtrados».
Patiño dijo que la medida adoptada por el gobierno de Ecuador respecto a la embajadora Hodges -quien deberá abandonar el Ecuador el domingo 10 de abril- no se debe a los informes de corrupción en la Policía sino a dos declaraciones falsas que contenía un cable suscrito por ella: la primera que el presidente había nombrado al general Hurtado a sabiendas de que era una persona ampliamente conocida como corrupta, y en segundo lugar, que lo hacía conociendo que su condición de corrupto lo hacía fácilmente manipulable. «Eso es el colmo de la desfachatez, el colmo de la maledicencia», señaló Patiño ante corresponsales de prensa acreditados en el Ecuador.
El canciller, sin embargo, agregó que a los organismos de control del Estado les corresponderá hacer las averiguaciones sobre la información relativa a la supuesta corrupción policial. De hecho, la Fiscalía General de la Nación inició este miércoles 6, una investigación sobre los supuestos actos de corrupción en la Policía y llamó a declarar a cinco oficiales mencionados en los cables.
Por su lado, el Presidente Correa, en entrevista con la Coordinadora de Radios Populares, (CORAPE), dijo hoy que nadie duda que exista corrupción dentro de la Policía nacional, agregando que una muestra de ello fue la intentona de golpe de Estado, perpetrado el 30 de septiembre. (2)
Más allá de los informes
El trabajo de todos los embajadores es informar de la situación económica, política, social del país en el que están acreditados. A esta función se le debe agregar la de además de representar y defender los intereses de su país. Otra cosa, sin embargo, es «que se ofenda, que se mienta, que se inventen cosas, eso es muy distinto, es normal informar pero otra cosa tergiversar la verdad, es mentir conscientemente, porque el presidente Correa no es un presidente que tiene bajo perfil, tiene muy alto perfil, la gente lo conoce, con sus virtudes y sus defectos, por lo tanto no se puede suponer y peor ponerlo en un informe que el presidente habría tomado una decisión en ese sentido», señala Patiño.
Donde hubo fuego cenizas quedan
En el cable de wikileaks del 10 de julio de 2009 y en otros se revela que la Embajada de Estados Unidos en Quito disponía de información interna detallada de la Policía ecuatoriana. ¿Son rezagos del control y de la influencia que este país mantenía en las filas policiales?
«Donde hubo fuego, cenizas quedan y posiblemente queden cenizas por ahí…», comentó el canciller Patiño.
Por su lado, el Presidente Correa afirmó «no se puede permitir que la embajadora Hodges hable directamente de sus informantes dentro de la Policía y las Fuerzas Armadas (…) Quiere decir que tiene infiltradas a la Policía y a las Fuerzas Armadas», según el periódico gubernamental El Ciudadano.
Correa indicó también que la acusación contra Hurtado podría deberse a que fue él quien deshizo la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía (UIES), que antes era controlada por la Embajada de los Estados Unidos. Recordó que por este motivo se expulsó a dos agentes de la CIA.
Hay que recordar que hasta hace pocos años, Estados Unidos controlaba los organismos de la inteligencia policial y militar del Ecuador, quienes respondían más a la Embajada que a las autoridades del Estado ecuatoriano.
«Es evidente que el gobierno de los EE.UU., tiene en la UIES (Unidad de Investigaciones Especiales) y en la Dirección Nacional Antinarcóticos los instrumentos estatales de mayor cooperación para ejecutar su política exterior y de seguridad en materia de narcotráfico, terrorismo y migración», señalaba un informe de la «Comisión para la investigación de los servicios de inteligencia militares y policiales ecuatorianos», creada por el Presidente Correa el 15 de mayo de 2008.
Correa (cuando estaba de comandante de la Policía, el General Jaime Hurtado) cortó el cordón umbilical que unía a la Embajada de Estados Unidos con los organismos de inteligencia de la policía y de las Fuerzas Armadas. Tras el ataque colombiano al campamento de las FARC en la frontera con Colombia (1 de marzo de 2008) se descubrieron graves fallas de los organismos de inteligencia de la policía y el ejército, cuyos jefes informaban primero a EE.UU. o a Colombia antes que al Ecuador. A raíz de esto, Correa reestructuró los organismos de inteligencia, disolviendo la UIES. También expulsó, en febrero de 2009, a Max Sullivan, primer secretario de la Embajada de Estados Unidos, y al agregado de la misma, Armando Astorga, por su injerencia en los asuntos de la seguridad ecuatoriana y concretamente en la UIES.
La Embajada de EE.UU. financiaba directamente a la UIES (US$2.556.000 dólares anuales) para «todos los procesos de orden administrativo, logístico, de inteligencia y operativo» (…) Esta «ayuda» se entrega en virtud de un «convenio de tipo verbal» entre la Embajada de EE.UU. y la UIES, y no de acuerdo a las necesidades nacionales, sino a parámetros establecidos por la Red Internacional Antinarcóticos liderada por EE.UU. Esta situación de dependencia llegaría a situaciones extremas como la injerencia de la embajada de Estados Unidos en el reclutamiento y control del personal de la UIES, el mismo que periódicamente sería sometido a chequeos con equipos de detección de mentiras, monitoreados por especialistas de la Embajada de Estados Unidos», según el mencionado informe de «Comisión para la investigación de los servicios de inteligencia militares y policiales ecuatorianos».
Cuando se terminó el «acuerdo verbal» entre la Embajada de Estados Unidos y la UIES, Sullivan se llevó los vehículos y los ordenadores de este organismo que contenían información vital para la seguridad del Ecuador, por lo que el gobierno ordenó su expulsión, según informó el entonces canciller ecuatoriano Fander Falconí.
La UIES, creada en 1985 por el régimen derechista de León Febres Cordero para enfrentar a los grupos insurgentes AVC y Montoneros Patria Libre, tenía un funcionamiento clandestino y sus objetivos no solo eran los grupos insurgentes (cuyos dirigentes fueron ejecutados extra judicialmente) sino los grupos sociales y de derechos humanos, opositores políticos y líderes de opinión pública a los cuales se los «consideraba un peligro para la seguridad interna», según la investigación que realizó la Comisión de la Verdad. (3)
En un cable del 10 de febrero de 2009, la embajadora Hudges, lamenta que el «Comandante General de la Policía del Ecuador Jaime Hurtado ordenó el traslado de tres cabezas y 20 miembros de las unidades de policía fundamental para el éxito de Ecuador, lucha contra el narcoterrorismo». (4)
Y refiriéndose a la UIES señala: La unidad, que ha sido investigada por la Embajada, ha mantenido una excelente cooperación operacional con ésta en operaciones antinarcóticos y de contrainsurgencia. La UIES fue instrumental en la captura de Simón Trinidad, miembro de la secretaría de las FARC, y de Nelson Yaguara, alias Comandante Uriel, responsable del ataque a la base militar colombiana Teteye. (5)
¿Se mantendrá cooperación?
Dos medidas tomadas por Correa que no han sido del agrado de Estados Unidos son: 1) La decisión del gobierno del Ecuador de no renovar el convenio para la utilización de Manta como base militar estadounidense, y 2) descartar la firma de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
En octubre de 2008, el Ministro de Defensa del Ecuador, Xavier Ponce, dio a conocer el informe elaborado por una comisión creada por el presidente Correa en el que se concluía que la CIA habían infiltrado a la Policía y a las Fuerzas Armadas, lo que se hizo evidente incluso en la incursión colombiana a territorio ecuatoriano el 1 de marzo de 2008.
Luego de la difusión de este informe, la embajadora Hodges evitó referirse al contenido de los mismos y afirmó que la «colaboración entre Estados Unidos y Ecuador seguía adelante» y que «su país trabaja con el Gobierno del Ecuador, con los militares y con la Policía para fines muy importantes».
El cable revelado por wikileaks evidencia la estrategia de Estados Unidos: no confrontar abiertamente con el gobierno de Correa sino tratar de influir dentro del mismo neutralizando la posición de los funcionarios que quieren «expulsar la influencia del gobierno de Estados Unidos». Esta puede estar cambiando con el último incidente diplomático.
Una herramienta de la estrategia estadounidense para mantener su influencia en el Ecuador ha sido la ayuda económica. Según un boletín de prensa de la Embajada de Estados Unidos en Quito (enero de 2011) este apoyo superó los 70 millones de dólares en 2010, de los cuales 18 millones se destinaron a asistencia militar, más de 8 millones a la lucha anti-narcóticos y otros delitos transnacionales, cerca de 4 millones para democracia y gobernabilidad, cerca de 10 millones para crecimiento económico, 450.000 para la lucha contra el terrorismo, entre otros. ¿Cambiará está situación a raíz del último impasse?
Notas
(3) Informe de la Comisión de la Verdad, «Sin Verdad no hay justicia», Quito, 2010, tomo 2, p. 177.
(5) Ibid