La batalla discursiva por el Código Forestal y la novela del ministro consultor que se terminó yendo

Brasil vive el tema del medio ambiente de forma caótica y contradictoria. De un lado tenemos, por la óptica del desarrollo sostenible, una de las más avanzadas legislaciones ambientales del mundo, representada especialmente por el Código Forestal (legislación de base federal). Del otro, se vive el resplandor del sector primario por ocupar enormes extensiones de tierras y volver su producción hacia los mercados externos. El mapa del agro del país ilustra bien esa realidad: cerca de 3% del total de las propiedades rurales corresponden a latifundios, que ocupan 56,7% de las tierras cultivables brasileras, bajo la justificación del agro-negocio.

Si en este escenario ya existe la falta de respeto a la biodiversidad brasileña, la devastación ambiental puede hacerse aún mayor después de la aprobación del nuevo Código Forestal por la Cámara de los Diputados el último día 25 de mayo (y ahora tramitado en el Senado, otra casa parlamentaria con amplia mayoría de partidos aliados con el gobierno). Entre los principales cambios de la legislación, está el permiso para actividades de agricultura y pecuaria en Áreas de Preservación Permanente (APP), como los márgenes de ríos y cerros; nuevas autorizaciones para el corte de la vegetación nativa; dispensa de recuperación de la reserva legal en áreas de hasta cuatro módulos fiscales (un módulo puede llegar a 100 hectáreas); compensación de áreas deforestadas en un estado por áreas de bosque en otras localidades; y la amnistía a crímenes de deforestación practicados hasta julio de 2008.

El trabajo de los diputados culmina con la aprobación de la Enmienda 164, por la cual los Estados podrán ser co-reguladores de las áreas de cultivo y de expansión agrícola. Ahora, Estados gobernados directamente por latifundistas y sus socios -como es el caso de la mayoría de las unidades federadas en la Región Norte y en toda la Amazonía Legal (todos los estados que componen estos ecosistemas equivalen a 48% del territorio brasileño)- tendrán la co-responsabilidad para decidir sobre la consolidación de las APPs. La madrugada de 26 de mayo, extensión de la noche de horror del 25 del mismo mes, termina con la Enmienda Motosierra. Resta ahora la votación del Senado Federal y la sanción de la Presidencia de la República, para que la nueva legislación pase a entrar en vigor.

Toda la discusión sobre el Nuevo Código Forestal refleja los límites del gobierno de Dilma Rousseff, sucesora y compañera del ex-presidente Lula en el Partido de los Trabajadores (PT). Tensión entre ambientalistas y ruralistas (latifundistas en la base aliada). También hubo la fractura de las bases sociales organizadas en el campo. Para completar, le cupo a un ex-guerrillero del Araguaia (norte del estado de Tocantins y Sur de Pará -zona donde hubo experiencia de lucha armada en una de las regiones amazónicas que resistió a la dictadura militar, entre el final de la década de 1960 y los primeros años de la década de 1970, 1967-1974)- el diputado federal Aldo Rebelo, afiliado al Partido Comunista del Brasil (PC do B), elaborar el informe a favor de los latifundistas aprobando la alteración de la legislación ambiental.

Si hay algún mérito en la propuesta de Rebelo, este es el de abrir francamente posiciones dentro del gobierno y en la lucha por la legitimación social. Comencemos por la segunda. El modelo hegemónico (pero no mayoritario) de producción primaria mira hacia sí mismo, como la agricultura de modo empresarial, operando con conceptos tan sofisticados como la tecnología de suelo utilizada por los muy pocos fabricantes de fertilizantes que operan en el Brasil. De ahí se hace un obvio y falso contrapunto. El agro-negocio, o el agribusiness como tanto les gusta los adheridos al mono-cultivo, que ocupa enormes extensiones de tierra de cara a la exportación, es denominado como «moderno».

Por lo tanto, por esta construcción discursiva, la forma de producción de base familiar de cara al consumo directo de la población del entorno es «arcaica». Así, el discurso hace superficial el debate del modus vivendi en el campo, asociando el latifundio y los alimentos genéticamente modificados a un futuro inmediato y próspero.

Ya el lado opuesto, según este mismo punto de vista, proyecta asentamientos en forma de «favelas rurales» (analogía con la aglomeración de personas sin estructura básica de vivienda, común en las grandes ciudades brasileñas), cuya situación se agrava por la falta de dinero para plantar e invertir en sus lotes, después de abandono del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA). Además de eso, tal oposición se alía a los llamados de «eco pesados», como el «inconveniente» ambientalista Chico Mendes (líder sindical asesinado en 1988 a causa de su intensa lucha por la preservación de la Amazonía), y no contribuye al «progreso» del país, criminalizando al «Brasil que produce».

Dentro del gobierno, cuyo abanico de alianzas va de la derecha agraria a la agricultura familiar y campesina, el proyecto de Rebelo opera como canto de sirena, generando la adhesión de los conservadores que elogian la postura «madura» de Aldo, así como abre la opción preferencial del Poder Ejecutivo por el latifundio y la agricultura de resultados en la balanza comercial. Recordemos que el ex-presidente Lula, ya en su segundo mandato, llamó a los usineiros (latifundistas dedicados a plantar caña y especular con su precio e inventarios) de «héroes nacionales y mundiales» debido a la producción de biocombustibles a partir de la caña de azúcar.

Entre clichés y sellos de tipo publicitario, la industria de la exportación de granos y cultivos semejantes va ganando el debate social, creando políticas del tipo «hecho consumado». Si el proyecto de ley que altera el Código Forestal pasa por el Senado y por Dilma, está abierta la puerta para el exterminio de las leyes de protección, dando luz verde rumbo al «vale todo» empresarial en el campo.

De nuevo Palocci

Y la triste operación intentando salvar a su piel mientras se votaba el Código Florestal. El ministro de la Casa Civil y coordinador político del gobierno de Dilma Rousseff, Antonio Palocci, fue blanco de denuncias a lo largo del mes de mayo. Según el periódico Folha de São Paulo (parte de los grupos empresariales de oposición al gobierno, hay que decirlo), el ministro habría multiplicado su patrimonio por 20 en cuatro años, mientras su empresa de consultoría financiera tuvo de ganancia alrededor de R$ 20 millones sólo en 2010, principalmente durante el periodo en que Palocci tenía acceso a datos reservados y planes de inversión del gobierno federal. Para empeorar, el Partido Social Demócrata Brasileño (PSDB, principal partido de oposición y del ex-presidente Fernando Henrique Cardoso), hizo pública la sospecha de que los pagos hechos por la Receta Federal en 2010 a la constructora WTorre, estaban relacionados al trabajo prestado a la empresa del ministro.

El caso Palocci sería condenable por un supuesto caso de tráfico de influencias. Esas relaciones imbricadas entre lo público y lo privado, a través de procesos de control y facilidades del Estado, se caracterizan por vender (en la forma de consulta especializada), informaciones asimétricas, donde los concurrentes no tendrían las mismas oportunidades a menos que tuvieran intermediarios («consultores») del mismo calibre junto al gobierno de turno. Esta relación materializa el «riesgo moral» (del inglés moral hazard) donde el procedimiento implica en un riesgo, cuyos daños pueden ser insolubles para la legitimidad del sistema en función de sus procedimientos.

Pero seamos todos muy francos. Lo que supuestamente habría salido de los datos de la Receta Federal, por medio de la Intendencia de São Paulo, gobernada por Gilberto Kassab (ex-aliado del hombre del PDSB y candidato a la presidencia José Serra, y hasta hace poco tiempo atrás miembro del Partido Demócratas-DEM, principal compañero del PSDB en el Congreso Nacional), retrata algo ya dado como estructural por cualquier analista político serio. En los laberintos del poder, siempre surge alguien vendiendo facilidades frente a las indicaciones precisas y sensatas de los que conocen los caminos y los vericuetos.

El problema para la presidente Dilma Rousseff es el hecho de que el médico de Ribeirão Negro es su hombre de confianza, su antesala, y cuyo prestigio político entre los empresarios de punta es mayor que en la base de los movimientos populares, e incluso entre sindicatos de la Central Única de los Trabajadores (CUT), principal brazo social del gobierno petista. Antonio Palocci es un blanco móvil y con pasado reciente como mínimo complicadísimo. Ya imaginarán que si la cosa llegara a ponerse caliente y alguien resucitara el caso del Casero Gate (cuando Palocci habría mandado violar el secreto bancario de un casero), el caso de la León & León (empresa que opera con contractos de limpieza pública), el affaire de la Mansión del Lago Sur (casa donde supuestamente el ministro y sus amigos daban fiestitas semejantes a las Bunga Bunga de Berslusconi).

Sinceramente, en caso que esto ocurra, aún a través de las letras digitales de la gran prensa, será bien merecido. Razones sobran, abundan en verdad. Pena da que ciertos golpes vengan de la derecha -o de quien está aún más a la derecha- y no de sectores organizados para barrer con la falsa representación política. No es de hoy que la cosa anda fea entre los ex dirigentes del PT naturales de São Paulo, donde cualquier rasgo de ideología de cambio ha desaparecido y donde están todos muy acostumbrados a ser comensales de aquellos a quienes combatían en la década de 1980. La historia de la social-democracia lavada se repite como una tragedia en Occidente. Palocci está a la altura de los líos obscuros del Partido Socialista Francés en los últimos años de la Era Miterrand o del igualmente «complicado» PSOE de los años de Felipe González en España, el de los mal afamados GAL (grupo de exterminio en contra de etarras) entre otras tragedias políticas.

El Código Forestal y el intento de blindar al ministro que estaba casi por irse

En medio de los intentos tenebrosos de proteger al ministro, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, del vicepresidente Michel Tema), o mejor, los PMDBs gubernistas, aprovecharon para aumentar la mordida e intentar llevarse lo que dé, incluyendo el apoyo a las modificaciones pro-latifundio en el Código Forestal. No se espanten si la noticia de la «base rachada» suena como apenas interpretada, o sólo plantada para la construcción de coherencia del Palacio del Planalto (sede del Poder Ejecutivo y de la presidencia). Ante esas relaciones de fuerza, las palabras de extremos conservadores pos-modernos son un juego de «haz-de-cuenta-que» (cuento de hadas neoliberal), intentando hacer creer que sólo Palocci y la banda del PT hacen eso. Es un juego de esconde-esconde, y, con premisas más que ocultas, provenientes de las industrias de bienes simbólicos (como el grupo Globo, el Grupo Folha, el Grupo Estado, el Grupo Civita) en formato periodístico. También es de esto que se trata el juicio mediático y la componenda entre la base aliada del Planalto y los intentos de fritura política de Palocci, tanto por la derecha como por la izquierda.

Como ya afirmamos en diversas oportunidades, no es la primera vez que el ministro, hoy en la Casa Civil , y antes del vendaval del Mensalão (escándalo de compraventa de votos de la base aliada los primeros años del Gobierno Lula) y del Caseirogate (el gabinete de Palocci fue responsable por la quiebra del secreto bancario del casero Francenildo de Santos, testigo principal de la implicación del petista con empresarios y lobistas), cuando ocupara la carpeta de la Hacienda , se ve envuelto en situaciones límite. La diferencia es que ésta que existe por ser algo más reciente y, en función de los datos que salieron desde la Intendencia de São Paulo, es una especie de respuesta con la misma moneda. Tampoco él es el único, aunque sea la vitrina del momento, en meterse a consultar bajo contrato de secreto de negocios. Otros ex-militantes son dueños o controladores de consultoría y el viento puede soplar contra ellos también.

Mientras la Cámara de los Diputados votaba el informe de cambios del Código Forestal, Palocci intentaba blindarse del fuego amigo y de los que intentaban incinerar su modelo de negocios, tal vez hasta plantando un «nuevo nombre» para competir con él y sus amigos, los clientes de consultoría en un futuro próximo. La maniobra fue de profesional. El gobierno y su partido mayoritario, en la práctica, liberaron a la bancada. Así se da el juego de «João Sin Brazo», donde nadie se quema con sus propias bases, mientras la decisión ya está asegurada. No faltaba más nada… además de terminar de negociar con el latifundio -y garantizar la victoria- tras liberar el voto de «conciencia», aunque orientando por el SÍ al informe.

Después del fiasco de 25 de mayo, de repente Palocci fue de hecho blindado, ganando al menos una sobrevida y, se apunta el nuevo canto de sirena: «¡Dilma podrá vetar el informe!» Ah sí, ¿y si no lo veta? ¿Quién va a organizar la respuesta en las calles? Ah, queda el mito de la base fracturada. ¡Fracturada nada! Gobierno perdido o sin saber lo que hacer, tal vez. 410 votos a favor, 63 en contra y una abstención. ¿Cuánto va a costarle esto a la nación en diez años? Y, como moneda de cambio, ¿será que Palocci vale tanto? El Brasil serio y con ojos en el futuro queda de luto.

Resultado de la novela: sigue el latifundio y la no queda más Palocci