Hace 141 años que terminó la guerra del Paraguay. Duró desde 1864 hasta 1870. A lo largo de seis años, Brasil, Argentina y Uruguay, instigados por Inglaterra, combatieron a los paraguayos. El pretexto era derribar al dictador Solano López e impedir que Paraguay, país independiente y sin miseria, abriese una salida al mar. Brasil envió […]
Hace 141 años que terminó la guerra del Paraguay. Duró desde 1864 hasta 1870. A lo largo de seis años, Brasil, Argentina y Uruguay, instigados por Inglaterra, combatieron a los paraguayos. El pretexto era derribar al dictador Solano López e impedir que Paraguay, país independiente y sin miseria, abriese una salida al mar.
Brasil envió 150 mil hombres al campo de batalla. De ellos murieron 50 mil. Del lado de Paraguay murieron 300 mil, el 20% de la población del país. Y el Brasil se apoderó del 40% del territorio de la nación vecina.
Hasta hoy sigue prohibido el acceso a los documentos del conflicto a quien pretenda investigarlos. ¿Por qué? Quizás el sigilo impuesto sirva para tapar la vergonzosa actuación del Duque de Caxias, patrón del ejército brasileño, que dirigió nuestras tropas en dicha guerra. Y del Conde D’Eu, yerno de Dom Pedro II, quien sucedió al duque en la masacre a los paraguayos.
Los archivos ultrasecretos del Brasil pueden permanecer inaccesibles por 30 años. El presidente de la República puede prorrogar el plazo por otros 30 años, indefinidamente. Eternamente.
El año 2009 Lula envió a la Cámara de los Diputados un proyecto proponiendo el sigilo eterno periódicamente renovado. Cedió a las presiones de los Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores. Los diputados federales lo aprobaron con esta enmienda: el presidente de la República puede renovar, por una única vez, el plazo del sigilo, y los documentos considerados ultrasecretos serán divulgados dentro de 50 años como máximo.
El proyecto pasó al Senado. Cayó en manos de la Comisión de Relaciones Exteriores, cuyo presidente es el senador Fernando Collor. Y, para colmo de quien se inclina por la transparencia en la República, él mismo asumió la exposición del informe. Trató de engavetarlo. Ni dio posibilidad de debate ni sometió a votación el proyecto.
La presidenta Dilma había decidido aprobar la ley de fin del sigilo eterno el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de prensa. Pero en aquella fecha el relator Collor fue al plenario y declaró que sería «temerario» aprobar el texto presentado por la Cámara de Diputados.
La víspera de su toma de posesión la ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvatti, declaró que Dilma estaba dispuesta a atender el pedido de los senadores José Sarney y Fernando Collor, y patrocinar en el Senado el cambio en el decreto para asegurar sigilo eterno a documentos oficiales. La única diferencia es que ahora el sigilo sería renovado cada 25 años.
El Congreso está anuente a aprobar la Comisión de la Verdad, que entrará a revisar los crímenes de la dictadura militar. ¿Cómo se puede aprobar esta comisión y vetar para siempre el acceso a documentos oficiales? Eso significa impedir que la nación brasileña pueda conocer hechos importantes de su historia.
A Collor y a Sarney no les gusta la trasparencia por razones obvias. Sus gobiernos fueron desastrosos y vergonzosos. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores alega que sacar a la luz ciertos documentos, como los de la guerra del Paraguay, puede crear problemas con países vecinos. ¿Con países vecinos o con nuestras Fuerzas Armadas y con personajes que figuran como héroes en nuestros libros escolares?
El sigilo brasileño sobre documentos oficiales no tiene algo similar en el mundo. Si no fuera roto, la presidenta Dilma quedaría como rehén de la llamada base aliada. Ayer fue el «diamante de US$ 8 millones», hoy el sigilo eterno, mañana…
El martes 14 de junio regresaron al Brasil los archivos del libro «Brasil nunca más», que relata los crímenes de la dictadura militar brasileña. La publicación, patrocinada por el Consejo Mundial de Iglesias, fue auspiciada por el cardenal Dom Paulo Evaristo Arns y el pastor Jaime Wright.
El mérito del «Brasil nunca más» es que no hay allí ninguna noticia de periódico o de declaraciones de víctimas de la dictadura. Toda la documentación se obtuvo de fuentes oficiales, recopilada por abogados de las auditorías militares y del Tribunal Superior Militar. Documentación microfilmada, remitida al exterior por razones de seguridad. Ahora regresa al Brasil para quedar disponible a todos los interesados. Muchas informaciones allí contenidas no aparecen en la redacción final del libro, en la cual participé junto con Ricardo Kotscho.
Los archivos de la Policía Civil (DOPS) sobre la dictadura militar ya fueron abiertos y se encuentran a disposición en el Archivo Nacional. Falta por abrir el archivo de las Fuerzas Armadas, lo cual depende de la voluntad política de la presidenta Dilma, víctima ella también de la dictadura. Las familias de los muertos y desaparecidos tienen derecho a saber lo que les sucedió a sus seres queridos. Y el Brasil a conocer mejor su historia reciente.
Un país sin memoria siempre corre el riesgo de repetir, en el futuro, lo peor que se hizo en su historia.
(Traducción de J.L.Burguet)
Fuente original: http://alainet.org/active/47418