La OMC parece una colmena, cuando la Ronda Doha cumple 10 años y se acerca la VIII Conferencia Ministerial, en diciembre. Shakespeare diría que es «Much to do about Nothing», Mucho agite para nada. Como dijo un embajador, «Doha es un cadáver que aún respira». Si no fuese por el súbito y extraño viraje en […]
La OMC parece una colmena, cuando la Ronda Doha cumple 10 años y se acerca la VIII Conferencia Ministerial, en diciembre. Shakespeare diría que es «Much to do about Nothing», Mucho agite para nada. Como dijo un embajador, «Doha es un cadáver que aún respira». Si no fuese por el súbito y extraño viraje en la accesión de Rusia a la OMC, no habría nada que mostrar para la ministerial. Como tanta gente que se jacta de lo que le falta, el Director General, Pascal Lamy, propuso para esta ministerial el lema «La OMC cumple». En inglés se dice «WTO delivers», que se traduce también como «La OMC entrega».
En eso de entregar, admitimos que en la OMC se hacen grandes esfuerzos, pero para entregar el mundo a la avidez de las grandes transnacionales. Lo que no vemos son iniciativas para las pequeñas y medianas empresas o la creación de empleo en el primer mundo, tercer mundo o el creciente mundo del medio. En la OMC, el sesgo a favor de las transnacionales llegó a pervertir el sentido de la palabra proteger. En el lenguaje del mundo proteger a los débiles es laudable y hasta un deber ético, en la OMC se tornó en epíteto injurioso. Si algún país defiende los medios de vida de su gente o impide la especulación, se le tacha de «proteccionista». Lo altruista sería «abrirse a los mercados internacionales» donde prevalecen ávidas empresas que con múltiples trampas, falsifican precios, manipulan oferta o demanda y trafican con fraudes financieros.
Doha está técnicamente muerta, ni puede ser de otra manera. Ningún gobierno responsable va a ceder espacios de política en las circunstancias actuales de la economía mundial. Se le tiene en vida artificial es porque algunos quieren cosechar acuerdos logrados sobre puntos específicos y otros usarla para introducir con nuevas etiquetas viejos temas ya rechazados.
Los temas rechazados son los conocidos como «Temas de Singapur». Grosso Modo, son los compromisos asumidos en acuerdos de comercio preferencial – dichos de «libre comercio» o «regionales»- que no existen en los acuerdos multilaterales de la OMC. Son cuatro temas: Inversión extranjera, Compras gubernamentales, Legislación de la Competencia y Facilitación del Comercio. Los tres primeros fueron rechazados como temas de negociación, quedó sólo Facilitación del Comercio, que es muy importante para las empresas transnacionales porque trata de asuntos aduaneros; pero con unos 850 corchetes en el texto, esa propuesta se hunde.
Ahora se busca el modo de introducir los otros tres temas, en paralelo con la Ronda Doha. Hay una propuesta de Australia para multilateralizar los acuerdos regionales de comercio (comercio preferencial). Hay propuestas para firmar «plurilaterales», como los hubo en el GATT. Son tentativos de fracturar la OMC, cuya autoridad le viene del Multilateralismo, de que hay consenso entre 154 países. Un grupo puede negociar acuerdos plurilaterales, libres o regionales sobre su comercio, lo que ya es discriminatorio, pero debe ser fuera de la OMC.
La propuesta sobre Comercio Electrónico
El crecimiento exponencial de Internet ha traído una creciente utilización comercial de medios electrónicos. Ese tema que no fue tratado en el Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS), que sólo prohíbe discriminar en servicios de telecomunicación y tampoco figura en su Anexo sobre Telecomunicaciones. No lo toca directamente ADPIC o algún otro acuerdo de la OMC. La única referencia disponible son los principios y reglas del modelo UNCITRAL, que no tiene un enfoque hacia el desarrollo y da sólo un marco para la legislación nacional sobre comercio electrónico.
Ese vacío normativo se acompaña con una concentración en el crecimiento de la tecnología electrónica que causa abusos discriminatorios y creciente desigualdad en su desarrollo. Es una situación grave, porque la tecnología electrónica abarca cada vez mas actividades básicas para el comercio. La gama es creciente, imposible de enumerar y cubre todo género de usos. Algunas son básicas para el turismo, como compra de pasajes y reservaciones de hotel; otras son básicas para las oficinas o el hogar, como compra o acceso a programas informáticos; otras son básicas para la cultura, como compra de libros reales o virtuales.
La OMC ya recibió quejas y el Consejo General aprobó un programa de trabajo que separó el tema en varios asuntos a ser tratados separadamente en el Consejo de Servicios, el Consejo de Manufacturas y el Comité de Comercio y Desarrollo. Esa separación quita sinergia a su estudio, no hay avance en el tema, que yace abandonado. Hay asuntos importantes como los derechos de suministradores y certificadores, las firmas electrónicas, el momento de validez de contratos o de pagos en línea, y muchos más que están en un limbo.
El vacío normativo favorece a los países desarrollados, que son los exportadores de esos servicios. En 1998, se acordó, junto con el plan de trabajo, una «moratoria» (suspensión) sobre toda imposición fiscal o aduanera en las actividades comerciales electrónicas, que debe ser renovada en la VIII Conferencia Ministerial.
Ante ese estado de cosas y para aprovechar la coyuntura favorable que presenta la renovación de la «moratoria» , el grupo ALBA (Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela) introdujo una propuesta, que fue apoyada por Argentina y Uruguay, para concentrar los trabajos sobre comercio electrónico en el Comité de Comercio y Desarrollo, con el fin de crear una sinergia coherente y una cooperación imparcial y constructiva en el tema.
El trasfondo político es que el gobierno de Washington ordenó discriminar a Cuba en Internet. A Cuba se le niega conexión al los cables de fibra óptica y debe usar el acceso satelital que es más caro y estrecho. Esta excluida de las redes de Microsoft, Oracle y CISCO o de PGP para las firmas digitales. Esta fuera de Amadeus, para reservaciones turísticas, de los programas antivirus USA, de Google. La lista cubre a cuantos prestadores de servicios norteamericanos hay y a los usuarios de tecnología norteamericana. Washington regurgita hacia el futuro un encono nacido en 1960.
Los amigos del ALBA son solidarios con Cuba, como lo son todos los países de la ONU – menos EEUU e Israel- que condenan ese bloqueo. Además, sienten que algo para el futuro, como el comercio electrónico, debe ser limpiado en modo civilizado del grave precedente que sienta una agresión económica por añejas diferencias políticas. La propuesta ALBA busca fijar un texto legal que obligue a un trato equitativo en el comercio electrónico, basado en el principio de no discriminación y amparado por la autoridad multilateral de la OMC.
El Gobierno de los 20 (G-20)
Las reuniones del G-20 financiero intentan convertirse en decisiones de un gobierno mundial, que emite ordenes dirigidas a los 154 miembros de la OMC. El G-20 duplica esfuerzos que ya se realizan en otras partes, pero en un ámbito restrictivo y asimétrico, como conviene a las transnacionales. El G-20 es un intento a lo matón de remplazar el Multilateralismo, a lo Bush/Obama; es lo contrario del Multilateralismo legal, porque en el G-20 la ausencia de procedimientos permite empujar a los pocos países que escogió Wall Street para hablar por mundo en desarrollo.
El G-20 es una criatura del desastre mundial causado por la complicidad del gobierno estadounidense y los europeos con delincuentes de Wall Street, que venden valores sin valor al resto del mundo y especulan con dinero sin fondos en bolsas de toda índole. Causa tristeza que con esos antecedentes, que descalifican a la clase dirigente de Europa y Estados Unidos para gobernar sus propios países, aún haya gobernantes que acepten asociarse con ellos y dar a sus prédicas un velo de legitimidad.
El G-20 financiero ahora aspira a dictar en actividades que no son financieras. Ya reunió un G-20 agrícola, que no debe ser confundido con el prestigioso G-20 agrícola de la OMC. Los ministros de agricultura de los 20 ungidos se reunieron en junio en Paris. Admitimos que la cumbre G-20 de Cannes estuvo mas ocupada en condenar a Grecia e Italia a la servidumbre por deudas, versión moderna de El Mercader de Venecia, pero encontró tiempo para convertir los dictados parisinos en un edicto.
El edicto, obligaría a los países a «quitar restricciones a la exportación o impuestos extraordinarios a los alimentos comprados por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y a no imponerlos de nuevo en el futuro». La Unión Europea lo presentó en la OMC como una propuesta suya. El Embajador de la UE ante la OMC, Angelos Pangratis, explicó ante el GRULAC (Grupo Latinoamericano y del Caribe) de OMC que el objetivo es humanitario: asegurar comida a los 100 millones afectados cada año por falta de alimentos.
La soberanía sobre los recursos nacionales
Cuando se dice fin humanitario hay que estar alerta, desde siempre. Zaire es un caso gráfico. Tiene una costa mínima y un enorme interior, porque la costa se concedió, en 1885, a una sociedad filantrópica1 que pagó al aventurero Henry Stanley para expandir su dominio a sangre y fuego hasta el corazón africano. Hace tan solo un mes, los humanitarios asesinaron a Qaddafi, a 50 mil libios y destruyeron por 30 millardos2, según afirman las empresas de los países OTAN que bombardearon para reconstruir luego (¿Keynes?), con dinero libio.
La UE se preocupa por el impacto – nunca demostrado – que causarían las restricciones a la exportación de los países que garantizan primero alimentos y precios estables a su propia población (China, India, Rusia, Argentina, etc.). Sin embargo, no menciona otros factores muy conocidos como causa de las crisis de alimentos. Nos referimos a la especulación con precios en bolsa, la cartelización de la distribución internacional de alimentos y los agro-combustibles. Sobretodo, la UE omite los precios subsidiados de sus exportaciones agrícolas, que el Mandato de Doha exige eliminar y que destruyen la agricultura de países pobres que fueron autosuficientes y en algunos casos exportadores de alimentos. Hay razones para suponer que lo humanitario es de nuevo pretexto para otra cosa, bajo el manto del Programa Mundial de Alimentos.
Encontramos un indicio. La directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos, Josette Sheeran, es una norteamericana de apariencia muy agradable, pero que antes fue Viceministro (Under Secretary) en el Departamento de Estado y Adjunto al Negociador Comercial de Estados Unidos. Es miembro veterano del Consejo de Relaciones Exteriores y tuvo una distinguida actividad en el sector privado: fue presidente de Empower America, un «think tank» conservador de Washington, y trabajó con Starpoints Solutions, una conocida firma de Wall Street3. Estos datos la muestran como alguien bien conocido por las transnacionales apátridas del comercio que dan ordenes al gobierno de Estados Unidos y de la UE.
Aquí lo que se quiere es agrietar el derecho soberano de los países a disponer de sus recursos para cubrir primero las necesidades de su población. Se conmueve y se usa el prestigio de una organización humanitaria de la ONU, para minar los obstáculos al saqueo de los recursos. Es lo que se permite los tales acuerdos de libre comercio, y no es cuento. El nuevo gobierno peruano de Ollanta Humala heredó el problema de que no hay suficiente gas para cubrir las necesidades nacionales, porque el gas que produce Perú se debe exportar a los Estados Unidos. Así lo exige el capítulo de inversiones y otros en el TLC con EEUU.
Las Propuestas de la Unión Europea y de Egipto sobre controles a la exportación.
La UE no se desgastó discutiendo su propuesta, la envió como carta al Presidente del Consejo General, Frederick Agha, para dejarla en acta. El trabajo de zapa se lo dejó a Egipto, que logró adhesión de países importadores netos y algunas antiguas colonia europeas. La propuesta de Egipto & Cía. contiene un texto aún mas ambicioso que el europeo: eliminar hasta los impuestos a la exportación, que son un instrumento fiscal admitido por la OMC. Vale la pena recordar que Egipto fue un país exportador de cereales, hasta que los subsidios agrícolas europeos acabaron su agricultura.
Una perversa ironía, frecuente en OMC, es que las víctimas defiendan el interés de sus verdugos. Las restricciones a la exportación impiden a las transnacionales fijar el precio mundial de los productos básicos en condiciones de monopolio. Los monopolios fijan la cantidad que venden en el punto donde la diferencia entre costo y precio es mayor, que no es el que cubre la demanda. Las mayores víctimas de los precios altos y la escasez creadas por el cartel serían los países importadores netos que apoyan la propuesta de Egipto.
Que las transnacionales impulsan el asunto lo demuestra el texto de Egipto. Allí se dice «impedir restricciones en los países que son exportadores de productos alimenticios básicos (basic food stuff)», que son justo los productos sin moler que maneja el cartel transnacional: soya, sorgo, trigo, cebada, maíz. El cartel no comercia con harina o leche en polvo (food stuff), por ejemplo, que es lo necesario en crisis urgente de alimentos. Los molinos para trigo no son parte del paisaje rural en el Cuerno de África u otras áreas que suelen tener crisis.
La súbita convocatoria – 48 horas de anticipación – de la Dirección General a una reunión especial de carácter formal para discutir la propuesta de Egipto & Cía., (16/11/11) dejó entrever que se quería forzar su aprobación. Primero, porque las reuniones formales se convocan solo cuando se ha logrado consenso en reuniones informales. Las reuniones formales permiten hacer trampa (y sucede): se deja hablar sólo a unos, se baja el martillo y se declara el consenso. Segundo, porque al convocar la reunión sobre ese tema específico, se le separa de los que discute el Comité de Agricultura, donde el tema se abordó y no hay consenso en nada.
Tuvo lugar una rápida movilización. Apenas iniciada la reunión Argentina pidió pasar a reunión informal resaltando que no había consenso. Bolivia manifestó su desacuerdo con la propuesta. Cuba y Venezuela, que habían apoyado a Egipto, mostraron otras opiniones. El presidente cedió ante lo evidente y la probable maniobra naufragó en un mar de rechazos y contrapropuestas. El último intento fue el 18/11/2011, con los países ACP (antiguas colonias europeas), donde el Embajador de Mauricius, que lo preside, quiso imponer el texto europeo sin alteraciones – tomar o dejar, dijo -, algo insólito en un organismo hecho para negociación. Cuba dijo que dejaba y otros la siguieron. Allí quedó el tema en ACP. Pero se insistirá, porque Egipto ya pidió conversar con los latinoamericanos que lo adversan.
Señalamientos 1. Lo que esta en juego es el control absoluto del comercio de productos básicos para fijar precios nacionales e internacionales. Los controles o impuestos a la exportación no son culpables de escasez de alimentos. Lo demuestra Argentina, que aplica un impuesto a la exportación de granos básicos y triplicó sus ventas en los últimos 7 años, con precios nacionales estables y accesibles durante las burbujas especulativas.
2. La regulación del flujo exportador sirve para impedir el saqueo especulador de los países. La llamada «Crisis de la tortilla» en México, fue reveladora. El cartel que controla la compra y venta del maíz – Carghill y Maseca- exportó la cosecha mexicana, se creó una escasez y el precio subió. El cartel re-importó maíz para venderlo al nuevo precio, un 70% más alto. La tortilla subió 60%. Simple.
3. Como las restricciones a la exportación no están prohibidas -solo las cuotas-, se quiere llevar el asunto a la VIII Ministerial, para obtener un mandato de negociación. Hay que exigir el cumplimiento primero del mandato agrícola actual, que exige eliminación de subsidios y disminución de ayuda doméstica, porque arruinan la agricultura tradicional de los países pobres y crean escasez artificial de comida.
4. La orden del G-20 y la propuesta de la UE no mencionan reformas a la presente práctica de Ayuda Alimentaria con productos de consumo que distorsiona precios internos en los países que la reciben. Para colmo, solo un país – Estados Unidos- se opone a esa ayuda se dé en dinero para que el país afectado compre alimentos en su región y estimule su desarrollo agrícola. Tampoco mencionan las propuestas el papel que la falta de acceso a los mercados desarrollados tiene en las crisis y la inseguridad alimentaria de los países en desarrollo
5. Las restricciones a la exportación mitigan los efectos de las crisis alimentarias, que en la realidad son causadas por la especulación en bolsas de productos básicos, por un cartel en la distribución de alimentos y el desvío de alimentos hacia la producción de agro-combustibles.
6. La razón para plantear la eliminación de obstáculos a la exportación de productos básicos en la OMC es porque tiene credibilidad y sus normas son vinculantes con rapidez y rigor, cuando favorecen a las empresas transnacionales. Porque cuando son contrarias a esos intereses – como el de los subsidios al algodón – permanecen inoperantes.
7. Hay que vigilar por contrabando los «textos para la declaración ministerial». El Presidente del Consejo General anunció que desea una «declaración ministerial» para los temas acordados (que hasta ahora no hay) y un «programa de trabajo» de la VIII Conferencia Ministerial (léase la Secretaría) para todo lo no acordado. Se habla del Artículo 47 «Cosecha Temprana», para anticipar a los países menos desarrollados ventajas cuya negociación esté concluida. Es un texto nebuloso surgido de la Ministerial de Doha, que pudieran aprovechar también los gobiernos títeres de las Transnacionales apátridas.
Conclusión
La Ronda Doha cumplió 10 años y su fiesta es una piñata, donde todos quieren sacar algo en la rebatiña. Se la bautizó como la Ronda Doha del Desarrollo -RDD- y se desintegra porque no hizo honor a su nombre; todo el contenido de los acuerdos de la OMC contrario a la equidad en el comercio y que la RDD debía reformar, sigue allí.
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