Han pasado ya cinco días desde la entrada en vigor de la nueva política de privacidad de Google, y sigue aún el baile sobre a quien corresponde reclamar por los datos de los ciudadanos, usuarios e internautas afectados. A principios de Febrero leíamos que a la Unión Europea no le gustaba la nueva política de […]
Han pasado ya cinco días desde la entrada en vigor de la nueva política de privacidad de Google, y sigue aún el baile sobre a quien corresponde reclamar por los datos de los ciudadanos, usuarios e internautas afectados.
A principios de Febrero leíamos que a la Unión Europea no le gustaba la nueva política de privacidad de Google, y mandaba a casa Google a la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia, la misma CNIL que aprueba las leyes que recortan las libertades de los franceses. Y lo hacía en papel de representante de la UE.
Hoy, la vicepresidenta de la Comisión Europea Viviane Reding ha dicho que no, que a ellos no les toca y que las autoridades competentes de los estados miembros, léase Agencia de Protección de Datos en España, son las que deben encontrar soluciones al tema.
Al menos puede que deba ser así hasta que se apruebe la nueva normativa europea de protección de datos, que creará una suerte de agencia única europea para que actúe en nombre de todos los estados miembros de la Unión, con capacidad para imponer sanciones.
Ahora mismo, las sanciones son tan pequeñas que pueden ser irrelevantes para grandes compañías, y esto no ayuda al cumplimiento de las normas.
Eso, eso. Lo importante no es que las cosas se hagan bien, si no tener la capacidad de imponer sanciones relevantes. A ver que pasa cuando a mediados de mes a Google le llegue la petición sobre cómo se recaban y se tratan los datos de los usuarios europeos. Y mientras tanto, la casa sin fregar.