El gobierno de Mariano Rajoy retrasó la presentación de los Presupuestos Generales del Estado hasta justo después de que se celebrasen las elecciones andaluzas con el evidente propósito de que seguir engañando a los ciudadanos diciéndoles lo contrario de lo que tenía pensado hacer. Como se sabe, no le sirvió de mucho y el Partido […]
El gobierno de Mariano Rajoy retrasó la presentación de los Presupuestos Generales del Estado hasta justo después de que se celebrasen las elecciones andaluzas con el evidente propósito de que seguir engañando a los ciudadanos diciéndoles lo contrario de lo que tenía pensado hacer. Como se sabe, no le sirvió de mucho y el Partido Popular no va a gobernar en Andalucía, que era lo que se buscaba. Ahora, por fin, sabemos lo que se propone hacer el Gobierno.
De momento solo conocemos las grandes líneas de los ingresos y gastos de Estado pero creo que son suficientes para llegar, en esta primera valoración de urgencia, a algunas conclusiones fundamentales.
Ingresos
A pesar de que se dice que su propósito principal es contener el déficit, el Gobierno actúa muy tímidamente sobre la recaudación de ingresos cuando en este aspecto estamos muy por debajo de los niveles potenciales que permitirían tener mucho más desahogo en los gastos. De hecho, los Presupuestos no contemplan subidas en el IRPF (ya se hizo el 30 de diciembre) ni en el IVA que son los impuestos con mayor capacidad recaudatoria (aunque no cabe descartar que lo hagan a lo largo del año). Tampoco contemplan subidas en impuestos sobre la gasolina que, además de mayor capacidad recaudatoria, pueden modificar pautas de consumo e incentivar el uso de otro tipo de transportes.
Los Presupuestos sí contemplan una serie de modificaciones en el Impuesto de Sociedades limitando las deducciones y reformando el sistema de pagos fraccionados orientadas a aumentar su recaudación. El inicio de una reforma de este impuesto puede considerarse positiva pero las medidas que prevé adoptar el ejecutivo son tímidas e insuficientes y pueden terminar por perjudicar a las pequeñas y medianas empresas cuando son las grandes y las entidades financieras las que evitan pagarlo en mucho mayor proporción.
Según los técnicos del Ministerio de Hacienda, este impuesto tiene «vías de escape» que permiten que las grandes empresas reduzcan el tipo nominal del 30% hasta el 17% o hasta el 16,08 que pagan de media las 105 mayores entidades de crédito, frente el 22% que pagan la mayor parte de las microempresas o el 20% de las pequeñas empresas.
Con los cambios en este impuesto que se han aprobado, el ejecutivo pretenden incrementar la recaudación en 5.350 millones de euros. Pero me parece una estimación muy posiblemente exagerada porque se basa en una previsión del crecimiento previa del PIB que está muy sobrevalorada y por encima del que realmente se registrará en 2012, sobre todo, después de estos presupuestos como después comentaré. Sin embargo, si se hubiera adoptado una medida como la que proponen los técnicos del Ministerio (un tipo impositivo del 35% para bases imponibles a partir del millón de euros de beneficios) se podrían recaudar 13.900 millones de euros. Es decir, más, solo con la reforma de un solo impuesto, de lo que el gobierno pretende recaudar reformando IRPF, Sociedades y otros especiales (12.314 millones de euros).
Otra de las medidas aprobadas para aumentar ingresos y reducir gastos es la subida y generalización de las tasas judiciales. Pero en mi opinión se trata de una medida que en términos relativos no tiene un gran efecto recaudatorio sino (como todos los mecanismos de copago), un menor recurso a la Administración de Justicia solo de las rentas más bajas, lo que es manifiestamente injusto. E incluso puede generar gasto adicional si impulsa la recurrencia al sistema de justicia gratuita que presenta muchas imperfecciones y lagunas y que quizá debería ser revisado para garantizar que se aplique con auténtico sentido de la justicia.
Finalmente, en el capítulo de ingresos el Gobierno ha aprobado una regularización que es una auténtica amnistía fiscal. Por cierto, del mismo tipo de la propuesta por Rodríguez Zapatero y que Rajoy y otros dirigentes del PP, con su habitual demagogia, descalificaron en su día.
Lo que se persigue con esta amnistía, según el Ministro de Hacienda, es que afloren capitales hasta ahora no declarados y para ello contempla dos vías o procedimientos. Una, destinada a las sociedades de mayor tamaño que hasta ahora viniesen tributando (o mejor dicho, que vinieran no tributando) en los llamados «países de reducida tributación», es decir, en los paraísos fiscales, o que han obtenido allí dividendos o rendimientos del capital. El Gobierno ha aprobado que si se repatrían esos rendimientos solo tendrán que tributar al 8%.
La otra vía ofrece a las personas físicas o jurídicas que afloren rentas, bienes o derechos hasta ahora no declarados en el IRPF, Impuesto de Sociedades o Impuesto sobre la renta de no residentes una tributación al 10% y, además, que los puedan declarar con confidencialidad y discreción.
Por mucho que estas amnistías puedan traer de ingresos (que no los suelen traer en grandes cantidades porque solo suelen recurrir a ella los defraudadores minoristas y no los mayoristas del fraude) representan siempre una terrible injusticia, una rendición de los gobiernos ante los delincuentes, una falta de patriotismo y, en el plano económico y financiero, la renuncia a perseguir como se debe a quienes estafan a la sociedad e incumplen las leyes. Los ciudadanos deberían condenarla y repudiarla porque simplemente va a significar que el gobierno que la aprueba acepta como principio que unos hayan de cumplir con nuestras obligaciones fiscales y otros no.
Gastos
En el capítulo de gastos es donde se contemplan las medidas más drásticas (el Ministro de Asuntos Exteriores los calificó como «presupuestos de guerra»), y aunque de momento solo conocemos la magnitud general y algunas cifras concretas en algunas partidas generales, su cuantía y orientación nos permiten adelantar el efecto final que van a tener sobre la economía.
Solo en los presupuestos de los ministerios se contempla un recorte de 13.406 millones de euros lo que significa que algunas líneas de actuación política tan significativas como la cooperación al desarrollo (disminuyen el 71%), el apoyo a la automoción y coche eléctrico (disminuye un 87,5%) o las actuaciones de desarrollo rural (disminuyen el 85,9%) quedan en mínimos de mínimos. Y que otras tan decisivas como la atención a la dependencia o las políticas activas de empleo desaparecen por completo al disminuir el 100%, como le pasa al Fondo de integración de inmigrantes que desaparece, a pesar de que representa una cantidad muy pequeña en relación con el conjunto del Presupuesto.
Y a eso hay que añadir el recorte del 36,1% en inversiones públicas que habrá que conocer con más detalle y analizar con cuidado cuando se conozcan en toda su extensión los Presupuestos para poder evaluar su efecto concreto, aunque el general es indiscutible: una caída inmediata del PIB y de la creación de empleo.
Conclusiones
En mi opinión, y solo a tener de los datos que de momento ha anticipado el gobierno, en estos Presupuestos hay dosis diferentes de distintos ingredientes: recortes muy grandes de gasto que se harán efectivos, otras previsiones de austeridad que será imposible llevar a cabo, sobrevaloración en el incremento previsto de la recaudación impositiva y una renuncia a abordar los problemas de fondo que ocasionan el déficit público.
Además de las valoraciones que he avanzado más arriba, yo creo que las implicaciones principales de estos primeros Presupuestos del gobierno de Rajoy son las siguientes
a) Suponen unos recortes de gasto excepcionales que van a afectar principalmente a las partidas que benefician a las rentas más bajas y a la promoción de la actividad empresarial y la actividad económica.
b) Precisamente por esto último, van a provocar una caída muy fuerte del ritmo de crecimiento, van a destruir miles de empresas y empleo y agudizarán la recesión en la que nuevamente se encuentra la economía española.
c) Ni siquiera van a poder reducir el déficit en las cifras en que se propone el Ejecutivo porque inflan las previsiones de aumento de ingresos y porque la reducción de gastos previstas en algunas partidos va a ser imposible que se lleven a cabo si no es con una buena dosis de contabilidad creativa de la que el Partido Popular tiene una gran dominio puesto que ya la utilizó abundantemente en su anterior etapa de gobierno. Salvo que haya complicidad de las autoridades europeas con los verdaderos objetivos que persiguen estos Presupuestos, y a los que más abajo me referiré, lo más probable es que los cuestionen poniendo en duda su realismo y que reclamen mayor disciplina aún en su intento suicida de salvar a la banca europea por encima de todo.
d) Estos Presupuestos responden al empecinamiento de las autoridades europeas, compartido por los dirigentes del PP, en creer que el problema que tiene la economía española es el déficit público cuando el verdaderamente grave es la deuda privada y la situación de la banca.
El error consiste en tratar de salir de la situación en la que estamos dando recursos sin límite a los bancos para que echen el peso de la deuda que han generado por su irresponsabilidad sobre las espaldas del resto de la economía y en exprimir a consumidores y empresas para que la paguen de sus bolsillos.
Pero eso, además de radicalmente injusto, es sencillamente imposible que llegue a buen término, incluso para la banca. Con presupuestos como este las economía se hunden inevitablemente. Y como los bancos españoles (como los italianos) están utilizando los billones que les da el Banco Central Europeo para colocarlos en los mercados financieros, lo que están provocando es atraer a los especuladores que los van a hundir sin remedio. Por eso las autoridades europeas empiezan a decir ya que hay que rescatar a los bancos españoles. Quieren acabar cuanto antes y obligar de una vez a que España reciba los préstamos que necesitan los bancos para que estos paguen pronto a sus acreedores europeos y dejen de desestabilizar la zona euro.
Los Presupuestos del PP hundirán a la economía española en una recesión más grave y dejan sin solucionar sus problemas auténticos.
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