La Asamblea Nacional de Ecuador negó este sábado, de forma preliminar, la posibilidad de convocar a una consulta popular sobre la explotación del crudo del denominado eje ITT, situado en el parque amazónico Yasuní, considerado uno de las sitios de mayor concentración de biodiversidad del planeta. Con 19 votos a favor, 51 en contra y […]
La Asamblea Nacional de Ecuador negó este sábado, de forma preliminar, la posibilidad de convocar a una consulta popular sobre la explotación del crudo del denominado eje ITT, situado en el parque amazónico Yasuní, considerado uno de las sitios de mayor concentración de biodiversidad del planeta.
Con 19 votos a favor, 51 en contra y 23 abstenciones, la moción para que el órgano parlamentario disponga la convocatoria a la consulta fue negada en el primero de dos debates de su pleno sobre la petición del Ejecutivo para que se apruebe la explotación de los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT).
La moción fue presentada por la diputada Lourdes Tibán, del movimiento indígena Pachakutik, en la oposición, quien reclamó la participación de la población en una decisión tan importante para la nación.
En mayo pasado, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció su deseo de explotar el ITT, a la par que ponía fin a una iniciativa ambiental suya que pretendía dejar bajo tierra el crudo del eje, a cambio de una contribución internacional por unos 3.600 millones de dólares en 12 años.
Ese monto era la mitad del dinero que calculaba que se podría obtener en 2006, cuando lanzó su propuesta, si explotaba el crudo del eje ITT.
Tras seis años de insistir en su iniciativa, Correa desistió ante la desidia de la comunidad internacional para contribuir con el proyecto, que había sido calificado como un nuevo paradigma para contrarrestar el cambio climático en el planeta.
Correa espera que la Asamblea le permita explotar el crudo del ITT, lo que en cifras actuales supondría más de 18.000 millones de dólares, recursos con los que pretende reducir la pobreza, especialmente en la Amazonía y dirigir el desarrollo del país.
No obstante, grupos de ecologistas y algunos políticos criticaron la decisión del mandatario, al temer daños irreparables al medioambiente de la zona, declarada por la Unesco como reserva de la biosfera, y reclamaron una consulta popular.
Los grupos ambientalistas y sociales que rechazan la explotación en el Yasuní deben recoger unas 600.000 firmas de apoyo del electorado para que se convoque a una consulta por iniciativa popular.
Tras fracasar la moción de la consulta en la Asamblea, los debates de este primer debate se centraron en apoyar o criticar el pedido del Gobierno para explotar el ITT.
Ramiro Aguilar, del movimiento opositor «Suma», fue claro al señalar que no se debía aprobar la petición del Ejecutivo, por supuestas inconsistencias de procedimiento en el tratamiento del tema, y pidió que se aclare sobre la posible existencia de pueblos indígenas no contactados en la zona de operación petrolera.
La también opositora Mae Montaño, del conservador movimiento Creo, recordó que, según la Constitución,»ninguna norma jurídica podrá restringir el derecho de las personas», respecto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que presume habitan en las cercanías de los campos ITT.
De su lado, Rosa Muñoz, del oficialista movimiento Alianza País, aseguró que la explotación del ITT permitirá obtener los recursos para combatir la pobreza, sobre todo en las comunidades amazónicas y rurales, por lo que calificó al pedido del presidente Correa como una «esperanza» para la gente humilde.
Más de 40 intervenciones de los legisladores dilataron la sesión que fue clausurada esta noche por la presidenta de la Asamblea, la oficialista Gabriela Rivadeneira.
La mayoría oficialista, en este primer debate, apoyó el pedido del Gobierno para que se declare de «interés nacional» los recursos de los bloques petrolíferos 31 y 43, donde se encuentra el eje ITT.
El oficialismo defendió una explotación técnicamente responsable de esos campos, así como la defensa de los derechos de los pueblos no contactados y la protección de la naturaleza.
Las observaciones registradas en este primer debate serán remitidas a la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, que se encargará de elaborar un nuevo informe para el segundo debate que será convocado próximamente.