NO. La moral judeo-cristiana no tiene asidero ontológico. Tampoco ético. Su entendimiento sólo es posible desde la Lógica Deóntica utilizada para analizar la construcción formal de normas. Normas, son los «libros sagrados». También los Diez mandamientos, el Sermón de la montaña, los diferentes Evangelios (aunque todos dicen lo mismo), y cualquier otro texto esotérico. Sus […]
NO. La moral judeo-cristiana no tiene asidero ontológico. Tampoco ético. Su entendimiento sólo es posible desde la Lógica Deóntica utilizada para analizar la construcción formal de normas. Normas, son los «libros sagrados». También los Diez mandamientos, el Sermón de la montaña, los diferentes Evangelios (aunque todos dicen lo mismo), y cualquier otro texto esotérico.
Sus exégetas dicen tratarse de «textos virtuosos», escritos por personas virtuosas. Lo que contienen es, sin embargo, una «transvaloración» (Nietzche) de la moral afirmativa y vital, convirtiéndose en un agregado de normas como artículos de fe.
Uno de estos artículos de fe es el de «la caridad». Aceptada como virtud, convierte a quien la practique (sujeto, o institución) en virtuoso (a). Ser caritativo es ser virtuoso. Dicen que Jesús lo era.
«La caridad» se vive como mandato de los libros sagrados, de los Evangelios, de la moral judeo-cristiana. Conduce a la «visión» de Dios como logro de máxima plenitud y de bien supremo, después de muertos. Quienes practican «la caridad» son virtuosos. Verán a Dios. Bendita sea «la caridad».
DOS. Desde el término de la II Guerra, en el lenguaje de las instituciones de NNUU y de las Secretarías de Defensa y de Estado de los EEUU, el virtuosismo de la caridad se llama «ayuda externa», «ayuda internacional», «ayuda extranjera», «cooperación internacional», «asistencia técnica internacional».
Desde entonces, ha adoptado diferentes estrategias para introducirse como práctica política: Plan Marshall, Alianza para el Progreso, Pax Americana, Estrategias Alianza País (entre otras).
En la «nueva era» del modelo neoliberal, desde el Consenso de Washington y sus Programas de Ajuste Estructural (PAE), el virtuosismo de la caridad o «ayuda externa», se ha rebautizado como «crecimiento económico con inclusión social».
Sus propósitos «económicos» (entre otros): asegurar el pago de la deuda externa, integrar nuestras economías en la economía mundial, reprimatizar nuestras exportaciones, privatizar empresas públicas y servicios básicos (agua, luz, telefonía, educación, salud, puertos, aeropuertos, carreteras, medios de comunicación e información), flexibilizar la legislación laboral, proteger la inversión privada extranjera, garantizar la libre remisión de utilidades de los «inversionistas» a sus países de origen o a los paraísos fiscales. Se trata, fundamentalmente, de propósitos que efectivizan la exclusión del Estado de la gestión económica. Sólo sirve para legislar a favor de los «socios inversionistas» de la Instituciones Financieras Internacionales IFIs (FMI, BM, BID, USAID) que manejan nuestras economías y deciden las políticas y el qué y cómo hacer que funcionen.
Entre los propósitos sociales, donde yo prefiero hablar de «caridad con inclusión social» figuran, entre otros: asignar «becas» para jóvenes (Beca 18), «pensión» para la tercera edad (Pensión 65), entregas monetarias para insertar a las familias en el consumismo (Programa Juntos), programas alimenticios para niños menores de cinco años (Cuna Más), y para escolares de educación inicial y primaria (Qali Warma). Los nombres entre paréntesis identifican a los «programas de caridad» en el Perú. En cualquier caso, se trata de programas que nada tienen que ver con la ocupación y el trabajo productivo, con el acceso al ingreso.
Las empresas minero extractivas, que depredan nuestros recursos naturales, explotan irracionalmente nuestras riquezas acuíferas, forestales, petrolíferas y gasíferas, también tienen su propia «caridad con inclusión social». Se llama, «responsabilidad social empresarial». Igual, la tienen los bancos que se dedican a traficar con dinero ilícito de las drogas y de la corrupción, las ONGs, las universidades públicas y privadas.
Por su parte las religiones evangélicas fundamentalistas, provenientes de los EEUU, (adventistas, mormones, testigos de Jehová, bautistas y otros) también tienen su «virtuosa caridad con inclusión social». Alentadas y financiadas por USAID, la NED, el IRI, las Freedom House, se encargan de prohibir y castigar, por «ser pecado», la ingesta de carne de animales menores como el «cuy», de trabajar los días sábado, de tener relaciones sexuales en determinados días, de sacarse sangre para análisis clínicos, de asistir a los servicios médicos por controles ginecológicos, de usar métodos anticonceptivos.
Pero nada les prohíbe apropiarse de terrenos, casas, locales, estadios, para montar lucrativas clínicas, instituciones educativas, universidades. Tampoco de comprar o alquilar espacios radiales, televisivos, páginas web, blogs, grupos musicales, emisoras; de producir y distribuir masivamente su música en todos los géneros y formatos; de publicar y difundir biblias, revistas, folletos, ropa, adornos; de convencer cara a cara, puerta a puerta y a través de eventos masivos de adoctrinamiento y activismo religioso a millones de «hermanos». (Estas y otras actividades de «virtuosa caridad» para todas las sectas evangélicas y protestantes están previstas en los «Documentos de Santa Fé» que produce la Central de Inteligencia Norteamerica-CIA).
TRES. En general, lo que pretende la «caridad con inclusión social» que instrumentalizan las IFIs, es introducir a los pobres del campo en una estrategia consumista que consiste en consumir productos y servicios de baja calidad, que no se producen en los hábitats originarios, dentro de un determinado tiempo. Este consumo sustitutivo mata niños, produce enfermedades, trastoca las bases de la cultura y la identidad locales. Para esto se utilizan diversos mecanismos de presión y chantaje social y cultural.
La «caridad con inclusión» apareja inactividad productiva, abandono de la agricultura y ganadería de subsistencia, extiende el asistencialismo, fomenta la ociosidad y la desidia, acentúa la proclividad al alcoholismo y otros vicios, rompe los lazos de convivencia comunal y ayuda mutua, genera mayores niveles de violencia familiar, facilita el desarraigo de la población rural, su alienación, su emigración. Su temporalidad hace que terminado el período del consumismo, el pobre extremo es más pobre aun, haya, o no, emigrado.
El objetivo es claro: despoblar las áreas rurales para allanar el campo a los «socios inversionistas» de las IFIs, extranjeros y nativos, dedicados a las actividades extractivas de todo tipo, a los cultivos de mayor rentabilidad para la exportación, a los biocombustibles, a los transgénicos[1].
Su beneficio es perverso: Las IFIs incrementan la deuda externa con el financiamiento a los «programas de caridad con inclusión»; presionan por el pago puntual de la deuda; imponen ajustes monetarios y fiscales que afectan la ocupación, los ingresos y la seguridad laboral de los trabajadores; elevan indiscriminadamente los precios de los servicios básicos y de los alimentos; llenan las ciudades con población migrante con incipiente capital cultural para enfrentar los desafíos de la ciudad.
Esta población genera una mayor demanda por servicios básicos (agua, luz, saneamiento), atención social (salud, educación), e incrementa los niveles de inseguridad ciudadana, de prostitución, de delincuencia y crimen organizado.
Las IFIs arremeten de nuevo ofreciendo más caridad, más ayuda, más deuda. Exigiendo al propio tiempo, mejores incentivos a la inversión privada, menos trabas burocráticas, reglas claras, estado de derecho, mano dura contra la corrupción y el narcotráfico que la misma caridad genera.
Por su parte, sus «socios inversionistas» depredan nuestros recursos naturales, convierten al país en un desierto lleno de cráteres, arruinan toda posibilidad agrícola y ganadera para la alimentación, aseguran su exclusividad en la provisión de bienes y servicios para los «programas de caridad con inclusión social», controlan su gestión y gerencia, los monitorean y evalúan pero no dan cuenta de resultados sino del número de supuestos «beneficiarios».
Pero el rito de la «caridad con inclusión» de las IFIs y de sus «socios inversionistas»[ii], no se limita a éstos. Se agrega la caridad de la asistencia y cooperación técnica de NNUU: UNESCO, UNICEF, OIT, OMS, PNUMA, WWF y otras que sería largo enumerar. A éstas se suman las ONGs «sin fines de lucro». Juntos financieras, socios inversionistas, cooperación internacional y ONGs, lideran la cruzada del engaño sobre la democracia, el crecimiento, la educación, la cultura, la niñez, el trabajo, el medio ambiente, los recursos naturales, el progreso, la modernización, la inclusión.
Los «felipillos» que ejercen de «presidentes», se suman al engaño diciéndoles a los pobres que la «caridad» los convertirá en «la nueva clase media». A esto agregan el cinismo de decir que los programas en energía eléctrica, en agua, en saneamiento ambiental, en infraestructura de carreteras, que ejecutan sus gobiernos, «ponen en valor» nuestros recursos.
Ninguno de nuestros Estados (excepto los de Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela) hace productivos y sostenibles sus recursos económicos por cuenta propia. Por tanto, ponerlos «en valor» significa, ponerlos a expensas de los mercaderes del mercantilismo (que no es lo mismo que mercado).
Es propiciar su explotación indiscriminada por corporaciones transnacionales, bajo reglas monopólicas, sin beneficio alguno para la economía de nuestros países que no sea otro que una cifra porcentual que se llama PBI que no dice nada porque oculta todo.
75% de la población de América latina y El Caribe vive en extrema pobreza: no come lo que debe ni una sola vez al día, no dispone de agua potable, de energía eléctrica, de vivienda, de servicios básicos. No tiene acceso a la enseñanza significativa, a la atención médica, a la recreación formadora. No tiene ocupación, ni trabajo, ni ingreso alguno. De esto no dice nada el PBI.
La «focalización de la ayuda externa» junto a la inversión privada extranjera de los «socios inversionistas» de las IFIs, sólo beneficia a las economías de los países «no prestatarios» y el enriquecimiento de una «burguesía nacional» reptil. Todo esto, en pleno siglo XXI y a más de 250 años de la revolución industrial.
El pueblo tiene limitaciones muy grandes para poder entender cómo funciona esto. El capital cultural que lo habilite para el entendimiento y la comprensión de esta realidad, es muy incipiente. Producto de la paradoja perversa que genera «la caridad»: condena a los pobres a una mayor miseria, pero son éstos sus más decididos defensores.
Nota:
(1) El BM, el BID, USAID promocionan sus «préstamos» entre los inversionistas extranjeros o nativos que quieran sumarse a los programas y proyectos que se ejecutarán con cargo a esos mismos préstamos y a la deuda externa de cada país. Sus respectivos «manuales» donde se especifican los requisitos y condiciones. se llaman «Haga negocios…» con el BM, BID, USAID, según corresponda. Están en las respectivas páginas web. Aquí un ejemplo de lo que hace USAID, la institución que financia la subversión, el terrorismo y la injerencia de Estados Unidos en América latina y el mundo, so pretexto de los «programas de ayuda social con inclusión».
¿Por qué invertir junto con USAID en el PRA? (Proyecto de reducción y alivio a la pobreza)
En esta segunda fase del PRA (2009-2014), buscamos ampliar el impacto y sostenibilidad de nuestras actividades convocando a actores privados y públicos a unirse a este esfuerzo. El objetivo es el mismo: buscar el desarrollo económico de la Sierra y Selva del Perú haciendo que el mercado trabaje para los más pobres. USAID ofrece cuatro elementos centrales a potenciales empresas y programas interesados en sumarse a este objetivo: Una amplia experiencia en la Gerencia de Proyectos de Desarrollo en todo el mundo, convalidada por los más de 40 años que USAID lleva trabajando en temas de desarrollo en cinco continentes y más de 80 países alrededor del mundo. Un concepto de desarrollo orientado por el mercado y la demanda, el cual ha sido probado a lo largo de los casi 10 años de vigencia de la primera etapa del PRA. Un procedimiento de rendición de cuentas, «accountability», tanto de nivel técnico como administrativo, a través de un sistema de monitoreo que permite saber en qué se invierte y qué resultados se generan con la ayuda entregada. Un esquema de cofinanciamiento, que permite compartir el esfuerzo del desarrollo entre USAID y sus potenciales socios. (Subrayados míos)
Blog del autor: http://www.alizorojo.com
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