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Entrevista a Rosana Alvarado, militante feminista y vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador

«La Revolución Ciudadana es mucho más que un tema puntual»

Fuentes: Rebelión

Sus comienzos en la militancia, su participación en la Asamblea Constituyente y las diferencias que mantiene con el presidente Correa en torno a temas como el aborto y el matrimonio igualitario. Además su mirada sobre la nueva Ley Orgánica de Comunicación y la controversia en torno al proyecto Yasuní ITT.  Rosana Alvarado nació en 1977 […]

Sus comienzos en la militancia, su participación en la Asamblea Constituyente y las diferencias que mantiene con el presidente Correa en torno a temas como el aborto y el matrimonio igualitario. Además su mirada sobre la nueva Ley Orgánica de Comunicación y la controversia en torno al proyecto Yasuní ITT. 

Rosana Alvarado nació en 1977 en la provincia de Cuenca, Ecuador. Desde la militancia estudiantil y feminista se sumó al movimiento Alianza País, liderado por el actual presidente de Ecuador, Rafael Correa. Fue parte de la Asamblea Constituyente de 2008 que reformó la Carta Magna ecuatoriana y actualmente es vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador.

En esta primera parte de la entrevista exclusiva* que dio para Marcha, Alvarado hace un repaso por sus comienzos en la militancia y el proceso impulsado por el presidente Correa. También habla de su participación en la Asamblea Constituyente y de la actuación de Chevron en su país. Finalmente se explaya en sus posiciones respecto al aborto y el matrimonio igualitario, cuestiones en las que difiere con Correa y otros miembros de su movimiento.

– ¿Cómo y dónde comenzaste tu militancia política? ¿Qué fue lo que te motivó a incorporarte al movimiento Alianza PAÍS y a acompañar al presidente Rafael Correa?

-En el colegio y después en la universidad, participé activamente en la dirigencia estudiantil. Me mantuve cerca de organizaciones y movimientos sociales que cuestionaron e interpelaron la forma de gobierno que se implementaba en el Ecuador. En ese momento escuché a Rafael Correa que renunciaba a su cargo de ministro de Finanzas apenas 100 días después de haber sido designado. Correa, al renunciar, denunciaba la falta de compromiso de los gobiernos sucesivos con las causas soberanas y populares, impugnaba un modelo económico que era el causante de tanta pobreza y exclusión. Correa renunciaba al ministerio y renunciaba también al silencio: todo el Ecuador iba a escucharle y a reconocer en él a un outsider capaz de enfrentarse y ganarle al sistema.

Pude escuchar a Correa en sus informes y ser parte de las primeras reuniones que se hicieron en Cuenca, mi ciudad, para apoyarle. Después de su triunfo como presidente de la República, venía el cumplimiento de su principal propuesta de campaña: la realización de una Asamblea Constituyente de plenos poderes.

– Vos fuiste miembro de la Asamblea Constituyente que modificó la carta magna ecuatoriana y significó un punto de inflexión en la historia social y política del país. ¿Cuáles fueron para vos los principales cambios impulsados por la Revolución Ciudadana?

-Hasta antes de la Asamblea Constituyente, el Ecuador había estado sometido a políticas para beneficiar intereses de grupos de poder y de organismos internacionales. La Constituyente significó la recuperación del Estado, la recuperación de la Patria que había sido entregada, la vuelta de la soberanía, de la dignidad, de los derechos… Habíamos dicho «vamos a disputar todo con los enemigos del pueblo, vamos a refundar este país» y nos planteamos los ejes de nuestra Revolución: política, económica, social, ética y por la soberanía.

– Hace algunos meses circuló en las redes sociales un video de una de tus intervenciones en la Asamblea Nacional en la cual defendías el derecho al aborto y cuestionabas fuertemente a aquellos asambleístas que convocaban a legislar en nombre de su fe. ¿Cómo se está llevando adelante en Ecuador la lucha por los derechos de las mujeres y la igualdad de género? ¿Existe la posibilidad de avanzar en la conquista de derechos como la despenalización del aborto o el matrimonio igualitario?

–Soy una feminista convencida y siempre buscare más derechos en el camino a la igualdad real entre hombres y mujeres, pero al mismo tiempo soy incapaz de exigir la política del todo o nada. Este proceso político del Ecuador está transformando el país en favor de las inmensas mayorías y esa para mí es la razón de mi defensa y profunda adhesión a este gobierno.

Claro que quiero más derechos, más libertades para las mujeres, quiero que la historia, el Estado, la iglesia, la ley, le devuelvan a la mujer todo lo que le negaron cuando la veían como menos o como incapaz. Yo seguiré disputando esos derechos y esos espacios, a veces, en contra de tesis conservadoras que también están dentro de mi movimiento. La historia nos demuestra que las leyes son superadas por la realidad y eso es fundamental cuando se trata de sincerar los discursos políticos y sociales.

En la Asamblea Constituyente de Montecristi en el año 2008 el debate en torno al derecho a la vida y al aborto, no podía sacrificar todo lo que estaba en juego: la recuperación del Estado, las políticas económicas, la seguridad social universal, la soberanía alimentaria, energética y territorial, el Estado laico, los derechos colectivos o la transformación de la justicia. Para llegar a concretar todos esos temas estamos en la política y por eso hay que superar temas puntuales, sin sacrificarlos pero sin dejar que eso derive en la política del todo o nada. Espero que pronto llegue el día de la emancipación absoluta de las mujeres.

– Considerando que el presidente Correa ha declarado que él es un católico convencido y se opone al matrimonio entre personas del mismo género y al aborto ¿Cómo se da la pelea por estos derechos dentro del proceso de cambio? ¿Crees que es posible lograr en el corto plazo la sanción de leyes que avancen en este sentido?

-Esos temas: aborto, matrimonio igualitario, eutanasia son algunos temas sobre los cuales yo mantengo tesis contrarias al punto de vista del presidente Correa. No es fácil manejar el desacuerdo, pero es fundamental mantener la perspectiva del inmenso proyecto político que tenemos encima. Ahora mismo, se está dando un fuerte debate en torno a la aprobación del nuevo código penal en el Ecuador y no ha sido posible avanzar lo relacionado a la despenalización del aborto. Si esa fuera mi única bandera, estaría en el proyecto equivocado. La Revolución Ciudadana es más, mucho más que un tema puntual, por fuerte y significativo que resulte ese tema. Seguiré militando por esa causa y por todas las del feminismo, pero también reconoceré que no puede ser un sólo tema el que defina mi participación política y mi militancia más convencida.

– Argentina firmó hace algunos meses un acuerdo de explotación de hidrocarburos con la multinacional Chevron. El mismo se logró luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara el embargo que pesaba sobre la petrolera por la demanda presentada en Ecuador ante la contaminación que esta empresa provocó en la Amazonia. Aunque varios movimientos sociales y organizaciones indígenas protestaron, el convenio se llevó a cabo ¿Qué consejo tenés para darle al pueblo argentino a partir del conocimiento que tienen en Ecuador respecto a las consecuencias ambientales que ha generado esta empresa?

-No vamos a callar la tragedia ocasionada por Chevron al Ecuador. No vamos a detenernos un sólo día denunciando «La mano sucia» de Chevron en el Ecuador y todas sus trampas y mañas en perjuicio del Estado ecuatoriano. No dejamos de mencionar el criterio que tenemos sobre Chevron y sus prácticas, pero al mismo tiempo, tenemos que ser conscientes de lo que enfrenta Argentina y las decisiones que en su soberanía pueda y deba tomar. Seguiremos denunciando a Chevron conscientes de todas las precauciones y previsiones que el gobierno argentino deba tomar en función de precautelar sus intereses.

Seguramente, encendimos una voz de alarma a nivel internacional para que todas las naciones tengan claro los riesgos y peligros de las empresas transnacionales para que a partir de lo sucedido en el Ecuador, exista mayor rigurosidad del estado frente a estas empresas y sus prácticas.

– Como asambleísta y vicepresidenta de la Asamblea Nacional ¿cuáles consideras que son las principales iniciativas legislativas que se deben llevar adelante en este nuevo mandato del presidente Correa?

-En un proceso político como el que se desarrolla en el Ecuador, hay que definir estratégicamente la etapa de transición. Para nosotros resultan fundamentales las leyes que nos permitan sustituir la matriz productiva del Ecuador para dar paso a otra economía y otro modelo económico. Pero también resultan fundamentales leyes que terminen con modelos de acumulación de poder (diferentes tipos de poder, económico, político, mediático) me refiero a la ley de control del poder del mercado, ley de comunicación, denuncia de Tratados Bilaterales de Inversión, que han sido mecanismos de presión y extorsión contra países como los nuestros, que se resuelven por la vía de la soberanía y autodeterminación.

– Como comunicadora social, ¿Qué balance haces de la lucha y finalmente aprobación de la Ley Orgánica de Comunicación?

-Era imposible creer que los medios podían ¡autorregularse! Imposible creer en su independencia y autonomía. Imposible creer que el interés de los medios empresariales de comunicación, era el ejercicio de los derechos y que sus preocupaciones estaban relacionadas con la libertad de expresión ¡No, qué ingenuidad hubiera sido creer en ese discurso!

En el Ecuador, como en todos los países son rarísimos los casos de periodismo comprometido con los intereses de las grandes mayorías. Los periodistas no sólo que están subordinados a sus medios, sino que esos medios están subordinados a grandes poderes económicos. Hoy, la Constitución del Ecuador prohíbe por ejemplo que los accionistas del sector financiero tengan acciones en otro sector diferente al financiero bancario: antes de esta necesaria prohibición, los más grandes especuladores que eran los bancos, utilizaban sus propios medios de comunicación como antenas transmisoras de sus intereses ¿Cómo creer entonces en su santidad y en su defensa de la «libertad de expresión» cuando eran medios casados con la banca?

Hoy, además de esa prohibición, la ley de comunicación permite la redistribución de las frecuencias de radio y televisión que fueron entregadas de manera dolosa y sin cumplir con los requisitos que se establecían. Creemos firmemente en el «reparto de la palabra» como una forma de democratización de los medios y de cumplimiento de los derechos. Defiendo la Ley de Comunicación porque la considero determinante para la democratización de la comunicación.

– Teniendo en cuenta la experiencia vivida en Argentina, dónde la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual lleva cuatro años de aprobada y todavía no se ha puesto plenamente en funcionamiento, ¿Creen desde Alianza PAÍS que se podrá dar curso rápidamente a esto o habrá que enfrentar complicadas batallas legales para que pueda ser puesta en práctica?

-La ley se aprobó hace 3 meses y recién estamos creando las instituciones de regulación y de sanción. Pero más allá de las instituciones, la ley se consolida cuando la ciudadanía empieza a reclamar su cumplimiento, cuando se rompen paradigmas dentro de los medios, o cuando los modelos que se reproducen en los medios empiezan a cambiar porque el ciudadano exige otra programación más responsable. Era impostergable la regulación del sector comunicación pero sería ingenuo pensar que en la ley se soluciona toda la problemática de un poder fáctico como los medios de comunicación empresariales.

– ¿Cuál es tu análisis respecto a la marcha atrás del proyecto Yasuní ITT dónde el gobierno ecuatoriano buscaba preservar una zona de la Amazonia donde se puede explotar petróleo?

-La propuesta Yasuní ITT fue una propuesta al mundo. El Ecuador, un país con una economía aún pequeña y débil, si es que la comparamos con los países industrializados, estaba dispuesto a sacrificar más de 7.000.000 millones de dólares (que eran los inicialmente previstos) provenientes de la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní como una forma de comprometerse a evitar la emisión de millones de toneladas de carbono a la atmósfera. Era entonces, una propuesta que demostraba un inmenso compromiso ético con la humanidad. ¿Qué pedía el Ecuador a cambio de mantener el petróleo bajo tierra? Una compensación. No una donación, ni limosna, ni regalo. Pedíamos una compensación, una contribución del 50% de las reservas. Esa compensación, debía ser cubierta -en su mayor parte- por las potencias económicas. La propuesta Yasuní ITT, era entonces, una propuesta que el Ecuador le hacía al capitalismo. Al capitalismo causante de la contaminación, del cambio climático, de la deforestación, del exterminio. Ese capitalismo es el que rechazó la propuesta.

Esperamos 6 años. Hicimos todo lo que debíamos hacer, pero no tuvimos los resultados esperados. En el mejor de los casos, nos ofrecían «canje de deuda» ¡Ojo!, que nuestra economía, al estar dolarizada, necesita el ingreso permanente de dólares para poder sostenerse, de manera que los canjes de deudas, no contribuían en lo absoluto. Lo mismo sucedía con la creación de impuestos o con la eliminación de subsidios. Esas medidas no hacían más que circular el mismo dinero, pero no hacer que ingrese más.

– ¿Ante este panorama fue que el gobierno decidió frenar el proyecto?

-Tomamos entonces la decisión de dar por terminado el PLAN A (no explotación) y asumir el PLAN B, (explotación) para lo cual se requiere autorización de la Asamblea Nacional por tratarse de un Parque Nacional. Pero el tema más delicado de éste es que en el Parque Nacional Yasuní existe la llamada Zona Intangible Tagaeri-Taromenani (ZITT ) que es territorio de nuestros pueblos en aislamiento voluntario, llamados también pueblos ocultos, cuyo territorio es irreductible e intangible, por lo que ahí, no pueden realizarse actividades extractivas.

Bajo todas estas circunstancias, hoy la Asamblea Nacional del Ecuador tiene que decidir si autoriza o no la explotación de petróleo en el uno por mil de la extensión actual del Parque Nacional Yasuní (el parque tiene un millón de hectáreas). La autorización de la Asamblea excluye la explotación en la ZITT, en estricto cumplimiento de la Constitución y por compromiso ético con los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Esta decisión ha movilizado y agrupado sobre todo a grupos ecologistas que creen que, sobre la Iniciativa Yasuní ITT, el Gobierno es el responsable de que el Plan A haya fracasado. Nosotros, en medio de lo duro de esta decisión, sabemos que la propuesta ecuatoriana estuvo adelantada para su tiempo. Era una propuesta que cuestionaba la irresponsabilidad de las potencias en su doble discurso ambiental.

Bajo un compromiso presidencial, la autorización de explotación no excederá del uno por mil de la extensión actual del Parque, se excluirá la zona intangible de cualquier actividad extractiva y los recursos provenientes de esos fondos se invertirán en obras de saneamiento ambiental, servicios básicos y vialidad rural.

 

* Agradecemos especialmente a Gabriela Gurvich y Mehmet Dogan por facilitar la posibilidad de esta entrevista.

@SantiMayor

Esta entrevista fue difundida originalmente en el portal de noticias argentino Marcha (www.marcha.org.ar) bajo licencia de uso compartido.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.