Quito es la capital de Ecuador, uno de los escasos países que cuenta con el Derecho a la Ciudad en su Constitución: Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre […]
Quito es la capital de Ecuador, uno de los escasos países que cuenta con el Derecho a la Ciudad en su Constitución:
Art. 31.- Las personas tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía.
Sin embargo, el Centro Histórico de Quito (CHQ) se ha visto amenazado por un plan de expropiaciones para llevar las embajadas de la capital a este sector articulado por varios ministerios y la municipalidad. El CHQ es desde el S.XIX el lugar con más vitalidad comercial de la ciudad, y desde la generación del ensanche burgués del norte una zona donde habitan mayoritariamente clases populares.
En 1978 Quito fue designada Patrimonio Cultural de la Humanidad, a lo que contribuyó decisivamente su espectacular centro colonial, con una enorme densidad de edificios patrimoniales. Desde entonces, especialmente en las dos últimas administraciones municipales, ha habido sucesivos planes para activar turísticamente el CHQ, con acciones que han ido desde la «reubicación» del comercio informal, la subterranización de basura (desapareciendo con ello los recicladores), la gentrificación de sectores específicos como La Ronda o los intentos porque vuelvan las clases altas a habitar el centro con la construcción de lugares hipersegurizados como en San Marcos. Ello conjugado con una nueva política del espacio público, que incluye arte nocturno y la creación de una policía turística, en una tensión continua entre el centro histórico de los habitantes y el centro histórico de los visitantes.
Las alarmas se dispararon en el barrio el pasado mes de septiembre de 2013, cuando llegaron cartas de expropiación de Inmobiliar, el «Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público», a buena parte de los vecinos de «La Chilena», el flanco norte del CHQ. Agrupados en el «Comité Promejoras Eugenio de Santa Cruz y Espejo» ubicaron en sus balcones pancartas contra la expropiación, repartieron información en las calles del atropello que estaban sufriendo y organizaron actividades culturales reivindicativas que generó una gran cohesión entre moradores del sector.
A las puertas de las elecciones locales, la movilización vecinal provocó que fueran convocados a una reunión con el Municipio en el que se les hablaba de un maltentendido, y días después, el Presidente de la República Rafael Correa desmintió públicamente que se fueran a desalojar a las familias que habitan el sector, e Inmobiliar realizó una segunda carta que dejaba sin validez el acto administrativo de la expropiación. Sin embargo, esta victoria de la unión vecinal por su derecho a la ciudad es incompleta, pues sigue existiendo una gran angustia entre las personas que habitan La Chilena ante la ausencia de un proceso más abierto y claro de participación, y ante la ausencia de compromisos por escrito por parte del Municipio. Siguen considerando que su ubicación como área de equipamientos en los mapas del MIDUVI no es admisible.
Hemos hablado con Eduardo Fajardo, presidente del «Comité Promejoras Eugenio de Santa Cruz y Espejo» en el que se agrupan las y los vecinos del sector de La Chilena.
Ecuador es uno de los pocos países que reconoce el Derecho a la Ciudad en su Constitución, ¿cómo se está poniendo en práctica en el Plan de Revitalización del CHQ?
El proceso de participación es nula, ya que no ha habido consulta previa al proyecto o durante la planificación, únicamente se presentó un proyecto ya elaborado. Las decisiones se han tomado en el nivel institucional y se ha presentado oficialmente a través de medios de comunicación e internet, pero no se han dado reuniones o invitaciones para socializar el proyecto con los habitantes. Me resulta obvio la conclusión, la Constitución no responde a una práctica de los derechos en la ciudad, en el día a día no se los vive.
¿En el caso del plan de reubicación de las embajadas, cómo se ha dado la participación de ustedes en las políticas públicas?
En el caso de las expropiaciones no se abrió ningún proceso de participación, lo único que llegó fue una carta que indicaba a los dueños que deben salir en 90 días ya que su propiedad tenía una finalidad pública. Sin embargo, las notificaciones simplemente llegaron a las casas y no hubo ninguna negociación ni apertura. La carta indicaba que se podía acudir a la oficina encargada de este proceso, Inmobiliar, para negociar en 48 horas. Esta negociación es únicamente en función del costo de predios del avalúo municipal que está por debajo del 50% de su valor comercial y es una negociación condicionada bajo un límite de precio y bajo una resolución anticipada que es la salida de tu casa.
Entonces, ¿cómo lograron frenar las expropiaciones?
Hubo un proceso de resistencia, un rechazo de la medida, nos unimos con todos los vecinos, hicimos pancartas para los balcones, un afiche para repartir ante esta situación arbitraria de sacarnos de la casa. Poco menos de un mes después fuimos invitados por el Municipio verbalmente de manera informal a una conversación para explicar la situación y que sólo se expropiarían las casas deshabitadas o abandonadas. Y por ello que ha sido un error y que van a revisar el proceso. A las dos semanas llegó otra carta del mismo Inmobiliar indicando que quedaba anulado el proceso que habían iniciado. Sin embargo, como no existe un compromiso formal o por escrito por parte de la administración municipal de que tu casa no va a ser tocada seguimos con la preocupación de que en cualquier momento pueda ocurrir.
¿Qué forma de participación están demandando las vecinas y vecinos de La Chilena?
Estamos pidiendo el derecho a la información y consulta como primera herramienta para participar sobre cualquier proyecto. También participar es no esperar a que la gestión pública nos invite, tomando la batuta con herramientas de autogestión. En las fiestas de fin de año hemos recuperado la cola morada, el juego de cartas, práctica tradicionales desde una participación autogestionada. Una iniciativa interesante del barrio fue un evento que se llamó «Apropiarte», un encuentro comunitario con la cultura y el arte que activó también sitios aledaños del CHQ, sin coste de entradas, y se hizo con la solidaridad y participación de los vecinos. Se debe superar la brecha que genera la expectativa de la política pública, la comunidad pueden realizar actividades por su cuenta propia para construir una ciudad solidaria, participativa, en la que se recuperen las costumbres.
¿Qué se está proponiendo desde el barrio respecto al plan de embajadas?
La idea central es que la prioridad de los planes en el CHQ sean las personas que viven en él en cualquier proyecto. Por otro lado, como argumento frente a la expropiación se realizó por parte de los propios vecinos del sector un catastro con los inmuebles del municipio que están siendo subutilizados o abandonados, recorriendo todo el casco del Centro Histórico. Encontramos más o menos 60 propiedades de gestión pública, del Municipio o del Estado, abandonadas o subutilizadas. Si el Estado tiene inmuebles, ¿por qué no hacemos uso de ellos en lugar de interferir con el modo de vida o hábitat de la personas?
¿Qué tipo de CHQ crees que están visualizando el Estado o el Municipio con esta planeación urbana?
Partimos de que el Estado tiene una visión enfocada exclusivamente a que el desarrollo de Ecuador se base en la acumulación de capital. Todos los proyectos, incluido el del CHQ, van en esta dirección, y por ello el proyecto es muy elitista. Tiende a satisfacer por un lado las necesidades de producción de capital de los grupos burgueses locales ya asentados en la ciudad y en el país, en los medios de comunicación, etc. Y por otro lado, el proyecto satisface la forma de vida ideal de las clases burguesas mundiales enfocada en el turismo como ocio predominante. Por ello se crea un centro con restaurantes y hoteles de primera clase, con aceras «limpias», sin vendedores ambulantes. Hay una limpieza del espacio, mostrándolo apto para este público de turistas que tiene el poder económico para consumirlo. Esto produce un cambio y una transformación de la ciudad que acaba siendo no apta para quienes vivimos aquí, ya que nos vemos recluidos de nuestro propio espacio público.
¿Estaríamos ante un proceso de nueva colonización del CHQ?
Sí, de los intereses privados en función de la clase. Estos procesos de gentrificación, colonización y exclusión están siendo ratificados por el turismo. El turismo está ocupando un lugar central en el flujo de capitales. Y para ello se nos están quitando los espacios, la cultura, la identidad, los conocimientos y prácticas ancestrales convirtiendo a Quito en una ciudad perfectamente igual a cualquier otra capital en el mundo, con una morfología similar a las ciudades de España o EEUU en una dinámica propia de la globalización. Como ejemplo reciente, se hizo acá un parque de cemento y chorros de agua con luces LED botando una casa de salud, sin ningún tipo de participación, por supuesto. No es para beneficio común para los habitantes del centro sino para el visitante.
¿Cómo entiendes el bien común en el ámbito urbano?
La ciudad que se construye no es para la mayoría de los ecuatorianos y por ello no tiene un beneficio social. La construcción de la ciudad y los centros urbanos debiera ir hacia el interés común como un principio que se plantea en la Constitución pero no es así en la práctica. El bien común no es la clase burguesa, esas necesidades de visitar otros países o reproducir el capital no es el común de la población mundial o la población ecuatoriana. El empuje de las políticas públicas hacia la transformación de la ciudad para este grupo de personas minoritario no va a responder a las necesidades del grupo mayoritario que somos la gente de clases medias y bajas.
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