En las luchas de resistencia a los TLC fue fundamental la capacidad de movilización del movimiento indígena y campesino. Estos sectores alertaron sobre los impactos negativos que tendría su aplicación para la agricultura familiar y comunitaria, particularmente para los productores de maíz, arroz, pollos, cerdos y leche.
El comercio es a las grandes potencias lo que la esclavitud fue al imperio romano: constituye la base irremplazable de sus economías. En cuanto condición esencial para la supervivencia del sistema, su aplicación prescinde de cualquier consideración ética. En ese sentido, conseguir mercados equivale a conseguir esclavos. Las barreras ideológicas y axiológicas son relativizadas en función de las necesidades.
Esto explica la versatilidad con la que se desarrollan las negociaciones entre los distintos países que se integran al carrusel de los acuerdos comerciales. Las eventuales contradicciones o diferencias políticas que puedan existir entre ellos se desvanecen al calor de los intereses puros y duros. La clave radica en hacer negocios, ya sea con gobiernos liberales, progresistas o de derecha.
Los Tratados de Libre Comercio (TLC) son la última modalidad para la expansión y el dominio comercial en el mundo. Desde la lógica colonialista de los Estados Unidos, fueron concebidos como una estrategia para uniformizar el comercio en la región. En 1990 empezaron con México y luego se fueron expandiendo al resto del subcontinente.
En este proceso, el caso ecuatoriano es particularmente interesante, porque es el único país donde las movilizaciones sociales impidieron la suscripción de un TLC con Estados Unidos a inicios de siglo. En efecto, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez (2002-2005) los términos del acuerdo estaban listos para su aprobación, pero se produjo un levantamiento popular que provocó su caída. La extrema fragilidad política que heredó su sucesor, Alfredo Palacio, impidió que se continuara con el último tramo de las negociaciones.
En las luchas de resistencia a los TLC fue fundamental la capacidad de movilización del movimiento indígena y campesino. Estos sectores alertaron sobre los impactos negativos que tendría su aplicación para la agricultura familiar y comunitaria, particularmente para los productores de maíz, arroz, pollos, cerdos y leche. Otros contenidos del TLC –como propiedad intelectual, compras públicas y lenidad jurídica para las empresas transnacionales– también provocaron la reacción de sectores urbanos, conscientes de la profunda asimetría implícita en este acuerdo.
La resistencia a la suscripción del TLC con Estados Unidos fue un ingrediente importante en el descontento social que se venía acumulando desde los años anteriores, y que provocó la caída de varios gobiernos. Rafael Correa se encaramó en este proceso para ganar las elecciones de 2006. Esto explica que uno de sus principales compromisos de campaña haya sido la negativa a suscribir cualquier TLC. No obstante, y al margen de una prolífica verborrea soberanista, en 2016 su gobierno se adhirió al tratado con la Unión Europea que ya habían acordado Colombia y Perú. Cobijado por la bandera del progresismo, enrumbó al país hacia los pantanosos terrenos de la apertura comercial indiscriminada.
Este hecho marcó un punto de inflexión que se venía anunciando desde antes, particularmente luego de la drástica caída de los precios internacionales del petróleo, en 2014. Gracias a la extraordinaria disposición de recursos durante los primeros años de su gobierno, Correa mantuvo una exitosa política clientelar. Pero el agotamiento de esos ingresos le llevaron a reeditar algunas de las políticas neoliberales ampliamente criticadas por la izquierda y por los movimientos sociales. En 2013, por ejemplo, renunció a la propuesta de los grupos ecológicos de mantener el petróleo del parque nacional Yasuní bajo tierra. En 2014 acogió la visita del Fondo Monetario Internacional para reiniciar los monitoreos periódicos a nuestras finanzas. En 2015 aprobó una ley de alianzas público-privadas que permitió entregar al capital transnacional la construcción de puertos, carreteras y aeropuertos.
Con estos antecedentes, no debería llamar la atención que el actual gobierno retome las negociaciones con Estados Unidos para la eventual firma de un TLC. A fin de cuentas, Lenín Moreno representa la continuidad de un mismo proyecto político, aunque empobrecido por la crisis. La firma del TLC con la Unión Europea no fue más que la fisura del aluvión: una vez que entró en vigor, las puertas para la suscripción indefinida de nuevos acuerdos quedaron abiertas. Eso lo saben a la perfección los expertos en este tipo de negociaciones. Hoy, la lista de espera detrás de Estados Unidos es larga: China, México, la Alianza del Pacífico, Inglaterra…
Los TLC tienen varias facetas, pero, en esencia, responden a un formato unificado. Para cada negociación se utiliza como referencia una versión actualizada o ligeramente modificada del mismo documento, siempre en función de los intereses de los países hegemónicos. Aunque no existen contenidos específicos para ciertas áreas de la economía, es factible vincularlas con algún capítulo del tratado. Es lo que ocurre con la explotación minera: las concesiones territoriales a las empresas transnacionales están protegidas por un marco jurídico que minimiza la capacidad de Estado ecuatoriano para ejercer controles laborales y ambientales a los megaproyectos mineros.
Todo TLC tiene un capítulo de inversiones. En el caso ecuatoriano, existe la posibilidad de que se genere una relectura de la Constitución en un artículo (el 422) que prohíbe, expresamente, los arbitrajes internacionales. Su modificación abre las puertas para que el Estado quede en una situación de absoluta vulnerabilidad frente a eventuales litigios con las empresas transnacionales. De hecho, en los últimos años el Ecuador ha debido pagar 2.313 millones de dólares por laudos arbitrales.
La arremetida minera en el cantón Íntag constituye un ejemplo de lo señalado. Durante más de 25 años las comunidades campesinas han resistido los intentos de las multinacionales por desarrollar megaproyectos mineros en esa zona, donde las demandas legales han sido parte de la estrategia empresarial. Tras una “negociación” con la empresa canadiense Mesa Cooper, el Ecuador tuvo que desembolsar 25 millones de dólares por haberle retirado la licencia ambiental.
Durante el gobierno de Correa, la empresa CODELCO ingresó al territorio con la anuencia oficial. Es la tercera vez que una transnacional minera intenta explotar minerales en Íntag.
En ese escenario, las comunidades se plantean la posibilidad de detener estas incursiones como una medida para preservar sus territorios de una catástrofe ambiental. Solo una fuerte iniciativa social podrá presionar al Estado para que aplique políticas coherentes con los derechos de los pueblos indígenas y comunidades rurales a vivir en un ambiente sano. Por esto se lucha. Solo un cuestionamiento a la lógica depredadora del capitalismo podrá alterar este predominio de los intereses comerciales sobre los derechos colectivos.
Pero las comunidades de Íntag no se plantean una utopía que, como el horizonte, se aleja permanentemente. Quieren ganar batallas y caminar hacia victorias posibles: por ejemplo, lograr una declaratoria de cantón ecológico para Íntag, retirar las licencias ambientales otorgadas de manera irregular, fortalecer la organización comunitaria, generar procesos productivos agroecológicos, crear cooperativas. Todo esto se ha hecho. Sin embargo, la ofensiva de la megaminería continúa.
Las comunidades de Íntag han demostrado que es posible una economía basada en el cuidado del territorio. Gracias a su organización han logrado avances significativos en cobertura educativa, transporte y servicios básicos. Pero estos avances están amenazados por la voracidad de las grandes transnacionales mineras y, en esta tercera ola de intervenciones, del propio Estado.
Dentro de los procesos organizativos que la población de Íntag ha desarrollado nombramos los más importantes:
Corporación Toisán: está constituida por una serie de cooperativas y organizaciones de base como Defensa y Conservación Ecológica de Íntag (DECOIN), dedicada a la conservación del medio ambiente.
Asamblea Regional: incluye a las juntas parroquiales, organizaciones como la Corporación Toisán, productores y productoras independientes.
Asamblea Cantonal: congrega a todas las formas organizativas del cantón, incluida la Unión de Organizaciones Campesina de Cotacachi (UNORCAC), que es la organización indígena y campesina con mayor presencia en el cantón.
Juan Cuvi/Manuel Castro | Ecuador Decide No TLC.
Fuente: https://ecuadortoday.media/2020/04/18/tlc-y-mineria-a-gran-escala-en-las-comunidades-de-intag/