Las preocupaciones relativas a la Covid-19 siguen dominando los debates sobre el comercio de productos agropecuarios en la Organización Mundial del Comercio (OMC), las políticas agropecuarias han marcado la labor del Comité de Agricultura que en su reunión de fines de marzo analizó 30 nuevas políticas de apoyo a la agricultura y relacionadas con el comercio adoptadas por los países miembros .
El Comité volvió a abordar 32 cuestiones planteadas anteriormente y siguió vigilando la aplicación de las decisiones ministeriales en lo que respecta a la utilización de los contingentes arancelarios, la constitución de existencias públicas y las políticas de competencia de las exportaciones.
La presidenta del comité, la filipina María Araceli Escandor, señaló que la covid-19 ha afectado gravemente a todas las esferas de la vida, incluidos los sistemas mundiales de alimentación y agricultura y manifestó la importancia de que los miembros participen, sean transparentes sobre las intervenciones políticas de la pandemia en el sector agrícola, aprendan unos de otros y compartan experiencias a fin de hacer frente colectivamente a los desafíos.
Cada informe de la OMC continúa siendo una especie de asamblea constituyente de los altos cargos del mundo de la globalización, un eslabón en la reconstrucción de un mundo después de la desaparición del mundo bipolar. Porque las actuales reglas del juego económico mundial se redactaron en pleno apogeo del neoliberalismo, a lo largo de los ocho años que duraron las negociaciones que culminaron en 1994 con la creación de la OMC.
Es en este sentido, que las reglas de la OMC representan la más clara expresión del terreno de juego que realmente pretenden construir quienes impulsan la globalización neoliberal, más allá de las promesas sobre el beneficio universal que derivaría de la completa liberalización de la economía.
Informes nuevos o actualizados sobre las medidas en el sector agrícola:
El Salvador (G/AG/GEN/163/Add.1), la Unión Europea (G/AG/GEN/159/Add 4), Israel (G/AG/GEN/160/Add.1), Japón (G/AG/GEN/166/Rev.1) y Sudáfrica (G/AG/GEN/180). Los informes ad hoc de los Miembros sobre las medidas agrícolas relacionadas con el COVID-19 realizados en reuniones anteriores se han recopilado en un documento de la Secretaría de la OMC (G/AG/W/209).
Tres organizaciones observadoras -el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Consejo Internacional de Granos (CIG) – hicieron presentaciones en la reunión (G/AG/GEN/183, G/AG/GEN/184, G/AG/GEN/181 y G/AG/GEN/182)compartiendo información sobre el impacto del COVID-19 en los sistemas alimentarios mundiales, la situación de la producción y el comercio de los cultivos mundiales, así como los niveles de precios, y sugiriendo medidas políticas.
Revisión periódica de las políticas agrícolas de los miembros
El Comité siguió examinando las políticas de apoyo a la agricultura, incluidas las relacionadas directa o indirectamente con las exportaciones. Se plantearon nuevas preguntas sobre los programas y políticas agrícolas en Angola, Canadá, China, la Unión Europea, la India, Indonesia, Rusia, Arabia Saudita, Taipei, Tayikistán, Ucrania y los Estados Unidos.
Treinta y dos preguntas de seguimiento se presentaron a la reunión sobre cuestiones específicas de aplicación planteadas anteriormente. Las cuestiones se referían a las medidas adoptadas por Australia, el Canadá, China, Costa de Marfil, Egipto, la Unión Europea, Honduras, la India, Mongolia, Nueva Zelandia, Nigeria, Rusia, Tayikistán, Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos.
Ocho preguntas de seguimiento se dirigieron a la India, y los miembros cuestionaron a ese país sobre sus continuas restricciones relativas a las importaciones de legumbres, el almacenamiento de trigo, los préstamos a corto plazo para cultivos, las subvenciones a la exportación a la leche descremada en polvo, la prohibición de las exportaciones de cebollas y la remisión de derechos e impuestos sobre los productos exportados.
Una vez más se cuestionaron las políticas de Canadá para el sector de la leche y los productos lácteos. El enfoque de la atención actual es un reciente aumento de los precios de la leche en las granjas y un proyecto de ley parlamentario que prohíbe al gobierno federal hacer cualquier compromiso en los acuerdos comerciales que disminuya los aranceles o aumente los contingentes arancelarios aplicables a los productos lácteos, las aves de corral o los huevos.
Además, se preguntó a China cómo funcionaría en la práctica su plan de desarrollo rural de 2021 adoptado en diciembre del 2020, incluidos los planes para mejorar los precios mínimos de compra de trigo y arroz. También se le preguntó sobre el aumento de las importaciones de maíz y los derechos que se aplican a las importaciones en virtud del acuerdo fase uno con Estados Unidos. Se pidió a China detalles sobre un plan recientemente anunciado para aumentar el precio mínimo de apoyo al trigo y la soja como medio para aumentar la producción de estos cultivos.
Por otra parte, se preguntó a la Unión Europea cómo se aplicará su nuevo «Examen de las políticas comerciales: una política comercial abierta, sostenible y asertiva» de conformidad con el Acuerdo sobre la Agricultura de la OMC.
Se cuestionó además a la UE sobre la nueva estrategia de Francia para aumentar la producción de proteínas vegetales y el aumento de la producción francesa de soja. También se planteó una carta firmada por los diez principales grupos de supermercados de Francia que exigían menciones visibles del origen francés de los productos en los estantes de los supermercados y espacios reservados a los productos locales.
También se preguntó a la UE sobre los procedimientos de infracción iniciados por la Comisión Europea en relación con un decreto en Bulgaria que obligaba a las cadenas a vender alimentos locales, así como una propuesta de modificación de una ley alimentaria en la República Checa que exigía que la mayoría de los productos seleccionados en las grandes tiendas fueran fabricados en ese país.
Se hicieron varias preguntas sobre el nuevo arancel del 10 por ciento de la India al algodón importado y el impacto que esto puede tener en los productores y exportadores de algodón fuera de la India. También se le cuestionó su aumento de los precios mínimos de apoyo al algodón y las compras récord gubernamentales de algodón.
Asimismo se preguntó a la India sobre los planes reportados de aumentar significativamente la producción nacional de semillas oleosas y reducir las importaciones de aceite vegetal en 10.000 millones de dólares al año, y sobre una subvención de 626 millones de dólares, para ayudar a la India a desinvertir en el exceso de producción de azúcar para el etanol.
Asimismo, sobre una decisión del gobierno indio que aprobó subvenciones a la exportación de azúcar para la comercialización del año 2020/21 de 475,8 millones de dólares, para exportar 6 millones de toneladas métricas de azúcar. Se pidió a la India que explicara cómo esas nuevas subvenciones estaban en consonancia con el párrafo 11 de la Decisión de Nairobi que obligaba a los Miembros a garantizar que las subvenciones a la exportación tuvieran, como máximo, efectos mínimos de distorsión del comercio.
En el Comité se cuestionó a Rusia sobre seis nuevas medidas que afectan al comercio de mercancías agrícolas. Entre ellas, el apoyo a las exportaciones de productos agrícolas de alto valor añadido, derechos de exportación e impuestos sobre granos, semillas de girasol y soja, y un nuevo decreto que establece una subvención para compensar a los productores de harina por la compra de trigo para molienda.
Varios miembros reaccionaron al nuevo proyecto de lista del Reino Unido en el que se detallaba la cuantía de la ayuda interna (medida agregada de ayuda o AMS) que planea reservar para sus agricultores. También expresaron su preocupación por el acceso a los mercados que el Reino Unido ha propuesto aplicar a sus 142 compromisos de contingente arancelario consolidado (Contingentes TRQ) después del Brexit, incluida la cuestión inmediata del acceso en virtud de esos contingentes con respecto al mercado de Irlanda del Norte.
Otros preguntaron a Estados Unidos sobre el paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares para la covid-19, que incluye más de 10.000 millones de dólares para la agricultura y 12.000 millones de dólares para programas de nutrición. Se pidió a EEUU que explicaran más detalladamente cómo estas medidas apoyarán a la industria agrícola y cómo tiene la intención de notificar esta ayuda interna, en particular si se notificarán medidas de apoyo como apoyo de «caja verde» o «compartimento azul».
Todas las preguntas presentadas para
esta reunión están disponibles en el documento G/AG/W/210.
Las respuestas recibidas están disponibles en el Sistema de Gestión de la
Información Agrícola OMC. Con respecto a la modificación de las listas de
conformidad con la Decisión de Nairobi, tema mencionado por varios miembros, el
presidente recapituló que, de los 16 miembros con compromisos de reducción de
subvenciones a la exportación en el momento de la adopción de la Decisión de
Nairobi, 14 han distribuido sus listas revisadas, de los que 12 ya están
certificados.
Brasil informó a la comisión de la finalización de la aprobación legislativa nacional de los resultados de Nairobi que allanaba el camino para la presentación de su lista revisada.
Declaración ante la Cumbre sobre sistemas alimentarios
Brasil presentó su declaración conjunta con otros 15 Miembros de la OMC sobre la contribución del comercio agrícola internacional a sistemas alimentarios sostenibles. El documento fue enviado hace dos semanas al presidente del Comité Asesor de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios y al Enviado Especial de la Cumbre, que se reunirá en septiembre de 2021.
La declaración hace hincapié en la importancia del comercio agrícola abierto para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y en la necesidad de que la Cumbre lo examine adecuadamente. La próxima reunión de la Comisión de Agricultura está prevista para los días 17 y 18 de junio.
La asamblea constituyente de los altos cargos de las trasnacionales
Desde la Ronda Uruguay, la implicación de las empresas trasnacionales (ETN) en la toma de decisiones del GATT/OMC ha alcanzado unos niveles escandalosos. Las presiones de los diversos grupos de interés se dirigen a los gobiernos, particularmente al de EEUU, para condicionar sus posiciones y la composición de las delegaciones, pero también directamente a la dirección de la OMC.
Por ello no cabe extrañarse de que el contenido de los acuerdos sea mucho más favorable a sus intereses que a los de los varios miles de millones de personas presuntamente defendidos por sus gobiernos. Porque, si bien estos son los únicos representantes formalmente legitimados para intervenir en las negociaciones, la permeabilidad existente entre los altos cargos de las administraciones estatales y las multinacionales es extremadamente sospechosa, hasta el punto de que parece que se trata de puertas giratorias.
Antiguos presidentes o ministros al frente de las delegaciones se suma al discurso oficial de los gobiernos del Norte y los organismos económicos internacionales que dominan, para repetir que la globalización económica, entendida como la materialización de un único mercado mundial, supone la apertura de numerosos retos y oportunidades que todos pueden aprovechar si saben adaptarse a las nuevas circunstancias.
*Periodista uruguayo acreditado en ONU-Ginebra.Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)