Punto 4 de las mesas de diálogo: “Empleo y derechos laborales”.
Introducción
Una
de las mesas de negociaciones está destinada a resolver las demandas en
torno al trabajo. Las últimas cifras de junio 2022 señalan que el
empleo adecuado habría aumentado en aproximadamente tres puntos
porcentuales, al compararlo con junio de 2021 (pasa de 31,3% al 34%)
según cifras de la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo
-ENEMDU-. Esto significa que aproximadamente 302 mil personas han pasado
a tener un empleo adecuado. En efecto, esa cifra es utilizada por el
gobierno para indicar una mejoría para la clase trabajadora, razón por
la cual es inaceptable su crítica. No obstante, el dato presentado alude
específicamente al número de personas que obtienen un ingreso más alto
que el Salario Básico Unificado y que trabajaron más de 40 horas[1].
Desde esa perspectiva, poco o nada se dice de la estabilidad de la
clase trabajadora o si esta goza de todos los derechos laborales. Por
tanto, es necesario incorporar estas dimensiones al análisis de la
situación de los y las trabajadores del Ecuador. De esa manera, a partir
de la estimación de un índice se observa que la precariedad ha
aumentado en el país y se recrudece: si en 2017 la precariedad
extrema atacaba al 24% del total de la clase trabajadora asalariada, a
2021 esta alcanza al 31% y a junio de 2022 parece marcar una tendencia
ascendente con un 32%. Eso implica que, en el gobierno del presidente
Lasso, se ha convertido en la “norma laboral”. Inclusive, el ministro de
trabajo en mayo de este año, en una reunión con empresarios en Cuenca,
socializó la propuesta de reforma laboral que busca, según dijo “crear
confianza para que los empresarios inviertan” si pierden el miedo a
contratar.
Análisis
Se entiende por precariedad laboral a una condición de vulnerabilidad que oprime a los/as trabajadores/as, porque no les permite sostener una gama de derechos que les corresponde por ser tales y que se ha ido consiguiendo a través del tiempo a golpe de múltiples jornadas reivindicativas. Es un fenómeno bastante extendido en la región latinoamericana y en nuestro país, particularmente, dado el privilegio que los gobiernos neoliberales hacen de la llamada flexibilización de la economía. El gobierno de Moreno (2017-2021) impulsó una reforma de este estilo en su Ley Humanitaria (2020), dictada con el propósito de enfrentar las consecuencias de la pandemia de la Covid 19 y que abrió la posibilidad de la contratación flexible, el despido como “defensa técnica” del empresario y el crecimiento del sector informal de la economía a niveles muy superiores a los que se habían registrado en el gobierno precedente[2]. Con ello, se inauguró un modelo socio laboral fundamentado en la austeridad neoliberal, que continuado en el gobierno de Guillermo Lasso (2021-…) propicia una cultura de la inestabilidad, de la inseguridad, es decir de la precariedad extrema, que vive la sociedad ecuatoriana en los actuales momentos.
Este nivel de deterioro, se hace evidente por los impactos que produce en determinados grupos etarios procedentes de los ámbitos urbano y rural, que nos lleva, sin temor a equivocarnos, a señalar que los y las jóvenes, comprendidos entre los 18 y 29 años, son los más afectados por su exclusión del mundo del trabajo, sin perjuicio de otros grupos, en los que se cuentan profesionales de distinto tipo, incluyendo los de especialización superior, que son condenados a la desocupación en nombre del achicamiento del tamaño del Estado o por razones más pueriles atinentes a una cierta “incapacidad” de trabajar en razón de haber superado un límite de edad. En el sector urbano se ha decantado la situación por la vía de la informalidad o por el autoexilio y en el mundo rural a través de la migración campo-ciudad y la búsqueda de otras alternativas de supervivencia, entre las que está el abandono definitivo de la actividad agrícola, en un contexto en el que el trabajo pierde constantemente centralidad. Una de las secuelas más peligrosas que nos deja esta realidad es la alteración de la convivialidad[3] social, expresada en la espiral de violencia que se observa en muchas ciudades y en el enorme crecimiento, sin precedentes, de los índices de la delincuencia común y delincuencia organizada.
La precariedad laboral en la población más joven de nuestro país es una muestra palmaria de la decisión de las élites empresariales de impulsar un proceso de flexibilización que permita el abaratamiento del costo de la fuerza de trabajo, que solo es posible si se logra la desregulación del trabajo, acción que no ha sido posible alcanzarla hasta ahora, dado el nivel que presenta la correlación de fuerzas políticas en la Asamblea Nacional. Junto a este afán de reducir el salario básico, justificando el hecho en una pretendida consecución del pleno empleo, está el nivel de desventaja al que se somete a los nuevos trabajadores respecto de la incorporación de nuevas tecnologías y la necesidad de incrementar la productividad. A la expectativa de obtener un empleo digno se opone una ideología del emprendimiento (algunos la llaman “emprendedurismo”), que en la realidad es una forma de encubrir trabajo precario, de subsistencia, y no una actividad sostenible.
La precarización en el ámbito rural se profundiza de manera creciente, la deuda con el agro sigue siendo la asignatura pendiente de estos y otros gobiernos a lo largo de la historia. El campo sigue basado en una agricultura netamente familiar donde se manifiestan graves problemas de reversión de derechos como: el trabajo a destajo, el trabajo infantil[4], la autoexplotación y múltiples expresiones de la precariedad que evidencian los niveles de pobreza y miseria que se han mantenido por décadas. Ángela Meléndez de Bloomberg Línea[5] publica hace poco un artículo en el que se asegura que la ruralidad ecuatoriana es la que se lleva “la peor parte” en la situación laboral del país, puesto que apenas un 17.2% de la población ocupada tiene empleo pleno, es decir, “percibe ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo (US$ 425), trabajan igual o más de 40 horas a la semana y cuentan con los beneficios de ley.” De tal suerte que más del 80% de la población rural, con las especificidades del caso en la costa, la sierra y el oriente, corren con una situación que empeora en forma permanente.
Para poder medir las resultantes de todo este proceso, se recurre al índice de precarización, herramienta que se construye a partir de la metodología planteada por Oliveira & Mora-Salas (2009) y adaptada al caso ecuatoriano por la misma ENEMDU, con un análisis de componentes principales para observar si existe estabilidad (medida por el tipo de contrato) y derechos laborales (medido por el acceso a la seguridad social). Los resultados, con las respectivas pruebas estadísticas[6], indican que mientras más se acerque a uno, más precarización existe para el empleo asalariado. En ese sentido, el índice tiene un nivel de 0,415 en 2017 y pasa a 0,485 en 2021, con un ligero incremento en junio 2022 a 0,491[7]. Lo cual es una señal de que la precarización es cada vez más alta en el país, como muestra el gráfico 1. En otras palabras, cada vez existen más personas que no tienen seguro social ni estabilidad, así como tampoco alcanzan el salario básico unificado.
Gráfico 1. Índice de precarización en Ecuador 2017-2022*
Nota: Población empleada asalariada mayor a 15 años.*Junio 2022
Fuente: ENEMDU – Elaboración: Propia
Dicha situación es más grave aún, considerando que si se realiza un análisis de conglomerados -que permite agrupar en categorías a los y las empleadas asalariadas- se observa que si en 2017 el 41% eran considerados no precarios (índice cercano a 0), en 2021 esta cifra disminuye al 34% en 2021 y se mantiene en un nivel cercano en 2022 con un 33%. Por otra parte, la categoría precario extremo (índice cercano a uno) es la que más se incrementa. Es decir, no solo existe una tendencia hacia la precarización, se está generando una carencia extrema de derechos laborales, estabilidad e ingresos adecuados. Con estas cifras es claro que las “oficiales” no permiten visualizar la dimensión de la problemática del empleo en el país, misma que afecta a la clase trabajadora y, por supuesto, termina beneficiando a la élite empresarial que utiliza este mecanismo para incrementar sus ganancias[8].
Gráfico 2. Empleo asalariado por nivel de precarización en Ecuador 2017-2022*
Nota: Población empleada asalariada mayor a 15 años. *junio 2022
Fuente: ENEMDU – Elaboración: Propia
Con estos hallazgos es fundamental que las mesas atiendan los alarmantes niveles de precarización de la población asalariada, para que pueda incorporar a aquella que sufre el desempleo en condiciones dignas. Algo que no es muy alentador, considerando que el actual Ministro de Economía y Finanzas, cuando era presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil enfatizó la necesidad de flexibilizar el empleo o, en palabras más claras, precarizarlo[9]. Por lo que su agenda, probablemente esté encaminada a profundizar la situación y no a resolverla.
La situación en la que se desenvuelven los trabajadores del campo y la ciudad, demuestra una profunda reversión de derechos adquiridos a lo largo de la historia. Los estallidos sociales de octubre 2019 y junio 2022 son una muestra fehaciente de los impactos que generan una serie de medidas de austeridad impulsados por los gobiernos de Moreno y Lasso, que prácticamente han dividido a nuestra sociedad en dos mundos, los precarizados y los no precarizados, donde los primeros alcanzan a la gran mayoría de la población.
Propuesta
- Realizar una relectura de las categorías de análisis sobre la situación de precariedad en la ciudad y en el campo, con el objeto de alcanzar mayores precisiones en la solución.
- Reactivación de la demanda de la clase trabajadora, esto implica: Incrementar la Inversión Pública, lo que requiere también incrementar el Gasto Social. Lo que se puede lograr con la recuperación de la renta petrolera e impuestos a los más ricos.
- Controles del ministerio de trabajo en los establecimientos privados para que cumplan con los derechos laborales.
- Aumento del salario básico unificado con el respectivo control y regulación de precios de la canasta básica para que no se diluya.
- Sanciones a los sectores empresariales que no cumplan con los derechos laborales respectivos.
Anexo 1. Resultados del análisis factorial para Ecuador 2017-2022. Método: Análisis de Componentes Principales
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Nota: Población empleada asalariada mayor a 15 años. *junio 2022
Fuente: ENEMDU
Elaboración: Propia
[1] ENEMDU_Metodologia Encuesta Nacional de Empleo Desempleo y Subempleo.pdf (ecuadorencifras.gob.ec)
[2] Datos de Bloomberg Línea señalan que la informalidad acecha: a diciembre de 2021, el 71,8% de los subempleados trabajan en el sector informal, mientras que el 50,6 total de trabajadores también se encuentra inserto en esta modalidad. https://www.bloomberglinea.com
[3] Se entiende por convivialidad a aquella conducta social que involucra buenas prácticas de mejoramiento de la convivencia y la habilidad para establecer relaciones sanas con otras personas. https://dalnet.unirioja.es> artículo
[4] Sin perjuicio de que, sobre todo en la serranía ecuatoriana, el trabajo infantil es asumido como una práctica cultural de las comunidades.
[5] https://www.bloomberglinea.com
[6] Ver Anexo 1.
[7] En los otros años la cifra corresponde a diciembre.
[8] Precarizar para ganar. Un análisis de la precarización como mecanismo de enriquecimiento de las élites en Ecuador 2013-2019. | Textos y Contextos (uce.edu.ec)
[9] Pazmiño y Baez Agosto 019 | PDF | Derecho laboral | Ecuador (scribd.com)
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.