Durante muchos decenios en México se aplicaron diversas políticas públicas que sin duda pueden ser calificadas como principios o bases de un Estado de Bienestar.
Son los casos de la salud y la educación. Y salvo los sectores sociales privilegiados, a nadie se le ocurrió censurarlas. La gratuidad y la universalidad de ambas fueron vistas como conquistas populares irrenunciables.
Pero hace más o menos 40 años desde el Estado se inició un proceso de privatización de la salud y la educación públicas. Y, desde luego, aquellos sectores privilegiados respaldaron, en el discurso y en los hechos, el cambio de paradigma.
Y, naturalmente, los resultados han sido desastrosos, sobre todo para los sectores sociales que no podían pagar los costos, muy onerosos y siempre crecientes, de ambos servicios.
Nada tiene de particular, en consecuencia, que con el retorno de la gratuidad y la universalidad de la salud y la educación millones de personas respalden al gobierno de López Obrador.
Además, el gobierno no se detuvo ahí, pues puso en práctica diversos programas sociales de enorme e innegable beneficio popular, los que obviamente incrementan el apoyo popular y social del obradorismo, entre los que destacan las pensiones para los ancianos y las becas y otras ayudas para las mujeres y los jóvenes.
Frente a esta situación, el bloque opositor se encuentra en grave crisis. Nada puede hacer para granjearse o recuperar el apoyo ciudadano perdido, salvo campañas de desprestigio contra el gobierno, fundadas en mentiras, calumnias, exageraciones y desinformación. En síntesis, pura guerra sucia.
Esta política no sirve para conseguir el apoyo ciudadano y el favor electoral. ¿Cómo votar en contra de un gobierno que busca y consigue el bienestar del pueblo?
Este es el punto. López Obrador está dando cimientos a la construcción de un Estado de Bienestar que va más allá de salud y educación universales y gratuitas. ¿Quién puede votar en contra de la versión mexicana del Estado de Bienestar?
Solamente los sectores sociales privilegiados. Pero con eso no alcanza para ganar elecciones y respaldo ciudadano. El conservadurismo ha tenido que echar mano de los recursos de los atentados selectivos y los sabotajes.
En realidad nada nuevo. La novedad se encuentra en que atentados y sabotajes no encuentran eco social ni electoral. Podría así decirse que son dos las únicas opciones electorales: en favor o en contra del Estado de Bienestar.
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