Dictadura constitucional
Pareciera que la discusión versa sobre la constitucionalidad del Decreto 741 de disolución de la Asamblea Nacional y adelanto de las elecciones, por “grave crisis política y conmoción interna”. Pero el problema es, ante todo, político.
La capacidad de dirimir no está en la Asamblea, sino que regresamos al recurso de poder en las diversas coyunturas de inestabilidad política: las Fuerzas Armadas pronuncian la sentencia, y la Embajada reconoce la validez. La pregunta: ¿qué es primero, la norma o el poder?
La cuestión jurídica cobra una dimensión diferente. La Corte Constitucional resolvió por unanimidad, en 24 horas, inadmitir las demandas de inconstitucionalidad, presentadas por el Partido Social Cristiano y reclamadas por diversos sectores sociales y políticos, con el argumento de que no tiene competencia para pronunciarse respecto de la verificación y motivación de la causa de grave crisis política y conmoción interna invocada por el Presidente Lasso para disolver la Asamblea Nacional con fundamento en el Artículo 148 de la Constitución. Aún más, señala que ninguna otra autoridad judicial puede hacerlo. Entonces el problema está en el carácter autoritario e hiperpresidencialista de la norma constitucional.
Según esta resolución queda anulada en adelante la posibilidad del juicio político al Presidente de la República, pues podrá invocar crisis política y conmoción interna y decidir la disolución de la Asamblea en cualquier momento bajo su propio criterio, sin que pueda intervenir ningún control constitucional.
La Revolución Ciudadana dio su veredicto con anticipación, anunció que no acompañaría al PSC en su demanda, pues el recurso está en la Constitución creada por ellos en el 2008. Se instaura un régimen de dictadura constitucional.
El origen de la crisis
En el 2013-2014 se inicia un período de escasez, por la caída de los precios internacionales, sobre todo del petróleo y las commodities y por el agotamiento de las fuentes de recursos presupuestarios. Esta situación debilitó el papel bonapartista del Estado y bloqueó la decisión de la reelección de Rafael Correa.
Se han operado modificaciones en los actores políticos. El polo oligárquico se mueve en la disputa y acuerdo del PSC, representante de un bloque financiero-rentista-comercial-agroexportador-territorialista, con CREO, representante de un bloque rentista-financiero-globalista. El dominio tradicional del PSC es cuestionado por el ascenso de CREO.
En la RC actúan tres fracciones: una corriente empresarialista, con presencia de antiguos aliados y nuevas acumulaciones por desposesión, sectores afines a altos funcionarios del correismo. Una fracción burocrática, que requiere del control de las instituciones del Estado, a nivel local y nacional. Y una fracción social vinculada mediante dispositivos clientelistas y populistas. Las decisiones se toman en las relaciones entre la fracción empresarial y la fracción burocrática, con arbitraje del liderazgo carismático de Rafael Correa. En términos de Cueva, se da la oligarquización de la fracción modernizante del bloque de poder.
Los pueblos indígenas han sufrido una profunda transformación desde el Levantamiento del 90. Allí la base social era la comunidad indígena agraria, con un sentido colectivista. Ahora numerosas familias indígenas han migrado a las ciudades y al extranjero. Hay diferenciaciones clasistas con una capa de empresarios pequeños y medianos articulados al capital comercial y al flujo financiero del mercado interno, a través de una red de cooperativas indígenas. Sobre el sustrato comunitario, se construye una visión individualizada, articulada al funcionamiento del mercado y del capital. Se presentan fracturas entre visiones comunitarias y el proyecto del Estado plurinacional de la fase inicial, frente a las nuevas visiones empresariales y de negociación con el Estado. No hay un proyecto unificador, para poder unir las raíces originarias con las nuevas respuestas ante los cambios civilizatorios que vivimos.
Ninguno de los tres proyectos que ha gobernado el país, PSC-RC-CREO, tiene la fuerza para imponer por si solo la hegemonía. Por ello asistimos a momentos de acuerdos inestables y de empates políticos de bloqueo. Este funcionamiento se amplifica con situaciones de violencia y terror delictivo, por la presencia creciente del capital criminal y el narcotráfico, que ha establecido vínculos con las diferentes fracciones de poder, como volvió a mostrar el caso Gran Padrino.
El Pk ha mostrado su incapacidad para impulsar un proyecto autónomo y quebrar el juego de arriba. Octubre 19 cuestionó el juego dominante y contuvo algunas medidas neoliberales, pero no logró modificar el ordenamiento de fuerzas. En junio 22 se reproduce el ciclo, las movilizaciones enfrentan el proyecto neoliberal, pero se enredan en las contradicciones arriba cuando se intenta la destitución del Presidente de la República.
Lasso intenta superar el bloqueo con la Consulta Popular del 5F. Pero sufre una derrota tanto en la Consulta como en las elecciones seccionales. Es la oportunidad para que la alianza UNES-PSC retomen la iniciativa del juicio político contra el Presidente.
El desencadenamiento
El caso Gran Padrino fue el detonante para el inicio del juicio al Presidente Lasso. Se mostraba los vínculos del Presidente con Danilo Carrera, principal accionista del Banco de Guayaquil, la formación de una red de negocios y corrupción en las áreas económicas públicas, bajo la conducción del superministro Luque, y los vínculos con la mafia Albanesa. Por los manejos de la Asamblea y de la Corte Constitucional, el juicio fue vaciado de su contenido político y reducido a una querella penal sobre los contratos en FLOPEC. Con ello, la decisión se desplazó al control de los votos.
Se fue conformando el escenario de la mayoría de los dos tercios. 88 votos decidieron la continuación del juicio después de haber improbado el Informe de la Comisión de Fiscalización que exoneraba a Lasso de responsabilidades. Faltaban cuatro votos. La reelección de Virgilio Saquisela y la designación de las nuevas autoridades de la Asamblea con una mayoría superior a 96 votos, el 15 de mayo, mostraron que la oposición podía contar con los votos para la destitución de Lasso, y, sobre todo, que incluso si el Presidente evitaba la destitución, debería enfrentar una mayoría de oposición en la Asamblea. Se acercaba la hora de la votación decisiva. Lasso anunció la disolución de la Asamblea y el adelanto de elecciones, en la mañana del 17 de mayo, y detuvo la destitución.
Se aceleran los tiempos
Esta decisión aceleró el tiempo político y el tiempo económico. Se abre el período electoral. El 24 de mayo se convocaría a elecciones para Presidente de la República y Asambleístas. El 29 de agosto se darían las elecciones. En caso de segunda vuelta, se realizaría el 13 de octubre. Y el 4 de noviembre se posesionarían el Presidente y los Asambleístas para terminar el período hasta mayo de 2025.
El escenario mostrará nuevamente la presencia de las fuerzas orgánicas. Lasso ha anunciado que no se presentará a la reelección; buscará impulsar nuevos nombres, como Otto Sonnenhlozner, exvicepresidente de Lenin Moreno. La Revolución Ciudadana ha anunciado la candidatura de Andrés Arauz, y aspira a ser la principal beneficiaria del adelanto de elecciones, pues cuenta con una base del 25% de votos, aunque deberá resolver el problema de la segunda vuelta. El PSC respalda a una figura que buscará emular a Bukele, el empresario Jan Topic. El PK por sus divisiones internas, tiene problemas en la nominación de candidatos, si bien Leonidas Iza, Presidente de la CONAIE, aparece con mayores posibilidades para la candidatura presidencial. Intervienen en la lid presidencial Yaku Pérez, excandidato del PK y que ahora iría con el patrocinio de Democracia SÍ; y el exAsambleísta Fernando Villavicencio, que ganó protagonismo desde la Presidencia de la Comisión de Fiscalización.
Todas las fuerzas sociales y políticas tenderán a centrarse en la contienda electoral, mientras se debilita la respuesta en las calles. El Presidente gobernará durante seis meses con Decretos Ejecutivos sobre materia económica, con calificación de la Corte Constitucional. Ha anunciado el envío de Decretos sobre derechos laborales, para eliminar toda traba a la precarización del trabajo, sobre la privatización del IESS, sobre política minera y petrolera.
Entre tanto se acercan plazos de negocios claves. En mayo y junio se renegocian las concesiones de la telefonía celular por quince años, en favor de CONECEL (Claro), propiedad de Carlos Slim, y de OTECEL (Movistar). Los contratos anteriores, celebrados en 2008 por Correa, tuvieron un valor de 700 millones de dólares para el país (480 para Claro y 220 para Movistar) en 15 años. En el año 2014, las dos transnacionales obtuvieron ingresos conjuntos sobre los 3 mil millones de dólares.
En la mira está la “reforma” de la seguridad social, para ampliar la edad de jubilación de 60 a 65 años, aumentar las pensiones del 21 al 25%, y dar paso a un proceso gradual de privatizaciones. El IESS mueve 20 mil millones de dólares anuales. La defensa de la seguridad social puede unificar la resistencia popular y tornarse en el muro de contención de la ofensiva gubernamental,
El plan autoritario anunciado por el Consejo Nacional de Seguridad, presidido por el General Paco Moncayo, bajo el argumento de la “guerra al nacotráfico y el terrorismo”, apunta al control de la movilización social y a la instauración de un Estado de seguridad policial.
La resistencia
Los sectores populares enfrentan tareas combinadas: la contención de la ofensiva económica contra los derechos sociales y laborales y contra el patrimonio nacional; la defensa de los derechos humanos y de la vida ante la estrategia protofascista del Estado, y la respuesta a las elecciones con un proyecto autónomo.
La primera condición es reconstituir la unidad interna del movimiento indígena, de su representación social, la CONAIE, y de su representación política, el Movimiento Pachakutik. E impulsar una gran alianza social-política en torno a un Programa democrático orientado a la construcción del Estado plurinacional.
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