Introducción
Las brutales políticas económicas aplicadas por los gobiernos de Lenin Moreno (2017-2021) y de Guillermo Lasso (2021-2023) agravaron la expoliación de los trabajadores y las condiciones de vida de millones de ecuatorianos especialmente de los sectores populares.
Las medidas de ajuste, desregulación, reducción del Estado, recorte de la inversión pública, privatización, flexibilización laboral, despidos masivos, servilismo al Fondo Monetario Internacional y a los mandatos imperialistas de Estados Unidos de Norteamérica (se entregó a Julián Assange a Reino Unido para su potencial extradición a USA) y de China (con quien se pretende aprobar un tratado de libre comercio lesivo a los derechos laborales y ambientales), que Moreno aplicó de forma aleve en medio de la mortal pandemia de coronavirus sin precedentes en la historia, mientras a la vez de manera inconcebible disponía el pago anticipado de los intereses de la deuda externa, destruyeron la vida de miles de ecuatorianos. Fueron salvajemente replicadas y profundizadas por Lasso, agudizando el desempleo, insalubridad y extrema violencia, por abandono estatal, carencia y mala calidad de servicios públicos, especialmente por falta de atención de salud, insuficiencia de médicos y carencia de medicinas, inexistencia y deterioro de infraestructura y equipamiento particularmente de establecimientos hospitalarios y educativos, descuido y destrucción de la vialidad y evidente e inmensa corrupción gubernamental, todo lo cual produjo un incontrolable incremento de la extrema pobreza, miseria, mendicidad y hambre, junto con aumento impresionante de delincuencia y criminalidad que arroja decenas de personas asesinadas cada día, sangrientas masacres carcelarias que suman por cientos las personas privadas de la libertad que han sido literalmente despedazadas, la multiplicación de enfermedades de toda índole y miles de decesos como efecto de las mismas, abandono escolar y baja en la matriculación educativa, empeoramiento de desnutrición infantil, cierre de negocios y desalojo de ciudades por parte de su población huyendo del crimen enquistado por la ausencia del Estado (como en el dramático caso de la ciudad de Esmeraldas) y masiva emigración al exterior por condiciones de desocupación y pauperización.
Como resultado político de este miserable accionar gubernamental existe una alta probabilidad que la organización dirigida por el ex presidente Rafael Correa retome el gobierno. Esta posibilidad provoca la preocupación de las facciones de poder de la burguesía que se alinean con el modelo de gobierno llamado neoliberal y son contrarias a aquel designado como progresista. Denominaciones establecidas por la ideología burguesa dominante que se encuentran revestidas de simplismo reduccionista, esquematismo maniqueo y manipulación.
Durante su mandato el gobierno de Correa (2007-2017) enfocó su gestión en la contratación de obra pública (particularmente para la construcción y mantenimiento de infraestructura), ampliación y renovación de entidades estatales y servicios públicos, introducción e implementación de reformas modernizantes y publicitadas medidas asistenciales, lo cual permitió acrecentar la realización, rentabilidad y acumulación del capital, para apuntalar el sistema socioeconómico y sus relaciones sociales de producción y sostener la histórica estructura de explotación de los trabajadores y la consecuente apropiación y concentración de la riqueza en el país, la cual más bien se acentuó (el gran sector empresarial y financiero privado incrementó sus ganancias de forma exorbitante).
Esta modernización del aparato estatal, articuló un programa tecnocrático orientado a optimizar las condiciones normativas, de infraestructura y demás recursos necesarios para coadyuvar a la reactivación del gran capital empresarial, atender las necesidades de las facciones emergentes de la burguesía y consolidar la versión criolla de capitalismo burocrático.
Para ello el gobierno de Correa contrajo un significativo y costoso endeudamiento con China, amplió y profundizó el extractivismo y comprometió por anticipado la producción (extracción) de crudo nacional, mientras paradójicamente ofrecía un supuesto “cambio de matriz productiva”. Además, persiguió judicialmente y encarceló a decenas de dirigentes comunitarios y ambientalistas contrarios a la intensificación extractiva, agenció un corporativismo a su medida para neutralizar a las organizaciones y gremios que resultaban incomodos a su gestión y condonó deudas de grandes grupos económicos con el Estado.
Esta manipulación política logró sostener la popularidad y estabilidad del gobierno por más de una década, aunque decayó en los últimos años de su gestión, entre otras causas por deterioro del precio del petróleo, apreciación del dólar, devaluación de la moneda de países exportadores de materias primas que compiten con productos ecuatorianos en el mercado internacional y un terremoto, pero sobre todo por el agotamiento de su política de costoso endeudamiento e intenso extractivismo. Esto implicó entre otros aspectos el desgaste de la capacidad del país para acceder a más préstamos y seguir comprometiendo por anticipado el crudo nacional aún por extraer, además de los límites de una recaudación tributaria intrínsecamente inequitativa y regresiva.
Sin embargo, lo más favorable y ventajoso que entregó el gobierno de Correa al sistema del capital, sus conglomerados empresariales y grupos facticos de poder, con su actuación oportunista, reformista, funcional e instrumental (y también por la complicidad de supuestas organizaciones de izquierda), es que terminó de diluir tanto en el espacio social como en el político la presencia de la corriente política de izquierda revolucionaria y dejó artificiosamente posicionado el contrapunto electoral superficial, utilitario, mecanicista y no antagónico de clases, que enfrenta correismo contra anticorreismo, el primero presentado como referente progresista y el segundo como supuesto defensor de “libertades”.
Estas “opciones” políticas de progresismo y neoliberalismo, si bien confrontan electoralmente a facciones de la burguesía en pugna por captar mayor renta de capital, en la perspectiva histórica estructural solo constituyen las dos caras de una misma moneda.
Modelos de gobierno del capital
Si consideramos que todo modo de producción genera sus propias relaciones jurídicas y forma de gobierno (Marx. 1986. 22), que “el derecho del más fuerte” se mantiene bajo la forma de “Estado jurídico” (Ibíd. 23), en el cual incluso facciones de la propia burguesía pretenden remediar los problemas sociales para consolidar la estabilidad de la sociedad burguesa (Marx y Engels. 1948. 64), y que, entre estas facciones constan ignorantes, embusteros y oportunistas, pero también humanistas que creen poder mejorar la situación de los pobres, además organizadores de beneficencia, protectores de animales, reformadores sociales domésticos de toda clase y socialistas burgueses (Ibíd. 65). En cuyos gobiernos su gestión se reduce a demagogia, propaganda, ejecución de planes sociales, pequeños experimentos de intervención y medidas superficiales, que en determinados casos se enmarcan en una suerte de “evangelio social” que apelando a la “paz” compasiva, aspira a mejorar las condiciones de vida de todos (Ibíd. 69), sin afectar los intereses de las clases expoliadoras de los trabajadores y concentradoras del capital, ni salirse del sistema social de producción y su orden político, jurídico, ideológico y cultural. Esto se explica debido a que las ideas predominantes son en sí mismas producto de las relaciones de producción y de propiedad burguesas (Ibíd. 40), y que; “la sociedad burguesa moderna, está dada, tanto en la realidad como en el cerebro” (Marx. 1968. 51) de quienes la conforman.
Estos elementos ideológicos incorporados en la formalidad normativa y en el espacio cultural del orden establecido, confunden en la conciencia social; libertad humana con libertad del capital (Ibíd. 37), justicia con el derecho positivo burgués de propiedad privada que ubica el interés particular individualista absoluto por sobre el bien colectivo y encubre la deplorable desigualdad material de los seres humanos con la igualdad formal de la ley burguesa.
En todo caso, comparativamente hablando el modelo de gobierno progresista ha demostrado mayor eficacia funcional e instrumental que el modelo de gobierno neoliberal que exhibe un fanatismo de carácter fascista, para amortiguar las contradicciones históricas estructurales y sostener el sistema capitalista.
Si bien el neoliberalismo genera el incremento rápido en la tasa de ganancia del capital que beneficia principalmente a grandes conglomerados empresariales nacionales e internacionales. Esta política inevitablemente produce drástico y acelerado deterioro de la vida de millones de personas y consecuente radicalización de la lucha social. Es decir, aunque este modelo de gobierno aumenta la renta del capital de forma vertiginosa, también se desgasta, deslegitima y desestabiliza de manera precipitada.
En cambio las medidas oportunistas, reformistas, modernizantes, de corte social-liberal del progresismo, aunque no incrementan abruptamente la tasa de ganancia del capital, si lo hacen de manera consistente y sostenida, mientras atemperan el malestar social con medidas asistenciales, contratación de obra pública y modernización de servicios a la ciudadanía, que en cierta medida demandan mano de obra, permiten mayor y mejor intervención del Estado para facilitar el incremento de la rentabilidad especialmente de los grandes conglomerados empresariales precisamente por su participación en la contratación de obras estatales y también debido al aumento relativo de consumo de la pequeña burguesía.
En el modelo neoliberal como resultado de la intensa explotación del trabajo y la extrema y acelerada concentración del capital. Al incrementarse la protesta social, este tipo de gobierno para sostenerse debe aplicar en mayor medida una salvaje represión, legitimada con apoyo de los grandes medios de desinformación y alienación de la prensa burguesa, aunque su apoyo de difusión ideológica actualmente tiende a modificarse e incluso a perder efectividad por la pérdida de credibilidad de los medios tradicionales en el contexto del acceso de miles de personas a otras fuentes de información emergentes en medios digitales y redes sociales.[1]
Mientras el modelo de gobierno progresista es más sofisticado, pues junto con su retórica de derechos humanos y discurso de desarrollo equitativo, a la par implica en su gestión con mayor eficiencia y en ocasiones hasta de forma más sutil, todo un dispositivo de coerción y represión selectiva a través de la actualización y gestión operativa del andamiaje jurídico-legal y de la fuerza pública, para criminalizar la lucha social y mediante la operación de un mecanismo ideológico de adoctrinamiento y propaganda masiva para legitimar esta instrumentalización de sometimiento y desprestigiar organizaciones y sujetos sociales opositores.
Ninguna de estas versiones de modelo de gobierno del capital significa verdadero cambio en las condiciones de vida de las clases populares mayoritarias. En el caso del modelo progresista este apenas modifica superficialmente ciertas condiciones de sobrevivencia de personas que pertenecen a sectores populares. Así lo demostró en Ecuador el denominado “correismo” en más de una década de gobierno, como se verá más adelante con algo más de detalle.
Uno más burdo, otro más sofisticado, estos modelos de gobierno del capitalismo en el contexto de sus contradicciones no antagónicas y confrontaciones entre facciones de la burguesía por ambiciones de reparto de la tasa de ganancia del capital, en los hechos concretos se alternan en el poder gubernamental en una suerte de péndulo político-electoral en el cual la situación histórica del proletariado empeora.
Si bien estos modelos generales se diferencian en cuanto a determinadas características de su gestión, no significa que existan modelos de gobierno del capitalismo que se manifiesten de forma “pura”. La mayoría de veces estos presentan acciones mezcladas, toda vez que la propia receta de gobernabilidad burguesa advierte la necesidad de acompañar las decisiones de depredación y ruina de las clases populares, junto con medidas sociales paliativas para maquillar las decisiones gubernamentales en favor de la realización del capital y debilitar la protesta social.
En general un sector de la burguesía ha adoptado una superficial perorata de género, feminista, ecologista, intercultural o animalista, que supuestamente reivindica derechos de minorías sociales, de la naturaleza o la fauna urbana, pero sin cuestionar ni desafiar al sistema del capital en que se desarrollan todo tipo de formas de opresión. En este contexto son los modelos de gobierno progresista, los que exhiben más posibilidades de incorporar componentes de género, ambiente o etnicidad, mientras los modelos de gobierno neoliberal por su misma condición excluyente deben asumir posiciones reaccionarias más evidentes, las cuales hasta cierto punto dificultan la incorporación en sus proyectos políticos de determinadas minorías sociales de género, étnicas o culturales y consecuentemente se ve limitado el respaldo por parte de los respectivos segmentos electorales de estos grupos sociales.
Por supuesto el enfoque que adopta el modelo de gobierno progresista respecto a las reivindicaciones de estas minorías sociales, por su propia condición oportunista-reformista, enajena estas problemáticas del componente de clases sociales evitando de esta manera cualquier posibilidad que estos grupos sociales asuman una posición histórica de cambio estructural.
Hoy se alinean a la cola de este tipo de gobiernos, organizaciones políticas autodenominadas de izquierda que disfrazan y justifican su apoyo, argumentando que se trata de acciones “estratégicas” para supuestamente impulsar la política revolucionaria a instancias del ámbito electoral burgués. Falacia que encubre su infiltración reaccionaria, traición y abandono de la praxis política de lucha de clases, su incapacidad de generar y desarrollar procesos auténticamente revolucionarios y su colaboracionismo con estratagemas burguesas de conciliación de clases.
La vía burguesa electoral por su misma esencia nunca ha constituido el camino de un proceso revolucionario, no contiene un escenario propicio para avanzar en la lucha de ideas y concienciación de las clases populares respecto a la necesidad de erigir la alternativa histórica de revolución emancipadora del proletariado, ni comprende un espacio para conquistar derechos pues su conculcación es sistémica.
Por otra parte, los referidos modelos de gobierno propios del capitalismo pueden presentar otros matices y combinaciones. Tener por ejemplo características políticas reformistas modernizantes progresistas en el aspecto económico y a la vez mantener posiciones conservadoras en el ámbito social y cultural. Esto también puede expresarse de manera contraria o incluso de forma más compleja aún.
En algunos países de Europa se evidencia una representativa presencia de modelos de gobierno capitalista que combinan políticas de conservadurismo económico con medidas progresistas en lo social, que logran articular sin mayor dificultad debido a que su imbricación se encuentra inserta dentro de las relaciones sociales de producción del capital. Es decir que en su esencia y en última instancia pese a sus diversos matices, no son otra cosa que gobiernos que apuntalan y sostienen el sistema capitalista.
La llamada “política social” históricamente surgió para paliar los efectos de las medidas económicas de saqueo a los sectores populares. En América Latina y en el Ecuador la historia evidencia que han predominado ampliamente gobiernos de extrema derecha en lo económico y ultraconservadores en lo social a veces con breves paréntesis progresistas modernizantes de salvataje del sistema del capital.
Sin embargo, aunque el modelo de gobierno progresista evidencia mayor efectividad para atemperar las contradicciones sociales y apuntalar el sistema de explotación humana. De todas formas como toda gestión gubernamental capitalista que deforma ideológicamente la realidad material, también llega a un punto de desgaste cuando las clases populares van perdiendo la esperanza de verdaderas mejoras en su vida y paulatinamente empiezan a exigir otras medidas que ofrezcan mayores resultados, aunque estas sigan siendo solo eso, meras reivindicaciones funcionales, pero que por los límites del propio reformismo capitalista, este tipo de gobierno tampoco está en capacidad de atender de forma efectiva.
El sistema del capital, por su misma esencia extractiva del valor de la fuerza de trabajo en beneficio de los tenedores de capital y los medios de producción, provoca crisis recurrentes, las cuales a la vez sirven para depurar y recomponer su funcionamiento, en cuyos períodos este orden no está en condiciones objetivas y subjetivas ni siquiera de cumplir sus propios postulados ideológicos y normativas legales, que falsean en su real contenido las concepciones de justicia, libertad e igualdad.
Hay que tomar en cuenta que en el seno del capitalismo la clase burguesa para sojuzgar a las otras clases, requiere asegurar a estas por lo menos condiciones mínimas de subsistencia (Marx y Engels. 1948. 29). Por lo tanto, cuando la burguesía no es capaz de garantizar los recursos más elementales para la supervivencia de las clases populares y se ve obligada a dejarlas caer hasta el punto de tener que asistirlas (Ibíd.), solo mantiene su capacidad de dominio mientras sea capaz de sostener mecanismos asistenciales. De allí que por lo regular, tras determinadas crisis de funcionamiento del sistema del capital[2] reaparecen instrumentales opciones electorales progresistas con sus políticas de reformismo modernizante para la actualización operativa del mismo.
Contexto nacional
El gobierno de Correa adoptó medidas consideradas progresistas junto con posiciones conservadoras, autoritarias y de persecución respecto a los derechos laborales del sector privado y público, derechos ambientales de las comunidades, derechos de género y de las mujeres, entre otros. En el aspecto considerado progresista, no renovó el funcionamiento de la base militar de USA en Manta, votó a favor de Cuba en la ONU, concedió asilo político a Julián Assange, retomó relaciones diplomáticas con países que no gozan del beneplácito de USA, como Irán, Cuba y Venezuela, expulsó al representante del Banco Mundial por injerencia interna, incentivó la aparente salida de la USAID del país, se alejó del financiamiento del FMI, contrató principalmente con China (con acusaciones de sobreprecios, comisiones y corrupción) la construcción de infraestructura educativa, de salud, energía y vialidad. Utilizando al Estado como palanca de acumulación de viejas y nuevas facciones emergentes de la burguesía. Lo cual en el marco de una operación de propaganda masiva sirvió para presentar una imagen progresista del gobierno tanto al interior como al exterior del país.
Este gobierno en realidad de forma paulatina fue asumiendo posiciones cada vez más reaccionarias. En su gestión totalmente dependiente de préstamos rapaces de China, entregó a este mismo prestamista los principales contratos de construcción de obra pública a un alto precio y profundizó una política abiertamente extractiva. Con lo cual un importante monto de los préstamos otorgados al país, retornaron al financista de forma casi directa y se incrementaron los problemas ambientales y protestas comunitarias. Esto generó un malestar cada vez más marcado en algunos sectores de la sociedad afectados por estas políticas, los cuales fueron duramente perseguidos judicialmente, provocando desgaste del régimen. Deterioro político-electoral que fue aprovechado especial e irónicamente por las facciones de la burguesía financiera (pese a sus altos niveles de ganancia en este período) opositoras al gobierno y otros conglomerados empresariales en pugna por mayor participación en la tasa de ganancia del capital.
De esta manera mediante un masivo trabajo de lavado cerebral de la ciudadanía a través de los grandes medios de desinformación de la prensa burguesa, fueron ganando terreno sectores de la derecha política reaccionaria y ultraconservadora con fuertes rasgos fascistas. En primera instancia estos sectores accedieron al poder a través de una operación de inteligencia e infiltración con apoyo externo en el nuevo gobierno electo perteneciente al mismo movimiento político de Correa. Así, Moreno pese a haber sido supuestamente elegido por el progresismo adoptó una política de extrema derecha y abierta subordinación al FMI y a las disposiciones de USA, retomando la servil cooperación militar y en materia de “seguridad” con el imperialismo norteamericano.
Política gubernamental que incluyó reducción y eliminación de instituciones del Estado, recorte del “gasto” público, desenrolamientos masivos de servidores públicos, baja de salarios, incremento de precios de combustibles, manejo corrupto de la vacunación contra el coronavirus y cobarde represión en contra de miles de ecuatorianos que se levantaron contra las políticas expoliadoras y entreguistas del gobierno de Moreno. Lucha social que fue traicionada, transada y entregada por una parte de la dirigencia oportunista de las organizaciones indígenas, que utiliza sus bases con fines electoreros, con “exigencias” de meras reivindicaciones funcional al sistema del capital. Esto dio lugar a que posteriormente el gobierno de Moreno traicione los “acuerdos alcanzados”, aplique un irracional paquetazo neoliberal de forma incremental y progresiva, mientras morían miles de personas por coronavirus.
Pese a la fuerte oposición popular a este gobierno, el mismo se sostuvo por el respaldo de la alta burguesía empresarial nacional (particularmente del sector financiero), los conglomerados empresariales internacionales, por la injerencia encubierta de USA a través de su embajada y sus agencias, el respaldo de la fuerza pública (Fuerzas Armadas y Policía Nacional), los grandes medios de comunicación tradicional que conforman la prensa burguesa y los jerarcas de la iglesia católica y evangélica. También el gobierno se mantuvo debido a la pandemia de coronavirus que obligó al asilamiento y confinamiento de la población, lo cual impidió que continúe la movilización social combativa que se venía desarrollando en contra del régimen. Pero sobre todo el gobierno de Moreno no fue derrocado debido a la ausencia de un verdadero partido de vanguardia del proletariado que articulé y guie a las masas populares hacia su emancipación.
Posteriormente por vía electoral accede al poder político el gobierno de características ultraconservadoras y reaccionarias de Lasso, para continuar y ahondar la intensa explotación laboral (flexibilización), el burdo extractivismo, la reducción del Estado y la inversión pública, las privatizaciones (especialmente pretenden privatizar del sistema de seguridad social y el Banco del Pacífico que pertenece al Estado), la reducción de gravámenes a la salida de divisas (que resulta particularmente peligroso en el contexto de un país dolarizado), indiscriminado aperturismo, salvataje y prebendas al alto empresariado, aún mayor abandono de la salud y educación, de la vialidad y los servicios públicos de toda índole. Esta irracional política paso factura casi de inmediato al gobierno, que al haber ganado las elecciones de forma pírrica desde el inicio tenía considerable resistencia y rechazo social.
Así, el gobierno de Lasso pese al apoyo de los medios de manipulación burguesa pasó a ser considerado inepto, indolente y corrupto por un amplio sector de la población. Pues la mayoría de la ciudadanía cree que el problema se reduce a ignorancia, desconocimiento, incapacidad, ineficiencia, desidia, deshonestidad, senilidad, falta de voluntad, de personalidad y carácter de Lasso, mal asesoramiento político e inadecuada estrategia de comunicación. Pero en realidad el principal factor de su gestión negativa a los intereses de la mayoría de ecuatorianos tiene que ver con sus intereses objetivos de clase e insaciable afán de lucro del sector que representa (alta burguesía empresarial y financiera) en detrimento de las necesidades populares.
En todo caso, en opinión de una gran mayoría de ecuatorianos Lasso fracasó rotundamente en todos los ámbitos de gobierno, sobre todo en cuanto a la denominada seguridad ciudadana, pues la violencia extrema, la delincuencia común y organizada, el narcotráfico, lavado de activos, los casos de sicariato y secuestros, las extorciones a pequeños empresarios y personas en general, las sangrientas masacres penitenciarias, se dispararon a niveles increíbles en su gobierno.
De igual manera la ciudadanía constató que su promesa de generación de empleo, no pasó de ser una demagógica mentira de campaña. Pero más aún, la imagen del gobierno se descalabró a partir del conocimiento por parte de la ciudadanía de denuncias de graves casos de corrupción aún no aclarados, que involucrarían al propio Lasso, junto con miembros de su entorno empresarial, social y familiar, relacionados con tenencia de capitales en paraísos fiscales y evasión de impuestos, participación por acción y omisión en delincuencia organizada, cohecho y concusión (en donde incluso se ha producido el crimen de Rubén Cherres un potencial involucrado y testigo que pertenecía al círculo de Lasso y su cuñado). Denuncias que una Fiscalía a todas luces instrumental a las órdenes de los poderes facticos del sistema, no está dispuesta a investigar realmente ni el corrupto sistema de justicia se propone sancionar.
En estas circunstancias la Asamblea Nacional también plagada de organizaciones corrompidas y sujetos deshonestos, llamó a juicio político a Lasso y se aprestaba a censurarlo y destituirlo (a pesar que una parte de integrantes de este órgano legislativo y de fiscalización política, se vendieron al gobierno de forma descarada). Para evitarlo Lasso decretó la denominada muerte cruzada y disolvió la Asamblea legislativa, para que se convoque a corto plazo a elecciones anticipadas de presidente, vicepresidente y legisladores. Razón por la cual el gobierno de Lasso no completará su periodo de mandato y debe entregar el poder este 2023. Mientras tanto, pretende gobernar mediante decretos para implementar sus últimas medidas privatizadoras y en beneficio económico de los sectores a los que se debe.
Es en este contexto en el cual se abre la posibilidad de que vuelva a gobernar el Ecuador la facción de la burguesía que representa Correa. Cuya organización política aparece nuevamente ante una parte del alienado electorado nacional no solo como la opción progresista del país sino como una alternativa de “izquierda” e incluso “socialista”.
Progresismo que se presenta respaldado de rezagos de organizaciones supuestamente de izquierda (como el Partido Comunista que en los hechos nunca ha sido una organización revolucionaria sino un partido socialdemócrata). En el contexto de un país en donde desde sus inicios las propias organizaciones sindicales de trabajadores han sido infiltradas e incluso creadas por las mismas agencias del imperio y por lo tanto no representan a la clase obrera.
Nada más absurdo y alejado de la realidad, pensar que el progresismo defiende los intereses populares. Pues es en la práctica donde se demuestra la verdad, es decir la realidad concreta (Marx en Engels.1979. 54). Y allí, en la cruda realidad este sector político progresista constituye una vez más la punta de lanza para intentar rescatar, apuntalar y actualizar el deprimido, alicaído y rezagado sistema capitalista burocrático criollo, mediante otro periodo de reforma modernizante, mayor regulación e intervención del Estado capitalista burocrático en la economía, con alto endeudamiento, inversión pública, extractivismo y coerción.
Eso es todo lo que puede ofrecer esta opción, que tal parece a algunas organizaciones de trabajadores, campesinas, indígenas e intelectuales, así como algunos sectores sociales de la pequeña burguesía e incluso populares, con eso alcanzaría. Lo cual se explica porque “el capital es la fuerza económica de la sociedad burguesa que todo lo domina” (Marx. 1986. 53), y, las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante (Marx y Engels. 1948. 45).
Lógicamente tampoco por la vía electoral las clases populares cuentan con otras opciones que pudieran beneficiar sus intereses para tener una vida digna. Es más, todas las otras candidaturas también representan lo más repugnante de la rancia burguesía de extrema derecha (como Otto Sonnenholzner inescrupuloso vicepresidente de Moreno o Fernando Villavicencio un oscuro mercenario al servicio de poderes fácticos). Así, por ejemplo “otra” opción que se presenta con imagen progresista, es un vergonzoso y repudiable fraude ideológico y político. Se trata de la candidatura tránsfuga y oportunista de Yacu Pérez, que antes se llamaba Carlos Pérez, apoyada por la organización política hoy denominada Unidad Popular (que forma parte de un partido que irónicamente se define como comunista, marxista y leninista, que apoyó en su momento a Correa y después a Lasso), también respaldado por el Partido “Socialista” (organización que se vende a cualquier postor) con su impresentable dirigente Enrique Ayala y además por agentes infiltrados por poderes fácticos y operaciones de inteligencia de USA.
Esta candidatura expresa una derecha camuflada, arropada de un discurso falaz, ambiguo y contradictorio, que apela a una falsa identidad étnica, humanista, ambientalista, que encubre el segmento funcional al orden inserto al interior de un segmento etnicista. Candidatura que ya ni siquiera cuenta con el apoyo de Pachacutik que es el partido que representa al sector indígena, cuya trayectoria desde su creación también ha transitado en dirección contraria a los intereses históricos del propio indigenado.
Además, hay que tener en cuenta que al interior de las organizaciones indígenas se encuentran grupos políticos progresistas (como el sector perteneciente al Consejo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador que actualmente dirige Leónidas Iza), así como grupos que son parte de la derecha conservadora y reaccionaria, que representan concretos intereses económicos de facciones de la burguesía, entre cuyos representantes más conocidos constan Lourdes Tibán, Marlon Santi o Salvador Quishpe, referentes del reinvindicacionismo oportunista instrumental al sistema del capital. También incididos por ideologías religiosas retrógradas o subsumidos por organizaciones no gubernamentales funcionales al orden.
Conclusiones
Por cuanto “la coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana sólo puede concebirse y entenderse racionalmente como practica revolucionaria” (Marx en Engels. 1979. 55). En este escenario a los sectores auténticamente revolucionarios corresponde avanzar hacia ello y trabajar en la organización popular, en la formación política y concienciación de clase de los lideres e integrantes de los sectores populares, en la lucha social popular contra el sistema social y económico burgués y su orden político y jurídico. Es decir, presentar batalla popular radical sin recular ni hacer concesiones de principios o perder de vista el objetivo fundamental de cambio estructural.
Si bien cabe aprovechar las disensiones intestinas de la burguesía para avanzar los intereses de la clase obrera (Marx y Engels. 1948. 24). Sin embargo, ese no es el último propósito y hay que hacerlo con innovadoras acciones tácticas que incorporen los nuevos recursos científicos y tecnológicos, pues no se trata de derrotar electoralmente a la derecha y al progresismo burgués o simplemente conquistar el gobierno, sino de transformar esencialmente el mundo y construir una nueva forma de vivir y de pensar, a partir de lo social, lo colectivo, de la justicia, solidaridad, igualdad, equidad y verdadera libertad y humanismo comunista.
Comprende excretar aquellas falsas organizaciones obreras y de izquierda y desarrollar un nuevo y poderoso movimiento político revolucionario de avanzada, no revisionista y ubicado a la altura de los tiempos, que incorpore aspectos de la pluralidad étnica y cultural, los derechos de las minorías y de los movimientos sociales emergentes, pero que tenga la capacidad orgánica de desmontar también la falacia progresista postmoderna e imprimir a todas las emergentes necesidades humanas objetivas y subjetivas, concretas y abstractas, generales y particulares, un contenido profundamente histórico, estructural y verdaderamente revolucionario.
Bibliografía
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Engels Friedrich y Marx, Karl:
(1979). Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Bogotá: Linotipo.
Notas:
[1] Históricamente los medios de comunicación tradicionales resultan aparentemente gratuitos o de bajo precio para el público, no solo porque se financian con publicidad, sino porque garantizan la difusión ideológica burguesa de forma masiva en la población. De lo contrario este tipo de funcionamiento mediático jamás habría tenido asidero en el sistema del capital. En este sentido, si bien los medios tradicionales del capital están muriendo, los nuevos espacios mediáticos también se encuentran colonizados por el capital, cargados de bulos, desinformación y manipulación, en donde actúan trolls, generadores de falsas noticias y negocios dedicados a difundir y posicionar contenidos ideológicos. Allí principalmente se enfrentan agentes reaccionarios fascistas contra activistas progresistas postmodernos. Espacios que también, son ampliamente utilizado por el denominado capitalismo “woke”.
[2] En ese caso, particularmente agudizada por intensificación de la explotación y la restricción del consumo, en el contexto de las contradicciones estructurales generales entre el carácter social de la producción y el carácter de la apropiación, concentración y acumulación privada extrema del capital, y también de las relaciones sociales de producción retrasadas existentes en relación con el actual desarrollo de las fuerzas productivas, que ha incorporado la tecnología como fuerza productiva directa.
Sociólogo. Magister en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Magister en Ciencias Sociales por la Universidad Central del Ecuador.
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