Sin prevalencia de la ley y sin una institucionalidad verdadera, con el dinero del crimen posiblemente convertido en capital y con los cuadros y los puestos de mando ya cooptados, puede pasar y pasa de todo
El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio ha conmocionado al Ecuador y estremecido a muchas personas en América latina, España y el mundo.
Ante ello, el presidente de Ecuador declara que el crimen organizado esta vez ha ido demasiado lejos y un expresidente, en el cargo durante 10 años, afirma que el Ecuador es un Estado fallido. Son declaraciones sorprendentes, en el primer caso porque ignora que el crimen organizado ya ha ido demasiado lejos en muchas ocasiones y en el segundo porque lo dice quien gobernó el país con todos los poderes en sus manos durante 10 de los últimos 16 años: en la supuesta quiebra de ese Estado alguna responsabilidad debe de tener quien ha tenido más poder por más tiempo que nadie.
“Demasiado lejos” llevamos ya varios años, con cifras escandalosas de asesinatos, robos, secuestros, chantajes, etc. Demasiado lejos se ha llegado incluso antes de la aparición protagónica de la delincuencia organizada. Por ejemplo, cuando un gobierno ejecutó –obviamente al margen de la ley pero con conocimiento de todos los ecuatorianos– uno a uno en las calles a los miembros de una organización política, en un país en que la pena de muerte no está prevista en las leyes, o cuando ese mismo gobierno envió tanques de guerra a las puerta del parlamento para impedir sus sesiones, o cuando, unos años después, un presidente enjuició a un periódico nacional por la publicación de un artículo de opinión e hizo que los jueces a su mando dictaran una sentencia que obligaba a los condenados a pagar al presidente 30 millones de dólares por el supuesto daño moral causado. Demasiado lejos fue cada día la Asamblea Nacional disuelta este año, a tal punto que un reconocido periodista resumió la opinión general llamándola “Asamblea del fraude, de la maña, de la trampa” y a los asambleístas “necios, inmorales, hampones y analfabetos”.
¿Cómo y por qué se puede ir “demasiado lejos” tantas veces en un país? Porque en este país, Ecuador, “ir demasiado lejos”, violar la ley, sale gratis. Y con esto llegamos al meollo del problema. En Ecuador los caudillos han inculcado a la población la idea de que la voluntad del líder es más importante que la ley. ¿Ley? ¿Qué ley? Ley es lo que digo yo, lo que dice él, lo que dice el más fuerte, en el lugar y el momento que sea. La noción tautológica de ley previa, piedra de toque de la civilización, ha sido puesta en crisis en Ecuador en los últimos treinta años y todo el edificio erigido sobre esa piedra fundacional, lo que se denomina Estado de derecho, fue erosionado un año detrás de otro por una alianza oligárquico-populista que terminó demoliendo toda la institucionalidad del país, convertida en mera pantomima. En 2017 en Ecuador ya no quedan los partidos de izquierda ni los socialdemócratas ni los demócratas cristianos que después de las dictaduras habían propiciado la creación y fortalecimiento de estructuras de Estado y de gobierno, ni quedaban sindicatos ni confederaciones, y el movimiento indígena había sido perseguido política y judicialmente de tal modo que su pérdida de poder fue evidente. Se había producido una total desafección por lo público y las instituciones habían perdido todo respeto y majestad. En los últimos seis años lo poco que quedaba fue definitivamente arrasado. Ecuador se convirtió en un país con una institucionalidad devastada.
Antes de la convocatoria a elecciones presidenciales anticipadas, la situación era esta: la Asamblea Nacional era gobernada por la alianza entre la extrema derecha y el populismo conservador y en ella participaban personajes acusados de mantener relaciones con el crimen organizado; el gobierno nacional estaba y aún sigue dirigido por un liberalismo incompetente, sin ideas y sin fuerza parlamentaria y el sistema judicial ha seguido siendo lo que siempre fue: una estructura corrupta al servicio de los partidos y los gobiernos.
Así las cosas, en el Ecuador de hoy, sin instituciones y sin órganos de control, es fácil suponer con qué comodidad el dinero del crimen organizado se habrá convertido en capital mediante su inserción en el sistema financiero privado a través de la compra de acciones. Y es asimismo sencillo imaginar cómo habrá penetrado en las fuerzas de seguridad nacional y en el mismo sistema político y burocrático, estatal y regional. ¿Cuántos dirigentes y partidos políticos resistirían una auditoría rigurosa que busque vínculos con el crimen organizado? En arca abierta hasta el justo peca.
Sin prevalencia de la ley y sin una institucionalidad verdadera, con el dinero del crimen posiblemente convertido en capital y con los cuadros y los puestos de mando ya cooptados, puede pasar y pasa de todo. Es así como un candidato presidencial puede ser asesinado en plena calle a la luz del día y a diez días de unas elecciones presidenciales.
¿Qué nos toca ahora? Lo primero, lo urgente, sería suspender las elecciones. Aunque no sea una opción legal, es un deber moral y democrático, para al menos restablecer el principio electoral básico: garantizar el derecho a la representación de aquellos ciudadanos que daban apoyo al candidato asesinado e impedir que el partido de Fernando Villavicencio no compita con desventaja ante sus rivales, lo que desvirtuaría los resultados.
Además, aunque tampoco es legalmente posible, los ecuatorianos pedirían que la autoridad electoral convoque a todos los partidos y candidatos para exigirles una declaración por la que garanticen su falta de vínculos con el crimen organizado.
A todos nos queda la más importante tarea, la de terminar de construir, o reconstruir, institucionalidad del país, alcanzar la meta del Estado de derecho y empezar de nuevo, desde cero, en la construcción eficiente y real, no ficcional, de la estructura del Estado. Por lo demás, los ecuatorianos tenemos muchos motivos para la esperanza.
Mario Campaña: Nacido en Guayaquil (Ecuador) en 1959. Es poeta y ensayista. Colaborador en revistas y suplementos literarios de Ecuador, Venezuela, México, Argentina, Estados Unidos, Francia y España, dirige la revista de cultura latinoamericana Guaraguao, pero reside en Barcelona desde 1992.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.